El gobierno presentó proyecto de ley de Agentes Extranjeros para «defender la soberanía y prohibir la injerencia extranjera»
Gobierno busca controlar el 40 % de fondos de ONG y medios críticos
La propuesta de ley presentada el martes 9 por el Ministerio de Gobernación a la Asamblea Legislativa exige a las organizaciones de la sociedad civil y fundaciones sin fines de lucro que reciben fondos de organizaciones en el extranjero un impuesto del 40 % de los recursos recibidos.
“Por cada transacción financiera, desembolsos, transferencias o cualquier otro y que sean provenientes de fondos del mandante extranjero, sea a través de donaciones, pagos u otro, se aplicará un impuesto del 40 %, sin perjuicio de la imposición de otros impuestos que graven los mismos actos o hechos conforme al Código Tributario y administraciones respectivas”, reza el artículo 10 del escrito presentado a la Asamblea.
La propuesta de Ley de agentes extranjeros, con profundas similitudes a la normativa usada desde 2020 por el régimen de Daniel Ortega para perseguir a oenegés y medios independientes en Nicaragua, también incluye como “sujetos obligados” a aquellas entidades que transmitan “cualquier material informativo físico, electrónico o digital”, en una alusión sin matices a los medios de comunicación críticos e independientes que reciben fondos de organizaciones extranjeras.
Además del impuesto al 40 % de los fondos recibidos, la propuesta también plantea un Registro de Agentes Extranjeros de obligatorio cumplimiento y una multa de hasta 10 mil dólares para las entidades que no cumplan con los plazos establecidos en la ley y en reglamentos que serán creados por el Ejecutivo. El Gobierno podrá, además, “solicitar la cancelación de la personalidad jurídica” si así lo estima conveniente.
Los sujetos obligados en la ley tendrán un plazo de 90 días para inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros” y tendrán prohibido realizar actividades, movimientos de recursos y bienes materiales “mientras no cumplan con esta obligación”.
Para Diego Jacabo, de TRACODA, una organización dedicada a la promoción de la transparencia y rendición de cuentas en el Estado, (recién galardonada por el National Endowment for Democracy, fundada por el Congreso de Estados Unidos), esta propuesta es una “represión del gobierno” en contra de los actores que le resultan incómodos. “Para este gobierno, todo se basa en construir y proyectar una realidad alterna, un espejismo, y para ello necesita siempre un enemigo al que echarle la culpa de todo y las ONG que trabajan directamente con la ciudadanía y denuncian la falta de voluntad, incoherencia o competencia del gobierno son uno de sus principales enemigos”, dijo.
“La propuesta del impuesto del 40% sobre las transacciones vuelve prácticamente inviable el trabajo de las organizaciones y es una medida represiva, que ni la ley de EE.UU. ni la de Nicaragua contemplan impuestos sobre los fondos”, agregó.
Bloqueos a las voces críticas
El 1 de junio de 2021, en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea oficialista, el presidente Nayib Bukele acusó a medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil de conspirar para afectar a su gobierno. Cinco meses después,y pese a una promesa de Bukele de no afectar el trabajo de las oenegés (un grupo de entidades que velan por el respeto de los derechos humanos, la transparencia en el gasto público y la rendición de cuentas a la ciudadanía), la propuesta de ley busca controlar dos aspectos medulares de estas entidades.
En los considerandos, y utilizando los argumentos que en su momento ocupó el régimen de Ortega, el Gobierno plantea que busca defender la soberanía del Estado a través de la vigilancia de las operaciones de las entidades extranjeras en el país para “preservar la estabilidad social y política”.
La ley llega, además, dos semanas después de que Bukele, dirigentes de su partido Nuevas Ideas y funcionarios de su gobierno acusaron a Estados Unidos de estar detrás de una supuesta estratagema para dividir a la bancada de Nuevas Ideas y para financiar a las organizaciones que han coordinado multitudinarias marchas contra su gobierno desde el pasado 15 de septiembre.
En su presentación, el ministro de Gobernación Juan Carlos Bidegaín dijo que «esta ley permitirá defender la soberanía del país y se prohíbe la injerencia extranjera y se impide que fundaciones y ONG fachada disfracen de donación lo que claramente es una injerencia extranjera».
Injerencia en medios de comunicación
El martes 9, en la presentación de la ley, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, ironizó que “algunos medios de comunicación y oenegés de fachadas van a pegar el grito en el cielo con esta propuesta de ley”.
Entre las entidades que se verán más afectadas se encuentran organizaciones que velan por el Estado de derecho, la rendición de cuentas, el combate a la impunidad y a los crímenes del pasado como CRISTOSAL, ALAC-FUNDE; pero también la mayoría de periódicos independientes online que reciben fondos de manera pública y transparente, como El Faro, Factum, GatoEncerrado y Focos.
Para el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, César Castro Fagoaga, la aplicación de esta ley preocupa porque “está a cargo de un gobierno golpista, de una Asamblea controlada por Casa Presidencial en un país donde no existe la separación de poderes».
«En la presentación mencionaron a Funde y Cristosal. En el aire revanchista del diputado Guevara queda claro que lo que se busca es afectar a las voces críticas. Tampoco podemos ser ingenuos en que lo que se busca es callar a voces críticas», añadió Castro Fagoaga, también gerente de redacción de la Revista Factum.
En el inciso F de las “prohibiciones de la ley”, el Gobierno establece que “los sujetos obligados” no podrán transmitir materiales informativos, físicos, electrónicos o digitales “sin colocar en dichos materiales informativos la etiqueta que dicho material se transmite en nombre de dicho extranjero”.
Esta redacción plantea una injerencia hacia los contenidos publicados en los medios de comunicación, que financian sus investigaciones con fondos de la cooperación internacional bajo el precepto de no injerencia en la línea editorial de parte de los cooperantes internacionales. El Gobierno Bukele, sin embargo, que desde 2019 acusa a los medios independientes de ser financiados por entidades que buscan afectar la gestión, pretende amarrar estos contenidos con los financistas como si los contenidos periodísticos se trataran de campos pagados.
«Los medios de comunicación independientes sí transparentan quién les entrega dinero a diferencia del partido de Gobierno, que a día de hoy no sabemos quién los financió en la pasada campaña electoral», cuestionó Castro Fagoaga.
