¿Puede Xiomara Castro resolver los problemas de las mujeres hondureñas?
Por Vienna Herrera
Norma Rodríguez, mamá de Keyla Martínez, una estudiante de enfermería asesinada en una posta policial en febrero de 2021, atiende una videollamada desde España. Detrás de ella se ven varias fotografías y carteles que piden justicia por su hija Keyla. Norma sonríe, algo que no se le había visto hacer públicamente desde que su rostro salió en los medios, dice sentirse feliz de que Xiomara Castro haya ganado la presidencia del país, que eso es lo que le dará justicia a su hija.
«Doña Xiomara ha presentado dentro de sus primeras 30 acciones que se meterá de lleno en el tema de los feminicidios y yo estoy completamente segura de que a Keyla se le va a hacer justicia y que los involucrados pagarán por el delito que cometieron», dice doña Norma.
El caso de Keyla despertó protestas que duraron varios días, pero también abrió un debate público sobre los femicidios y la violencia ejercida desde las fuerzas de seguridad. La misma Castro condenó el asesinato y pidió investigación profunda: «Que se lleve a la justicia a los culpables. La dictadura del Estado policial-militar no los debe encubrir», decía en Twitter.
Honduras es un país muy violento para las mujeres, aunque oficialmente las cifras de los homicidios han bajado desde hace unos 5 años, las muertes violentas de mujeres solo han aumentado. Hasta noviembre de 2021 el Centro de Derechos de la Mujer registró 314 muertes violentas de mujeres en contraste con el 2020, que cerró con 278 casos.
Muchos casos de violencia contra las mujeres son atendidos primero por la Policía Nacional, por eso para doña Norma es necesaria una depuración real de la institución: «Me imagino que es lo primero que van a hacer, sacar a todos los delincuentes de ahí y dejar a las personas que realmente sirvan y protejan a los ciudadanos. Ya le llegará el turno a los del grupo que estaba ese día cuando detuvieron a mi hija», agrega.
En agosto de 2021, mucho antes de que se formaran las alianzas, Xiomara Castro compartió en un conversatorio con organizaciones feministas y de mujeres en Honduras. Al finalizar, firmó comprometiéndose a gobernar según la agenda política de mujeres y feministas que incluye 7 ejes para priorizar los derechos de las mujeres: atacar la violencia contra las mujeres y femicidios, incluir temas de salud sexual y reproductiva, de la participación política de las mujeres, la feminización de la pobreza, los derechos indígenas y garífunas, educación integral laica y no sexista y el fortalecimiento de la institucionalidad y presupuesto con perspectiva de género.
En esa reunión estuvo Felicita López, lideresa indígena campesina y feminista del departamento de la Paz, que al conocer la noticia se alegró por la victoria de Xiomara, «porque se pudo a pesar de las dificultades, del asistencialismo y de todo lo que hay en el país». Felicita espera que este nuevo
Gobierno pueda combatir la discriminación y la exclusión que las mujeres de los pueblos indígenas han sufrido históricamente.
Felicita explica que entre las demandas que tienen para Xiomara está la derogación de los decretos legislativos que atentan contra los pueblos originarios, las reformas al nuevo Código penal. «Que las mujeres tengamos derechos donde nunca los habíamos tenido y que haya mujeres desde los movimientos sociales representando en la institucionalidad. Queremos que Xiomara tome en cuenta apoyar a las mujeres en iniciativas económicas y en el tema de la violencia, ya que por parte del Gobierno actual no ha habido esa oportunidad», agrega.
Para Felicita, que es también campesina, es importante la integración del acceso a créditos agrícolas para mujeres, pero también la erradicación de la violencia que disminuye la calidad de vida. Felicita es promotora legal en su comunidad, dice que para lograr mejorar la situación de violencia son necesarios «presupuestos justos y etiquetados para atención y prevención de la violencia hacia las mujeres que sufren violencia y que se apruebe la Ley de Casas Refugio y se implementen más casas así, como también fiscales y jueces especializados».
La salud sexual y reproductiva de las mujeres jugó un papel importante en las campañas
Cuando Xiomara Castro presentó su plan de gobierno el 5 de septiembre de 2021, muchos hombres pararon de gritar y aplaudir cuando en la pantalla detrás de ella aparecía la promesa del aborto por tres causales. «Desde hoy anuncio a las mujeres que voy a defender nuestros derechos desde todos los campos, pero especialmente desde la presidencia de la República. Anuncio el fin del patriarcado y de los femicidios», prometió Castro en el punto 25 de las 30 propuestas para los primeros 100 días de su gobierno.
A principio de 2021, dos semanas después de que se aprobara la interrupción del embarazo en Argentina, el Partido Nacional presentó una ley que denominó «escudo contra el aborto», con la intención de convertir la penalización total del aborto en un artículo pétreo, que solo pueda modificarse vía una asamblea constitucional.
Al final la reforma no se logró, pero sí se modificó el artículo para que con tres cuartas partes del Congreso Nacional (96 de 128 votos) pueda ser modificado, cuando antes se necesitaban solo 86 votos. La última discusión sobre el tema en 2017, durante la aprobación del Código Penal, solo logró 9 votos a favor.
El plan de gobierno de Castro incluye la despenalización de tres causales: en caso de violación, de que la vida de la madre corra riesgo y en malformaciones fetales que impidan una vida digna. Tras la conformación de la alianza entre Xiomara Castro, Salvador Nasralla del Partido Salvador de Honduras y Doris Gutierrez, del Partido Unidad e Innovación, la abogada Maribel Espinoza, candidata a diputada por el PSH, le dijo a Contracorriente que la idea del aborto por tres causales había quedado en el pasado: «Parte de los acuerdos a los que hemos llegado es que estamos todos en contra del aborto, de los acuerdos que hemos consensuado es un sí a la vida».
Sin embargo, esta propuesta nunca se borró del plan de gobierno de Castro, que ahora aunque Libre tendrá una cantidad mayor de diputados en el Congreso Nacional, la misma bancada a nivel individual no se ha declarado mayoritariamente a favor de la despenalización del aborto, según las encuestas a candidatos realizadas para la plataforma ¿A Quién Elijo?, una herramienta de Contracorriente que permite saber si los candidatos que participaron en las pasadas elecciones de noviembre están a favor o en contra de ciertos temas de interés público.
Esta herramienta identificó que hay incidencia en la confesión religiosa de los candidatos en la decisión sobre la despenalización del aborto por 3 causales, cuando un candidato se asimiló evangélico o católico se encontraban entre un 57 % y 63 % en contra, mientras que cuando los candidatos no se identificaron con alguna religión, un 68 % respondió estar de acuerdo.
La prohibición total del aborto en Honduras ha producido que muchas violencias obstétricas sean judicializadas como abortos, en donde las mujeres pueden sufrir acoso mediático y social, además de la imposibilidad de llevar una vida normal con lo que esa acusación significa en una sociedad tan conservadora como la de Honduras.
Merary Ávila, candidata a diputada por Libre y abogada feminista que ha dado acompañamiento en casos de criminalización por aborto, señala que para lograr el aborto por 3 causales aún queda una lucha por delante, que pasa primero por la sensibilización de la población.
Ávila añade que, aunque los diputados están socializados «ellos siempre miden el costo político de abanderar esta lucha porque tampoco han vivido todo lo que nosotras hemos documentado con el acompañamiento de casos».
Estas posturas contra los derechos sexuales y reproductivos desde los cargos públicos —muy ligadas a las posturas religiosas— fue lo que impulsó que durante el Gobierno de facto de Micheletti Baín en 2009, el ministro de Salud de ese entonces, Mario Noe Villa franca, prohibiera el uso, venta y la comercialización de la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE).
Esta acción surgió tras un intento fallido de la fundadora del Comité Provida de Honduras, Marta Lorena Casco —en ese entonces también diputada del Congreso Nacional— de prohibirla vía decreto legislativo que fue respaldado por un dictamen emitido por el presidente del Colegio Médico de ese entonces: Mario Noé Villafranca. El presidente Manuel Zelaya Rosales, vetó ese decreto argumentando que aprobarlo violentaba convenios internacionales.
La prohibición actual se encuentra respaldada únicamente en un acuerdo ministerial de la Secretaría de Salud que puede ser eliminado por una orden de quien se encuentre al mando de esa secretaría y que, en estos 12 años, ningún ministro se ha atrevido a hacer. Esto implica que para que la PAE vuelva a circular legalmente en el país, solo basta con que la próxima persona que ocupe ese cargo, revoque el acuerdo.
Esto significaría una victoria para las organizaciones de mujeres que desde octubre de 2017 exigen la aprobación de un Protocolo de Atención y víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en Honduras, que incluya el uso de la PAE para prevenir embarazos. La situación de la violencia sexual en Honduras solo ha empeorado desde la prohibición, las denuncias en el Ministerio Público en estos años aumentaron casi el doble: durante 2008 se contabilizaban 1241 mujeres que interpusieron la denuncia mientras que para 2020 registraron 2129 casos.
El camino que falta para lograr la participación política de las mujeres
Vilma Chandía de 74 años está sentada dentro de la sede del Partido Libre, ondeando una bandera que dice: «Xiomara presidenta». El lunes 29 de noviembre esperaba pacientemente por la celebración de la victoria de Xiomara y del alcalde electo del mismo partido, Jorge Aldana, que liderará la comuna capitalina.
Vilma dice que antes del golpe de Estado era liberal, una tradición familiar, recuerda cuando su padre la llevaba a votar «vestida de pies a cabeza de rojo», pero cuando ocurrió la salida de Manuel Zelaya en 2009, Vilma se apuntó a las filas de los cientos de hondureños que durante meses salieron a protestar y a pedir la reincorporación de Zelaya en la silla presidencial.
Cuando Manuel Zelaya estuvo en la frontera de Nicaragua-Honduras en julio de 2009, intentando ingresar de nuevo al país, Vilma, su hermana y su hija se encontraban en la zona a la espera de recibirlo, habían viajado desde Tegucigalpa. De repente decretaron toque de queda y se quedaron escondidas, luchando por no ser encontradas, ahí a la par de ellas estuvo Xiomara Castro.
Desde entonces Vilma considera a Xiomara como «una mujer de temple, de mucha fuerza», por eso cuando depuso su candidatura para las elecciones de 2017 y le entregó ese puesto a Salvador Nasralla, Vilma cuenta que estuvo ahí, en el Nacional de Ingenieros Coliseum donde lo anunciaron, pidiendo a gritos que no se dejara. Ahora Vilma, aún con un brazo quebrado y con las pocas horas de sueño que lleva ella y su familia desde el domingo mientras velaban por un conteo de votos transparente, dice que no creía que iba a vivir para ver a Xiomara ni a ninguna mujer que ocupara la presidencia.
La lucha por la participación política de las mujeres lleva ya más de media década, cuando Xiomara Castro nació, en 1959, las mujeres apenas habían podido votar por primera vez dos años antes. En el Congreso Nacional que dejará sus funciones en enero de 2022, solo 28 mujeres integraron ese ente, para la próxima asamblea legislativa se prevé que ese número subirá a 34, una cifra muy por debajo de la mitad de los 128 puestos disponibles.
Ante esta situación, la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) resaltó que los partidos que participaron en las elecciones primarias presentaron un 37.24 % de mujeres en sus listas, contra el 48.09 % de quienes no participaron del primer proceso. «Estas cifras demuestran que el marco normativo actual no garantiza el ejercicio igualitario de los derechos políticos de hombres y mujeres en la política».
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La misión recomendó «extender la obligatoriedad de aplicar la paridad a las candidaturas a ser inscritas ante el órgano electoral para todos los partidos políticos, y no excluir de esta obligación a los que ya la aplicaron en sus procesos internos», añadió.
Doña Vilma dice que no espera cambios inmediatos «va a tener que contar con buen asesoramiento porque ella sola no va a salir adelante, tiene que ser un buen equipo, no todo va a salir bien desde el inicio, pero se va a ir dando el cambio», asegura.
Felicita López también es de la idea de que el Gobierno de Xiomara se enfrentará a muchos retos: «No es que hemos ganado la batalla porque Xiomara recibirá un país endeudado, hecho un desastre, primero tocará negociar con todo mundo, pero esperamos que todo saldrá bien».
Para la abogada Ávila es importante que las mujeres estén presentes en todos los espacios del Gobierno: «En esta democracia no se va a ganar nada si no estamos presentes, tenemos que ser la piedra en el zapato siempre, las incómodas y no dejar que nos arrebaten esos espacios que nos pertenecen. Ellos son expertos, tienen siglos invisibilizando a las mujeres y ahora que hemos llegado, no podemos dar marcha atrás», sentencia.
