Embajador de Bolivia ante la ONU pide que se investigue “la participación directa” de espías argentinos en el golpe
Bolivia pidió investigar la «participación directa» de espías argentinos en el golpe
Por Martín Piqué
El embajador de Bolivia ante la ONU, Diego Pary, reclamó que se investigue «la participación directa de agentes de inteligencia» argentinos instalados en La Paz y Santa Cruz de la Sierra en la organización del golpe contra Evo Morales, al advertir que «el gobierno de Macri no sólo participó con la dotación de municiones y armas», según declaró en esta entrevista con Télam.
Pary, quien era canciller en el momento en que el exjefe del Ejército, Williams Kaliman, ignoró la cadena de mandos y exigió la renuncia al entonces presidente, aseguró que «está claro que (en la gestación del golpe) también participaron gobiernos extranjeros, como Ecuador y la República Argentina, en el gobierno de Mauricio Macri».
El diplomático señaló que en paralelo al contrabando de material represivo que investiga la Justicia en lo Penal Económico, para el actual gobierno de Bolivia «el primer elemento» que permitió «identificar la participación de Argentina en el golpe» es la presencia «fuera de lo común» de un exagente de la AFI «de apellido Sánchez», que en 2019 estaba apostado «en La Paz», como también de otro espía argentino que intervenía desde Santa Cruz de la Sierra.
«La pregunta es qué hacían los agentes de inteligencia en Bolivia. ¿Cuál es el rol que tenían? Porque lo que sí está claro, comprobado, es que hubo agentes de inteligencia (argentinos) en Bolivia. Además, cuando uno ingresa en un país no se hace en reserva, no se hace camuflado, como se dice en términos militares», planteó Pary en diálogo con esta agencia.
Desde Nueva York, donde está la ONU, el embajador identificó cinco factores que confluyeron, según su análisis, para hacer posible el derrocamiento del líder del MAS: los opositores Fernando Camacho, Carlos Mesa y Jorge «Tuto» Quiroga, los gobiernos ecuatoriano y argentino de Lenin Moreno y Macri, la OEA con el uruguayo Luis Almagro, la policía boliviana y las FFAA.
Además, Pary recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objeto de investigar violaciones a los derechos humanos en Bolivia estableció «de manera muy precisa» que «la sugerencia de las FFAA» para que Morales presentara la renuncia «tuvo mucha similitud con un ultimátum».
«La pregunta es qué hacían los agentes de inteligencia argentinos en Bolivia, ¿Cuál es el rol que tenían?»
DIEGO PARY, EMBAJADOR DE BOLIVIA EN LA ONU
«La exigencia de esa sugerencia (pronunciada por Kaliman, hoy prófugo, el 10 de noviembre de 2019) era una renuncia obligatoria, de esa manera se configura el golpe de Estado», continuó el embajador, y luego remarcó que el traslado a Bolivia, en un avión Hércules, de «70.000 municiones para proteger una embajada», como mínimo, «suena extraño».
Luego se refirió a las «38 familias» que «aún esperan por justicia», producto de la represión a los simpatizantes de Morales en lo que se conoce como las masacres de Sacaba y Senkata, y al referirse a las violaciones de los derechos humanos respondió sobre la muerte del periodista argentino Sebastián Moro, fallecido el 16 de septiembre de 2019 en una clínica de La Paz días después de haber sido hallado inconsciente con golpes y moretones.
«La defensa de la democracia también es la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y, en ese marco, la defensa de (la verdad sobre) Sebastián, que también sufrió las consecuencias del golpe de Estado. El gobierno boliviano es uno de los más interesados en que este caso se esclarezca, porque además involucra a un ciudadano extranjero», subrayó.
Y sobre la investigación de la muerte, informó que «se están haciendo todas las diligencias necesarias» para dilucidar qué pasó realmente con Moro, tras lo cual detalló que la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida de Bolivia «ha incorporado este tema dentro de sus investigaciones».
En otro tramo de la entrevista, Pary responsabilizó a Almagro por el rol que tuvo la OEA en Bolivia con la misión de observación electoral de 2019, y acusó al uruguayo que encabeza el organismo hemisférico de «perder sus principios» y «pasar de ser canciller de uno de los presidentes más progresistas de nuestra región (por José Mujica) a ser uno de los actores más serviles del gobierno de Trump».
«Está claro que (en la gestación del golpe) también participaron gobiernos extranjeros, como los de Ecuador y Argentina, con el gobierno de Mauricio Macri»
DIEGO PARY, EMBAJADOR DE BOLIVIA ANTE LA ONU
Pary también analizó la próxima VI cumbre de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realizará este sábado en Ciudad de México, donde la Argentina espera ser elegida por consenso por los 17 países que estarán representados en el foro para quedar a cargo de la presidencia pro-témpore.
«En la Celac las decisiones se toman por consenso y, en ese marco, seguramente previo a la reunión presidencial, los países se acercarán para buscar una medida de consenso, para que finalmente se pueda tener una próxima presidencia que pueda continuar fortaleciendo este foro frente a la manipulación y distorsión de la OEA», adelantó.
Por último, sobre la actualidad del vínculo entre los gobiernos de Alberto Fernández y Luis Arce, Pary afirmó que el actual mandatario boliviano «está interesado en fortalecer las relaciones diplomáticas con la Argentina» y contó que para el corto plazo «se tienen programadas diferentes visitas», que «en su momento» serán confirmadas por la Cancillería boliviana.
La buena relación entre Buenos Aires y La Paz, con afinidades en política exterior, arrastra sin embargo problemas en el intercambio comercial, como trabas sanitarias para la exportación de ganado y otros productos primarios, inhabilitación para el ingreso de empresas argentinas del sector lácteo y, sobre todo, deudas del Estado boliviano a empresas argentinas del rubro infraestructura como Cartellone SA, Electroingeniería o Esin Consultora.
En relación a este último punto, Pary sostuvo que en los últimos años en la región «se han interrumpido diferentes dinámicas comerciales», lo que derivó en «temas económicos que están siendo retrasados» y que «están siendo conflictuados», pero agregó que «va a ser posible resolverlos a partir de la buena relación bilateral que existe entre los países».
Camacho dice estar dispuesto a declarar sobre los 21 días de ‘unidad, amor y libertad’ de 2019
Por Carlos Corz
El excívico y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, reiteró que acudirá a cualquier llamado de la Fiscalía para dar su versión sobre lo ocurrido en los 21 días de “historia de unidad, de amor, libertad y movimiento pacífico” que acabó con la dimisión del expresidente Evo Morales.
“Quienes estuvieron en esa lucha de 21 días nos sintamos orgullosos de haber agarrado esa hermosa bandera de unidad, de libertad, de democracia y de saber que no nos vamos a esconder, que vamos a declarar”, sostuvo.
Camacho es el principal acusado en el caso golpe de Estado, denunciado por la exdiputada del MAS Lidia Patty, pero hasta el momento no ha sido convocado a declarar. La expresidenta Jeanine Áñez, dos exministros y dos exaltos mando militares están en la cárcel por esta denuncia.
Patty cuestionó en reiteradas ocasiones al fiscal General, Juan Lanchipa, por no citar a Camacho, quien en 2019 lideró las protestas cívicas denunciando fraude electoral. A esa movilización se sumó un motín policial y la “sugerencia” militar de renuncia a Morales, lo que finalmente ocurrió en medio de una crisis política y social el 10 de noviembre de 2019.
“Es necesario exponer donde hay un caso armado la verdadera historia de unidad, de amor, de libertad y de movimiento pacífico que vivió el pueblo boliviano durante 21 días”, insistió Camacho, quien en un video revela a su círculo de amigos que su padre cerró acuerdos con la Policía y las Fuerzas Armadas para que no respalden a Morales en 2019.
El expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa se acogió a su derecho al silencio cuando fue convocar a declarar por el caso golpe de Estado. Estuvo en la reunión extralegislativa que definió el camino de toma del poder de Áñez.
