Dos años de (mal) gobierno de «centro» en Bogotá – Por Carolina Cepeda Másmela
Dos años de (mal) gobierno de «centro» en Bogotá
Carolina Cepeda Másmela*
El contexto político de los últimos dos años en Colombia estuvo marcado por la protesta y la movilización social. 2019 cerró con el paro del 21 de noviembre (21-N) y su famosa consigna: “¡A parar para avanzar, viva el paro nacional!”; un grito que se retomó en el paro del 28 de abril (28-A) y que resonó en las distintas protestas que hubo en el país durante la pandemia.
Durante este periodo, además, hubo una serie de innovaciones en las formas de protestar y un aumento de los manifestantes, lo que planteó nuevos retos al gobierno nacional y a los gobiernos municipales, cuya respuesta predominante fue la represión.
En el caso de Bogotá se observó una mayor recurrencia a la protesta social como mecanismo para la reivindicación de derechos y la participación política que, por supuesto, solo puede entenderse conociendo los antecedentes nacionales de la última década.
2010-2019: algunos hitos antes del Paro Nacional
El pico álgido de protesta y movilización social de 2019-2021 no se puede entender de manera aislada en Bogotá ni en el resto del país. Hace parte de un ciclo más amplio, con antecedentes en 2011, coincidiendo con el proceso de negociación de paz entre el gobierno y las Farc. Este proceso creó oportunidades para que diferentes sectores visibilizaran conflictos sociales de larga data e hicieran un llamado sobre la necesidad de tramitarlos, en la medida en que se percibía al gobierno nacional como más propenso a responder a las voces disidentes y menos proclive a usar la fuerza frente a los reclamos de actores políticos no armados.
Este ciclo se inauguró en 2011 con el paro de los transportadores de carga y con las movilizaciones de estudiantes universitarios en contra de la reforma a la Ley 30 de Educación superior. Las movilizaciones estudiantiles se dieron en distintas ciudades y se prolongaron hasta 2012 en un proceso en el que se creó la Mesa Amplia Nacional de Educación-Mane. Se logró bloquear el proyecto de reforma de ley y se convocaron distintas manifestaciones y concentraciones, como la “gran toma de Bogotá” el 10 de noviembre de 2011, en las que primó el uso de repertorios novedosos como los besatones y los performances artísticos.
El segundo gran momento de este ciclo ocurrió en 2013, cuando distintas organizaciones campesinas de la Región Andina se movilizaron buscando una renegociación de los términos del tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos. Su éxito, sin embargo, radicó en lograr que el gobierno las reconociera como interlocutoras válidas, se reabriera la discusión sobre el libre comercio y sus efectos negativos, y en la construcción de lazos de solidaridad con los habitantes de las ciudades, especialmente de Bogotá.
El tercer momento fue en 2016, con las movilizaciones por el acuerdo de paz, como respuesta a los resultados del plebiscito del 2 de octubre. Distintas organizaciones sociales realizaron marchas masivas a favor del acuerdo de paz y ejercicios de pedagogía para difundir información veraz sobre el mismo. Su meta era mostrar que amplios sectores de la sociedad sí respaldaban el proceso de negociación, el acuerdo alcanzado y su futura implementación. La participación fue masiva y se extendió a sectores sociales que nunca se habían movilizado, contribuyendo a cambiar su percepción sobre la legitimidad de la protesta social como mecanismo de participación política.
Un cuarto momento llegó con las manifestaciones estudiantiles y de defensores de derechos humanos que se dieron entre 2018 y 2019. Los estudiantes de universidades públicas iniciaron protestas por la defensa de la educación pública, a las que se sumaron sus pares de universidades privadas de manera solidaria y con reclamos propios asociados al endeudamiento con el Icetex. Una de estas convergencias se dio en Bogotá el 25 de septiembre de 2021 entre estudiantes de las Universidades Distrital y Javeriana, quienes bloquearon la carrera 7 y recibieron una respuesta represiva del Esmad, incluidos los gases lacrimógenos que también afectaron a algunos pacientes del Hospital San Ignacio.
La defensa del acuerdo de paz y de los derechos humanos volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública: denuncias por parte de organizaciones y movimientos sociales sobre amenazas y asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc. Se convocó una gran marcha por la defensa de los líderes sociales el 26 de julio de 2019, que tuvo como epicentro Bogotá y contó con una participación masiva de ciudadanos organizados y no organizados.
Con estos antecedentes era de esperarse que el Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019 contara con una buena acogida: demandas sociales insatisfechas, exclusiones políticas y sociales crecientes, profundización de las desigualdades económicas, violaciones a los DD.HH. y trabas constantes para la implementación del acuerdo de paz. Sin embargo, no dejó de sorprender el número de manifestantes que marcharon desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, ni los cambios que se dieron en los repertorios de protesta en Bogotá y otros municipios del país.
¡A parar para avanzar: viva el paro nacional! El grito que empezó en 2019
El 21-N se prolongó hasta mediados de diciembre de 2019 y reunió ciudadanos alrededor de distintas demandas, como la exigencia de la implementación del acuerdo de paz, el respeto a los DD.HH, la defensa de líderes sociales y excombatientes, defensa del medio ambiente y los derechos de las mujeres y de las comunidades Lgbti+, entre otros. El 23 de noviembre, además, esa agenda se amplió e incorporó de manera más explícita el rechazo a la brutalidad policial después de que Dylan Cruz, un estudiante de último año de bachillerato, muriera en Bogotá como consecuencia de un disparo propiciado por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional –Esmad. Este caso revivió en la memoria colectiva experiencias pasadas como las muertes de Nicolás Neira, en la marcha del 1 de Mayo de 2005, y de Diego Felipe Becerra el 19 de agosto de 2011, mientras pintaba un graffiti en la Avenida Boyacá con calle 116.
En el caso específico de Bogotá, el 21-N inauguró una serie de cambios en la forma de protestar. En primer lugar, en los centros tradicionales de protesta que se desplazaron del Parque Nacional y la Plaza de Bolívar a otros lugares de la ciudad como la Plazoleta de los Héroes, el Parque de los Hippies y los portales de Transmilenio de las localidades de Kennedy y Usme. De igual forma, las plazas más pequeñas de los barrios cobraron relevancia al empezar a albergar acciones como las ollas comunitarias, las velatones, asambleas barriales y performances artísticos, principalmente en las localidades de Bosa, Engativá, Kennedy, Suba, y Usme. Los cacerolazos, muy populares en diferentes países de América Latina, aparecieron por primera vez en Colombia en el Paro del 21-N, jugando un papel central en la construcción primaria de solidaridad entre vecinos.
Si bien estas marchas decayeron a inicios de 2020, eso no significó que la organización social se desvaneciera. El inicio de las medidas de emergencia por la pandemia del covid-19 crearon dificultades para la movilización social, pero al mismo tiempo tuvieron efectos negativos que motivaron movilizaciones en el país demandando medidas de protección económica, acceso a servicios de salud, reconocimiento de la identidad de género no binaria, y garantías para la reactivación de restaurantes, bares y otro tipo de comercios. Esas solidaridades desencadenadas durante 2019, así como la indignación por el asesinato de Dylan Cruz, serían fundamentales para la reactivación de la movilización en Bogotá en 2020 en el gobierno de Claudia López.
La masacre del 9 y 10 de septiembre
Las primeras protestas visibles de 2020 fueron organizadas por algunos vendedores ambulantes y personas de la comunidad Lgbti+, en oposición a ciertas medidas de la administración distrital durante la pandemia (mención aparte merecen los hechos acontecidos en la Cárcel Modelo de Bogotá el 21 de marzo de 2020). Sin embargo, ninguna alcanzó la magnitud de lo acontecido el 9 y 10 de septiembre cuando estalló una gran protesta en Bogotá para repudiar el asesinato de Javier Ordoñez, residente del barrio Villa Luz, localidad de Engativá. Su muerte se produjo después de que fuera golpeado sin límite alguno por dos patrulleros de policía tras ser detenido por incumplir con el toque de queda impuesto por la administración distrital. La comunidad del barrio organizó una velatón pacífica cerca del CAI donde ocurrieron los hechos y los agentes a cargo respondieron con el despliegue de la fuerza armada en contra de los manifestantes. Esto generó muestras de solidaridad en otros lugares de la ciudad, animadas por la indignación frente al hecho y por la propia experiencia de maltrato a manos de la Policía que muchos ciudadanos, especialmente de clase obrera, experimentan en su vida cotidiana. La represión policial fue de tal magnitud que los hechos han quedado registrados como “La Masacre de Bogotá del 9 y 10 de septiembre”.
De acuerdo con el Informe final para el esclarecimiento de los hechos ocurridos los días 9 y 10 de septiembre de 2020, 14 personas fallecieron, 75 resultaron lesionadas por armas de fuego y 138 fueron detenidas (73 fueron puestas en libertad debido a irregularidades en la captura). Los detenidos fueron sometidos a tratos crueles, hubo privación de atención médica, detenciones masivas, violencia basada en género y violación de la presunción de inocencia, entre otros abusos. Se documentó el uso ilícito de la fuerza por parte de la Policía en acciones como el uso indiscriminado de armas de fuego, las detenciones arbitrarias y el empleo de la violencia física o psicológica contra detenidos. Esta situación, de acuerdo con el mismo informe, se vio facilitada por la falta de órdenes claras y jerárquicas, poca disponibilidad de Esmad en los puntos de mayores concentraciones y la orden del retiro de los gestores de convivencia por parte de la Alcaldía Mayor, entre otras; todas acciones en las que el gobierno de la ciudad tiene una gran responsabilidad política, por decir lo menos.
Ya entre febrero y abril de 2021 Bogotá fue escenario de nuevas protestas; esta vez, los dueños de bares y restaurantes se movilizaron para expresar su rechazo a los constantes cambios en las directrices de la Alcaldía sobre apertura y cierre de los establecimientos. Estas protestas fueron fuertemente reprimidas por la Policía en enfrentamientos que dejaron varios heridos, como Gareth Sella, el joven que perdió un ojo a causa de un disparo de un agente del Esmad, con lo que se ratifica el constante y desproporcionado uso de la fuerza, y poca voluntad política para erradicarla..
El 28 de abril: más protesta y represión
Con ese telón de fondo, las centrales obreras convocaron el paro del 28-A para exigir al gobierno nacional el retiro del proyecto de reforma tributaria del exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en trámite en el Congreso de la República. A este llamado se sumaron cientos de miles de personas en distintas ciudades del país, como Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué, Pereira y Popayán, que mantuvieron las manifestaciones hasta el mes de junio, pese a que el gobierno retiró el proyecto de reforma una semana después del inicio de las manifestaciones.
La respuesta del gobierno nacional, al igual que la de los gobiernos distritales y municipales, se concentró en el uso desmedido de la fuerza policial para desincentivar las protestas. Así, de acuerdo con el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre el 28 de abril y el 4 de junio de 2021 se produjeron algunas cifras de horror: 58 asesinados; 1.113 personas lesionadas, especialmente en Bogotá, Cali, Yumbo, Neiva, Medellín, Pasto y Popayán; 783 reportes de personas no ubicadas, de acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, de las cuales la Fiscalía localizó a 335; y, 113 hechos de violencia basada en género, de los cuales 112 fueron ocasionados por la Fuerza Pública.
Pese a ello, la innovación en la movilización social se mantuvo y los jóvenes fueron protagonistas en distintas ciudades, especialmente en Bogotá. Las Primeras Líneas, que ya habían aparecido en el paro del 21-N con el objetivo de evitar la disolución de las manifestaciones por parte de la Policía, se hicieron mucho más visibles como actores políticos. También aparecieron otras Primeras Líneas como la jurídica, la de salud y la de las mamás, para defender a los manifestantes de las detenciones arbitrarias y atender a los heridos en los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de los “agentes del orden”.
Integrantes de las barras futboleras de Santa Fe, Millonarios, Nacional y América también convergieron en Bogotá, donde las rivalidades se superaron durante las manifestaciones; muchos de estos jóvenes hicieron parte de las primeras líneas, pero también llevaron a cabo sus propias protestas, como aquellas de rechazo a la organización de la Copa América en el país. Esta organización fue muy importante para reconocer el trabajo político y social que muchas barras han llevado a cabo en distintos barrios populares de la ciudad, mostrando que su participación política va más allá de los temas relacionados con el fútbol y la violencia.
En ese mismo sentido, jóvenes de distintos barrios convergieron en El Portal Resistencia y el Portal de Usme para mantener la protesta social y dar visibilidad a demandas de acceso a la educación, el empleo y la participación política. Estos dos portales, que se convirtieron en símbolos de la protesta social, fueron también un blanco de la represión policial que tendió a concentrarse en barrios populares de la ciudad, opacando otras posibilidades de interacción entre manifestantes y autoridades, como el diálogo, la negociación y el aprendizaje.
La sociedad cambió y el gobierno no entendió
Este rápido recorrido por la protesta social en Bogotá muestra que la sociedad ha cambiado; se perdió el miedo a protestar y se entendió que así también se participa y se logran cambios. Sin embargo, el gobierno nacional, en manos del Centro Democrático, y el gobierno distrital, en manos del Partido Verde, parecen negarse a entenderlo.
La sociedad colombiana ha madurado políticamente, se muestra con capacidad para levantar su voz y exige una interacción más simétrica con el poder establecido a la hora de buscar cambios sociales; el gobierno, al contrario, niega ese cambio y asume una respuesta represiva que no solo impide el diálogo sino que busca desconocer la capacidad de agencia de los ciudadanos.
En esta nueva fase no solo es necesario pensar en los conflictos sociales que subyacen a la protesta, sino también en el proceso de ampliación de participación política que se está dando a través de esta. La diversificación de los repertorios de movilización ha facilitado el aumento de participantes en protestas, marchas, cacerolazos, concentraciones y otras formas de expresión de solidaridad.
Los ciudadanos movilizados están empezando a converger en movimientos y organizaciones sociales que se conforman alrededor de temas diversos como los DD.HH, la defensa del medio ambiente, el acceso a la educación, el empleo o los derechos de las mujeres y las comunidades Lgbti+. Es hora de que los gobiernos nacional y distrital empiecen a escuchar que la represión de 2019-2021 solo ha conducido a profundizar los conflictos sociales y está lejos de desincentivar la movilización social.
* Profesora del Departamento de Relaciones Internacionales. Pontificia Universidad Javeriana
