Chile | Qué implica la acusación constitucional contra Piñera y cuál es el camino para una eventual destitución
Acusación Constitucional: ¿El Presidente Sebastián Piñera puede ser destituido?
Tal como fue anunciado, la oposición ingresó este miércoles al Congreso una acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera.
Luego de reunir 16 firmas de parlamentarios de diversas bancadas de oposición, finalmente en horas de esta mañana, se formalizó la presentación de la acusación.
¿Quiénes firmaron la acusación?
Emilia Nuyado, Raúl Leiva, Marcela Hernando, Andrea Parra, Daniel Núñez, Gabriel Silber, Pablo Vidal, Alejandra Sepúlveda, Claudia Mix, Juan Santana, Catalina Pérez, Marcelo Díaz, Gael Yeomans, Tomás Hirsch, Pamela Jiles y Félix González.
¿Qué se viene ahora?
Este mismo miércoles, se realizó el sorteo de la composición de la comisión revisora de la acusación constitucional
Quedó compuesta por los diputados: Raúl Alarcón (Ind), Maya Fernández (PS), Pepe Auth (Ind), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (Ind).
Ahora, Piñera tiene hasta este sábado 16 de octubre para ser notificado de la acusación constitucional.
¿Qué debe hacer Sebastián Piñera?
Tras ser notificado, el Presidente de la República tiene hasta el jueves 28 de octubre para responder.
¿Qué plazo tiene la comisión revisora?
Entre el jueves 28 de octubre y el viernes 5 de noviembre.
¿Cuándo se vota en la Cámara de Diputadas y Diputados?
La fecha estimada es el lunes 8 de noviembre. El quórum necesario es mayoría calificada, o sea, 50% +1.
¿El presidente puede ser destituido de su cargo?
Sí. De hecho, si la Cámara de Diputadas y Diputados aprueba la acusación constitucional, Piñera queda en calidad de suspendido y asume el ministro del Interior.
El Senado escuchará a los acusadores y el acusado y si determina aprobar la AC, en ese momento, Sebastián Piñera quedará destituido de su cargo como Presidente de la República de Chile, asumiendo entonces, la Presidenta del Senado, Ximena Rincón.
Oposición concreta ingreso de acusación constitucional contra el Presidente y asegura que el caso Dominga “no es un acto aislado de codicia o aprovechamiento del poder para beneficio propio”
Hemos a toda la oposición unitariamente para hacer la presentación de la acusación constitucional contra el Presidente de la República”. Así partió el diputado Jaime Naranjo (PS) al presentar oficialmente el libelo acusatorio contra Sebastián Piñera, luego de las acusaciones dadas a conocer la semana pasada en el marco de los Pandora Papers, sobre la compraventa de la minera Dominga en las Islas Vírgenes a su amigo Carlos Alberto Délano.
El ingreso del libelo se hizo a primera hora de hoy, con lo que podría resolverse antes de la primera vuelta presidencial y las elecciones parlamentarias del 21 de noviembre. La acusación necesita 78 votos en la Cámara Baja para ser aprobada. De ser así, pasaría al Senado, donde requiere de dos tercios (29 votos), y en donde la oposición cuenta con 24.
Acompañado por varios diputados de oposición, Naranjo señaló que “en la antesala de un nuevo aniversario del 18 de octubre, queremos decir que esta acción política unitaria de la oposición sirva como un reconocimiento y un homenaje a todos los que sufrieron las graves violaciones a los derechos humanos y a los sectores más vulnerables de nuestro país que sufren las injusticias sociales”.
“Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el Presidente de la República ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio a la probidad. Y en segundo lugar, por comprometer gravmente el honor de la nación”, agregó.
Luego de la firma del documento, el diputado humanista Tomás Hirsch dijo que “podemos asegurar que están los votos de nuestras bancadas de oposición, y el oficialismo (…) debería también apoyarla”. Asimismo, Catalina Pérez (RD) manifestó que “lo mínimo que esperamos es que se frene la tramitación de Dominga. Independiente de eso, hay una serie de actos que han afectado la honra de nuestra nación”.
También habló la diputada de Partido Socialista, Emilia Nuyado: “El llamado es a que todos los diputados de oposición y oficialismo estemos con los votos para que esta acusación prospere”.
Y finalmente, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana (DC), Gabriel Ascencio indicó que “esta es una acusación que, de aprobarse, pasa a la historia por el contenido y el fondo (…) Hoy día apostamos a que vamos a tener todos los votos de la oposición. La invitación es a todos los parlamentarios de oficialismo a que se sumen (…) esta acusación se va a ganar acá (en la Cámara)”.
Minutos más tarde, se dio cuenta en la Sala de la Cámara de Diputados del libelo acusatorio contra el Mandatario y se procedió al sorteo de los cinco integrantes de la comisión revisora, para el que fueron seleccionados Florcita Alarcón, Maya Fernández (PS), Pepe Auth, Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (ex UDI).
En total, fueron 16 los diputados que firmaron la acusación constitucional contra Piñera: Marcelo Díaz (Unir), Félix González (Partido Ecologista), Marcela Hernando (Partido Radical), Tomás Hirsch (Acción Humanista), Juan Santana (Partido Socialista), Claudia Mix (Comunes), Daniel Núñez (Partido Comunista), Emilia Nuyado (Partido Socialista), Andrea Parra (Partido Por la Democracia), Pamela Jiles (Partido Humanista), Catalina Pérez (Revolución Democrática), Karim Bianchi (comité de independientes), Alejandra Sepúlveda (Federación Regionalista Verde Social), Gabriel Silber (Democracia Cristiana), Pablo Vidal (Nuevo Trato) y Gonzalo Winter (Convergencia Social).
Vale recordar que esta acusación es paralela a la investigación de oficio que anunció la semana pasada la Fiscalía Nacional, y que también tiene relación con los antecedentes dados a conocer en el marco de los Pandora Papers, por eventuales delitos tributarios, cohecho y soborno. La investigación estará en manos de Claudia Perivancich, fiscal regional de Valparaíso, según comunicó Marta Herrera Seguel, Directora de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público.
Los fundamentos
En un documento de 99 páginas, el libelo entrega los fundamentos de la acusación “por los actos de su administración que comprometieron gravemente el honor de la Nación y por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes”.
La acusación consta de dos capítulos: el primero señala que “el Presidente de la República infringió abiertamente la Constitución y las leyes al cometer actos de su administración que vulneran los artículos 8 y 19 n°8 de la Constitución Política de la República”, vale decir los principios de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación.
En tal sentido, señala que el mandatario “intenta eludir el cumplimiento de los deberes constitucionales, toda vez que las circunstancias fácticas descritas dan cuenta de una intención sostenida de favorecer, a través del uso de facultades que entrega el ordenamiento jurídico, a un cierto grupo de interés, ligado de forma íntima al primer mandatario. Eso se aleja de la idea de una conducta intachable y recta o el actuar con preeminencia del interés general por sobre el interés particular”.
El segundo señala que “el Presidente de la República, ha comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales, así como un grave daño reputacional a la institución de la Presidencia de la República”, un punto “derivado de las propias actividades estatales con la finalidad de suscribir el tratado de Escazú, el que fue desestimado por el Presidente acusado, como una manifestación del estatus intocable en regulación ambiental y adicionalmente las reglas de la Convención Interamericana contra la corrupción, en materia de prevención de conflictos de interés y la omisión de ciertas actuaciones propias del cargo, pues se han incumplido deberes internacionales, como asimismo, la desoladora imagen del país, y específicamente su primera magistratura en el contexto de los denominados “Pandora Papers”, como es el hecho público y notorio de noticias a nivel mundial”.
Además, concluye que “la deslegitimación del ejercicio del poder del Presidente de la República producto de sus actuaciones que confunden los intereses personales con los intereses del país, afecta y daña de manera muy significativa la seguridad interna y externa de Chile”.
En sus argumentos, el texto defiende “el deber ético de acusar” que cabe sobre los parlamentarios y delinea un perfil del Mandatario, y resalta que “una autoridad que no es honesta mal podría considerarse como una autoridad prudente, esto supone riesgos no solo a la imagen del cargo, sino también al sistema democrático, puesto que el gobernante, como sujeto político, debe velar por no hacer de sus intereses personales algo que afecte al país y sus instituciones”.
En este sentido, remarca que “lo que ocupa nuestra atención no es un error puntual o, incluso, un acto aislado de codicia o aprovechamiento del poder para beneficio propio. No, se trata de una conducta que acompaña al señor Piñera desde siempre, conocida por todos, y que ha perjudicado a muchos compatriotas o al país entero”.
Así, saca a colación episodios como el del espionaje a Evelyn Matthei en los ’90 (“el ciudadano que no trepida en organizar una conspiración para denigrar a una compañera de partido, a través de un programa de televisión”), el caso Exalmar, el uso de información privilegiada en la compra de acciones de Lan.
“Aquel ciudadano, hoy en el cargo de Presidente de la República, afirmó que no participó en la venta de la Minera Dominga, siendo el dueño de las acciones respectivas, y que fue una operación efectuada por sus hijos con uno de sus amigos más cercanos, de la cual él “nunca supo” (…) Se trata del Presidente que ahora la Fiscalía Nacional investiga, sobre la base de las recomendaciones de su Unidad Anticorrupción, por eventuales delitos tributarios, cohecho y soborno”, dice el texto.
Texto íntegro: fundamentos de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera
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Estado de Excepción en zona mapuche suma más críticas: INDH califica la medida del Gobierno como un “nuevo fracaso”
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) criticó el decreto de Estado de Excepción Constitucional anunciado por el Presidente Sebastián Piñera para cuatro provincias del sur del país -Biobío, Arauco, Malleco y Cautín- debido a los hechos de violencia.
De acuerdo al INDH, «es un fracaso del Estado y de la sociedad, en su conjunto, que se cometan asesinatos y otros hechos de violencia y que no se pueda investigar, juzgar ni condenar a los culpables».
«También representa un fracaso que el Estado de Chile termine, en los hechos, involucrando a las Fuerzas Armadas en funciones que debieran ser privativas de Carabineros y de la PDI», añaden.
«El único camino para enfrentar la grave crisis que se vive en la Macro Zona Sur es el diálogo. Por eso, el INDH ha apoyado y apoya los esfuerzos realizados en esa línea por el Centro Nansen para la Paz y las universidades. Así también los que impulse la Convención Constitucional, que tiene la oportunidad histórica de establecer un nuevo pacto intercultural en que se funde la paz y la justicia en el sur de Chile», cerraron el comunicado.
Críticas del gobernador del Biobío
A los cuestionamientos del INDH se sumaron los del gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, quien criticó el hecho de que sus perspectivas no fueron consideradas, tomando en cuenta que la medida afecta a las y los habitantes de sus respectivas comunas.
“Ninguna de las autoridades presentes aquí, alcaldes, alcaldesas ni gobernador, hemos sido consultados por la medida. La respetamos, pero ninguno ha sido contactado y creemos que la participación de la gente, que está en el territorio, es relevante para construir política pública”, dijo.
“Lamentamos la falta de información que existe. Esperamos, sinceramente, que la medida tenga efectos positivos, pero no estamos seguros que los vaya a tener. Creemos que se necesita un abordaje integral y vamos a seguir trabajando coordinadamente, con alcaldes, alcaldesas y junto a consejeros regionales, y también intentaré reunirme en los próximos días con constituyentes y parlamentarios”, anunció.
Díaz también criticó el hecho de que decretar este Estado de Excepción en las mencionadas provincias afectará a comunas que no han registrado hechos de violencia, como Cabrero y Yumbel. “Probablemente si hubiésemos sido consultados por el Gobierno de Chile, habríamos dado nuestra opinión. Desde lo simbólico, yo habría recomendado no hacer esta declaración un 12 de octubre, más allá de que fuera necesario tener esta medida. Y desde lo territorial, la declaración de Estado de Emergencia ha sido tomada con mucha preocupación por la ciudadanía y, en otros lugares, hay personas que lo ven como un riesgo y otras, por cierto, la valoran”, comentó.
“Reconocemos también que tenemos un problema complejo, donde uno de sus elementos tiene que ver con el orden público, pero también hay un problema político y social. Y a lo que aspiramos es que esta problemática que vivimos en el Biobío, sea abordada integralmente, con un plan de trabajo, donde participativamente podamos enriquecerlo”, propuso.
