Violencia en Colombia | Fuertes críticas a Duque por su discurso en el Consejo de Seguridad de la ONU

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Fuertes críticas a Iván Duque por discurso ante la ONU

El discurso del presidente de la República, Iván Duque, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha causado todo tipo de comentarios luego de defender la implementación del Acuerdo de Paz y su plan de “Paz con Legalidad”, pese a violencia registrada en varias zonas del país liderada por organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o el Clan del Golfo.

Una de las primeras personas en reaccionar a su alocución fue el candidato presidencial Sergio Fajardo quien aseguró que el Gobierno no ha tenido un compromiso con la paz ni con la legalidad. “No sorprende que Duque hoy saque pecho en la ONU hablando de su ‘Paz con Legalidad’, mientras líderes sociales y excombatientes son asesinados y las operaciones de las Fuerzas Militares dejan serias dudas sobre su respeto a los Derechos Humanos”, expresó el aspirante.

El senador Feliciano Valencia también se refirió al discurso y afirmó que el jefe de Estado ha tratado de engañar a la comunidad internacional. “Iván Duque no les dice que la indiferencia de su gobierno causó el asesinato de 241 firmantes de paz, que en 2022 van 43 líderes sociales asesinados y un aumento de la violencia en 621 por ciento. La ‘Paz con Legalidad’ ha sido una matanza”, expresó el congresista.

Por su parte, Martin Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, cuestionó su disertación a causa de los elogios que el mandatario hizo a su Gobierno. “A Duque solo le faltó decir que hizo parte del equipo negociador del acuerdo”. Cabe mencionar que Santos fue el encargado de firmar el Acuerdo de Paz con los exintegrantes de las FARC, proceso que lo hizo merecedor del premio Nobel de la Paz en el año 2016.

¿Qué dijo Duque ante la ONU?

Durante su discurso, Duque afirmó que ni la pandemia, ni la crisis migratoria, ni un huracán, ni los estragos sociales, han privado a Colombia de “avanzar en el proceso de paz”. Asimismo, el jefe de Estado sostuvo que en el país no hay enemigos de la paz “dentro de la institucionalidad y en la democracia”. “Todos la queremos, todos trabajamos por ella, y los únicos enemigos de la paz son los que desde la violencia han querido afectar a nuestra nación”, comentó el presidente.

Igualmente, el mandatario afirmó que el narcotráfico es la mayor dificultad de la construcción de la paz en Colombia. “Se han hecho esfuerzos por erradicación, sustitución; se han hecho esfuerzos históricos de incautaciones, llegando a los máximos el año pasado: 670 toneladas incautadas por Colombia”, expresó Duque. No obstante, reconoció que el narcotráfico sigue perjudicando a varias zonas en todo el territorio nacional.

Frente a las acusaciones que en reiteradas oportunidades ciudadanos colombianos han lanzado por presuntos abusos por parte de integrantes de la Fuerza Pública, el mandatario manifestó que su Gobierno tiene “cero tolerancia” contra cualquier violación de los Derechos Humanos por parte de agentes, e indicó que la Fuerza Pública trabaja todos los días para ganarse el afecto de la ciudadanía, incluyendo a aquellos en proceso de reincorporación.

Finalmente, el dirigente político expresó que todos los ciudadanos tienen el propósito de luchar por la defensa de la paz y le restó importancia a títulos personales: “La paz de Colombia no es un asunto político ni electoral; no es un asunto ideológico, no tiene dueños individuales; es el propósito colectivo de toda una nación y de sus instituciones”. Además, aseguró que su Gobierno seguirá trabajando por la implementación de políticas que permitan avanzar con el proceso de reconciliación en los territorios.

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Discurso de Duque en el Consejo de Seguridad de ONU





ONU pide investigar lo ocurrido en el operativo militar en Putumayo

En medio de la realización del Consejo de Seguridad de la ONU, que se lleva a cabo este martes en Nueva York, el representante del secretario general de la ONU en Colombia y Jefe de la Misión de Observación, Carlos Ruiz Massieu, pidió a las autoridades investigar lo que ocurrió en medio del operativo militar de Putumayo.

“Subrayo la importancia de que las autoridades investiguen a fondo la muerte de 11 personas, entre las que podría haber líderes indígenas y comunitarios, en el marco de una operación militar contra miembros de un grupo armado ilegal en Puerto Leguízamo”, resaltó Ruiz Massieu en su intervención.

El funcionario resaltó que la violencia está teniendo un impacto “particularmente alto en las comunidades indígenas y afrocolombianas en forma de asesinatos, desplazamientos y el creciente reclutamiento de menores”.

Desde hace 15 días el país no ha dejado de seguirle la pista a la masacre ocurrida en Puerto Leguízamo en la que 11 personas fallecieron en medio de cuestionadas operaciones militares, que según el Ejército iba contra son disidentes de las Farc y no de civiles, como ha denunciado la comunidad.

El Comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro Altamiranda, defendió a través de su cuenta de Twitter y ratificó que la maniobra “fue legítima”.

“En la operación desarrollada el pasado 28 de marzo en Puerto Leguízamo fue una acción militar conjunta y planificada dentro de la doctrina militar y las normas del Derecho Internacional Humanitario, por lo tanto, reitero: es una acción militar legitima”, indicó el oficial en un video que fue subido a la red social.

Destacó que se tuvo en cuenta informes de inteligencia “con criterio orientador” fueron tomados en cuenta para las operaciones militares que se llevaron a cabo en la vereda El Remanzo de esa población de Putumayo.

El Ejército se ha mantenido en el relato de que se trató de un operativo militar contra las disidencias de las Farc en el que el objetivo del ataque era Carlos Emilio Loaiza, alias Bruno, parte de la comisión financiera del Comando de Frontera de la llamada Segunda Marquetalia.

Por su parte, Juan Pappier, investigador sénior de la División para las Américas de Human Rigths Watch (HRW), ha reiterado en varias declaraciones que en la operación murieron, al menos, cuatro civiles, información que fue confirmada por la Defensoría del Pueblo.

“Estamos investigando exactamente cómo murieron y cuál era el objetivo de esta operación militar para poder determinar si aquí se cumplieron los protocolos adecuados en materia de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, dijo Pappier a RCN Mundo.

El investigador en días pasados recordó que el ministro de Defensa, Diego Molano, también dijo que “habían capturado” en medio de la operación a “a cuatro criminales”.

“La verdad: no hubo capturados. Los cuatro heridos fueron llevados a una clínica. Nunca se les hizo un procedimiento de captura. Tres ya tienen el alta médica y están todos libres”, expresó Pappier.

Precisamente la semana pasada, la Fiscalía que el Ejército no detuvo a cuatro personas, y destacó que tras la operación “solo se recibió la información sobre las tres personas heridas y el menor de edad recuperado» y agregó que «el componente militar a cargo de la actividad conocida no reportó captura alguna ni proporcionó las actas que soporten un procedimiento de este tipo”.

Las denuncias que han llegado de la zona de la operación desde entonces preocupan a las organizaciones sociales que temen que se trate un nuevo caso de falsos positivos, más que de un operativo militar contra las disidencias.

Las organizaciones sociales denuncian que entre los muertos se encuentran Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda (aldea) El Remanso; su esposa, Ana María Sarria Barrera, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, junto a otras dos personas.

El Heraldo

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