Paro general: central sindical pide a Lacalle un ingreso de emergencia, empleo y mayor salario

Desde hace más de un año el mundo entero está inmerso en una crisis sanitaria sin precedentes. Si bien en nuestro país durante la mayor parte del año pasado se logró controlar la situación sanitaria y reducir la circulación del virus, la crisis sanitaria dio paso a una fuerte crisis económica y social. Este año dejamos de ser ejemplo en cuanto a manejo de la pandemia y desde hace meses nos encontramos en los primeros lugares de la lista de países donde mueren más personas de Coronavirus por día, en relación al millón de habitantes. Hasta ahora, más de 5000 uruguayos han muerto por esta causa, la gran mayoría este año, y desde hace meses venimos escuchando que fallecen más de 50 personas por día debido al Coronavirus.

La falsa dicotomía que se estableció por parte del gobierno entre salud y economía fracasó: no logramos contener la circulación del virus ni las muertes provocadas por el mismo, ni tampoco logramos frenar la agudeza de la crisis económica y social, de la que aún no es claro cuál es la salida. En 2020 se perdieron 60.000 puestos de trabajo y más de 100.000 uruguayos cayeron por debajo de la línea de pobreza, con una incidencia importante entre los niños y adolescentes.

La acuciante coyuntura que estamos atravesando demanda respuestas extraordinarias y urgentes. Pero la política de austeridad y en beneficio de unos pocos desplegada hasta el momento, ha fallado en ofrecerlas, agudizando por el contrario los efectos de la crisis y haciendo que su salida sea cada vez más lenta, injusta y costosa.

En este sentido, el movimiento sindical, a partir de la responsabilidad que tiene con la clase trabajadora y con la sociedad en su conjunto, viene planteando desde el comienzo de la pandemia medidas urgentes que apunten a mejorar la situación de quienes peor la están pasando. Pero además, dichas propuestas incorporan una visión de mediano plazo: para que la urgencia no nos inhiba pensar en una salida de la crisis que contribuya además en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Por este motivo, hoy volvemos a presentar una batería de medidas que creemos que apuntan a amortiguar los efectos que está teniendo la retracción de la actividad económica, con foco en la generación de empleo y en la atención a los hogares más vulnerables.

1. Inserción internacional

En este difícil contexto mundial, se hace imperiosa la necesidad de contar con una política de inserción internacional que tenga como eje la transformación de la estructura productiva nacional.

Ningún debate sobre la producción y el mundo del trabajo puede obviar la caracterización de nuestro país como dependiente y con una gran heterogeneidad estructural, tanto a nivel sectorial como entre empresas. La primarización de la estructura productiva y las limitaciones que esto impone para el desarrollo, nos obliga a debatir acerca de cuál es la inserción internacional que más nos conviene.

A nuestro entender, la integración regional y la revitalización del MERCOSUR, superando la visión comercialista y limitada que ha ganado terreno sobre el mismo, es fundamental para construir un escenario de complementariedad productiva, desarrollo de cadenas regionales de valor, donde compartir infraestructura, y lograr así una transformación estructural en nuestro país y la región. La integración regional además, contribuye a la creación de un mercado integrado de mayor escala, permitiendo aumentar los flujos de comercio intraindustrial, favoreciendo a las pequeñas y medianas empresas, la diversificación de exportaciones y la generación de valor agregado. A su vez, contribuye en la mejora de la infraestructura en transporte, energía y telecomunicaciones.

La alternativa de caminar fuera del MERCOSUR constituye mayores dificultades para el país, profundizaría aún más su especialización primaria y perjudicaría la ya escasa generación de valor a nivel nacional, con las consecuencias negativas que esto tiene para nuestro rol en la división internacional del trabajo.

Creemos que es preciso tener una visión estratégica y de compromiso, en la construcción y fortalecimiento de los espacios de integración, institucional, organizacional y sindical, de manera de construir mecanismos que permitan una inserción autónoma de la región en el sistema internacional.

2. Propuestas para la protección y generación de empleo

Para los trabajadores, la generación de empleo de calidad es una de las principales prioridades, sino la principal, para el año en curso.

En el quinquenio anterior, fruto de la desaceleración económica y la caída de la actividad en sectores intensivos en fuerza de trabajo, entre otros factores, se perdieron alrededor de 53.000 puestos de trabajo en nuestro país. En 2020 los problemas de empleo se intensificaron con la caída de la actividad económica y la insuficiencia de respuestas en pos de la reactivación por parte del gobierno, y como resultado se perdieron unos 60.000 puestos de trabajo más.

El incremento en el seguro de desempleo es otro reflejo del deterioro del mercado laboral: entre abril y mayo del año pasado se llegó al récord de casi 200.000 trabajadores percibiendo subsidios por desempleo, casi un 25% del total de asalariados priva- dos. Más de un año después, todavía permanecen en el seguro, 35.000 trabajadores más que antes de la pandemia (Esto incluye tanto los trabajadores en seguro de paro total como los que están en seguro de paro parcial, el cual fue creado en el marco de la pandemia), muchos de ellos sin la certeza de si tendrán un puesto de trabajo al que volver. En este contexto, las empresas siguen haciendo reestructuras unilaterales y ahorradoras de fuerza de trabajo, amplificando los efectos de la disminución de la actividad.

Es a partir de este diagnóstico que presentamos una serie de propuestas, cuyo objetivo inmediato es resolver la emergencia del empleo pero sin dejar de lado la perspectiva de futuro. Son propuestas que apuntan en primer término a la generación de empleos de calidad, pero que también aspiran a disminuir las brechas estructurales del mercado laboral, que sistemáticamente han perjudicado a los jóvenes, las mujeres, y fundamentalmente a quienes menos tienen.

i. Incremento de la inversión pública estratégica como herramienta para dinamizar la economía y generar empleos de calidad

En el actual contexto de incertidumbre y retracción de la inversión privada que estamos atravesando, la inversión pública pasa a cumplir un rol fundamental. Los principales organismos internacionales hoy en día incentivan a los gobiernos a invertir, de modo de llevar adelante políticas contra-cíclicas como forma de dinamizar la economía.

La inversión pública estratégica no sólo es generadora de empleo sino que además genera fuertes incentivos para la inversión privada a futuro. A modo de referencia, un informe del Banco Mundial para la región establece que una inversión de 1.000 millones de dólares en infraestructura (equivalente a 2 puntos del PBI uruguayo) es capaz de generar alrededor de 35.000 puestos de trabajo directos.

Es por esto que insistimos en reforzar las inversiones previstas para este año y adelantar las proyectadas para los próximos. Tanto la inversión en infraestructura como la que se destina a la vivienda, no solamente son altamente generadoras de empleo sino que también producen encadenamientos hacia otros sectores de la economía.

Somos conscientes de las tensiones que enfrentan las cuentas públicas y compartimos la visión de utilizar de forma correcta y eficiente cada peso de los contribuyentes, pero el mundo nos está mostrando que este no es el momento de ahorrar sino de invertir, de manera de alcanzar una más rápida reactivación; y que lo que ahorremos hoy, nos puede costar mucho más caro en el futuro.

ii. Una política de compras públicas que apuntale la producción y el empleo nacional

La creación de un sistema de compras públicas que apuntale y promueva la producción y el empleo nacional es una reivindicación de larga data dentro del movimiento sindical, y entendemos que en este contexto, la misma cobra aún más vigencia. Esto no significa, en modo alguno, querer sustentar un aparato productivo ineficiente, sostenido de forma artificial a partir de las mayores erogaciones de las compras del Estado. Pero sí creemos que éste es un instrumento importante para apoyar razonablemente a aquellos sectores y emprendimientos que efectivamente lo necesitan, ya sea en las etapas iniciales de desarrollo o en contextos como el actual, donde se han cerrado mercados y mermado la demanda.

Avanzar en un sistema de compras públicas que favorezca en mayor medida la producción nacional, tiene efectos positivos no solamente sobre el empleo y en consecuencia, sobre los ingresos de los hogares; sino también en la recaudación del Estado y en el mayor consumo al que este incremento de ingresos da lugar, entre otros aspectos.

Para esto, es necesario modificar la normativa vigente de compras públicas -pensando incluso en algunas excepcionalidades que puedan darse de manera temporal o durante la emergencia-, de manera de apoyar la producción nacional y particularmente los sectores más intensivos en empleo. Algunas medidas en este sentido son:

• aumentar el margen de preferencia en precio para los proveedores nacionales (actualmente establecida en 8%);
• incrementar la reserva de mercado para productos nacionales seleccionados; .priorizar en mayor medida entre los proveedores nacionales, aquellos más intensivos en empleo;
• reducir los mínimos de cantidad exigidos por proveedor individual, como forma de favorecer a las pequeñas y medianas empresas así como a los emprendimientos autogestionados, que son quienes mayores dificultades tienen para acceder a estas escalas.

Ejemplos concretos de sectores que podrían beneficiarse por estas medidas son:

• política de compra de alimentos del Ministerio del Interior podría favorecer a las cooperativas alimenticias; la inclusión de un 20% de componente nacional en la compra de patrulleros oceánicos para la Armada tendría un impacto relevante en el sector metal-mecánico-naval.
• promover la regularización de la pesca artesanal, de manera de incorporar a los pescadores al registro de proveedores del Estado en el rubro alimentación, impactaría de manera favorable en un sector altamente precarizado en cuanto a sus condiciones de trabajo.
• la política de compra de uniformes y calzado de la policía, podría favorecer a los sectores textil, de vestimenta y calzado, conformado además por gran can- tidad de medianas y pequeñas empresas, las que han sido más afectadas por la crisis y donde mayor cantidad de cierres se han verificado.

iii. Relanzar el sector de los cuidados

Nadie duda que los cuidados (de enfermos, niños y personas con discapacidad) son una tarea imprescindible para la vida humana. Sin embargo, los mismos siempre han recaído de manera mucho más intensa sobre las mujeres y niñas, quienes los realizan de manera no remunerada y sin que exista siquiera una valoración económica y social de la tarea. En los hogares de mayores ingresos, los cuidados también recaen en general sobre mujeres, en este caso, que no son miembros del hogar y que los realizan de manera remunerada pero en condiciones de fuerte precarización, tanto en lo que hace a los ingresos que perciben como a las propias condiciones de trabajo. La pandemia, conjuntamente con el cierre de escuelas y otros centros de atención de niños, ancianos y discapacitados, ha visibilizado más que nunca esta realidad, y genera asimismo, la oportunidad de abordarla como sociedad, de manera responsable.

El contexto actual reclama más que nunca la revitalización de un sistema nacional de cuidados. Las actividades de cuidados además, son altamente intensivas en empleo, y fundamentalmente en empleo femenino (3 de cada 4 ocupados en las actividades vinculadas a cuidados y salud humana son mujeres). Se trata de uno de los pocos sectores económicos que venía creciendo previo a la pandemia y que enfrenta una demanda potencial muy grande.

El relanzamiento de un sistema nacional de cuidados, donde el Estado cumpla un rol esencial no solamente como proveedor para algunos sectores sino también como regulador, tiene un fuerte impacto en la demanda de trabajo y a la vez, regulariza y dignifica un trabajo necesario para la vida; pero que históricamente ha sido relegado, que se realiza en condiciones de precariedad, sin los saberes necesarios y generando fuertes desventajas para las mujeres en distintas dimensiones.

iv. Reformular la Ley de Empleo Juvenil y rol clave del INEFOP en la definición de éstas y otras las políticas de empleo

Nos parece importante destacar el rol clave del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) -organismo de gestión tripartita- en la formulación de políticas de empleo así como en la elaboración de propuestas tendientes a la creación de puestos de trabajo y generación de estímulos a la contratación de los trabajadores más vulnerables.

Dentro de estos colectivos se encuentran sin duda, los más jóvenes, uno de los sectores con más dificultades de acceso al mercado de trabajo y que cuando lo hacen, muchas veces se insertan en condiciones de precariedad e insuficiencia de ingreso, las que terminan condicionando su historial laboral. En este sentido, es preciso reformular la Ley de Empleo Juvenil, de manera que atienda de manera efectiva esta problemática, y el INEFOP debe cumplir un rol clave en su elaboración.

v. Definir un Plan Nacional de Desarrollo Productivo

Las políticas de empleo, tanto en lo que atañen a la capacitación y formación profesional como en el caso de las que apuntan a la generación de empleo, nos obligan a pensar hacia dónde vamos, a qué apostamos, y en definitiva, a definir un Plan Nacional de Desarrollo Productivo, que sea el que luego nos marque el camino.

Es claro que Uruguay tiene fortalezas en muchos sectores, debilidades en otros, y puede generar oportunidades en muchos más. La definición de este rumbo, nos allanará luego el camino para potenciar los incentivos a la inversión y mover todas las señales en ese mismo sentido.

vi. Facilidades para el acceso a la tierra de los pequeños y medianos productores rurales

Es preciso adoptar medidas que permitan que los pequeños y medianos productores puedan acceder de manera mucho más ágil a los predios para poder producir.

vii. Incrementar el apoyo a la mediana y pequeña empresa así como a los monotributistas

Dentro del mundo empresarial es claro que son las pequeñas y medianas em- presas, a quienes más les ha costado sobrellevar esta crisis, particularmente a las que se encuentran en los sectores que se han visto más afectados. Como resultado de esto, durante 2020 aumentó de manera importante el cierre de empresas respecto al año anterior, a la vez que menos fueron las que abrieron. Defender el aparato productivo es también defender el empleo, particularmente las pequeñas y medianas empresas que son quienes más puestos de trabajo generan.

Consideramos que se deben incrementar las medidas dirigidas tanto a estos emprendimientos como a los monotributistas. Los apoyos a estas empresas deben ir más allá de únicamente brindarles mejores condiciones crediticias y efectivamente alivianar la carga de quienes -incluso si no están operando a pleno- tienen alquileres y diversos costos que cumplir.

viii. Garantizar el acceso a las viviendas en las cooperativas

El gobierno debe cumplir con el compromiso asumido y garantizar que escrituren todas las cooperativas que están prontas para acceder a sus préstamos y así concretar nuevos sorteos de viviendas cooperativas para el año 2021.

ix. Creación de bolsas de trabajo sectorial

Como lo venimos reclamando desde el año pasado en el ámbito del Ministerio de Trabajo, en contextos como el actual, de importante pérdida de puestos de trabajo es fundamental la creación de bolsas de trabajo a nivel sectorial. Las mismas permiten por un lado, dar cuenta de los saberes con existentes por parte de la fuerza de trabajo a nivel sectorial, y poder recurrir a estos durante la reactivación. Además, las mismas pueden ser complementadas con acuerdos con instituciones públicas y/o privadas, de manera de brindar cupos especiales a quienes más dificultades tienen para conseguir trabajo.

x. Incrementar las condiciones de seguridad laboral de cara al actual contexto

Es preciso que ir a trabajar no implique un riesgo para ningún trabajador y trabajadora en nuestro país. A las condiciones de seguridad laboral que habitualmente se deben cumplir según los distintos sectores de actividad, hoy es preciso agregarle aquellas enfocadas en cumplir los protocolos de seguridad ante la expansión del virus.

Una vez más y como ha quedado claro en más de una oportunidad durante la pandemia, existen empresarios que fuerzan al incumplimiento de los protocolos, poniendo en riesgo así la salud tanto de los trabajadores como el del resto de la población. Se deben maximizar los controles y ante incumplimientos, la severidad de las penas para evitar que esto suceda, a la vez que se deben aceitar los mecanismos de denuncia.

xi. Generar un ámbito de negociación para el transporte interdepartamental

Establecer un ámbito con capacidad resolutiva que aborde los problemas generados por el incumplimiento patronal en el sector desde el comienzo de la pandemia, el cual pretende implementar una reestructura no negociada. Particularmente busca soluciones para la rotación en el seguro de paro y frenar los despidos abusivos.

xii. Generar políticas públicas para proteger a los trabajadores de la cultura

Finalmente, nos parece importante señalar que es imperante generar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo para proteger a las trabajadoras y trabajadores de la cultura, quienes se han visto duramente impactados en esta crisis, sin que hayan podido volver a la actividad en su mayoría, quedado injustamente relegados frente a otros colectivos.

3. Ingreso básico de emergencia

Desde el movimiento sindical seguimos reivindicando la creación de un ingreso básico de emergencia, así como la provisión gratuita de una canasta básica de servicios, de manera de atender a los hogares en mayores condiciones de vulnerabilidad social y evitar así que cada vez más uruguayos sigan cayendo en la pobreza y la indigencia.

El fuerte impacto de la reducción de la actividad económica sobre el mercado de trabajo dejó a 60.000 uruguayos sin empleo en el correr del año. Los mismos se suman a los 150.000 que ya estaban buscando trabajo previo a la pandemia y no lo encontraban. Cuantitativamente, la pérdida de empleos del año pasado afectó más a los trabajadores informales o no registrados a la seguridad social que a los formales. Si bien éstos últimos en general tuvieron algún tipo de subsidio económico, los primeros, ante la pérdida de su fuente de ingresos, se encontraron absolutamente desprotegidos. También quedaron sin protección alguna quienes ya se encontraban desocupados y se vieron en el peor momento para salir a buscar un empleo.

Además de los anteriores, existía ya un número importante de hogares (unos 200.000) que percibía transferencias monetarias por parte del MIDES -ya sea a través de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) o a partir de las Asignaciones Familiares del Plan de Emergencia (AFAM-PE)- por su situación de vulnerabilidad social. Pero por lo exiguo de estos montos (promedialmente las transferencias rondan los 4.300 pesos mensuales por hogar, aunque varían en función del número de integrantes así como de sus edades2), dichos ingresos eran complementados por los hogares a partir de la realización de otras actividades, en forma esporádica (“la changa”) e informal. El incremento mensual de 50% que se ha dado sobre estas partidas en algunos meses desde marzo pasado, no es suficiente para compensar la caída de ingresos que han tenido estos hogares.

Desde inicios de la emergencia sanitaria anticipamos de la esencialidad de un ingreso bási- co para evitar la caída en la pobreza de miles de compatriotas, y en el año 2020, 100.000 uruguayos más cayeron por debajo de la línea de pobreza monetaria.

Hoy en día, seguimos solicitando el ingreso básico de emergencia para atender la situación de todos quienes se encuentran en las circunstancias antes mencionadas, cuya realidad económica y social cambió de manera brusca con la pandemia, y que a medida que pasa el tiempo se les hace cada más difícil seguir “manteniendo la olla”. De acuerdo a nuestras estimaciones, unos 320.000 hogares uruguayos compuestos por trabajadores informales, desocupados y quienes ya percibían transferencias sociales, se encuentran en esta situación y deberían ser la población objetivo a tener en cuenta en esta política.

Aunque el monto del ingreso básico por hogar siempre será arbitrario, a nuestro entender el Salario Mínimo Nacional (17.930 pesos) debería ser el punto de referencia a establecer, en la medida que se trata del mínimo de subsistencia legal con el que se cuenta actualmente. También es necesario que estos hogares cuenten con una canasta básica gratuita de servicios como son energía eléctrica, agua potable, supergas e internet; fundamentales en este contexto de distanciamiento y particularmente en los meses de invierno.

Ambas transferencias no solamente van a permitir a los hogares transitar este difícil momento de manera menos acuciante sino que también les va a posibilitar posicionarse mejor para la salida de una crisis, que no va a ser homogénea y donde va a pasar bastante tiempo para que los hogares más afectados puedan revertir las consecuencias de la misma, en lo laboral, económico y social.

Cuando hace un año planteábamos la necesidad de implementar estas medidas, pensábamos en una crisis mucho más corta y de salida mucho más rápida (la famosa crisis económica en V). Hoy en día, vemos que la crisis se ha extendido en el tiempo y que su salida va a ser mucho más lenta y menos veloz que lo que esperábamos y querríamos. En este sentido pensamos, que si bien la medida debe ser transitoria, su implementación debería tener un horizonte temporal más ambicioso: de un año. Esto permitiría disminuir la incertidumbre cotidiana en estos hogares, les posibilitaría posicionarse de mejor manera para paliar la crisis y a su vez, reacomodarse mejor en pos de la salida.

4. Protección social enriquecida

Realizar algunas modificaciones en las prestaciones que otorga el sistema de protección social de modo de incrementar la cobertura de las mismas, tanto en cuanto a la población que abarcan como a los montos percibidos.

La fortaleza del sistema de protección social uruguayo, concentrado fundamentalmente en el Banco de Previsión Social (BPS) es uno de los elementos distintivos de nuestro país en una parte del mundo donde campea la desprotección social. Las prestaciones que brinda el BPS, particularmente el seguro por desempleo y el seguro por enfermedad, han sido el principal amortiguador de la caída del ingreso de los hogares frente a la crisis. Sin embargo, la extensión de la misma así como la experiencia transitada hasta el momento, justifican la necesidad de realizar algunas modificaciones en las prestaciones y beneficios, de manera de que cumplan de mejor forma con sus objetivos.

En función de esto proponemos:

• Establecer un monto mínimo para las prestaciones de seguro de desempleo equivalente a 1 SMN. En la actualidad, hay más de 20.000 trabajadores en seguro por desempleo total cuya prestación mensual no supera los 8.000 pesos.
• Establecer, de manera transitoria, el derecho de cobro de la licencia por enfermedad a partir del primer día de ingreso a la nómina.
• Actualmente los trabajadores privados comienzan a cobrar el seguro después del tercer día de ingresar a la nómina de la licencia por enfermedad. La realidad sanitaria que estamos atravesando provoca que muchos trabajadores, al ser contacto de casos positivos, deban realizar cuarentenas que pueden prolongar- se o repetirse, pudiendo perder de esta manera el cobro de varios jornales al mes.
• Facilitar tickets para la atención a la salud de la población más vulnerable así como de quienes más necesitan de los servicios de salud: personas desocupa- das, trabajadores informales, personas con discapacidad, jubilados y pensionistas.
• Solucionar el acceso a la vacunación de las personas con discapacidad y los adultos mayores que no pueden trasladarse solos a los vacunatorios.

Finalmente, en momentos en que una Comisión de Expertos, en la cual contamos con un representante, está discutiendo propuestas de modificaciones a la seguridad social, los trabajadores queremos dejar constancia una vez más de nuestra oposición al incremento de la edad jubilatoria legal. Asimismo, reafirmamos nuestra posición histórica de rechazo a las AFAPs.

5. Negociación colectiva y recuperación salarial

En el marco de la ronda puente de negociación colectiva, la mayoría de los trabajadores privados tuvieron una pérdida de salario real de casi 4%. A fines de junio vencen la mayoría de las resoluciones adoptadas en el marco de dicha ronda y es necesario realizar una nueva convocatoria. Los trabajadores demandamos que en esta convocatoria, se frene la caída de salario real, y además se establezca un cronograma claro de recuperación de lo perdido. Asimismo, reivindicamos los ámbitos de negociación colectiva como el espacio natural de discusión de las reestructuras, incorporación de tecnología y otros aspectos vinculados a la organización del trabajo, que concluyen en la pérdida de más puestos de trabajo.

En concreto, a fines de junio vencen 182 resoluciones de Consejos de Salarios, a las que se suman 11 más que vencieron en el primer semestre del año y que aún no han sido renegociadas. Esto representa alrededor del 75% de las unidades de negociación existentes e involucra a aproximadamente 640.000 trabajadores de la actividad priva- da, el 70% del total.

La mayor parte de estas resoluciones (145 de las 182 antes mencionadas), se firma- ron en el marco de la ronda puente a mediados del año pasado, e incorporaron el correctivo por inflación propuesto por el gobierno de manera que entre junio de 2020 y julio de 2021 tendrán una caída en el poder de compra del salario de casi 4%.

Es a partir de esta realidad que proponemos:

• Lineamientos para la nueva ronda que incorporen a partir de julio la evolución de los precios al consumo, de manera de frenar la caída de salario real.
• Establecer en los convenios un cronograma claro de recuperación de lo perdido durante la ronda puente, de modo que a partir de enero de 2022 los salarios comiencen a percibir ajustes por encima del crecimiento de los precios a cuenta de la pérdida acaecida.
• Por otra parte, reivindicamos a la negociación colectiva como el ámbito natural de debate de temas como las reestructuras que han llevado adelante las empresas durante la crisis y que explican en alguna medida la caída del empleo.
• En el mismo sentido, la reducción de la jornada laboral debe ser un tema de de- bate en el marco de la negociación, en particular en este contexto en que puede ser una herramienta para la generación de empleo.

6. Empresas públicas

Las empresas públicas representan una ventaja superlativa de nuestro país y es un baluarte a cuidar, defender y potenciar; sin apostar a su privatización. Es necesario profundizar y mejorar el rol social de las empresas durante la crisis.

Para llevar adelante esto, es necesario:

• Ingreso de personal urgente en las empresas estatales.
• Fomento de la ciencia y la tecnología en estas empresas.
• En particular, es importante mantener servicios portuarios eficientes y competitivos, base fundamental para la atracción de la inversión privada.
• La Administración Nacional de Puertos (ANP) se debe consolidar como la única autoridad portuaria.
• Derogar los decretos 114/21 y 115/21 que consolidan el monopolio en manos privadas por 60 años; algo que contraviene a la actual Ley de Puertos (Ley 16.246) y atenta contra un aspecto fundamental de nuestra soberanía e identidad.

7. Propuesta en materia tributaria

Como siempre hemos establecido desde el movimiento sindical, las modificaciones tributarias deben ir en el sentido de que pague más, quien está en mejores condiciones de hacerlo, sin que esto afecte la inversión y en consecuencia, el empleo.

Desde el movimiento sindical, al igual que desde otros sectores organizados de la sociedad, venimos reclamando una mayor inversión por parte del gobierno para paliar los efectos de la crisis, tanto sobre los hogares como sobre el aparato productivo. Como lo demuestra la historia, ahorrar en esta coyuntura tendrá mayores costos económicos y sociales después.

Consideramos que por sus posibilidades de acceso al crédito en condiciones actualmente privilegiadas, Uruguay tiene margen para incrementar tanto el gasto público social como la inversión estatal. A pesar de esto, nuestro país se ubica en las últimas posiciones en materia de inversión pública destinada a contrarrestar los efectos económicos y sociales de la pandemia. Como ya lo señalaron varios organismos internacionales, Uruguay ha sido de los países que menos incrementó el déficit en este contexto, tanto si miramos la región como al poner la lupa sobre el conjunto de países de renta media.

A contrapelo de las recomendaciones de los manuales de macroeconomía, los organismos internacionales y en definitiva, a contramano de lo que está haciendo la mayoría de los países del mundo, Uruguay sigue poniendo énfasis en reducir el déficit fiscal en este contexto. Como consecuencia de esto, el gobierno tomó distintas medidas en pos de aumentar la recaudación y eligió que la carga tributaria recayera sobre las gran- des mayorías. La rebaja de salarios públicos y privados, los que arrastran consigo jubilaciones y pensiones, actúa -al igual que los impuestos-, reduciendo el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados. Si bien esto aumenta la recaudación del Estado por la vía de menores gastos, disminuye las posibilidades de consumo y exacerba las consecuencias de la crisis sobre el mercado interno. En la misma dirección recaudadora va la disminución de la devolución del IVA en las compras con dinero electrónico, el incremento de las tarifas públicas y los recortes presupuestales operados tanto en 2020 (por la vía del decreto 90/020) como en lo que va de 2021 (por la vía de la ley de presupuesto). El impuesto COVID, que recae sobre una franja de trabajadores públicos y jubilados, aun siendo los de mayores ingresos, es sumamente injusto porque rompe con el criterio de equidad horizontal, base de cualquier diseño tributario.

Por tanto, aunque consideramos que hoy el foco no debe estar puesto en la recaudación y el déficit fiscal, sino en asegurar la puesta en marcha de distintas estrategias que alivianen la carga de la crisis; creemos, que de aumentar la presión tributaria, esto debe hacerse sobre aquellos sectores y personas, que están en mejores condiciones de aportar. Este es el caso tanto de los sectores que han logrado seguir acumulando riqueza durante la pandemia, como de aquellos que por su ubicación en la distribución de ingresos y riqueza, están en condiciones de aportar más sin que esto suponga un cam- bio significativo en su situación relativa.

La implementación de estas medidas, de corte transitorio, permitiría por un lado, recaudar más y ampliar el margen para realizar acciones de incremento de la inversión pública social con un menor deterioro de las cuentas públicas. Por otro lado, estas medidas van en la línea con una distribución mucho más justa del peso del ajuste que se está procesando, con la consigna de que paguen más los que más riqueza tienen y los que han obtenido ganancias extraordinarias en esta coyuntura.

En todos los casos, estamos convencidos que nuestras propuestas no comprometen negativamente la inversión y como resultado el empleo, sino todo lo contrario.
A partir de esto, proponemos:

i. Incremento del impuesto al patrimonio

El impuesto al patrimonio grava la riqueza acumulada, tanto de personas físicas como de empresas. El mismo se aplica sobre el patrimonio acumulado (stock) y no sobre las ganancias que éste pueda reportar (flujo), de forma que efectivamente es un impuesto a la riqueza acumulada y por ende, no debería afectar negativamente la inversión.

En este contexto, se propone crear un adicional del impuesto al patrimonio de 10%, tanto a las personas físicas como a las empresas que ya pagaron impuesto al patrimonio el año anterior. En el caso de las empresas que hayan tenido en 2020 renta negativa, no serán incluidas en el pago de dicho adicional. Este puede ser el caso por ejemplo de la hotelería, y por este mecanismo, se excluyen todas las empresas que se hayan visto afectadas negativamente por la crisis.

En el caso de las personas físicas, si bien la recaudación por esta vía no es elevada, el monto mínimo no imponible es lo suficientemente alto (aproximadamente 110.000 dólares) como para considerar que se trata de personas que están en condiciones de incrementar su aporte.

ii. Incremento de impuestos a las ganancias elevadas

Generar un adicional al IRAE (Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas) para aquellas empresas que hubieran tenido una renta neta superior al millón de dólares en el año 2020, o que sin alcanzar ese monto igualmente incrementaron su renta neta en al menos un 25% respecto a la declaración anterior. En ambos casos, se cobraría un porcentaje de IRAE de 35% en lugar de 25% por el monto que exceda el millón de dólares o por el incremento registrado superior al 25%.

Adicionalmente, se podrían incrementar las tasas que pagan los ingresos de capital (intereses, alquileres, dividendos) a partir de un determinado umbral. En este caso se trata de rentas que no necesariamente se vieron afectados negativamente por la coyuntura de la pandemia.

Ambas medidas permitirían que se incremente la carga sobre aquellas empresas y sectores con ganancias muy altas, que no verían de ninguna manera compro- metida su rentabilidad por tener que hacer un aporte extraordinario mayor en esta coyuntura.

iii. Impuesto transitorio al incremento extraordinario de precios

Indudablemente no todos los sectores de actividad económica se han visto afectados negativamente durante la pandemia. En el caso de algunos sectores de los agronegocios uruguayos, los precios de referencia internacional para las exportaciones vienen aumentando de manera importante.

Por esto proponemos, que aquellos sectores cuyos precios promedio en el último año se ubicaran 20% por encima de los del año previo, paguen un impuesto por este beneficio extraordinario que tuvieron y que sin duda los deja en mejores condiciones de contribuir. Este es el caso por ejemplo, de sectores como la soja, el arroz y el trigo.

Conceptualmente, al igual que en el caso de las medidas anteriores, se trata de que los sectores que se presentan como “ganadores” en este contexto (en el caso de los agronegocios, por verse beneficiados por condiciones extraordinariamente positivas del mercado internacional), aporten de manera acorde a los beneficios provocados por esa situación.

iv. Instalación del Impuesto COVID a los cuerpos Gerenciales y Directores de grandes empresas privadas

Los altos cargos gerenciales y los CEO de las empresas multinacionales se encuentran en el 1% de los ocupados de mayores ingresos y sin duda tienen una mayor capacidad contributiva que el resto. Es por esto que consideramos que dicho sector debería realizar también una contribución adicional excepcional.

v. Impuesto a los depósitos de uruguayos en el exterior

Al menos una parte de los “malla oro” no está empujando a la economía uruguaya, sino que está acumulando riqueza y además, estos depósitos se encuentran en el exterior de manera que ni siquiera forman parte del circuito productivo nacional. Los recursos netos de residentes uruguayos (empresas financieras, no financieras y familias) en el exterior ascienden a aproximadamente 7.000 millones de dólares.

Nuevamente, incrementar los gravámenes de estos ingresos implica aumentar transitoriamente, la carga tributaria de quienes más tienen y que por ende, están en mejores condiciones de aportar. Cabe destacar, que evidente que una medida de este tipo no afectaría negativamente la actividad económica doméstica, dado que se aplica para capitales que están en el exterior.

Es importante resaltar la transitoriedad de todas las modificaciones propuestas, las cuales regirían por un año, dada la forma anual en que se liquida la mayoría de estos impuestos. De acuerdo a cálculos preliminares realizados, la implementación conjunta de estas modificaciones podría conducir a un incremento de la recaudación anual de aproximadamente 200 millones de dólares (20 veces más que la recaudación por el impuesto COVID prevista para este año). Siendo además razonable que la misma abarque a todos los sectores que efectivamente tienen mayor capacidad de contribuir en este contexto.

PIT-CNT