Gobierno de Guatemala descartó resarcir a comunidades afectadas por construcción de hidroeléctrica

CIUDAD DE GUATEMALA – Baldetti afirmó que el Ejecutivo no tiene fondos para cumplir los acuerdos que firmó el gobierno anterior, con desembolsos anuales que suman Q1 mil 200 millones, y a cambio ofreció un plan con “vivienda y un lugar digno para trabajar”.

“Pero ¿de dónde sacamos la plata?, pues si alguien me da la fórmula mágica del dinero, nosotros encantados de poder servir”, expuso Baldetti después de haber inaugurado el Congreso Regional sobre Trata de Personas, en el hotel Vista Real, zona 15.

Sin embargo, el condicionamiento que figura en la Ley de Asignaciones Consolidadas, aprobada en EE. UU. en enero recién pasado, exige cumplir el plan firmado en el 2010.

La vicemandataria descartó que, aparte de la vivienda y tierras para cultivar, se cumpla el resto de medidas incluidas en esos acuerdos.

“Sería irresponsable decirlo porque los recursos no están. Ustedes saben que tenemos déficit fiscal y no podemos cumplir las grandes necesidades que tiene el país”, refirió.

Más críticas

Pérez Molina reiteró el rechazo a las presiones que ejerce EE. UU.

“A nosotros no nos va a legislar otro país. Podremos ser un país pequeño, pero somos un país soberano, independiente, y tenemos nuestras propias leyes, así que yo no me voy a dejar que me vengan a imponer cosas, menos de otro Congreso, y menos de otro país”, expresó tras la inauguración de una escuela, ayer, en Masagua, Escuintla.

El gobernante acusó al jefe de asesores del Senado de EE. UU., Timothy Rieser, de estar detrás de esa y otras restricciones a Guatemala desde 1977, año en que se aprobó el embargo militar al país.

“Esto responde a los intereses de una persona que nosotros sabemos quién es y que se cree dueña de Guatemala, siendo un asesor, un staffer de un senador. Imagínese que tiene condiciones puestas para limitar la ayuda a Guatemala en Defensa, desde el año 77”, expuso el mandatario, quien después dijo que se refería a Tim Rieser, como se le conoce al asesor.

“Es el staffer que todos lo conocen. Él es el que se cree ahora el dueño de Guatemala porque siempre mantiene eso y quiere que todos los que vayan de aquí le vayan a hablar y a pedir que, por favor, levante esas restricciones. Él no es el dueño de Guatemala para ponernos ese tipo de restricciones”, insistió Pérez Molina.

Después de las críticas, el gobernante aseguró que continúa la buena relación entre su gobierno con el Ejecutivo y Departamento de Estado de EE. UU.

Rechazan moción

Las comunidades afectadas rechazaron la propuesta del Gobierno. “No pedimos, sino exigimos un derecho que nos corresponde”, afirmaron.

Juan de Dios García, integrante de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, lamentó la postura de los altos funcionarios y las calificó de “burla a las comunidades”.

García indicó que no aceptarán otro plan distinto al firmado en el 2010, puesto que tomó años de discusión y contó con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, los bancos Interamericano de Desarrollo y Mundial y la Procuraduría de los Derechos Humanos.

“No estamos dispuestos a recibir otra cosa que no sea el acuerdo gubernativo que le dé vida al Plan de Reparaciones. Además, la Ley de Asignaciones Consolidadas aprobada en EE. UU. habla del plan negociado en el 2010, no de una nueva propuesta del Gobierno”, expuso García.

Equivocación

“El presidente, creo, lo toma mucho en lo personal. Preocupa que él tenga la figura predominante en temas que normalmente un canciller maneja en primera instancia”, dijo el excanciller Gabriel Orellana.

“Ponerse en retórica y confrontación no va a resolver nada. EE. UU. no va a dar marcha atrás, es una ley sujeta al cumplimiento de compromisos”, explicó el también excanciller Édgar Gutiérrez.

Norma ha causado polémica

La Ley de Asignaciones Consolidadas plantea cumplir el plan de resarcimiento pactado en el 2010; sin embargo,  el Gobierno insiste en crear otro.

Sumidos en la pobreza

Las condiciones en que vive la mayoría de las 33 comunidades desplazadas por la construcción de la represa en 1983 son deplorables. Algunas de ellas incluso no cuentan con energía eléctrica, pese a que viven a orillas de la represa.

PRIMER  PACTO

Una comisión presidencial acordó con las comunidades afectadas un plan en el 2010.

El plan de reparación de daños incluye el otorgamiento de vivienda y tierras para  cultivo a las 33 comunidades afectadas.

El monto de las reparaciones es de Q1 mil 200 millones, distribuidos en Q200 millones en indemnizaciones  individuales y Q1 mil millones en indemnizaciones colectivas, que se invertirán en un período de 10 años.

Se incluye la implementación de proyectos productivos para las poblaciones que fueron desplazadas.

La construcción de escuelas y centros de Salud también es otra de las exigencias que se plasman en los acuerdos firmados en el 2010.

Previo al acuerdo se elaboró el informe de daños, en el cual el Estado reconoce su responsabilidad en los hechos.

OFRECIMIENTO

El Gobierno pretende crear un nuevo plan, debido a la falta de recursos económicos.

De acuerdo con la vicepresidenta Roxana Baldetti, se otorgará vivienda digna a todos los afectados por la construcción de la represa.

También se prevé la distribución de tierras para el cultivo de los agricultores de las comunidades.

Según afirmó  Baldetti, los terrenos que se otorgarán podrían provenir de fincas que han sido extinguidas al narcotraficante guatemalteco Mario Ponce.

La nueva comunidad estaría formada por fincas constituidas en cooperativas,  donde quienes las habiten tendrían la posibilidad de trabajar en ellas.

El nuevo plan descarta el resto de medidas acordadas en abril del 2010, en particular el resarcimiento económico.

LEY DE EE. UU.

El Congreso de EE. UU. aprobó una normativa en que se exige el cumplimiento del plan.

Se trata de la Ley de Asignaciones Consolidadas del presupuesto 2014,  aprobada por el Congreso y avalada por el presidente Barack Obama el mes pasado.

La Ley restringe la ayuda militar al Ejército de Guatemala hasta que se certifique que el Gobierno de este país ha dado pasos creíbles para cumplir con el plan de reparación de daños firmado en el 2010.

También manda a los directores de los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo a que informen al Departamento del Tesoro de EE. UU. sobre los esfuerzos que se hacen para el cumplimiento del plan.

Pese a que el Gobierno de Guatemala está dispuesto a reparar a las víctimas con un nuevo proyecto, la Ley de Asignaciones Consolidadas se refiere exclusivamente al plan acordado en el 2010.

Respaldo a proyecto inicial

Monti Aguirre, de la organización humanitaria International Rivers, de EE. UU., ha seguido el proceso de reparación de daños a las comunidades afectadas por la hidroeléctrica Chixoy y fue una de las principales impulsoras del condicionamiento  a Guatemala que el Congreso de ese país aprobó en la Ley de Asignaciones Consolidadas.

Aguirre, quien habló vía telefónica desde California, dijo que defiende el proceso que culminó con la firma de los acuerdos entre el Gobierno y las comunidades en el 2010,  que incluyó la participación de todos los sectores afectados y  la mediación de la Organización de Estados Americanos.

La activista advierte de que si se cambia el proceso se perderá tiempo y recursos.

“Ya el Gobierno de Guatemala invirtió en el proceso y ya hay un consenso. Tratar de salir  con otro plan va a requerir nuevos estudios y van a pasar otros 10 años más. Es una forma de evadir lo que ya está hecho”, afirmó Aguirre.

Agregó: “Sería  perder el tiempo. El Gobierno aportó dinero para reuniones y el tiempo de sus funcionarios. Entonces, ¿por qué gastar más en vez de enfrentar esto y dar la cara?”.

Aguirre aseguró que la construcción de la represa no representó ningún beneficio para las comunidades desplazadas.

“Cuando uno va a Chixoy, Río Negro, Rabinal o Pacux, yo no veo ningún beneficio para esas comunidades, yo solo veo pobreza.  Parece que la gente no importa y se sigue adelante, sin recompensa y sin reparaciones, y no podemos seguir así en el mundo”, sostuvo.

SEÑALAMIENTOS

Funcionarios vinculados con  norma estadounidense

Timothy Rieser, el funcionario estadounidense contra quien el presidente Otto Pérez Molina emitió fuertes críticas ayer, se ha desempeñado en puestos importantes. Ha trabajado en el Subcomité de Asuntos Exteriores y en el Comité de Asignaciones del Senado de aquel país.

También fue asistente del senador Patrick Leahy, uno de los principales impulsores de la Ley de Asignaciones Consolidadas que contiene los condicionamientos para Guatemala.

Por aparte, Leahy es miembro del Partido Demócrata y pertenece al Senado en representación de Vermont desde 1974.

Actualmente,  es el presidente del Comité Judicial del Senado y presidente del Subcomité de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y programas anexos.