Flujos masivos de personas migrantes en México y la inquietante respuesta estatal – Por Rafael Alonso Hernández López
Por Rafael Alonso Hernández López*
En 2016, la presencia de población haitiana en México cobró una importante relevancia, tanto por su novedad y magnitud como por la respuesta de las autoridades y de parte de la sociedad civil. Tijuana y Mexicali, en Baja California, se volvieron epicentro de esta dinámica migratoria. Miles de personas de dicha nacionalidad arribaron luego de haber transitado por diferentes países del continente y entidades de la República con la intención de ingresar a Estados Unidos bajo dos figuras jurídicas: el Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), emitido por el gobierno norteamericano desde 2010, y el reconocimiento como refugiados/asilados. Se estima que entre mayo y septiembre de 2016 llegaron a la frontera norte más de 15 000 personas haitianas, muchas de ellas en camiones contratados especialmente para transportarles desde el sur del país.
En su ingreso por la frontera sur, las personas haitianas ordinariamente afirmaban ser originarias de países africanos, no poseer documentos migratorios y no hablar o comprender la lengua castellana. Ante la imposibilidad de corroborar la información con algún consulado o embajada, el Instituto Nacional de Migración expedía un “oficio de salida” con el cual se le solicitaba a la persona que abandonara el país por cualquiera de las fronteras mexicanas.
Ya en la frontera norte, el ingreso a la Unión Americana no fue ni sencillo ni rápido, por lo que las personas tuvieron que permanecer en Tijuana y en Mexicali, rebasando la capacidad de respuesta de las instituciones de gobierno. La Secretaría de Desarrollo Social activó un fondo de aproximadamente 5 millones para hacer frente a la contingencia. Una parte se destinó a mejorar la infraestructura de albergues locales; por otro lado, la sociedad civil generó un mecanismo de respuesta inmediata (alimentación, alojamiento), con la intención de paliar las precarias condiciones de estancia en lo inmediato y encontrar mecanismos de apoyo en el mediano y largo plazo.
La victoria de Donald Trump en Estados Unidos, y en consecuencia la implementación de una política migratoria más restrictiva, supuso un cambio importante en las expectativas de las personas haitianas. El gobierno mexicano le entregó a aproximadamente 3000 personas una tarjeta de visitante por razones humanitarias, que les otorgaba la posibilidad de permanecer en el país y realizar actividades remuneradas. Con dicha acción se resolvía lo inmediato (la situación migratoria y la posibilidad de emplearse) sin que hubiera pistas sobre mecanismos para el mediano y largo plazo en torno a posibilidades para la inserción plena e integración en la vida social.
A fines de 2018 y principios de 2019, la presencia de flujos masivos en movimiento por nuestro país volvió a cobrar relevancia. A diferencia de la migración haitiana, en esta ocasión se trataba de la denominada caravana migrante que había iniciado en San Pedro Sula, Honduras. Ya en la frontera, el contingente que aglutinaba a más de 3000 personas fue recibido por agentes de la policía federal y del Instituto Nacional de Migración, quienes fueron desplegados para impedir el paso del flujo masivo de personas a nuestro país. Se cerró el acceso por el puente internacional Rodolfo Robles con un muro de contención humano que se extendió a las inmediaciones del río Suchiate; adicionalmente, en una acción sumamente hostil, un helicóptero de la policía federal sobrevoló el cauce del río con la intención de generar oleaje e inhibir el tránsito hacia nuestro país.
La desesperación comenzó a ganar terreno y las personas migrantes vencieron el cerco policiaco para continuar con su trayecto hacia el norte de México. Arribaron en noviembre de 2018, pero para entonces ya eran más de 7000 personas. De nueva cuenta, tanto en el sur como en el norte del país, la respuesta institucional fue puesta a prueba. Algunas entidades por las que transitaron las personas migrantes optaron por apoyar la movilización de la caravana con la intención de tenerlos la menor cantidad de días posible en su territorio, por lo que incluso dispusieron de autobuses para apoyar su movilización; por su parte, en una acción en sentido inverso, el gobierno federal estaba buscando contener y deportar a las personas por la frontera sur.
Ya en la frontera norte, el caos no se hizo esperar: no había claridad en torno a qué autoridad debía coordinar los esfuerzos ni el sentido en el que debía ir la acción. Mientras eso sucedía, miles de personas se reunían en Tijuana con la esperanza de poder cruzar o de ser recibidos de manera masiva por el gobierno norteamericano. Como medida emergente, la autoridad estatal habilitó un centro deportivo para alojar a las personas, con lo que trataron de tener control de la situación y disminuir la tensión social que ya se estaba generando en la ciudad. Los primeros días de operación de este centro fueron un caos y rápidamente las condiciones climáticas y la insuficiencia de espacio lo volvió un espacio hacinado, insalubre e inseguro.
Con el cambio de administración federal a inicios de diciembre de 2018 se buscó implementar algunos cambios; entre ellos, la apertura del albergue “El Barretal”, que funcionó por cerca de sesenta días. En este albergue se ofrecieron diversos servicios humanitarios y se atendió a cerca de 2500 personas, fundamentalmente de origen centroamericano. Para el 18 de diciembre, el gobierno federal, a través de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, hizo pública la denominada nueva política migratoria, basada, según se dijo, en un cambio de paradigma en la atención a los flujos migratorios.
El primer cuatrimestre de 2019 vino acompañado de más caravanas migrantes. En razón de ello, el Instituto Nacional de Migración instaló un campamento en la localidad de Mapastepec, Chiapas, en el que contuvo a más de 1500 migrantes que, de acuerdo a la propia autoridad, se encontraban en procesos de regularización para permanecer en México mediante el otorgamiento de tarjetas de visitante regional. En mayo de 2019, debido a la saturación de la estación migratoria “Siglo XXI” de Tapachula, Chiapas, las autoridades migratorias trasladaron a aproximadamente 700 migrantes provenientes de África y Asia al inmueble de la Feria Mesoamericana de esa misma ciudad. Muchos de ellos permanecían en campamentos afuera de esas instalaciones en espera de recibir un oficio de salida para abandonar el país. En la frontera norte, el gobierno federal implementó los denominados Centros Integradores para el Migrante (CIM) en el verano de 2019, operados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en colaboración con la Secretaría del Bienestar. Los CIM ofrecieron alojamiento, alimentación, servicios educativos y de salud a las personas migrantes devueltas por el gobierno norteamericano a la frontera norte bajo el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés). Desde que este Protocolo fue aplicado en enero de 2019, se han devuelto a nuestro país a más de 70 000 personas de diversas nacionalidades.
Con el inicio de la pandemia, el gobierno norteamericano comenzó a ejecutar deportaciones expeditas de población centroamericana hacia México bajo el denominado Título 42. Muchas de estas personas fueron llevadas por el Instituto Nacional de Migración a la frontera sur para que regresaran por sus propios medios a sus lugares de origen.
En agosto de 2021, las personas de origen haitiano que esperaban resoluciones migratorias o de reconocimiento de la condición de refugiado en Tapachula decidieron emprender su camino de forma organizada. Su intención era salir del espacio fronterizo en el que la respuesta institucional era insuficiente y las posibilidades de encontrar vivienda, trabajo y alimentación eran cada vez más complicadas. Las escenas, ampliamente difundidas por organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación nacionales e internacionales, dieron cuenta de la estrategia de contención migratoria implementada por el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. Se registraron escenas lamentables de abuso de la fuerza y violencia contra las personas migrantes con la única finalidad de desarticular la denominada caravana.
Como hemos visto hasta aquí, desde 2016 existen registros de la presencia de flujos masivos de personas migrantes que han arribado bajo diferentes medios y contextos a nuestro país, cada uno con necesidades específicas. En cada uno de estos acontecimientos la respuesta institucional mexicana ha sido diversa y poco efectiva, la mayoría de las veces sin una coordinación eficaz, ni una perspectiva de atención a emergencias, en este caso, de carácter migratorio. Paralelamente, ha sido la respuesta de la sociedad civil la que se ha mantenido como constante en todas estas situaciones; con su acompañamiento, denuncia y atención a estos flujos ha demostrado la existencia de posibilidades para hacer frente al reto que suponen estos movimientos migratorios en nuestro país.
La falta de una respuesta institucional con una perspectiva que no parta del control y la verificación migratoria ha demostrado generar efectos negativos sobre las poblaciones en movilidad. Sobre todo porque la respuesta institucional mexicana se ha caracterizado por transitar en dos extremos: el del rechazo —vía contención migratoria— y el de la indiferencia, dejando a las personas migrantes a su suerte.
Es imposible negar la existencia de iniciativas y acciones ubicadas en el centro de los dos extremos mencionados. Sin embargo, la evidencia nos ha mostrado que dichas iniciativas han terminado por ser paliativas, sin planes de seguimiento o de coordinación interinstitucional, intersecretarial y multinivel. En consecuencia, han demostrado la ausencia de una política real, de largo aliento, que ponga en el centro a las personas migrantes, que no les criminalice, y que no busque hacer frente a su presencia y necesidades mediante la detención y la deportación como la única herramienta al alcance.
No hay duda de que estas dinámicas han desafiado las capacidades institucionales existentes. Dado lo que hemos visto en estos últimos cinco años, y que ordinariamente ha sido catalogado y abordado por instancias gubernamentales como situaciones coyunturales, bien valdría la pena reconsiderar ese abordaje. Cambiar de perspectiva podría ofrecer la pauta para responder de manera diferente. Por tanto, es urgente y necesario, revisar, reforzar y replantear la respuesta institucional —tanto de las dependencias públicas y privadas, como de la articulación con la sociedad civil organizada— dirigida hacia las poblaciones en movilidad en estos contextos emergentes. Si miramos en perspectiva, poco a nada se ha aprendido de los esfuerzos realizados desde 2016. Tan es así, que seguimos viendo insuficiencia de acciones e improvisación. Y, en todos los casos, quienes se ven más afectadas son las personas migrantes.
En el marco de las posibilidades y lo deseable que es un cambio de enfoque en la gestión de estos flujos masivos por nuestro país, la primera respuesta no tendría que ser única y exclusivamente la del Instituto Nacional de Migración, mucho menos de la Guardia Nacional. Si miramos estas movilizaciones de personas desde una perspectiva humanitaria, la dinámica de atención tendría que empezar por reconocer que se trata de una situación emergente; en segundo lugar, que quienes la conforman son personas en situación de riesgo y vulnerabilidad, y en tercero, que es necesaria la participación de diferentes actores para ofrecer alternativas posibles centradas en la dignidad de la persona migrante.
En 2019 se creó por decreto la Comisión Intersecretarial para la atención a Migrantes, precisamente para coordinar las acciones en favor de estas poblaciones. Fuera de algunas acciones puntuales ejercidas durante las caravanas migrantes de ese año, poco o nada se ha sabido del trabajo de esta comisión. Es pertinente reconocer que es el único esfuerzo nacional que articula a una cantidad importante de dependencias que podrían ofrecer respuestas necesarias a la realidad que atraviesa el país en materia migratoria. Es innegable que hace falta la designación o el fortalecimiento real de un actor gubernamental con capacidades vinculantes que se encargue de diseñar, convocar, coordinar y evaluar la respuesta a la emergencia relacionada con estos flujos migratorios.
Una de las acciones deseables y necesarias que tendría que promover dicho ente es el establecimiento de un mecanismo y un protocolo que, bajo un enfoque preventivo y de protección civil, marque las pautas mínimas para una respuesta institucional ordenada, eficiente y eficaz en beneficio de las personas migrantes. Y que, en consecuencia, demarque los canales de comunicación, así como las responsabilidades al momento del despliegue de acciones entre los diferentes órdenes de gobierno, la sociedad civil y las agencias internacionales para aminorar el riesgo y la vulnerabilidad de las personas migrantes. Lo anterior, por supuesto, pasa por integrar mecanismos de identificación, posibilidades de regularización, atención humanitaria y la búsqueda de protección.
No se trata de inventar el hilo negro, sino de reconocer que hay un cúmulo de acciones, experiencias y oportunidades que podrían incidir positivamente en la gestión de flujos migratorios en nuestro país si cambiamos el enfoque. La intervención gubernamental debe entender estos flujos migratorios como parte de un proceso social de gran complejidad frente a los cuales hay que desarrollar capacidades, articular y evaluar respuestas. Es decir, pasar de un enfoque eminentemente reactivo y restrictivo, a uno preventivo y de protección.
*Profesor-investigador del Departamento de Estudios Sociales de El Colegio de la Frontera Norte y coordinador del Doctorado en Estudios de Migración en esa misma institución.
