Fuerte repudio a la decisión judicial de otorgar domiciliaria al represor Etchecolatz
Fuerte repudio a la decisión judicial de otorgar prisión domiciliaria a Etchecolatz
Familiares de víctimas del represor multicondenado Miguel Etchecolatz repudiaron el fallo de la Cámara de Casación que le otorgó la prisión domiciliaria.
“Repudio la decisión de los jueces que le dieron la domiciliaria a un genocida. Hoy siento que con este fallo los jueces volvieron a hacer desaparecer a nuestros familiares, los vuelven a ocultar en las tinieblas”, dijo a la agencia estatal Télam Marta Úngaro, hermana de Horacio Úngaro, uno de los estudiantes secuestrados y desparecidos en el hecho conocido como “La Noche de los Lápices”.
La mujer expresó que Miguel Etchecolatz “tiene que recibir toda la atención médica que requiera, pero debe cumplir hasta el último día de condena en cárcel común y efectiva”.
“Etchecolatz aún nos tiene que decir dónde está Clara Anahí Mariani (la beba apropiada tras asesinar a su madre en La Plata), dónde está el cuerpo de mi hermano y dónde está Jorge Julio López”, puntualizó la mujer.
Marta afirmó que pensaba que “con las condenas teníamos un poquito de justicia, pero no, no puede ser que la justicia nos haga pagar de esta manera”.
También expresó su repudio Rubén López, uno de los hijos de Jorge Julio López, quien declaró como sobreviviente de la dictadura en 2006 en el juicio al genocida, y durante el cual desapareció por segunda vez.
Rubén López sostuvo que el fallo le causa “tanta bronca que no sé qué decir sin caer en el insulto, que es lo que correspondería decir”. Recordó que “en el 2017 empezamos con una domiciliaria y Etchecolatz terminó de vacaciones dos meses en Mar del Plata”.
“Hay jueces que parecen delincuentes. Esto me causa indignación, sobre todo porque hace 15 días otro tribunal dictó una condena a perpetua para Etchecolatz y hoy le dan la domiciliaria”, afirmó.
El exjuez Carlos Rozanski, expresidente del Tribunal Oral Federal 1 platense que condenó a Etchecolatz por genocidio en el 2006, escribió en su cuenta de Twitter que “tres jueces argentinos acaban de firmar una resolución que manda a su casa a Etchecolatz. El domicilio de los genocidas debería ser siempre la cárcel. No es una cuestión de edad, es una cuestión moral”.
La Cámara Federal de Casación Penal concedió al menos tres prisiones domiciliarias a represores condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, entre los que se encuentra el exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien tiene varias sentencias a cadena perpetua, por lo que se estima que no se hará efectiva la domiciliaria.
La resolución que beneficia a Etchecolatz fue adoptada en el marco de la causa en la que se encuentra procesado por el asesinato de Horacio Alejandro Benavides, un militante de 22 años ejecutado en septiembre de 1976, a metros de la Plaza Moreno de La Plata, por un grupo de represores de la Dirección General de Investigaciones.
Para concederle el arresto domiciliario al represor, los jueces consideraron que tiene 93 años y que, como planteó su defensa, su salud sufrió un deterioro por la supuesta falta de recursos del Servicio Penitenciario Federal para poder asistirlo debidamente.
El abogado Pablo Llonto, representante de la querella, se había opuesto a que se le concediera tal beneficio, e incluso aseveró que “las patologías presentadas por Etchecolatz se encuentran tratadas adecuadamente” y resaltó que “el hecho de que se encuentre actualmente en el Sanatorio en Merlo es prueba de que se puede garantizar su derecho de acceso a la salud”.
La agrupación Nietes también se expresó al respecto: “Repudiamos el beneficio de prisión domiciliaria otorgado a los genocidas Miguel Etchecolatz, Luis Ángel Firpo y Mario Ocampo”.
“Entendemos que, luego de las conquistas en materia de derechos humanos, y las condenas a perpetua a los genocidas y responsables de la dictadura conseguidas por nuestro pueblo, no hay lugar al retroceso”, señalaron.
Preocupación en el Gobierno por el aumento de resoluciones judiciales que benefician a represores
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación expresó su «preocupación por el aumento de las prisiones domiciliarias y libertades condicionales» concedidas a represores condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.
Así lo expresó la Secretaria encabezada por Horacio César Pietragalla Corti, luego de que la Justicia en pocos días dejara a las puertas de la libertad a Santiago Riveros y Jorge Tigre Acosta, dos de los genocidas más emblemáticos de la última dictadura, quienes actuaron en los centros clandestinos de detención que funcionaron en Campo de Mayo y en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), respectivamente.
En los últimos tiempos también fueron beneficiados con domiciliarias otros dos represores: Mario Guillermo Ocampo y Luis Firpo, condenados a prisión perpetua en el juicio de la Contraofensiva.
«La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ve con preocupación el aumento de las prisiones domiciliarias y libertades condicionales dispuestas por la Justicia Federal en casos de personas procesadas y condenadas por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado», indica el comunicado dado a conocer.
Y señala que «ante el incremento de estos beneficios se redoblaron los esfuerzos de los equipos de abogados y peritos para analizar cada caso e impedir decisiones arbitrarias por parte del Poder Judicial».
La @SDHArgentina manifiesta su preocupación por el aumento de las prisiones domiciliarias y libertades condicionales a procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado.
— Secretaría DDHH (@SDHArgentina) June 9, 2022
En ese sentido, el organismo especificó que «los equipos de la Secretaría realizan un seguimiento permanente de cada uno de esos casos en todo el país, participan de manera activa en las causas en las que es querellante, efectúan un estricto control jurídico y exigen rigurosidad al Poder Judicial a la hora de otorgar esos beneficios y de hacerlos cumplir.
Asimismo, consideró que «los crímenes investigados en estas causas representan graves violaciones a los derechos humanos que el Estado argentino tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar, y cuyas penas deben ser cumplidas de manera efectiva y completa como parte de la reparación a las víctimas y a la sociedad.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos recordaron que, en los últimos años, según datos del Ministerio Público Fiscal, se profundizó el otorgamiento de estos beneficios y apenas un tercio de las más de 2200 personas investigadas o condenadas por crímenes de lesa humanidad se encuentra detenida.
Y detalla que una «gran mayoría» de los represores detenidos cumplen sus penas bajo el régimen de prisión domiciliaria (565) y que tan sólo 185 cumplen la pena o la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario.
Al respecto, el comunicado subraya que «el seguimiento y control de los pedidos de prisión domiciliaria, libertad condicional o salidas extraordinarias es uno de los objetivos centrales de esta Secretaría, como lo estableció en su Plan Estratégico para el avance del proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad».
«Con ese propósito -recuerda el documento- se creó en agosto del año pasado un cuerpo de peritos que participa en las juntas médicas dispuestas ante pedidos de prisión domiciliaria por motivos de salud o planteos de incapacidad de afrontar el proceso penal». Este equipo de especialistas -que, desde su conformación, ya participó en 147 juntas médicas- interviene en todos los casos en que la Secretaría es querellante y se encuentra a disposición de las querellas en el resto de las causas.
A partir de lo dispuesto por la Ley de Víctimas, la Secretaría -a través de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas- también trasmite a los tribunales la voz de familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado frente a estos pedidos de los represores.
Según se precisó desde el organismo, en el transcurso del 2022 ya fueron notificadas 628 víctimas o familiares para que se manifiesten sobre algún pedido de morigeración de pena.
También ha impulsado en algunos casos, en articulación con otras querellas y el Ministerio Público Fiscal, la realización de audiencias públicas para que sean escuchadas las personas que sufrieron esos crímenes antes de que se resuelva lo pretendido por el imputado o condenado.
La Secretaría, además, realiza gestiones de manera periódica para garantizar que el Servicio Penitenciario Federal «brinde condiciones adecuadas de detención y los servicios médicos y oportunos que estos condenados puedan necesitar», indica el comunicado.
Y concluye: «Mediante estas acciones, la Secretaría busca que el Poder Judicial tome todos los recaudos posibles y que decida con la mayor rigurosidad antes de otorgar una prisión domiciliaria o una libertad condicional, beneficios que pueden exponer a las víctimas y que podrían comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino».
