La avanzada policial, judicial y paramilitar contra los jóvenes que participan en las protestas
Con amenazas de muerte y judicializaciones arremeten contra jóvenes que participan en el Paro Nacional
En la tarde de este lunes 2 de Agosto se conoció la denuncia sobre amenazas de muerte en contra de varios jóvenes de la Universidad EAFIT en Medellín que participan en las movilizaciones del Paro Nacional, por parte de un grupo paramilitar que se autodenomina Comité Anticomunista de Antioquia.
En la amenaza, se menciona a los estudiantes Carolina Muñoz Bernal, Gloria Gallego, María Rocío Arango, Emanuel José Tangarife, David Román Arboleda, Daniel Ortega Mejía, Manuela Soto Osorio y Gabriela Fuentes, quienes han participado en el Paro Nacional.
En Medellín durante el Paro Nacional han surgido amenazas de grupos paramilitares que se hacen llamar Autodefensas Unidas de Medellín y ahora se conoce un panfleto firmado por el Comité Anticomunista de Antioquia. Lo más preocupante de este tipo de amenazas es que no se ha identificado a los responsables de estos panfletos a pesar de que se ha entregado toda la información existente y se han exigido medidas de protección.
Denuncian la judicialización de 9 líderes en el departamento del Atlántico
Por otra parte, el pasado 30 de Julio se denunció la detención y el allanamiento a la casa del líder juvenil Yecid Romero, quien también hace parte del Movimiento Juventud Rebelde en el departamento del Atlántico, junto a 8 líderes de la región según se dio a conocer en comunicaciones públicas.
Según la información publicada, «Yecid es estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Atlántico, líder social, juvenil y defensor de Derechos Humanos e integrante activo de la Juventud Rebelde. Participó de manera destacada en los procesos que terminaron con la reciente reforma al estatuto general de la Universidad del Atlántico. Actualmente se desempeña como docente.«
Este tipo de acciones se han presentado de manera reiterada, incluso por integrantes de las fuerzas de seguridad que, en medio de las mismas movilizaciones han amenazado de muerte y amenazado con la desaparición forzada a los jóvenes que son detenidos de manera irregular, en las marchas convocadas en el marco del Paro Nacional.
Por estas denuncias se han pronunciado diversas organizaciones sociales, tanto nacionales como internacionales, y analistas que han señalado que incluso se está deteniendo y judicializando a los jóvenes por actos de sospecha, como lo ocurrido el pasado mes de julio contra personas que fueron implicadas por tener en su poder cascos y gafas de protección.
Denuncian que un joven murió tras ser atacado por la Fuerza Pública en Cauca
Por Carlos Cerón
Un ciudadano de 23 años de edad, identificado como Huber Samir Camayo Fajardo, falleció en un hospital de Popayán, tras resultar gravemente herido en medio de disturbios en zona rural del municipio de Cajibío, Cauca.
Las confrontaciones entre comunidades campesinas e indígenas, y el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, de la Policía Nacional, se han registrado en la finca El Retiro, en la vereda El Arado.
Según la Red de Derechos Humanos Jaime Garzón, los pueblos realizan un ejercicio de reclamación de tierras y durante sus actividades, han sido objeto de agresiones por parte de la Fuerza Pública.
Por su parte, las autoridades aseguraron que las intervenciones policiales obedecen al cumplimiento de las normas, en el marco de la defensa de la propiedad privada. Asimismo, señalaron que ha habido uso de armas de fuego por parte de civiles.
Las comunidades denunciaron que el joven fallecido se encontraba al margen de las confrontaciones, pues solo pasaba por la zona y fue impactado por un disparo realizado a una distancia de 60 metros, presuntamente por un uniformado.
Inicialmente, el ciudadano fue atendido en el hospital de Cajibío y luego trasladado a la capital del Cauca, donde perdió la vida.
La Defensoría del Pueblo intervino y le solicitó al gobernador del Cauca, Elías Larrahondo Carabalí, que propicie un escenario de diálogo con los manifestantes.
La Policía Nacional no se ha pronunciado hasta el momento sobre los señalamientos de las comunidades que se encuentran en esa zona.
