La violencia de género se convirtió en una de las principales causas de la migración en Centroamérica
Por Emir Olivares Alonso
La violencia de género se ha convertido en otra de las principales causas de la migración desde Centroamérica y otras regiones del continente.
En lo que va de 2021, las mujeres han tramitado 40 por ciento de las solicitudes de asilo en México, señaló el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se conmemoró este 20 de junio.
La mayoría de las mujeres que ha pedido refugio en nuestro país vienen son originarias de Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela y Haití. La organización civil enfatizó que aun cuando ellas huyen de sus países a causa de la violencia en su contra, muchas la vuelven a enfrentar al ser acogidas en territorio mexicano.
“La violencia comunitaria, familiar, sexual, física, económica e institucional, así como la desigualdad, en sus diversas dimensiones, son algunas de las causas por las que las mujeres salen de sus países, esperando sobrevivir en un nuevo lugar. No obstante, la violencia no termina con salir de su nación, a veces son perseguidas más allá de las fronteras o se enfrentan a la discriminación y rechazo en el Estado en el que se encuentran, enfrentándose a sistemas discriminatorios, desiguales y violentos”, subrayó el Imumi.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) reportó que de enero a mayo de este año han recibido 41 mil 195 solicitudes de asilo, de ese total, 15 mil 551 son de mujeres, esto es, cuatro de cada diez.
En estos primeros cinco meses de 2021 ya se rebasó el número total de trámites de refugio en México presentados el año pasado, que sumaron 41 mil 179, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los 32 organismos estatales en la materia, agrupados en la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.
El Imumi remarcó que aunque el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de México establece a la violencia en razón de género como una causal para solicitar y ser reconocida como refugiada en el país, “no basta con reconocerlo en el papel, se necesitan acciones que lo garanticen. La Comar debe considerar el enfoque de género al momento de resolver las solicitudes de asilo, no hacerlo profundiza las desigualdades sociales que viven las mujeres y reproduce la violencia”.
Apuntó que para las mujeres solicitantes de asilo, la reproducción de la violencia “se da desde la espera de su proceso, muchas veces largo, en detención y en condiciones de hacinamiento, así como en las cargas desproporcionadas en el cuidado de sus familiares, y las dificultades para acceder a servicios básicos de salud, educación y empleo”.
Para las refugiadas, agregó, la violencia de género también representa la imposibilidad de acceder a trabajos justos, a educación para sus hijas e hijos, a servicios de guarderías; así como el rechazo de la comunidad.
En el contexto de la pandemia, también han enfrentado dificultades de acceso a la salud, pues en muchos casos se ha ignorado las especificidades de ese sector al momento de integrarlas en los planes de vacunación contra la Covid-19.
De las mujeres que fueron representadas por el Imumi en 2020, siete de cada diez reportaron haber sufrido agresiones físicas, ya sea en su país de origen o en México, no sólo por miembros de pandillas y de la delincuencia organizada, en algunos casos también de la familia, compañeros de trabajo, y autoridades —policías, militares, guardia nacional o agentes de migración—, “representando una constante amenaza para su movilidad y búsqueda de protección. Además de no existir mecanismos efectivos y eficientes de acceso a la justicia, lo que impide que denuncien la violencia de la que son objeto”.
La organización civil llamó al Estado mexicano a generar acciones afirmativas para integrar a las mujeres refugiadas al país y facilitar su reconocimiento.
“México seguirá recibiendo a mujeres solicitantes de asilo, las causas que las obligan a dejar sus países no van a desaparecer en el corto plazo, se necesitan acciones que garanticen su protección y no la detención y deportación”.
