Colombia: Los tres golpes – Por Equipo desdeabajo
Por Equipo desdeabajo*
Las quejas de la familia colombiana por el aumento del costo de vida ya no solo provienen de aquellas que en tiempo de confinamiento –por el avance de la pandemia– colgaron banderas rojas en las puertas y ventanas de sus casas; esas quejas ahora también salen de muchas viviendas de clase media.
Ese descontento no es casual, pues, cuando se va al supermercado o la tienda de la esquina resulta usual que uno u otro producto ahora cuesta más que pocas semanas atrás. Tal sorpresa lleva a que escaseen en la olla, a la hora de preparar el alimento diario, la papa o la yuca, la arveja seca o las verduras en general, y mucho más la carne con precios por libra superiores a 12 mil pesos (unos 40 dólares el medio kilo), incluso hasta 18 mil (60 dólares) para la considerada más fina, casi desconocida desde hace tiempo en bastantes hogares, y ahora, como dice un vallenato, la presa en el sancocho es un huevo.
La realidad lleva a que los tres ‘golpes’ diarios sean un recuerdo para infinidad de personas, obligadas a racionar sus escasos ingresos. No hay que olvidar que –según el Dane– al clasificar los ingresos laborales de las personas ocupadas, pobre es quien percibe un ingreso diario de 11 mil pesos o menos, y vulnerable aquella persona cuyos ingresos están entre 11 mil y 22 mil pesos al día. ¿Les alcanzará a estas personas y sus familias para al menos sentarse a la mesa dos veces al día? Difícilmente. Tres es un imposible total.
El empobrecimiento es una realidad que afecta a 21 millones de connacionales, los mismos que subsisten con menos de 331 pesos (unos 100 dólares) mensuales. Con un agravante: dos millones 700 mil personas ganan menos de 145 mil al mes (unos 45 dólares), de modo que viven en condición de pobreza extrema. ¿Aseguran estas al menos un golpe al día o simplemente resuelven su cotidianidad picando pequeñas cantidades de harina horneada para engañar al estómago a lo largo de las 24 horas?
Desayuno, almuerzo y comida son tres “golpes” fundamentales para una buena salud; para recuperar la energía que se gasta cada día en la ardua labor de 8, 10, 12 y más horas dedicadas al trabajo, al rebusque, o simplemente a deambular en busca de algo para llevar al hogar en el momento del regreso en procura de lecho para el descanso.
Tal realidad, incluso, aleja de la mesa el pan, pues el más simple y popular, que hasta hace poco costaba 300 o 400 pesos, según el barrio, ahora no baja de los 500 (unos 16 dólares). Y el huevo, su complemento, está igual de caro, en algunos casos por arriba de 500 pesos (hasta 700, 800 o 1.000) cuando se busca –como lo hacen los más pudientes– uno que supuestamente no esté estresado.
La carestía es evidente e impacta otro conjunto de ingredientes fundamentales en la mesa diaria de la población colombiana como la yuca, la arracacha, la cebolla, la papa pastusa, el plátano, la arveja sin desgranar, la habichuela, la cebolla blanca..
Estas precisiones no son algo ocasional y corresponden a las denuncias y preocupaciones de muchas familias, como lo testimonian por todas partes quienes tratan de estirar sus escasos denarios a la hora de ir a la tienda de la esquina en procura de algo para cocinar el alimento diario. Una realidad tan dramática como esta cuenta con la refrendación de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Abaco), de la que no se puede sospechar una posición contestaría de algún tipo. Estima Abaco que el 54,2 por ciento de los colombianos no puede acceder a las tres comidas diarias, y que medio millón de niños menores de cinco años padecen de desnutrición crónica.
En el proyecto audiovisual Los paisajes de hambre, estrenado el año pasado por esa asociación, registran testimonios de la situación que en el Chocó y La Guajira es de dimensiones vergonzantes, y que causarían indignación generalizada en sociedades con grados de solidaridad aceptables.
Por su parte el Dane, en la encuesta Pulso Social, de diciembre de 2021, reportó que en el último mes del año pasado el porcentaje de hogares que consumió tres comidas diarias bajó del 70,6 por ciento en diciembre de 2020 a 69,1 por ciento, mientras que los hogares que consumieron dos comidas subió de 27,4 a 27,9 y los consumieron tan solo una comida pasó de 1,8 a 2,8 por ciento, respectivamente.
Estas cifras son aún más dramáticas si consideramos que el PIB de 2021 creció algo más del 10 por ciento, señalando claramente que más del 30 por ciento de los hogares con ingesta de alimentos cuantitativamente insuficiente es un hecho estructural que ameritaría una contundente reacción social.
En consecuencia, Colombia registra una innegable carestía e ingresos insuficientes para garantizar una vida en dignidad, mucho más cuando no hay ingresos o cuando estos son insuficientes por desempleo, informalidad o, como está sucediendo de manera creciente, por la contratación para desempeñar labores de medio tiempo e incluso menos horas, lo que reduce la paga.
No es casual que muchas personas de trabajo estable y salario fijo digan que el incremento del 10 por ciento aprobado en diciembre de 2021, y con el cual hizo tanto alboroto el gobierno, ya se esfumó. Y no puede ser de otra manera, pues la inflación al finalizar 2021, por ejemplo para alimentos, llegó al 17,23 por ciento. Además, el aumento en el salario solamente beneficia a quienes cuentan con trabajo fijo y contrato laboral; por fuera quedan los 20 millones de informales.
Pero entre los 11 millones 600 mil personas que tienen contrato, conviene resaltar que para el 37 por ciento solo hay un contrato verbal, lo que seguramente se traduce en irrespetos a las normas salariales.
Si la situación está difícil para quienes tienen trabajo fijo y salario estable, ¿qué decir del 12,3 por ciento de quienes aparecen en las estadísticas como desempleados, es decir, tres millones de connacionales que no han logrado enganche en parte alguna?
Son desempleados, trabajadores informales y por cuenta propia, sin ingresos fijos, y por tanto mucho más agobiados para la supervivencia a la hora de tratar de abordar un bus, ahora con tarifas más caras, o cuando llegan los recibos por el supuesto derecho al acceso a luz, agua, gas y otros servicios públicos, todos ellos afectados por notables incrementos que en no pocas ocasiones son iguales al 5,62 por ciento que registró la inflación al finalizar el año 2021.
Los miles de miles desconectados de los servicios, obligados a colarse al bus, a alimentarse en forma precaria e insuficiente para su salud, nos recuerdan que los gobiernos que ha padecido el país, y en particular el actual, lo han sido de ricos y para ricos. Los miles que padecen esta situación, con el comienzo del año escolar también la ven más agravada si tienen hijos en edad escolar, pues deben comprar cuadernos y otros útiles para los cuales no hay subsidios.
La carestía está ligada a la escalada inflacionaria en que ha entrado el país, producto de múltiples factores, y que nos invita a revisar el modelo de desarrollo imperante en Colombia, así como las políticas económicas que impone el actual gobierno, sus relaciones comerciales y mercantiles en general, pero también a precisar el real crecimiento del que ahora alardea el gobierno, un supuesto 10,6 del PIB, que no tiene en cuenta –pues no la resta– la inflación alcanzada a 31 de diciembre de 2021 ni el equivalente a la repatriación de capitales hacia sus casas matrices por parte de las multinacionales del petróleo, el carbón y otros sectores de la economía, como tampoco resta la depreciación de maquinaria, edificios e infraestructura en general. Este supuesto crecimiento no beneficia –no hay duda de ello– a los millones de empobrecidos relacionados en esta nota pero sí al empresariado con acceso a políticas económicas de emergencia, con líneas especiales de crédito en distintos niveles.
En esta realidad, las explicaciones sesgadas de la inflación dadas por los oficiosos economistas del dogmatismo neoliberal culpan del fenómeno, como siempre, al magro reajuste del salario mínimo, sin referirse ni tomar en cuenta los factores reales que la determinan, entre ellos el alza del precio internacional de los combustibles, el consumo mundial que pasa por un desajuste entre la producción pospandemia y la recuperación de la demanda en los países del centro capitalista, posibilitada por los montos de los subsidios que fueron entregados durante la crisis sanitaria.
En Colombia, por demás, el reajuste de la tasa de cambio importa inflación que afecta más a las poblaciones de menores ingresos, para las cuales el componente de los alimentos –con un alto componente comprado en el exterior, tanto de los productos finales como de los insumos– es un gasto mayor que para los sectores sociales de ingresos medios y altos.
El negacionismo del hambre, expresado por el Presidente y la Vicepresidenta como reacción al informe de la FAO, que incluyó al país como una de las veinte naciones en riesgo de enfrentar hambre aguda, y de los economistas convencionales al esquivar la explicación de la actual inflación como un fenómeno importado, son una muestra de la pobreza política y del pensamiento académico que ha podido pelechar en una burbuja de comodidad facilitada por la limitada reacción de los sectores marginales de la sociedad, que afortunadamente parece que empieza ser revertida desde 2019 con el Paro Nacional de ese año.
Es esta, por tanto, y dramáticamente, una realidad que lleva a que las organizaciones sociales del país, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) entre ellas, inviten a protestar el próximo 3 de marzo en contra de una insostenible situación y exigirle al gobierno cambios profundos en sus políticas macroeconómicas, por ejemplo para el campo, creando estímulos reales para la producción agraria, redistribuyendo la tierra y dejando de importar las 15 millones de toneladas que hoy nos hacen dependientes en lo alimentario.
Es una realidad consolidada producto de políticas de Estado, que si de verdad quieren quebrarse obliga a implementar políticas públicas de igual orden para garantizar la redistribución de la riqueza, por ejemplo, vía impuestos justos por pagar por parte de quienes más tienen y reinversión de esos miles de millones recaudados por año en gasto social, y creación de empleo estable y bien remunerado.
Se trataría de una política que garantice que las 24.824 personas naturales que concentran el 23 por ciento del ingreso bruto total declarado y las 9.247 personas con un ingreso superior a los 200 millones de pesos mensuales, tributen en justicia, política de la cual no pueden quedar exentas las grandes empresas con asiento en el país, tanto nacionales como multinacionales, beneficiadas por una política económica y tributaria diseñada al tamaño de sus demandas y necesidades.
Colectivo del portal y revista del periodismo independiente colombiano: Periódicos desde abajo / Le Monde Diplomatique
