Perú | Fiscal pide la detención de Keiko Fujimori en el marco de la causa por lavado de activos y crimen organizado
El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado esta mañana al juez Víctor Zúñiga que se reemplacen las limitaciones que tiene Keiko Fujimori desde abril de 2020 por la orden de prisión preventiva tras haber constatado que la acusada por lavado de activos y otros delitos incumplió normas de conducta fijadas por el Poder Judicial en el contexto del caso Cócteles (Odebrecht).
Según el pedido, al que tuvo acceso La República, la candidata presidencial de Fuerza Popular infringió normas que la Segunda Sala de Apelaciones le impuso cuando fue liberada el año pasado. Así, Fujimori incumplió la prohibición de comunicarse con testigos o coinvestigados del caso, siendo uno de ellos el excongresista Miguel Torres, quien acompaño a la candidata ayer por la noche en una conferencia de prensa.
En su pedido, el fiscal Pérez recuerda que no es la primera vez que Keiko Fujimori incumple las reglas: “la acusada Keiko Fujimori Higuchi sistemáticamente viene incumpliendo la regla de conducta de no comunicarse con los testigos”, cita el documento enfatizando en que se le exhortó a la hija del exdictador Alberto Fujimori seguir las normas en mayo y junio del 2020.
El hecho principal de la revocatoria que se solicita contra Keiko Fujimori por prisión preventiva radica en que “se ha advertido como hecho público y notorio [la conferencia de prensa del miércoles último] que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales en la que la acusada presentaba al testigo como abogado y vocero politico de la persona jurídica incorporada al proceso Fuerza Popular”.
Por otra parte, se señala en el pedido al juez Zúñiga que Miguel Torres, exparlamentario fujimorista, fue citado como testigo en la investigación en septiembre de 2020. Prueba de ello, indica el pedido, fue la presencia de la abogada de Keiko, Giulliana Loza, en la diligencia.
Resulta necesario precisar que el pedido fiscal se ampara en que, cuando se le dictaron restricciones a Keiko Fujimori en abril de 2020, la Segunda Sala de Apelaciones de Crimen Organizado señaló que debían cumplirse dichas normas “bajo apercibimiento de revocarse la presente medida y dictarse nuevamente prisión preventiva en su contra, previo requerimiento del Ministerio Público”.
Tras este pedido, el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Víctor Zúñiga Urday, debe convocar a una audiencia en las próximas horas para definir si Keiko Fujimori, acusada por los aportes ilícitos a sus campañas en 2011 y 2016, continúa con sus restricciones o debe volver a prisión preventiva.
Una nueva etapa
El pasado viernes 4 de junio, el juez Zúñiga inició, formalmente, la etapa de control de acusación contra 42 involucrados, incluyendo a Keiko Fujimori por el caso Cócteles.
Se trata de una fase inmediatamente anterior al inicio de un juicio oral, pero que puede tardar más de un año o dos por la complejidad del caso y en el que se debatirán qué pruebas, testimonios o documentos se pueden debatir.
Lista de acusados por el caso Cócteles.
Es el paso inicial para que se discuta la acusación del fiscal José Domingo Pérez en la que se pide 30 años de prisión para Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama, y el “núcleo duro” de la organización criminal que habría liderado la candidata presidencial junto a Pier Figari y Ana Herz.
Pasados diez días hábiles desde que las defensas sean notificados del comienzo de esta revisión de la acusación, se convocará una fecha de audiencia.
Keiko Fujimori: Estos son los argumentos del fiscal Pérez para pedir que se ordene prisión preventiva
Por María Isabel Álvarez
Este jueves por la mañana, el juez Víctor Zúñiga Urday recibió el pedido del fiscal José Domingo Pérez para revocar la orden de comparecencia con restricciones contra Keiko Fujimori y que se imponga una de prisión preventiva en su contra, por el proceso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas del 2011 y 2016.
En el pedido del fiscal José Domingo Pérez, que pudo revisar este Diario, figura que la candidata a la presidencia por Fuerza Popular ha violado las normas que le impuso la sala superior que ordenó su excarcelación.
En específico, el fiscal Pérez apunta que Keiko Fujimori ha incumplido con la restricción de comunicarse con testigos del caso.
En marzo pasado, el fiscal del equipo especial Lava Jato solicitó 30 años y 10 meses de pena privativa de la libertad contra Fujimori por los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
Argumentos del equipo especial
En el requerimiento presentado al Poder Judicial, el fiscal Pérez sostiene que Keiko Fujimori no ha cumplido con lo que le ordenó una sala superior tras haber presentado en conferencia de prensa a Miguel Torres Morales como abogado y vocero político de Fuerza Popular.
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Pérez Gómez señaló que Torres figura como testigo en el proceso y que una de las restricciones prohíbe a Fujimori comunicarse justamente con testigos.
“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, señaló.
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El fiscal precisó que Miguel Torres aparece como testigo en la acusación que se presentó en marzo pasado, y que ya fue remitida a la defensa el pasado 4 de junio.
“La acusada Fujimori Higuchi tiene conocimiento que Miguel Torres es testigo de parte de la fiscalía, por cuanto ha sido ofrecido en tal calidad con la acusación fiscal cuya notificación con la Resolución n° 03 del 04 de junio de 2021 (Expediente 0299-2017-186) es anterior al evento en cuestión”, se lee en el requerimiento.
Además, indicó que Torres declaró a la fiscalía en calidad de testigo en setiembre de 2020, y que Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, estuvo presente en dicha diligencia. Así lo demuestra el acta de dicha diligencia a la que este Diario accedió. La misma aparece firmada por los abogados que participaron en la toma de declaración.
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El representante del Ministerio Público recuerda que en mayo y julio del 2020 pidió el apercibimiento de revocarse la orden de comparecencia con restricciones por el incumplimiento de Fujimori a lo dispuesto. Es decir, el fiscal había emitido alertas anteriores sobre una violación a las prohibiciones.
Consultado por el pedido fiscal, Miguel Torres negó ser testigo en el caso. “No soy testigo del caso de aportes fraudulentos ni nada por el estilo. Sí he asistido en más de una oportunidad pero, para temas completamente distintos que no tienen que ver con el tema de los aportes”, dijo en declaraciones a RPP.
“Es evidente que la comunicación que tengo con Keiko Fujimori es una comunicación de temas de campaña”, agregó.
Decisión queda en manos del juez
Consultados por El Comercio, los abogados penalistas Rafael Chanjan y Andy Carrión explicaron que será el juez Víctor Zuñiga el que deberá evaluar la proporcionalidad y si existe un riesgo procesal en el caso de Keiko Fujimori.
Ambos coincidieron en que el pedido es legal y que la decisión de ordenar prisión preventiva quedará en manos del Poder Judicial.
“Pienso que el pedido del fiscal José Domingo Pérez es legal. La norma procesal le faculta a pedir la variación de la medida de comparecencia por una más gravosa cuando observa que existe un peligro para el proceso”, sostuvo Chanjan.
El especialista consideró que en este caso, el incumplir una regla de conducta, como la de no comunicarse con testigos, “puede significar un riesgo para la actividad probatoria en el proceso, más aún teniendo los antecedentes que se tiene en este caso referido al direccionamiento de otros testigos anteriormente”.
Chanjan añadió que “el juez deberá evaluar si, de acuerdo lo que afirma la fiscalía, existe un riesgo procesal suficiente para variar la medida”.
“El momento político puede generar suspicacias es verdad. Por eso debe exigirse una debida fundamentación al pedido que hace la fiscalía”, agregó.
En tanto, Carrión indicó que “es una potestad del fiscal solicitar la revocatoria de la comparecencia, está dentro de sus facultades”.
Para el letrado, el tema a discutir será la proporcionalidad del pedido. Consideró que en el caso de Keiko Fujimori existiría una reiterancia en la trasgresión de las medidas de comparecencia, y que este será un aspecto que valorará el juez.
“Ya existe un elemento adicional que pudiera validar el pedido, no estamos hablando de la primera trasgresión, estamos hablando de reiterancia, si uno evalúa la proporcionalidad creo que existen antecedentes que podrían sustentar hacer considerar esta revocación, este es un punto fuerte”, sostuvo.
