Colombia | Las universidades públicas piden apoyo al Gobierno para superar la crisis financiera
Los rectores de las instituciones que hacen parte del Sistema Universitario Estatal (SUE) –que agrupa a las 32 universidades públicas–, después de reunirse en un consejo nacional que se llevó a cabo el pasado viernes en la Universidad de Pamplona, en Norte de Santander, emitieron un pronunciamiento conjunto en el que invitan a la ciudadanía, al Congreso y al Gobierno a apoyar un proyecto de reforma que consideran fundamental para evitar otra crisis de financiación en 2023.
Encabezados por el profesor Jairo Miguel Torres Oviedo, rector de Unicórdoba y presidente del SUE, los académicos, aunque señalan que están de acuerdo en que es importante apoyar a los estudiantes con la Matrícula Cero, beneficio que fue anunciado por el Gobierno Nacional para los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 de las universidades públicas, son enfáticos en que esto no es suficiente, pues desde hace un buen tiempo las matrículas están subsidiadas.
“Las universidades han garantizado esto a partir de los recursos que reciben de la nación; es decir, que el valor de las matrículas no representa el valor real que las instituciones destinan para prestar una educación de calidad. En este sentido, el artículo 27 del nuevo proyecto de reforma tributaria aprobado por el Congreso de la República no aporta recursos nuevos ni adicionales de carácter permanente para sostener el funcionamiento e inversión de las universidades, ni contribuye a mitigar la crisis estructural de financiación que se ha vivido en las últimas dos décadas”. aseguran.
Para ellos, el camino a seguir debe ser la aprobación de una ley que modifique los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, de tal forma que se recoja el acuerdo suscrito en diciembre del 2018 entre el Gobierno Nacional y las plataformas estudiantiles y profesorales, para destinar así recursos con el propósito de solventar los gastos de funcionamiento e inversión.
“El SUE ha elaborado un proyecto de ley que reconoce los gastos anuales de las universidades públicas para atender una educación de calidad, y además contempla recursos de inversión importantes para implementar los planes de desarrollo de las instituciones”, aseguran los rectores, quienes dicen que continuarán socializando esta iniciativa.
El 31 de agosto también mantuvieron una reunión en la Gobernación de Cundinamarca con este fin. En ese momento, el profesor Torres manifestó que el desfinanciamiento obedece a que en el artículo 86 (de la ley 30) se estableció que el indicador de transferencia del Estado a las universidades año a año era el IPC y las instituciones han crecido cinco puntos por encima, lo que significaría un desfinanciamiento superior a 3,5 billones de pesos.
Según Fernando Noreña, vicerrector administrativo de la Universidad Tecnológica de Pereira y miembro del comité asesor del SUE, esa desfinanciación va a ser aún más evidente en el 2023.
