La condena de ser indígena en Paraguay – Por Claudia Colmán
Por Claudia Colmán
En el corazón de América Latina, hay un país donde el 2 por ciento de la población tiene cerca del 85 por ciento de la tierra. Se llama Paraguay y es la nación que presenta la distribución de la tierra más desigual del mundo, con un índice de Gini de 0,93, según el último Censo Agropecuario Nacional.
Desalojos, fumigaciones, asesinatos y persecución a luchadores, quema de casas y escuelas, forman parte de la historia de destierro de comunidades indígenas y campesinas que llegaron a Asunción el miércoles de la semana pasada para exigir al Congreso que rechace el proyecto de ley que criminaliza la lucha por la tierra.
“Esta es una ley contra el campesinado”, expresó Isabelino, que llegó desde Yasy Cañy, departamento de Canindeyú, a la Plaza de Armas de Asunción. En su comunidad, Yvy Pyta, a más de 200 kilómetros de la capital, muchas familias campesinas se quedaron sin tierra a pesar de haber recibido el título del Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), ente responsable de desarrollar políticas de distribución de la tierra.
La titularidad de las tierras en Paraguay es uno de los conflictos centrales, caracterizado por el saqueo de tierras públicas y ancestrales por parte de una pequeña élite latifundista. En este marco, el documento presentado por un grupo de senadores, representantes de los intereses agroganaderos del país, eleva a crimen las “invasiones de inmuebles ajenos”, con condenas de hasta 10 años de cárcel.
La iniciativa, que modifica el artículo 142 del Código Penal, habilita, en el inciso 1 del citado artículo, que personas sin título sobre una propiedad, pero en posesión de ella, puedan denunciar por “invasión” a campesinos o pueblos indígenas que busquen mediante ocupaciones recuperar tierras ancestrales o tierras que fueron robadas al Estado paraguayo, principalmente durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), llamadas “tierras malhabidas” y que, hasta el momento, no fueron devueltas.
“Existen muchos hermanos indígenas que viven en las comunidades y todavía no tienen títulos. No tienen personería jurídica, no se ha hecho la agrimensura judicial. Existen muchos problemas y sabemos que existen tierras indígenas que tienen doble o triple títulos de propiedad. Con todo esto, se les acusa de invasores”, expresó Paulina Villanueva, integrante de la organización Mujeres Indígenas del Paraguay (Mipy) y de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna, que se encontraba en las inmediaciones del Congreso.
A pesar del derecho constitucional de los pueblos indígenas a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida, estancias y empresas extranjeras extienden sus fronteras de producción, arrasando con todo a su paso. Además, en Paraguay, existen cerca de siete millones de tierras que fueron repartidas de forma fraudulenta por la tiranía de Stroessner a sus amigos, familiares, militares y empresarios. Las mismas debían ser destinadas a sujetos de Reforma Agraria, según lo establecido por el Estatuto Agrario, la principal ley que rige la regulación de tierras públicas en Paraguay.
“Derechos no son crímenes” y “Ellos son los invasores” fueron algunas de las consignas levantadas en el día de movilización, mientras en la Cámara de Diputados se estudiaba y aprobaba la ley.
Cuando las topadoras destruyen casas y bosques de comunidades indígenas y campesinas, no hay tapas de diarios denunciando el atropello de derechos, pero, ese día, la quema de vehículos en las afueras del Congreso mereció toda la atención para los medios de comunicación empresariales, desatando una maquinaria de prejuicios que reforzaron el discurso de los defensores de la ley, sin siquiera mencionar el impacto que tendría la misma.
Tras la sanción, las comunidades indígenas decidieron emplazar al gobierno para que vete la propuesta legislativa. Sin escuchar los reclamos, el presidente Mario Abdo Benítez promulgó la ley en menos de 24 horas, en medio de una nueva jornada de enfrentamientos, donde la policía llevó preso al líder indígena de la etnia Ava Guaraní Chiripá, Derlis López, un referente en la lucha por la recuperación de tierras de su comunidad Takuara’i, y sistemáticamente perseguido y amenazado por empresarios sojeros y brasileños.
En la tarde del jueves, indígenas y campesinos retornaron a sus comunidades y dejaron Asunción.
La ley, apoyada por la Asociación Rural del Paraguay (ARP), la Asociación de Productores de Soja y la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO), para el movimiento campesino e indígena, es un avance hacia la criminalización de la lucha por la tierra. “Convertir en crimen la lucha por la tierra significa la posibilidad de encarcelar por el solo hecho de conformar una comisión vecinal y gestionar la solicitud ante las instituciones del Estado. Porque eso se puede considerar como intento de invasión. Porque cuando se convierte en crimen, se castiga también la tentativa”, expresó a La tinta Marcial Gómez, dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC), que también denunció que la normativa “es parte fundamental para blindar las tierras malhabidas que fueron creadas con fines de Reforma Agraria y que, hasta ahora, están en manos de no sujetos de la Reforma Agraria”.
De tierras robadas a las bancas del Congreso
Tras revisar más de 200.000 adjudicaciones, el informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), creada por Ley 2225 en 2003 para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas desde 1954 a 2003, e integrada por representantes del Ejecutivo, el Legislativo y de la sociedad civil, concluyó que, durante los 35 años del régimen de Stroessner, fueron adjudicadas irregularmente cerca de siete millones de hectáreas. Además, entre 1989 y 2003, se adjudicaron irregularmente casi un millón de hectáreas más. Entre quienes recibieron propiedades, figuran el padre del presidente de la República, la familia del actual senador Fidel Zavala y el tío del ex presidente Horacio Cartes, Rubén Viveros Cartes. A su vez, aparecen en la lista espacios públicos usurpados y entregados a los afiliados del Partido Colorado, para su uso exclusivo.
Coincidentemente, el senador Fidel Zavala, de la familia beneficiaria de las llamadas “tierras mal habidas”, fue el propulsor de la ley, en compañía de Enrique Riera, senador del Partido Colorado, del Movimiento Honor Colorado, liderado por Horacio Cartes, también de una familia beneficiaria de tierras malhabidas, y unos de los mayores propietarios de tierras del país, que recientemente estuvo vinculado a la investigación periodística Pandora Papers sobre cuentas en paraísos fiscales. Las recientes revelaciones expusieron, otra vez, el patrimonio no declarado y la trama de empresas en paraísos fiscales de la familia Cartes.
Este proyecto no había sido el primer intento de los sectores latifundistas para frenar cualquier avance en la recuperación de bienes públicos. En diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que buscaba modificar artículos del Estatuto Agrario, y habilitar “por única vez” a tenedores de inmuebles rurales de la Región Oriental, que sean patrimonio del Indert, a adquirir la fracción ocupada, aunque no sean considerados beneficiarios de la Reforma Agraria, pagando el 70 por ciento del valor de la tierra en el mercado. Esto iba a significar que aquellos propietarios de tierras malhabidas legalicen sus “propiedades”. Tras la presión ciudadana de distintos sectores, la iniciativa no prosperó.
Lejos de devolver lo robado, los mismos beneficiarios del esquema de corrupción y de malversación de tierras públicas en la actualidad están dentro del Congreso, sancionando leyes que buscan proteger los intereses de un pequeño puñado de personas.
Hasta hoy, el Estado no ha juzgado ni castigado a los beneficiarios del fraude, ni mucho menos a los responsables políticos e institucionales; tampoco abrió ninguna línea de investigación que dé un paso firme en contra de la impunidad.
Tierra para soja y vaca, no para vivir
La concentración de la tierra deja a una inmensa mayoría de familias campesinas e indígenas sin lugar suficiente para vivir y producir. Se calcula que hay alrededor de 300.000 familias campesinas sin tierra.
Según un informe de la FAO (2016), en Paraguay, el grupo de la agricultura empresarial representa el 9 por ciento de los productores y tiene acceso al 94 por ciento del territorio. En contrapartida, el grupo de los productores rurales corresponde al 91 por ciento del total de productores y tiene acceso al 6 por ciento de las tierras, en su mayoría, tierras de baja productividad debido a la degradación.
Además, la expansión de la frontera agrícola avanza cada vez más sobre las áreas naturales, dando lugar a la tasa de deforestación más alta del mundo, según las cifras del Banco Mundial. Esto amenaza la biodiversidad y el equilibrio del sistema, que también afecta de variadas formas a las comunidades campesinas e indígenas.
En el campo se mata a líderes y queman casas
El 11 de septiembre pasado, Herminio González se convirtió en el campesino número 126 asesinado en el marco del conflicto por la tierra en Paraguay, desde 1989 a esta parte, según reporta la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). Era miembro de la comunidad campesina Tava Jopoi, de Nueva Durango, departamento de Canindeyú, que acompaña la lucha de los indígenas Avá Guaraní de Veraró, para recuperar sus tierras ancestrales. Son 1.300 hectáreas que fueron adquiridas por el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) para la comunidad y parte de ellas buscan ser quitadas por la familia Villalba. Líderes de la comunidad indígena denunciaron que los guardias privados armados que custodian la zona y atacan a los indígenas desde hace más de ocho años fueron los responsables del asesinato del campesino.
El año pasado, la organización británica Earthsight publicó Grand Theft Chaco, una investigación donde se desnuda la tala ilegal de bosques en tierras del Patrimonio Natural y Cultural de los Totobiegosode, último pueblo indígena sudamericano en aislamiento voluntario fuera de la Amazonía. Empresas ganaderas, como la brasileña Yaguareté Pora, invadieron territorio indígena pese a advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El organismo internacional también se había pronunciado en otros casos y dictado sentencia a favor de la restitución de tierras indígenas a las comunidades Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, quienes por décadas tuvieron que enfrentarse a las amenazas de latifundistas y la desidia estatal.
La lucha por la tierra es un capítulo sin final en la historia de Paraguay. Como herida reciente, tiene a la Masacre de Curuguaty, ocurrida en 2012 en Marina Kue (Ex Marina), departamento de Curuguaty, a 300 kilómetros de la capital, donde campesinos que ocupaban la tierra para recuperarla de manos de la familia Riquelme -que las había usurpado a inicios de 2000-, fueron intervenidos por un aparatoso despliegue policial, que culminó con la muerte de 11 campesinos y seis policías. El hecho desencadenó en el golpe de Estado contra el presidente de ese momento, Fernando Lugo.
“Recuperar un pedazo de tierra significa dignidad”
Ante los reiterados intentos de blindar tierras malhabidas, la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia había presentado al Congreso en diciembre pasado el proyecto que propone la creación de una Comisión Nacional “para el estudio de los mecanismos de recuperación de las tierras malhabidas, identificadas en el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008”. Se trataría de una Comisión Interinstitucional que se constituya como una herramienta para encontrar soluciones viables a la problemática de las tierras malhabidas y que contemple el cumplimiento del programa constitucional vigente sobre la reforma agraria. El 23 de septiembre, la Cámara de Senadores votó a favor de su creación.
En Paraguay, históricamente, se han conquistado tierras públicas y ancestrales a partir de la lucha. “Para nosotros, recuperar un pedazo de tierra es justicia, es soberanía. Además de garantizar la producción de alimentos, para el campesinado, la tierra es vida, alimento, vivir en comunidad, mantener la cultura y, por sobre todo, significa dignidad”, enfatizó Marcial Gómez.
La ley recién promulgada evidencia cada vez más la incompatibilidad de dos proyectos económicos para el país, que tiene como centro de disputa la tierra y un sector que despliega todo su aparato represivo ante cualquier intento de buscar mejores condiciones de vida para los sectores más vulnerables.
