El Salvador | Manifestaciones contra la detención de miembros del FMLN
Fiscalía presenta en tribunales a los cinco exfuncionarios del FMLN capturados y los acusa de dos delitos
Por Lissette Lemus, Eduardo Alvarenga, Moisés Rivera y Marvin Romero
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este domingo el requerimiento fiscal contra 10 ex funcionarios del gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009-2014). Fueron acusados de los delitos de lavado de dinero y activos, y enriquecimiento ilícito.
La audiencia inicial fue programada para el martes 27 de julio a las 8:00 a.m.
“Todas estas personas están siendo acusadas por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos”, dijo la fiscal del caso durante la presentación del requerimiento en el Juzgado 2º de Paz de San Salvador. “El período de investigación corresponde a la época en que ellos desempeñaron diferentes cargos públicos durante el mandato presidencial del señor Carlos Mauricio Funes Cartagena”, agregó.
La fiscal afirmó que una de los principales hallazgos que sostienen en la acusación es que los exfuncionarios recibieron dinero mensual y en efectivo por parte de la Secretaría Privada de la Presidencia del gobierno en turno sin estar comprendido en su salario nominal. “Estas cantidades de dinero se recibieron al margen de la ley”, agregó la fiscal del caso.
Por su parte, José Emilio González Castro, abogado principal de Violeta Menjívar y jurídico del resto de exfuncionarios capturados, dijo que esperarán a revisar todo el requerimiento, para determinar si los tres delitos de los que habla la Fiscalía impuesta por el oficialismo son aplicables en cada caso de los imputados.
“No sabemos cuántas páginas tiene el requerimiento. Sí sabemos que son alrededor de cinco cajas”, dijo González Castro. Agregó que solicitará medidas sustitutivas para Violeta Menjívar debido a su estado de salud, sin determinar detalles al respecto.
Se conoció los abogados de los imputados ausentes fueron citados para mañana lunes a partir de las 10:00 a.m.
Entre los acusados están Violeta Menjívar, Carlos Cáceres, Erlinda Hándal, Calixto Mejía y Hugo Flores Hidalgo, quienes fueron remitidos al Centro Judicial Isidro Menéndez bajo fuertes medidas de seguridad.
Por la tarde se informó que Carlos Cáceres, Violeta Menjívar, Erlinda Hándal y Calixto Mejía serían llevados a Medicina Legal para determinar padecimientos de salud.
Decenas de militantes del FMLN protesta por detenciones
En las afueras de los tribunales, miembros del FMLN y su militancia protestaron por las detenciones. Figuras de FMLN como la diputada Anabel Belloso, los dirigentes Lorena Peña, Nidia Díaz, Schafik Handal, Karina Sosa, Yancy Urbina, Óscar Ortiz, entre otros, se sumaron a las protestas.
Anabel Belloso, actual diputada del FMLN en la Asamblea Legislativa, dijo que la detención de los exfuncionarios es una “privación de libertad” y declaró: “Hemos retrocedido en cuanto a materia de derecho, de institucionalidad y, sobre todo, de proceso democrático”. Además, calificó al gobierno de Nayib Bukele como una dictadura.
Sostuvo que las acciones del jueves pasado, cuando se capturó a los exfuncionarios del FMLN, no tienen precedente en los 30 años anteriores y que se desarrollaron fuera del marco de la ley. “Son presos políticos y presas políticas”, denunció Belloso y exigió su liberación.
La diputada también sentenció la nula confianza en las instituciones que llevan adelante la investigación en este caso y dijo que no se puede desarrollar un debido proceso si están a las órdenes del Ejecutivo.
Nidia Díaz, ex diputada y firmante de los Acuerdos de Paz, dijo que estas detenciones forman parte de acciones que pretenden desmontar la plataforma democrática pactada con la firma de la Paz. “Es un retroceso porque pasa por encima de la institucionalidad, de la legalidad, de la Constitución y de los derechos fundamentales de las personas”, expresó Díaz en las afueras del centro judicial.
La dirigente histórica del FMLN dijo que la preocupación es latente pues todo aquel que piense u opine diferente que las autoridades de gobierno está sujeto a convertirse en un enemigo y ser perseguido por las instituciones controladas por el oficialismo.
“Esto no se puede permitir en el país, hemos construido un sistema de libertades, un sistema en donde el derecho debe primar y ahora vemos que se está desmontando todo eso”, sentenció Díaz.
Por su parte, el presidente de Acción Ciudadana, Humberto Sáenz, señaló que las autoridades del Estado han cometido actos de degradación en las detenciones de exfuncionarios del FMLN y que no se ha respetado el principio de presunción de inocencia.
Sáenz aclaró que “hay que buscar la justicia y no el escarnio publico”, y también explicó que “lo que se debe buscar es la justicia, sin duda alguna, pero la justicia no implica que deba realizarse actos de degradación de las personas, y las autoridades se han prestado a esos actos de degradación que mandan un mensaje negativo y que no contribuyen a respetar ese principio de presunción de inocencia”.
Asimismo, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), a través de un comunicado, calificó como “abuso de poder” las capturas de exfuncionarios.
En ese sentido consideró que las detenciones ubicaron a El Salvador en el contexto de las décadas 70-80 del siglo pasado, “época durante la cual el respeto a los derechos civiles era mucho menos que una aspiración”, señaló.
La acusación contra los exfuncionarios e integrantes del FMLN, partido del que fue expulsado el actual presidente Nayib Bukele, fue presentada en el Juzgado Segundo de Paz, de San Salvador.
Los acusados fueron capturados en el marco de la “Operación Desfalco”, realizada por la Fiscalía General y la Policía, en la que también se giró orden de captura para Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, Lina Pohl, exministra de Medio Ambiente, y Salvador Sánchez Cerén, ex vicepresidente y expresidente del país.
Según el fiscal general impuesto por el oficialismo, Rodolfo Delgado, las capturas son el resultado de investigaciones iniciadas en 2019 en torno al caso de Mauricio Funes, quien ha sido vinculado a actos de enriquecimiento ilícito al extraer hasta $350 millones de los fondos públicos y que actualmente se encuentra prófugo y asilado bajo el régimen de Daniel Ortega.
Los montos que los 10 exfuncionarios habrían recibido presuntamente de forma ilegal son los siguientes:
– Salvador Sánchez Cerén: $530,000
– Carlos Enrique Cáceres Chávez: $210,000
– José Guillermo Belarmino López Suárez: $565,000
– Manuel Orlando Quinteros Aguilar (Gerson Martínez): $290,000
– Calixto Mejía Hernández: $208,000
– Lina Dolores Pohl: $177,000
– Violeta Menjívar: $177,000
– Hugo Alexander Flores Hidalgo: $174,000
– José Manuel Melgar. $150,000
– Erlinda Hándal Vega: $162,000
