A 48 años del Golpe de Estado contra Salvador Allende – Por Jorge Molina Araneda y Patricio Mery Bell

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Jorge Molina Araneda y Patricio Mery Bell*

A 48 años del Golpe de Estado contra el gobierno democrático y constitucional encabezado por Salvador Allende, es menester efectuar una revisión crítica respecto de las secuelas estructurales que dejó la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet, tiranía que contó con muchos adherentes y acólitos que hoy pertenecen al gobierno y a la coalición oficialista.

A) Represión, exterminio y exilio; de acuerdo con los informes oficialmente reconocidos por el Estado, la dictadura en Chile dejó más de 44.000 víctimas, entre ellas 3.216 muertos, de los cuales 1.185 fueron detenidos desaparecidos que fueron encontrados e identificados con el tiempo. A estas cifras se suman cerca de 33.000 detenidos y torturados, además de 200.000 exiliados.

B) Eliminación del sistema de seguridad social y creación de las AFP (1981); a través de las cuales, utilizando las cotizaciones de los trabajadores para sus pensiones futuras, se capitaliza a los grupos económicos invirtiendo en acciones y bonos para que estos puedan crecer y reproducirse.

Hoy, mientras 9 de cada 10 chilenos que reciben una pensión de vejez de las AFP obtienen menos de $150.000 al mes, el grupo Luksic recibe financiamiento de los cotizantes por más de $3,4 billones, el grupo Angelini por $1,1 billón, SQM por $230.220 millones y Penta por $52.932 millones (cifras de agosto 2014 y abril 2015). Luego estos mismos grupos financian a los postulantes al Congreso Nacional para que se mantengan las reglas del juego.

C) Plan Laboral (1979); cuyo su propósito fue despolitizar a los sindicatos y eliminar la correa de trasmisión entre negociación colectiva y distribución del ingreso… Sin negociación por rama y con el derecho a huelga reducido. El Plan Laboral muestra su inobjetable «éxito»: solo el 8% de los trabajadores chilenos negocia colectivamente y el 74% gana menos de $400.000 líquidos.

D) Sector forestal (Decreto Ley 701 de 1974); el Estado subvencionó a los privados con el Decreto Ley 701 sobre fomento forestal, que estableció la bonificación del Fisco a las plantaciones para aumentar la inversión forestal y les dio exenciones tributarias. Además de implantar una línea de crédito destinada exclusivamente a fomentar la forestación a través del Banco Central.

Acorde con esta política, la superficie plantada, especialmente con pinus radiata, aumentó notablemente en el período entre 1975-1989. En 1975, las plantaciones forestales del país alcanzaban las 390.000 hectáreas, mientras que en 1989, esta cifra se había elevado a 1.326.700 hectáreas. En 1989, CODEFF (Comité Pro Defensa de la Flora y Fauna) denunciaba la destrucción de 48.592 hectáreas de bosque nativo en la VII y VIII regiones para plantar posteriormente pino insigne.

La expansión de las forestales también significó la expulsión de comunidades rurales e indígenas, la degradación y erosión de suelos, la vulnerabilidad ante las plagas, la disminución de los cauces de agua y la contaminación del ecosistema por desechos y emanaciones que resultan de este rubro.

E) Pesca; la devolución del control de las empresas al sector privado -que había sido estatizado-, las políticas de libre acceso a especies marinas, de fomento a las exportaciones y de desregulación del recurso, incentivaron la inversión de grandes capitales. El desembarque de peces aumentó de 0.9 millones de toneladas en 1975 a 6.6 millones en 1989.

Esto en dos etapas: una inicial con buques factoría y de pesca de arrastre, sin ningún tipo de limitación en la captura (siendo que está internacionalmente prohibido que se pesque en zonas de costa), y otra posterior donde se empezó a procesar en tierra, principalmente para la generación de harina de pescado y para conserveras. Lo anterior se tradujo en arrasar la flora y fauna marítima.

En 1986, producto de la presión a nivel internacional, se promulgó la Ley Nº 18.565 y el Decreto supremo 436, que limitó, muy tímidamente, la cantidad de flotas pesqueras en algunas regiones, entre otras regulaciones mínimas.
F) Desmunicipalización la Educación escolar y se comienzan a financiar las escuelas a través de una subvención por número de alumnos que asisten a clases (1981). También se permite que las escuelas particulares reciban subvención, sin embargo, estas pueden seleccionar a los estudiantes, lucrar y, a partir de 1993, cobrar aranceles (política de financiamiento compartido implantada en el primer gobierno de la Concertación). Mientras en 1981 existía un 78 % de matrícula en la Educación Municipal, hoy sólo queda un 36%, siendo el sistema educacional más segregado del mundo.

En Educación Superior, a partir de 1981, se permitió la creación de Universidades, Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) privados, generándose un mercado de la educación. Hoy, las universidades estatales sólo cuentan con un 12% de financiamiento fiscal basal, el 77% del gasto en Educación Superior lo realizan las familias chilenas y prácticamente no existen CFT e IP públicos.

Las políticas de subsidios a privados vía voucher en educación, por ejemplo, permitieron debilitar las escuelas públicas para que se cree la demanda por servicios privados, desplegándose un nuevo espacio para el capital en la educación preescolar, escolar y superior. Hoy sólo el 36,8% de la matrícula escolar es pública y las personas que asisten a establecimientos estatales en educación superior no superan el 15%.
G) Fin del sistema público de salud; la creación del Fonasa (1980) y de las Isapres (1981); instituía el actual sistema mixto de seguros en el cual los subsistemas público y privado compiten entre ellos, mientras que la municipalización de los Centros de Atención Primaria (1980) reducía el alcance de la responsabilidad estatal. Hoy en día el “gasto público” en salud es uno de los más bajos entre los países de la OCDE, mientras que el “gasto de bolsillo” de los usuarios uno de los más altos.

El negocio privado, al contrario, florece: en 2017 las utilidades de las ISAPRES alcanzaron los $ 100.383 millones, con un aumento nominal de 6,5 % (4,9 % real) respecto al año anterior. Dejando, en definitiva, a merced de la capacidad de pago de las personas la posibilidad de atención oportuna y eficaz… O sea, la vida y la muerte pasaron a depender de la fortuna pecuniaria individual.
H) Concesiones plenas (1981); se entregó la propiedad de los nuevos recursos mineros a los privados en un proceso conocido como la desnacionalización del cobre. Los posteriores gobiernos de la Concertación dieron la venia a esta política, renunciaron a la soberanía sobre los recursos y desperdiciaron la oportunidad política que se abrió durante la primera parte de esta década con la discusión por el royalty minero. Hoy, el 70 % de la minería se encuentra en manos de privados. Entre 2006 y 2015 las grandes compañías mineras extranjeras se llevaron de Chile más de US$190.000 millones en ganancias.
I) Privatización de las aguas; con el Código de Aguas (1981) se permitió la apropiación particular sin costo de las aguas y de por vida, separándolo de la propiedad de la tierra. Estos derechos se repartieron en gran cantidad en aquella época, y fueron los empresarios afines al Golpe de Estado los principales beneficiados. Se instaló de forma inédita un mercado del agua a través de la propiedad privada sobre el recurso, permitiendo que el titular de un derecho de aprovechamiento pudiera comercializar con éste.

Asimismo, este dispositivo anuló el rol del Estado como garante del uso racional de este recurso, dejando en manos de privados la determinación de la necesidad de uso de acuerdo a criterios económicos particulares, desplazando así la relación histórica del agua con la tierra.
J) Pueblos indígenas; en 1978 la dictadura dictó una ley que dio fin a las medidas de Salvador Allende que denominaban los terrenos históricamente en disputa como «tierras indígenas», traspasando los derechos de las hectáreas recuperadas por los mapuche a dominios privados. Hoy los mapuche que mantienen la lucha por sus tierras son perseguidos, reprimidos y asesinados, siendo juzgados bajo la Ley Antiterrorista, creada por Pinochet en 1984, la que lleva a cabo procedimientos y condenas más duras.
K) Constitución Política de 1980; ideada y plebiscitada bajo un régimen de terror que mantenía al país sometido a la cúpula militar y empresarial que se encontraba implementando un proyecto de sociedad y economía neoliberal extremo. La ciudadanía carecía de las condiciones mínimas para debatir y manifestar libremente sus ideas y preferencias. Miles de opositores habían sido asesinados, encarcelados, torturados o exiliados.

No existía libertad de prensa, derecho de reunión ni de asociación para los opositores; los registros electorales habían sido quemados por los militares golpistas; el estado de emergencia regía en todo el territorio nacional y el “receso político” o prohibición de funcionamiento de los partidos políticos se prolongaba desde el mismo día de la defenestración de Allende.
Uno de los modelos asumidos por la ilegítima Carta Magna de 1980 fue la privatización de los servicios básicos como la luz y el agua; también áreas como la educación y la salud siguieron el mismo esquema. De acuerdo con esta política, el Estado dejó de ser subsidiario y proveedor de los principales servicios públicos del país, y asume un papel de supervisor de estos.

Este Estado subsidiario es un Estado mínimo que se limita únicamente a vigilar o supervisar cómo los particulares proveen esos derechos, por lo que se consagra a un sistema económico que no proporciona servicios básicos, como atención médica ni pensiones dignas para millones de chilenos. Asimismo, privilegia la libertad de quienes proveen los servicios anteriormente mencionados y la de aquellos que pueden pagarlos.
Otro de los aspectos más significativos del contenido constitucional es que se requiere de mayorías de dos tercios o de tres quintos de los diputados y senadores en ejercicio para realizar reformas en este.

L) De acuerdo al profesor de Ciencias Políticas de la Virginia Commonwealth University, Michael Ahn Paarlberg, en una columna para The New Republic (2018):
“El milagro económico que Milton Friedman atribuyó a Pinochet es una de las más grandes falsas narrativas de la historia económica moderna. El milagro que él (Friedman) supervisó fue sólo una serie de ciclos de auge y depresión: dos periodos de rápido crecimiento que se precipitaron hacia dos profundas depresiones. Incluso, el desempleo alcanzó el 20% y los sueldos bajaron un 35%, con respecto a los que habían en 1970 y la pobreza llegó al 40%”.

Asimismo, Paarlberg indica que el crecimiento promedio del producto interno bruto per capita fue menor al 2%, lo que contrasta con las cifras conseguidas en los gobiernos de la Concertación, asegurando que “el verdadero milagro económico chileno ocurrió después de Pinochet, bajo gobiernos democráticos de izquierda”.
En definitiva, las políticas implementadas por los militares en connivencia con los Chicago Boys cumplieron al pie de la letra la sacrosanta trinidad neoliberal, es decir, reducir al mínimo el rol del Estado, libertad empresarial a ultranza gracias a la desregulación y gasto social prácticamente nulo; todo ello merced a la sistemática práctica de terrorismo estatal a punta de metralla, torturas y asesinatos. Doctrina del schock sin ambages.

*Molina  es docente de Ciencias Sociales. Profesor de Lenguaje y Comunicación. Mery Bell es periodista, analista internacional y consultor político.

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