¿Qué le espera a Gabriel Boric? – Por Juan Pablo Luna
Por Juan Pablo Luna*
Además de lidiar con los poderes fácticos, el nuevo gobierno chileno debe salvar el proceso del estallido social y mitigar la chance de que Boric se convierta en el presidente que le entregue el poder a la ultraderecha o a un auténtico outsider dentro de cuatro años. Por los desafíos planteados, la presidencia de Boric debe asumirse como un gobierno de transición más que como un gobierno de transformación.
La elección de Gabriel Boric como presidente de Chile se produjo tras dieciséis años de alternancia entre los liderazgos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, cuya acción de gobierno terminó vaciando de legitimidad a las dos coaliciones que dominaron la transición chilena: la Concertación (centroizquierda) y la Alianza por Chile (centroderecha). Ambas coaliciones se quedaron, por primera vez desde la restauración democrática, sin opción propia en la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre pasado.
La adhesión a Gabriel Boric puede entenderse como una mezcla de rechazo al pasado pinochetista encarnado por Kast, pero también como una apuesta a futuro. Desde esa perspectiva es también y en buena medida el voto del «apruebo» a la Convención Constitucional.
Apruebo Dignidad, la coalición entre el Frente Amplio, el Partido Comunista y otras fuerzas menores, posee hoy tres ventajas sobre las destartaladas fuerzas políticas tradicionales. Primero, sintoniza muy bien con el clima de época caracterizado por un Chile feminista, verde, joven y más justo. En segundo lugar —aunque no sin contratiempos importantes en términos de su relación con los movimientos sociales y con grupos de izquierda más extremos durante estos últimos años— el Frente Amplio logró erigir a Boric como interprete legítimo de la demanda por transformaciones sociales que son a la vez profundas y graduales.
En tercer término, Apruebo Dignidad posee hoy un enorme capital de liderazgos jóvenes, pero ya fogueados, capaces de consolidar el proceso de cambios en próximas elecciones (Camila Vallejo, Izkia Siches, Karol Cariola, Giorgio Jackson y una serie de figuras recientemente electas en las alcaldías y la Convención Constituyente). Apruebo Dignidad no tiene en frente otra coalición con un capital político y una épica semejante. La sincronía entre el tiempo social y el tiempo biológico también corre a su favor.
Aunque pese, la presidencia de Boric debe asumirse como un gobierno de transición más que como un gobierno de transformación. El objetivo central del primer año de gobierno debe ser el éxito del proceso constituyente. Ese éxito requiere de dos condiciones: garantizar la autonomía de la Convención y brindarle apoyo al proceso.
Durante la campaña, Boric desplegó características personales que, aunque son genuinas, eran desconocidas al grueso de la ciudadanía. A pesar de su juventud, su liderazgo parece desfasado de una época en que predominan narcisistas y mesiánicos. Se trata de un líder auténticamente dispuesto a dudar de sus certezas, a pedir perdón, a abrir diálogos incómodos e improbables, con todos. Es también alguien que entiende que su suerte dependerá de poder persuadir a quienes hoy le temen.
Tal vez solo intuitivamente, pero en base a esa personalidad, Boric ha ido consolidando la capacidad de transmitir que se puede dialogar y negociar con quienes hay que hacerlo, sin necesariamente arriar principios ni el compromiso con los cambios que el grueso de la ciudadanía espera. En un clima social en el que predominan visiones moralizantes de la política y sus actores, esa capacidad también es inusual. El nítido contraste entre el liderazgo de Boric y la figura presidencial de Sebastián Piñera, le garantiza, al menos por un tiempo, un piso casi automático de popularidad y adhesión.
A pesar de todos estos activos, el gobierno Boric será dificilísimo. La dificultad no deriva de la «radicalidad» de la demanda ciudadana, como afirma el latiguillo de una derecha desnorteada (la gente entiende que los cambios no serán inmediatos pero la elite chilena parece seguir sin comprender que en política lo simbólico importa tanto o más que lo estrictamente material), sino de otras características de Apruebo Dignidad y del contexto que enfrentará el gobierno.
Más allá de sus fortalezas relativas, en términos de su estructura política, Apruebo Dignidad tiene las debilidades propias de un sistema de partidos socialmente desarraigado. Con algunas excepciones puntuales, sus liderazgos son mucho más de aire que de tierra y carecen de capacidad para vertebrar y canalizar intereses y conflictos que hoy cruzan a la sociedad chilena. Aunque pueden generar palizas electorales, como la que acabamos de ver en Chile, los liderazgos sustentados en el aire son por definición evanescentes.
Más aún, cuando una fracción no despreciable de sus votos fueron más anti-Kast que pro-Boric. A su vez, Apruebo Dignidad llega a La Moneda con una evidente escasez de cuadros propios para la acción de gobierno, por lo que deberá recurrir (evitando «contaminarse») a cuadros prestados o a independientes con know-how sectorial, pero carentes de oficio político y de experiencia en la gestión del Estado. En términos económicos, al menos durante el primer año de gobierno, el país enfrentará un frenazo en su crecimiento, en un contexto de creciente inflación en que también cesarán los paquetes de ayuda social por la emergencia del covid-19.
El gobierno también enfrentará una dura situación fiscal. En términos políticos, el resultado de la elección parlamentaria aumentó los niveles de fragmentación partidaria en el Congreso, ambientó niveles sin precedentes de recambio parlamentario y generó un empate en el Senado entre el bloque de centroderecha y el de centroizquierda. No hay mayorías automáticas para ninguno de los proyectos símbolo con los que Gabriel Boric hizo campaña.
La economía política de esos proyectos de reforma también juega en contra. La construcción del imprescindible pacto social que se requiere para avanzar hacia un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico, sustentabilidad medioambiental y un piso de derechos sociales garantizados supone amenazar a grupos de interés tan poderosos como miopes.
Si bien tras el estallido social de 2019 el sector empresarial hizo una leve autocrítica y generó algunas señales de apertura, su posición durante la campaña electoral refleja que, ante el primer desafío, su tropismo los domina al punto de nublar toda racionalidad. Lo que para empresarios extranjeros y prensa internacional era un liderazgo de extrema derecha, para buena parte de los locales aparecía como la tabla de salvación ante la «amenaza comunista».
La intransigencia del empresariado chileno es lo que explica que ante un modelo que se quedó sin economía moral y sin enclaves institucionales (porque más allá de la Constitución aún vigente, los actores de la transición, así como sus repertorios y sus instituciones, son hoy inoperantes) solo atinen a buscar reimponer el modelo «por la razón o la fuerza», mientras vociferan en sus medios contra la violencia y la anomia.
Con su miopía a cuestas, el empresariado chileno no tiene, no obstante, contrapeso en cuanto a su poder estructural e instrumental en la sociedad. Los sindicatos están diezmados, mientras que las comunidades locales y la sociedad civil permanecen débiles y fragmentadas. Más allá de su precaria encarnación en la Convención Constituyente y en la adhesión que hoy genera Gabriel Boric, los espasmos de protesta y la calle, no tienen ni orgánica, ni voceros legítimos, ni vínculo estrecho con la institucionalidad partidaria. En eso, Pinochet está más vivo que sus herederos.
La economía política asociada a los temas de orden público —un aspecto central en las preocupaciones ciudadanas— es también sumamente compleja. En este plano deben enfrentarse tres desafíos mayúsculos, parcialmente heredados de un gobierno que en los últimos dos años profundizó con su desidia cada problemática: el conflicto en la Araucanía, el avance del crimen organizado, la ilegalidad y la creciente informalidad, y la necesidad de conciliar el derecho a la protesta con el orden público.
En esos tres ámbitos, la capacidad de coordinar y ejercer control civil sobre las fuerzas de orden es clave, así como lo es avanzar con la reforma de fuerzas policiales no solo golpeadas por la violación de derechos humanos, sino también por escándalos de corrupción institucional. La capacidad de reconstituir el orden público depende entonces de lograr articular una reforma exitosa que limite la autonomía de las fuerzas de orden de las que simultáneamente depende solucionar (o seguir deteriorando) los problemas que angustian a la ciudadanía.
¿Cómo lidiar exitosamente con los poderes fácticos y sus operaciones? ¿Cómo evitar el derrotero de los gobiernos que lo preceden, eludiendo así la norma de la alternancia entre presidencias crecientemente inoperantes? ¿Cómo salvar el proceso de cambio disparado por el estallido social de 2019 y amenazado por la «coalición restauradora» que encabezó José Antonio Kast? ¿Cómo mitigar la chance de convertirse en el presidente que entregue el poder a la ultraderecha o a un auténtico outsider y cómo aumentar la probabilidad de ser quien encabece la transición hacia el «nuevo» Chile?
La autonomía es necesaria porque el proyecto de Constitución no puede ser meramente el de Apruebo Dignidad y el de sus socios cercanos, sino que debe representar, convocar y dar garantías a una amplia mayoría de la ciudadanía. La Convención también debe tener claridad al respecto, asumiendo su autonomía frente al poder constituido. El apoyo institucional es imprescindible para que la Constituyente logre culminar con éxito su proceso, lo que implica también organizar un plebiscito de salida en el que el voto será obligatorio. Los problemas con el transporte público vividos durante la elección del domingo, en el contexto de una elección con voto voluntario en que participó solamente un 55% de los habilitados (pese a que se superó en ocho puntos la participación de la primera vuelta), simbolizan el tenor de ese desafío.
El gobierno de Boric también debe evitar que la elección del año próximo se transforme en un plebiscito sobre el nuevo gobierno o sobre la figura presidencial. Usualmente se dice que el gobierno debe acometer rápidamente las reformas centrales de su programa, durante la luna de miel. No es lo que conviene, me temo, al gobierno Boric. Si su popularidad cae rápidamente intentando aprobar reformas que asusten a los «fácticos», es bien probable que el debate constituyente se contamine (es evidente que los grupos de poder cuentan con recursos más que suficientes con que instalar climas de opinión que cristalicen ese escenario), al punto de arriesgarlo. El riesgo será aún mayor en un contexto de recesión y estancamiento económico como el que se vislumbra para 2022.
Incluso resultando exitoso, el proceso constituyente es necesario pero no suficiente para solucionar los problemas que hoy enfrenta Chile. Por esa razón, las virtudes del liderazgo presidencial deben volcarse, desde el primer día, a ambientar un proceso amplio de negociación y concertación social en torno a un nuevo modelo de desarrollo, capaz de sentar las bases para un crecimiento económico compatible con los derechos que serán incorporados a la nueva Constitución.
Antes que comenzar por promover reformas sectoriales, el gobierno de Boric debe ambientar un proceso de concertación social amplio sobre un nuevo modelo de desarrollo para Chile. Ese modelo, que deberá contar con una base amplia de apoyo político, podrá aterrizarse en un segundo tiempo con reformas sectoriales clave.
En otras palabras, más que enviar proyectos de ley al Parlamento en torno a políticas sectoriales específicas (impuestos, salud, educación, pensiones, políticas de cuidado), se requiere sentar a la mesa actores que en Chile no están acostumbrados a negociar. Tampoco hay que hacer «escucha» para luego interpretarla y desde allí, y desde arriba, hacer propuestas. Se trata de una negociación. A quienes están acostumbrados a imponer condiciones unilateralmente habrá que persuadirlos de escuchar y negociar. A otros habrá que vertebrarlos para que puedan incorporarse con su voz a una negociación sobre los parámetros de un nuevo modelo de desarrollo para Chile.
Así, durante el primer año y mientras se discute (y eventualmente aprueba) el nuevo texto constitucional, la negociación de un nuevo modelo no debe hacerse en clave parlamentaria ni sectorial, sino mediante un proceso de concertación social que incorpore un conjunto amplio de actores e intereses. Las inusuales características del liderazgo de Gabriel Boric hacen posible un giro como el propuesto.
Además de fijar los parámetros de un nuevo modelo de desarrollo, un pacto social exitoso tal vez pueda contribuir a recomponer las confianzas necesarias para una negociación más aterrizada respecto a reformas sectoriales y su priorización en los últimos tres años del gobierno.
El Frente Amplio y sus partidos enfrentan también un desafío inmenso. Cuando las fuerzas políticas llegan al gobierno, usualmente desatienden la relación con la ciudadanía para volcarse de lleno a la acción de gobernar. El Frente Amplio no solo debe contribuir a la acción de su gobierno, sino que sus partidos, con independencia del gobierno, deben construir una relación que nunca han tenido con sectores amplios de la ciudadanía chilena. Solo mediante esa articulación política, podrá institucionalizarse la frágil y tentativa adhesión lograda el 19 de diciembre. La continuidad del proyecto depende de dicha institucionalización.
La suerte del gobierno también dependerá, finalmente, de lo que tenga en frente. La derecha deberá administrar una derrota costosa. Con contadísimas excepciones, tras la primera vuelta, quienes hicieron gárgaras durante años con la centroderecha, la derecha liberal y la derecha social, abrazaron pragmáticamente a un liderazgo retrógrado y carente de profundidad en términos de su proyecto de país.
* Es PhD en Ciencia Política en la Universidad de Carolina del Norte y profesor titular del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Analista de Nueva Sociedad.
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