El Salvador | Familiares de personas desaparecidas denuncian que el Estado dejó de buscarlos
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) denunció ayer que la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil han detenido las investigaciones de desaparecidos para priorizar las capturas del régimen de excepción.
Eneyda Abarca, madre de Carlos Santos Abarca, un joven desaparecido a inicios de 2022, confirmó la denuncia de Fespad, tras manifestar que hace una semana acudió a la Fiscalía para conocer el avance de la investigación de su caso y la fiscal asignada, no la atendió y le mandó a decir con su asistente, que en estos momentos, la prioridad no son las desapariciones sino el régimen de excepción.
“Igualmente me respondió el investigador de la Policía asignado al caso de mi hijo; me dijo que en este momento la prioridad es el régimen de excepción”, remarcó Abarca.
La madre afirmó que el investigador en su afán de convencerla; le afirmó que intentan retomar los casos asignados, cuando de repente reciben llamadas de funcionarios de gobierno de alto rango, que los obligan a dejar de lado las desapariciones y los involucran en el régimen de excepción, “entonces el tema de las desapariciones lo han dejado de lado, ellos no están el 100% viendo estos casos, no es prioridad”.
Otros parientes en sedes de la Fiscalía de Apopa, Cuscatancingo y La Libertad también han confirmado la queja.
Según Fespad, cuando los parientes acuden a la Policía o Fiscalía, se minimizan las desapariciones para catalogarlas como ausencias voluntarias, secuestros, que se fue con su amigo o amiga y que ya pronto regresará.
La desatención ocurre cuando en las redes sociales, los familiares han denunciado al menos 14 nuevos casos en abril, mientras que Fespad, asegura que tramita solo de abril, otros 12 casos.
“Nosotros estamos acompañando al Bloque de búsqueda que actualmente tiene 22 casos activos y lastimosamente, únicamente se encuentran en área administrativa o Fiscalía”, afirmó Kerlin Belloso, abogada de Fespad.
“Queremos recordar que la persecución penal, la representación es una obligación del Estado y es una obligación de la Fiscalía General de la República porque son casos de acción pública; tenemos conocimiento de casos que son archivados y cuando se solicita su reactivación, no hay respuesta de la Fiscalía”, aseveró Belloso.
Ayer, Fespad lanzó una campaña comunicacional “Las desapariciones sí importan. No son cifra, son personas”, que incluye 35 mensajes y testimonios de parientes de desaparecidos para ser difundidos en redes sociales, radio y televisión.
Fespad pretende que la población víctima conozca y exija la aplicación del “protocolo de acción urgente”, que manda a la Fiscalía, Policía, Medicina Legal y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a tomar la denuncia de inmediato e intervenir y no esperar 72 horas para tomar la denuncia.
El director del área Acceso a la Justicia por Fespad, Henry Carrillo, afirmó que el tema de seguridad pública se debe abordar bajo el concepto de seguridad humana que pone al centro a la persona y los valores democráticos.
“El Estado tiene la responsabilidad y el deber de impulsar todas las acciones necesarias para proteger los derechos fundamentales de sus ciudadanos”.
Desde esa perspectiva, dice Carrillo, se ha observado debilidad del Estado, ante la incapacidad de prevenir que ocurran estos graves hechos, que son alarmantes y de consecuencias permanentes. Pero esa debilidad trasciende al acceso de la justicia por parte de los parientes, cuando el Estado no cumple con el rol de investigación, prevención y acceso a la justicia.
