El Salvador | El Congreso elige a los nuevos jueces de la Corte Suprema tras la polémica por las destituciones
Eligen a 5 magistrados de CSJ y a López Jerez como presidente de CSJ
Por Susana Peñate
El magistrado Óscar López Jerez, quien fue puesto el 1 de mayo como presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y presidente de la Sala de lo Constitucional, seguirá en ese cargo por tres años.
Diputados de Nuevas Ideas, Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Partido de Concertación Nacional (PCN) y Partido Demócrata Cristiano (PDC) decidieron dejarlo en el cargo hasta 2024.
En el dictamen acordado por la Comisión Política, López Jerez iba a ser nombrado magistrado propietario hasta el año 2030: “Reelíjase como magistrado para el periodo 1 de julio al 30 de junio de 2030 al abogado Óscar López Jerez”, rezaba el dictamen que fue leído en el pleno en la madrugada de hoy miércoles.
Sin embargo, luego de cuestionamientos por la elección posible de 6 magistrados, lo modificaron en el pleno respetando el periodo 2015-2024 de López Jerez.
López Jerez fue electo el 1 de mayo como presidente de la CSJ y de la Sala de lo Constitucional hasta el 30 de junio de 2021 aunque provenía de la Sala de lo Civil.
“Se hizo acuciosa revisión de su perfil en lo que respecta a moralidad y competencia notorias. Se constató que cumplía con los requisitos constitucionales, se verificó su no vinculación formal o material a ningún partido político”, argumentaron los diputados en el dictamen. López Jerez fue asesor del PDC.
Los 5 magistrados.
Al cierre de esta edición, solo había un acuerdo de elección de cinco magistrados propietarios para el periodo 2021-2030: Sandra Luz Chicas de Fuentes, quien fungía como magistrada suplente; José Ernesto Clímaco Valiente, subdirector de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía; Miguel Ángel Flores Durel, abogado defensor de la ex primera dama Ana Ligia de Saca; Alex David Marroquín Martínez, magistrado suplente de la Corte; y Enrique Alberto Portillo Peña, abogado en el libre ejercicio.
El proceso no contó con una deliberación pública sobre los perfiles ni con un baremo de evaluación de las entrevistas, sino que se limitó a cotejar los nombres que coincidieran en las listas propuestas por los partidos políticos.
Objetaron proceso.
Diputados de oposición objetaron el procedimiento seguido por la Asamblea para la elección de los magistrados, que a diferencia de años anteriores no contó con una depuración de la lista por parte de la Comisión Política, sino que se remitió completa al pleno.
“Aunque estoy muy tentado a presentar mi lista de candidatos más idóneos no lo haré y no lo haré porque, en primer lugar, sería saltarse el proceso establecido y segundo, sería validar este proceso”, dijo el diputado de Nuestro Tiempo, John Wright.
Cuestionó que el dictamen de la Comisión Política decía que todos los candidatos eran idóneos para ocupar los cargos, pero no daba las razones.
Mientras, diputados del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) dijeron que no acompañarían las votaciones porque no se siguió el procedimiento y porque no apoyarían que siga en el cargo el magistrado puesto ilegalmente el 1 de mayo.
“Se pretende ratificar esta misma noche en el cargo de presidente del Órgano Judicial a uno de los magistrados que fue impuesto el pasado 1 de mayo, a través del golpe por la mayoría de esta Asamblea, a través de los partidos Nuevas Ideas, PCN, Gana y PDC”, dijo la diputada Anabel Belloso, del FMLN.
La diputada DIna Argueta, también del FMLN, sostuvo que con esta elección se buscaba “la concentración de poder” en favor del Ejecutivo. “Eso lacera definitivamente nuestra democracia, nuestra institucionalidad y no podemos ser parte de las aberraciones que este día Nuevas Ideas, PCN, PDC y Gana van a tomar”, expresó.
René Portillo Cuadra, jefe de fracción de Arena, dijo que no acompañarían con sus votos porque consideran que el proceso del 1 de mayo mediante el cual fue electo López Jerez como presidente de la CSJ fue “irregular”.
Nueve suplentes.
A propuesta del diputado de Nuevas Ideas, Christian Guevara, la elección de los magistrados suplentes se pospuso para una fecha posterior y solo se eligió a propietarios.
”Son 14, que son cinco propietarios más nueve suplentes, cuatro de la Sala de lo Constitucional y cinco del resto de Corte”, dijo Guillermo Gallegos, de Gana, en referencia a los suplentes destituidos.
Funcionarios electos en la madrugada de este miércoles
La Asamblea Legislativa eligió a cinco magistrados de la CSJ y decidió reelegir a Óscar López Jerez como presidente.
Óscar López Jerez
Puesto como presidente de la CSJ el 1 de mayo y reelecto ayer en el cargo por la mayoría parlamentaria.
Sandra luz Chicas de Fuentes
Magistrada suplente CSJ y magistrada de la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla.
José Ernesto Clímaco Valiente
Subdirector de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía, fue apoderado de la Corte Plena.
Miguel Ángel Flores Durel
Abogado defensor de la ex primera dama, Ana Ligia de Saca. Fue electo candidato en el proceso de elecciones que realizó la Fedaes
Alex David Marroquín Martínez
Magistrado suplente CSJ y magistrado de la Cámara especializada de Niñez y Adolescencia sede en San Salvador.
Enrique Alberto Portillo Peña
Abogado en el libre ejercicio de la profesión, no había participado anteriormente en procesos para la CSJ.
Bukele defiende elección de magistrados CSJ porque la Asamblea tiene «el poder del pueblo»
Por Gabriela Villarroel
El presidente Nayib Bukele defendió el proceso de elección de los magistados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realizado por la Asamblea Legislativa, diciendo que todas sus decisiones son «totalmente legítimas» por representar «el poder del pueblo».
La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, eligió cinco magistrados la madrugada de este miércoles, y ratificando a Óscar López Jerez como presidente de la Corte Suprema de Justicia. López Jerez ocupa ese cargo desde el 1 de mayo pasado, cuando la Asamblea destituyó a su antecesor.
La nueva elección, que debía renovar a un tercio de los magistrados de la Corte, fue tachada de «irregular» y hasta «inconstitucional» por algunos diputados de oposición y organizaciones de la sociedad civil. Sus argumentos fueron rechazados por el mandatario salvadoreño mientras se desarrollaba la elección.
«El pueblo salvadoreño eligió en PLENA DEMOCRACIA la correlación de la Asamblea. Sus decisiones son TOTALMENTE LEGÍTIMAS y representan el poder del pueblo», Nayib Bukele, presidente de la República.
Bukele aseguró que la Asamblea «incluso está respetando las listas» proporcionadas por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y la Federacion de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), «consejales de Arena y FMLN». «¿Cuál es la discusión?», cuestionó Bukele.
«Se respeta a cabalidad lo establecido en la Constitución, se hace un proceso totalmente transparente y abierto, los nombres son de las listas del CNJ y FEDAES, se le permite al pleno completo de la Asamblea decidir, la votación será nominal y pública. ¿Qué es lo que reclaman?», reiteró Bukele.
Los vicios de inconstitucionalidad.
En respuesta al presidente de la República, abogados y analistas señalaron que el proceso de elección no fue ni transparente ni abierto, y tampoco se respetó el debido proceso para elegir a los jueces.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, aseguró durante la entrevista 8 en Punto, que «obviamente la elección se dio por la afinidad de las personas nombradas con el proyecto del presidente de la República», Nayib Bukele. Además, descartó que el proceso se diera de forma transparente, o se respetara el listado de aspirantes.
«No es cierto que es transparente y abierto el proceso. Eso no es así, ¿cuáles son los criterios para decir que los electos son los mejores o los idóneos? ¿por qué los otros no? ¿cuáles son los criterios de descarte? ¿adonde está el mecanismo que utilizaron para ponderar y evaluar a los candidatos?», dijo Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana.
Según Escobar, al no conocerse los criterios de selección y descarte, o el mecanismo para elegir a los magistrados, es probable que «ni siquiera se haya hecho». «Simplemente, me atrevería a decir, el listado ya estaba listo desde Capres (…) entonces, ¿cuál es el proceso abierto y transparente? Es una falsedad», agregó.
Además, el proceso para elegir al presidente de la Corte, Óscar López Jerez, es clave para dar cuenta de los vicios, indicó.
López Jerez fue electo en 2015 como magistrado de la Sala de lo Civil para un período de nueve años, que culmina en 2024. Sin embargo, el oficialismo lo ratificó como presidente de la Corte Suprema, a pesar de no estar en el listado de aspirantes ni haber sido entrevistado.
En un primer momento, el magistrado Óscar López Jerez fue nombrado en el cargo hasta 2030. «Reelíjase como magistrado para el período del 1 de julio al 30 de junio de 2030 al abogado Óscar López Jerez», rezaba el dictamen leído en el pleno esta madrugada.
Y además en un dictamen separado elegirán a Oscar López Jerez por 9 años más…¿No habrá algún abogado o abogada en @AsambleaSV que les explique que no pueden elegir a 6 magistrados de una vez porque art.186 CN no lo permite? https://t.co/DDPo4zx36e
— Ciudadanos por una Corte Independiente (@CSJindependienT) June 30, 2021
Sin embargo, luego de los cuestionamientos de varios sectores por la posible elección de seis magistrados, la decisión se modificó en el pleno, respetando el período 2015-2024 de López Jerez, nombrado el 1 de mayo como presidente de la Corte tras el golpe a la Sala de lo Constitucional.
«Si al final se concretaba la elección del magistrado López Jerez para la Sala de lo Constitucional y la presidencia de la Corte Suprema de Justicia por nueve años, fácilmente se puede hacer notar que lo que dice el presidente es falso, no se ha tomado en cuenta ese listado», dijo Eduardo Escobar, director Acción Ciudadana.
La Comisión Política también dictaminó que Sandra Luz Chicas de Fuentes, José Ernesto Clímaco Valiente, Miguel Ángel Flores Durel, Alex David Marroquín Martínez y Enrique Alberto Portillo Peña fueran electos magistrados de la Corte Suprema de Justicia para nueve años, hasta 2030.
La supermayoría de Nuevas Ideas y partidos afines, eligen magistrados de la Corte Suprema por segunda vez desde que iniciaron funciones el 1 de mayo. En esa ocasión, destituyeron a los magistrados y nombraron a un grupo de abogados para ocupar sus cargos, sin proceso de elección.
Comisionada CIDH: “Me siento decepcionada de lo que está ocurriendo en DD.HH. en El Salvador”
Por Milton Rodríguez
La comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, expresó este miércoles que se siente decepcionada de lo que está ocurriendo en El Salvador en materia de Derechos Humanos.
Esto, en una audiencia pública (virtual) convocada por la CIDH con el fin de conocer la situación del país y abrir el diálogo entre organizaciones de la Sociedad Civil y el Estado. Sin embargo, no hubo participación de este último.
Luego de que representantes de organizaciones de la Sociedad Civil presentaron sus posturas al respecto, la comisionada Macaulay agradeció por la información aunque la calificó de “no esperanzadora”.
“Para ser honesta cuando escucho la información que dieron sobre las medidas y acciones que se están tomando por parte de las autoridades del Estado, uno se siente incapacitado”, dijo.
Estas medidas incluyen golpes a la independencia judicial, acoso de críticos y un desmantelamiento de instituciones democráticas o de control, entre otros.
Además, señaló que las autoridades salvadoreñas actúan con plena conciencia de sus actos. “Estoy segura que conocen bien los estándares internacionales y por lo tanto uno llega a la conclusión que haciendo lo que están haciendo de manera intencional, saben muy bien lo que están haciendo”, indicó.
“Como relatora de El Salvador me siento decepcionada y espero que podamos asistirlos de alguna manera para que puedan trabajar con todos los efectos que mencionaron”, manifestó a las instituciones que expusieron la debacle democrática del país.
Participación de la sociedad civil
Representantes de la sociedad civil expusieron sobre la institucionalidad democrática, independencia judicial, acceso a la información y libertad de prensa.
Zayra Navas, de Cristosal, explicó las vulneraciones al Estado de Derecho, el golpe a la Constitución del 1 de mayo, la falta de independencia en el Órgano Judicial y la Fiscalía.
“Se ha roto el sistema de contrapesos”, señaló Navas, quien solicitó a la CIDH un informe sobre la situación de derechos humanos en el país.
Daniel Olmedo, de la ANEP, afirmó que existe una violación a la independencia judicial y que la única solución para reparar esto es que vuelvan a sus cargos los legítimos magistrados removidos ilegalmente y por la fuerza el 1 de mayo.
“Que el órgano legislativo destituya un juez por el sentido de sus sentencias que emite y hacerlo sin otorgarle ninguna oportunidad para defenderse es una clara violación a la independencia judicial y el artículo 8 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, criticó.
Olmedo también explicó que la violación a la independencia judicial es una realidad que enfrenta El Salvador y se mantendrá mientras la Sala de lo Constitucional la ocupen personas impuestas de manera ilegitima e inconstitucional.
“El Gobierno, lejos de retroceder, ha ido ampliado su control en el poder judicial, nada menos esta madrugada (ayer) la Asamblea aprovechó para ratificar como magistrado de la CSJ a quien el 1 de mayo fue nombrado de manera ilegitima como magistrado de la Sala de lo Constitucional, cuando este no aparecía en esa lista de 30 candidatos”, señaló Olmedo y advirtió que “cada día que pasa el Estado consolida el golpe del pasado 1 de mayo”.
Alejandra Burgos, de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, indicó que “hay un ambiente hostil para la defensa de los Derechos Humanos en El Salvador y la libertad de prensa”. Por ello pidió un informe de país a la CIDH donde se recomiende al Estado abstenerse de criminalizar la defensa de los DD.HH. y la libertad de prensa.
Por su parte, Wilson Sandoval de Funde manifestó que en el país se ha advertido situaciones que provocan un efecto desaliento en el ejercicio legítimo al derecho de acceso a la información pública, y lamentó la toma de instituciones de control y la política de opacidad y falta de transparencia.
“No son hechos aislados o accidentales sino acciones u omisiones deliberadas por varios funcionarios públicos: presidente de la República, comisionados del IAIP, diputados de la Asamblea Legislativa entre otros”, dijo Sandoval.
