Revelan carta que demuestra que el exministro de Defensa pidió material »antidisturbios» a Ecuador
Revelan carta que muestra que el exministro López pide material antidisturbios a Ecuador
En una carta en respuesta al exministro de Defensa Luis Fernando López, la exministra de Gobierno de Ecuador María Paula Romo le asegura en noviembre de 2019 que atenderá el requerimiento de envío de materiales antidisturbios en “el marco del principio de reciprocidad internacional”.
La carta fechada el 16 de noviembre de 2019 fue revelada por el exmiembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Paulo Abrāo. El trámite se hizo entre los gobiernos de Jeanine Áñez y Lenin Moreno.
La misiva enviada a López establece: “En atención a la solicitud dirigida a esta Cartera de Estado, en relación al préstamo de material antidisturbios y su posterior devolución, en principio de reciprocidad internacional, el Ministerio a mi cargo, por medio de la Policía Nacional hará llegar su requerimiento de acuerdo a las especificaciones pertinentes”.
López fue parte de la cuota del actual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, líder de las protestas de 2019. El exministro está prófugo en el caso golpe de Estado.
El 12 de junio, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, aseguró que en noviembre de 2019 no se registró solo “un golpe de Estado”, sino que también en esa acción “participaron gobiernos de otros países otorgando granadas y proyectiles al gobierno de Jeanine Añez para consumar el golpe de Estado y reprimir al pueblo boliviano”.
Del Castillo explicó en ese entonces que en el gabinete de ministros del 14 de noviembre de 2019 el gobierno de Añez decidió prestarse ese material de Ecuador. En esa reunión también se aprobó el decreto que eximía de responsabilidad penal a los militares que participen de operativos para “restablecer el orden público”.
Nuevos documentos revelados sobre la colaboración de #Ecuador (y #Argentina) con represión en #Bolivia.
Caso reaviva los traumas del pasado reciente cuando en 1975 los Estados de la región se reunieron p/ coordinar acciones represivas entre las instituciones de seguridad.
🧵1/7 pic.twitter.com/Vabw3iRoBv— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) August 16, 2021
Según el pedido de devolución de la Policía ecuatoriana, se enviaron a Bolivia 5.000 granadas de mano GL-302, 500 granadas de sonido y destello para exteriores, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 MM y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 MM.
“La grave decisión política de los gobiernos en 2019 de volver a coordinarse represivamente interrumpe más de 45 años de compromisos regionales de contraposición con el terror de Estado, de rechazo a todas las formas de autoritarismo, de opresión, de persecución”, cuestionó Abrāo.
A diferencia de la que pasa en Ecuador, en Argentina investigan al expresidente Mauricio Macri por el envío de 70.000 cartucos antitumulto a Bolivia el 13 de noviembre, a horas de que asumió el poder Áñez.
La Asamblea Nacional de Ecuador rechazó en julio investigar la entrega de material antimotín en el gobierno de Moreno a la administración boliviana de Áñez para enfrentar las protestas en favor del dimitente Evo Morales en noviembre de 2019. La asambleísta Sofía Espín informó de la decisión tomada por la mayoría de sus colegas en la Asamblea Nacional.
El 15 y 19 de noviembre se dieron los hechos más violencia en la gestión de Áñez con una veintena de muertos y decenas de heridos por impactos de bala en Sacaba y Senkata. Policías y militares intervinieron protestas en apoyo al expresidente Evo Morales, quien dimitió en medio de denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, motín policial y “sugerencia” militar de dejar el cargo.
“Frente a tomaño retroceso histórico que representa la cooperación regional para reprimir y masacrar al pueblo boliviano, la iniciativa de denunciar caso de Bolivia constituye un paso fundamental para volver a superar las prácticas de coordinaciones regionales represivas”, sostuvo Abrāo.
Un oficial de la Fuerza Aérea Boliviana reveló que recogió 40.000 cartuchos antitumulto
La investigación por el contrabando a Bolivia de material represivo sumó este domingo un nuevo documento que podría constituirse como prueba en la causa judicial, al conocerse una declaración firmada por un oficial de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en la que reconoce que el 13 de noviembre de 2019 se le ordenó «recoger» 40.000 municiones antitumulto que habían llegado desde Argentina.
El documento, difundido por Página/12, está firmado por el jefe de subsección de Almacén Central Material Bélico de El Alto de la FAB, Wilfredo Chura Condori, y detalla que ese día se recogieron de un hangar del aeropuerto de El Alto «40.000 municiones antitumulto calibre 12/70, 50 granadas de gas de tipo CN, 19 granadas de gas CS, 52 granadas de gas HC, como también 18 sprays lacrimógenos MK9 y 5 sprays MK4».
El informe rubricado por Chura Condori está dirigido a un coronel de la misma FAB, se confeccionó el 15 de julio pasado en razón de la investigación que se lleva a cabo tanto en Bolivia como en Argentina, y en su primer párrafo identifica al cargamento mencionado como «material antidisturbios procedente de la República Federal (sic) de Argentina».
En otro apartado del texto, el oficial de la FAB relata que se constituyó para «el recojo del material antidisturbios» por indicación de dos superiores, el subjefe del Departamento IV-Logística del Estado Mayor General de la FAB, coronel Oscar Gutiérrez, y del jefe de la sección de Material Bélico Mario Suárez Melgar.
Esta revelación suma otra prueba que demuestra que en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 fuerzas armadas y de seguridad de Bolivia recibieron pertrechos represivos procedentes de la Argentina en el aeropuerto militar de El Alto, un cargamento que había llegado hasta allí en el avión Hércules C-130 que trasladó a La Paz a un contingente de once efectivos del grupo Alacrán de Gendarmería.
El GIEI entrega su informe de 2019 y el Gobierno relieva la importancia de la investigación
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentará este martes su informe sobre los hechos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019 y desde el Gobierno relievaron la importancia de la investigación que ayudará a esclarecer lo ocurrido en las jornadas de violencia que se vivieron en el país.
La pasada semana, el secretario ejecutivo del GIEI, Jaime Vidal, informó que los hallazgos serán presentados oficialmente en varias ciudades del país comenzando en La Paz. La gira de difusión por varias ciudades concluirá el 20 de agosto.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, confirmó la presentación oficial del informe en un acto solicitado por el GIEI a desarrollarse en el auditorio del Banco Central de Bolivia.
“Este informe se constituye en una importante investigación sobre violaciones a los derechos humanos en nuestra región como sucedió cuando el GIEI investigó las desapariciones forzadas en el caso de las 43 desaparición de Ayotzinapa, México”, afirmó.
Se tiene previsto que en el acto de presentación participen la primera vicepresidenta de la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla y la secretaria ejecutiva Tania Reneaun.
La entrega del documento final se cumplió el 23 de julio y, según el Protocolo de Actuación anexo al Acuerdo, el GIEI brindó al Gobierno boliviano un plazo mínimo de 10 días recibir comentarios u observaciones antes de su publicación.
La labor del GIEI comentó mediante un acuerdo suscrito por la CIDH, y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019.
Durante los meses de violencia, en Senkata, El Alto, perdieron la vida unas 10 personas por impacto de bala, mientras que en Sacaba, Cochabamba, otras 10, en medio de los operativos combinados de la Policía y las Fuerzas Armadas para contener las protestas.
El Decreto Supremo 4078, la carta blanca para que militares y policías actúen ‘blindados’ en las masacres
El gabinete ministerial de la presidenta transitoria Jeanine Áñez aprobó el 14 de noviembre de 2019 el Decreto 4078, que protegió la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía en las protestas en Senkata y Sacaba, además de otras.
Sobre ambos hechos luctuosos, que se saldaron con al menos una veintena de personas fallecidas y decenas de heridos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que fueron “masacres”, tras compilar testimonios de familiares de los muertos, heridos y apresados.
La primera acción ocurrió el 15 de noviembre, cuando una columna de manifestantes, entre cocaleros e interculturales, fue interceptada en el puente Huayllani, en el municipio de Sacaba, Cochabamba, por fuerzas combinadas. El operativo terminó con nueve fallecidos, y un décimo fue reportado meses después, a causa de heridas graves.
Cuatro días después, el 19 de noviembre, otro grupo de manifestantes fue reprimido en Senkata, El Alto, donde otra vez policías y militares actuaron contra la movilización que bloqueaba la salida de combustibles de la planta de Senkata. En el lugar se registró otra decena de decesos.
Ambas represiones fueron autorizadas por el gobierno de Áñez, quien llegó al poder en una cuestionada sucesión, el 12 de noviembre de 2019, dos días después de la renuncia de Evo Morales, asfixiado por denuncias de fraude en las elecciones de octubre de ese año, un motín policial y la sugerencia de las Fuerzas Armadas de dimisión.
El decreto establece en su artículo 3 que “el personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúe en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.
Según el informe de la Defensoría del Pueblo, que citó reportes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), las muertes en ambos hechos fueron a causa de impactos de bala. Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deslindó responsabilidades de las fuerzas conjuntas y dijo que los movilizados se mataron entre sí. “Muestran una parte donde dicen ‘hagámonos daño’. En qué cabeza macabra puede entrar ‘hagámonos daño para echarles la culpa a ellos’ (…) Muchos de los dos o tres (…) que tenemos confirmados tienen tiro en la nuca (…) ¿Cómo han podido recibir un tiro en la nuca?, o sea ¿el compañero de atrás les está disparando?”, dijo Murillo.
Mientras que el ministro de Defensa, Luis Fernando López, dijo que en el caso de Senkata el Ejército no disparó ni un proyectil. “Del Ejército no salió ni un solo proyectil (…) Las Fuerzas Armadas tienen como primer deber hoy por hoy entablar el diálogo con aquellos compatriotas y hermanos bolivianos que, en estos momentos, repito, están recibiendo órdenes, dinero, alcohol y coca para causar vandalismo, para causar terror, para causar pánico (…) hoy aquellos actores que están ligados a la violencia ya tienen un carácter de terrorismo”, señaló.
Entre tanto, el entonces representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, confirmaba la muerte de ciudadanos por heridas de bala y demandó a las autoridades judiciales realizar una investigación.
“Son nueve muertos que han sido víctimas de heridas letales, todos han sido víctimas con heridas en la cabeza y en el tórax. Demandamos, como Defensoría del Pueblo, el pronto esclarecimiento de esta situación absolutamente irregular, deplorable (…) no existe pretexto para poder generar disparos (…) no puede llamarse enfrentamiento cuando ha existido total acto lesivo contra la vida de solamente población civil que estaba movilizándose”, reclamó.
La Justicia boliviana abrió procesos penales para indagar las muertes y vulneraciones de derechos humanos en ambas intervenciones y aunque aún no se ha identificado a los responsables, fueron detenidos seis exjefes militares, el excomandante departamental de la Policía Jaime Zurita y el excomandante de la guarnición militar departamental Alfredo Cuéllar, en el caso Sacaba.
En el caso Senkata, están detenidos el excomandante del Ejército Iván Inchauste, el excomandante de la División Mecanizada Franco Suárez, el exdirector de la ANH Fernando Valverde y el exjefe de Estado Mayor Pablo Guerra.
