Las complejas condiciones sanitarias en las que viven los presos del estallido – Por María José Eguren
Han pasado dos años desde que comenzaron las detenciones en el contexto de la revuelta social y las prisiones preventivas extensas han protagonizado el desarrollo de la historia posterior al 18-O. Informes del Equipo Sanitario Colaborador del Colegio Médico han alarmado las condiciones sanitarias en que se encuentran los presos de la revuelta, además de la población penal en general. Problemas con la empresa concesionaria, excesiva burocracia y el reciente retiro del apoyo del Departamento de DD.HH. del Colmed al equipo colaborador posterior a los informes publicados, son algunos de los problemas que han tenido los familiares de los presos de la revuelta al buscar mejores condiciones para sus seres queridos privados de libertad.
Se cumplen dos años desde el histórico 18 de octubre de 2019 y una de las grandes consignas que se continúa exigiendo en las calles y en las principales instituciones competentes, es la liberación de los presos en el contexto de estallido social. Pero la búsqueda de amnistía vía ley, es solo una de sus aristas.
El pasado 16 de septiembre se emitió el Informe del Equipo Sanitario Colaborador (ESC) del Departamento de Derechos Humanos (DD.HH.) del Colegio Médico (Colmed). El organismo, que es un ente colaborador externo del Colmed, refleja en su informe la situación carcelaria de los presos del estallido social. El documento evidenció una serie de problemáticas, entre ellas, conflicto con la concesionaria a cargo de la prestación de salud, insuficiencia en la alimentación, problemas dentales, y trastornos de salud mental severos.
La situación fue tema central durante la sesión del 13 de octubre último en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y Diputadas, en la cual se enfrentaron las posturas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), miembros del Equipo Sanitario Colaborador del Colegio Médico, y abogados y representantes de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos de la Revuelta. La sesión finalizó con el compromiso de elaboración de una mesa técnica transversal para responder las problemáticas, algo que hasta la fecha no ha sucedido. Incluso, posterior a la sesión y a la publicación del informe del ESC en los medios de comunicación, el Departamento de Derechos Humanos del Colmed decidió “no continuar como actor facilitador de atenciones directas de otros grupos de salud”, pues no habría estado conforme en cómo se hizo público el informe de ESC.
El Desconcierto conversó con Roberto Bermúdez, doctor que participó en la sesión y es parte del ESC, para conocer qué ocurrió después del compromiso de reunirse con las partes involucradas. “En cuanto a la mesa de trabajo respecto del Área de Salud Ambulatoria (ASA), y la coordinación para poder volver a entrar, nos comunicamos a través de correo con el jefe de gabinete de Gendarmería, quien nos respondió diciendo que responderían ‘a la brevedad’. Hasta ahora no hay fecha de reunión, ni de reinicio de la asistencia médica”, dice Bermúdez.
De hecho, el próximo miércoles 20 de octubre cumplirán un mes sin poder entrar a ver a los pacientes y la decisión, agrega Bermúdez, obedece principalmente a que el Colegio Médico retiró el apoyo a la atención de los presos de la revuelta. La coordinación que habían levantado durante un año de trabajo, se trancó.
Informe del ESC
Con más de un año de visitas a la cárcel Santiago 1, este equipo ha realizado 67 inspecciones que suman alrededor de 1.160 atenciones iniciales y/o seguimiento, hasta julio del 2021. Estas incluyeron evaluaciones de odontología, dermatología, oftalmología, kinesiología, psiquiatría, tratamiento del dolor crónico y psicología.
En los resultados de este informe se identifican una serie de problemáticas: en primer lugar, que la empresa concesionaria a cargo de la prestación en salud no cumple con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Nelson Mandela), ni con los principios que establece el Minsal en relación a las patologías garantizadas GES, faltando a lo convenido en el reglamento (RSO). El informe declara que, a pesar de informar la problemática, no hay respuestas de parte de las autoridades.
La alimentación insuficiente es otro problema y uno de los más severos. “El 68% de los pacientes evaluados han sufrido evidentes bajas de peso y la constipación funcional es otra consecuencia más del régimen alimenticio, debido posiblemente a la baja disponibilidad de agua, fibra libre, frutas y verduras, ya que estas tampoco pueden entrar por encomienda”, se lee en el documento.
La opción que tienen para conseguir agua es un lavamanos que tienen las celdas, pero que no estaría apta para su consumo ya que tiene un alto contenido de cloro y metales. A medida que aumenta la altura de la construcción, disminuye la presión de agua, por lo que el cuarto piso de los módulos no tendría acceso a su consumo la mayor parte del día.
Otro tema importante que visibiliza el estudio realizado por el ESC es la salud mental. De tres pacientes de riesgo, uno de ellos ingresó al Programa de Riesgo de Suicidio, 14 pacientes se mantienen en control individual por patologías de salud mental y 19 tuvieron intervención grupal. De éstos últimos, la mayoría no tiene control psiquiátrico de parte del Área de Salud Ambulatoria (ASA), que son pequeños “hospitales” que tiene cada recinto penitenciario. En cuanto a la salud dental, las soluciones que se les ofrecen son la extracción de las piezas, por lo que prefieren no asistir a la opción que les entregan.
También abordan la escasez de recursos asignados a Gendarmería y la sobrepoblación de casi el doble del aforo. Respecto al Plan de Vacunación, se constató que solo dos de los detenidos completaron su esquema de inoculación a mediados de agosto, teniendo la mayoría solo una dosis, correspondiente al 13 de junio.
Sesión de Comisión de DD.HH.
A casi un mes de presentado el informe, el pasado miércoles 13 de octubre se llevó a cabo la Sesión de la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados y Diputadas. La cita tuvo como objetivo continuar analizando las condiciones que están afectando a las y los jóvenes que se encuentran privados de libertad por causas ligadas al estallido social. Participaron en la sesión los representantes de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos de la Revuelta: el abogado, Jaime Fuentes; las madres y voceras, Paloma Palomera y Verónica Verdugo; los doctores Tamara Ahumada y Roberto Bermúdez, y la abogada Karinna Fernández. De parte de las autoridades se presentaron el MOP y Gendarmería.
“La mayoría de estos muchachos son jóvenes, entre 20 y 30 años, que jamás habían estado presos. Entonces, las excesivas prisiones preventivas que están teniendo, entre seis meses hasta dos años, los tienen en condiciones vulnerables. Como asamblea hemos tratado de abordarlo lo mejor posible y en ciertas oportunidades hemos tenido reuniones con Gendarmería, pero es muy lento el proceso y demasiado burocrático para llegar a una solución. No se condice siendo una cárcel concesionada”, dijo en dicha sesión Paola Palomera, en representación de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos de la Revuelta.
La doctora Tamara Ahumada y el doctor Roberto Bermúdez, ambos parte del Equipo Sanitario Colaborador del Colmed, expusieron el informe, emplazaron a las autoridades presentes, y realizaron una crítica a Grupo 3, la concesionaria de la cárcel, de la cual es propietaria la empresa francesa Bianchi. “Grupo 3 licita también a una empresa para que se haga cargo de la gestión y salud penitenciaria, la que tampoco se hizo cargo de la situación durante pandemia, y tampoco colaboró con Gendarmería, que tuvo que redoblar esfuerzos para conseguir PCR, derivar a hospitales a pacientes graves, mientras ASA no hacía nada al respecto”, agregó el doctor Bermúdez.
A pesar de que el 22 de octubre hubo una reunión cuatripartita entre el ESC, el Departamento de DD.HH. del Colmed, Gendarmería y ASA, en la que los doctores presentaron sus reparos, acusan no haber tenido respuestas, reconociendo la existencia de una problemática que no saben cómo resolver
Jorge Jaramillo, jefe jurídico de Concesiones del Ministerio de Obras Pública, fue el encargado de representar al ministerio en la sesión. Respecto a la concesión, declaró que “este contrato de concesión presta servicios de alimentación, reinserción social, aseo, atenciones de salud, conforme a lo que establece el contrato. En materia de alimentación, (dice) que se deben entregar tres raciones por cada interno y con un aporte calórico de 2.400 calorías al día. Ese es el estándar que establece el contrato y es lo que se fiscaliza por parte del Ministerio de Obras Públicas y particularmente de nuestro inspector fiscal. En material de atenciones de salud, se otorgan 9.000 atenciones médicas al año, 95 horas médicas semanales y 18 horas de atención odontológica. La mayoría de ellos están concentrados en el módulo 12, donde las condiciones serían de las mejores dentro del penal. Vamos a hacer una revisión exhaustiva del cumplimiento del contrato más allá de lo que se hace usualmente”.
El inspector Fiscal, Felipe Acuña, también estuvo presente y manifestó que las cárceles, al ser públicas, los servicios que entregan están definidos por lo que el Estado alguna vez definió: “De ahí se deriva el tipo de alimentación que tenemos, el tamaño de las celdas, el servicio de reinserción de todos los subprogramas que lo componen y, por cierto, las atenciones de salud, nuestra Atención de Salud Ambulatoria (ASA). Tenemos instalaciones que están bastante bien equipadas, pero para el nivel de atención que el contrato definió”.
La abogada Karinna Fernández ahondó en la relevancia del tema de la empresa y derechos humanos. “Justamente, acá estamos hablando de contratos de Estado que se relacionan con una concesionaria (Grupo 3). Entonces, ¿cuál es el estándar con que el Estado tiene que fiscalizar a las empresas que hacen negocios a partir de la privación de libertad y en particular cuando hay servicios de salud involucrados? ¿Cada cuánto se ejercen las fiscalizaciones? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cómo se vigila la presencia de los médicos en el recinto?”.
Próximos pasos para materializar las demandas
La presidenta de la sesión de la Comisión de DD.HH., la diputada Emilia Nuyado, manifestó en la reunión la necesidad de establecer cambios. Consideró que lo que señalan los informes es crítico, de trato inhumano a quienes están privados de libertad y sin una correspondiente atención de salud. “Debe haber aquí una modificación del trato respecto a la alimentación, por eso es importante que este informe se les haga llegar a los ministros de Salud, Justicia y DD.HH., y el MOP. No podemos seguir avalando este actuar discriminatorio y que ha vulnerado los derechos de quienes están privados de libertad”, declaró.
La doctora Tamara Ahumada aclaró que no están pidiendo que se haga una modificación del contrato con la concesionaria, sino que se fiscalice efectivamente el cumplimiento del mismo. “El señor Jaramillo acaba de decir que las raciones alimentarias son de 2.400 calorías al día. Quiero decirle que, si los internos se alimentaran con eso, no tendríamos cerca del 70% de los pacientes con baja severa de peso. Si ustedes pudieran leer los informes que están en su poder, donde está el informe nutricional, se darían cuenta que las tres raciones alimentarias que se dan están lejos de cumplir las 2400 calorías al día. Además, las condiciones en que se entrega la alimentación son pésimas, lo que ha hecho que nosotros tengamos que ver enfermedades gastrointestinales, algunas severas, que han llevado a que pacientes jóvenes, sanos, tengan hemorragias digestivas, eso quiere decir que vomiten sangre, por las condiciones de la alimentación, que no cumplen el contrato al cual aquí se está haciendo referencia. Invito a que revisen el informe”.
Samantha Aldunce, la recién asumida jefa del Departamento de Edificación Pública, se comprometió a realizar un informe sobre contratos, prestaciones, calidad, de manera de ir zanjando las diferencias, aceptando la posibilidad de que se estén cometiendo errores. “El compromiso de este ministerio es otorgar todas las facilidades de información que requiera esta comisión y, por supuesto, vamos a hacer llegar el informe de las fiscalizaciones a los diferentes servicios que se otorgan en la concesión, de manera de establecer cuáles son nuestras limitaciones contractuales. En caso de ser oportuno, por parte del Ministerio de Justicia, (se) evaluarán las eventuales modificaciones que pudieran surgir en el corto plazo de manera de mejorar algunas prestaciones que son de interés y que podrían ayudar a colaborar a mejorar las condiciones de los internos”.
Departamento de DD.HH. del Colmed retira apoyo
Roberto Bermúdez, al ser consultado por el motivo del retiro del apoyo del Colmed, respondió que fue posterior a la publicación del informe por El Desconcierto, y luego de la invitación a la Comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados.
“Se molestaron porque en el reportaje se daba a entender que el trabajo era del Departamento de DD.HH. de Colmed y no era así. Con ese argumento, decidieron que ‘no se continúe como actor facilitador de atenciones directas de otros grupos de salud.’ Esto se lo informaron a Gendarmería, ‘de manera tal que toda gestión al respecto, sea efectuada en forma directa por los grupos de salud propiamente tal”, detalló el doctor.
“El problema es que, desde que Colmed retiró el apoyo, Gendarmería nunca más contestó correos ni teléfonos, hasta la sesión en la Cámara de Diputados. Esperemos que dicha sesión sirva para poder mantener las atenciones y para avanzar en la fiscalización y mejora de la atención de salud en la empresa”, concluyó Bermúdez.
En tanto, desde el Colmed, Enrique Morales, presidente del departamento de DD.HH., manifestó que dicho organismo, “en el marco de su trabajo permanente de evaluación de condiciones carcelarias, que incluyó la visita a varios recintos penitenciarios, trabajó, durante más de un año, con este equipo de profesionales que entregó atenciones al grupo de internos de la revuelta social. Pese a que agradecemos profundamente su trabajo, fue imposible seguir avalándolo, debido a que no se cumplieron con las normativa legales de ingreso a los recintos penitenciaros. Pese a eso, como ocurre con otras organizaciones que trabajan en los recintos penitenciarios, este y otros grupos pueden gestionar el acceso directamente con Gendarmería. Un buen ejemplo de esto es lo conseguido de manera autónoma por un profesional dentista, que ha sido autorizado por las autoridades correspondientes a ofrecer atenciones a este mismo grupo de reclusos, luego de intervenir en la comisión de DD.HH. de la Cámara de Diputados”.
En esa línea, agregó que “para finalizar, consideramos que se requiere reforzar las atenciones de salud de estos reclusos, con el fin de velar por el bienestar de ellos y gestionar urgentes modificaciones al sistema de atención de salud en este y otros recintos, donde no se dan cumplimiento a estándares mínimos vigentes y a los cuáles el Estado se ha comprometido”.
