Nuevo informe revela que el conflicto armado ya dejó más de seis millones de víctimas
El conflicto armado en Colombia ha dejado a la fecha 6.073.453 víctimas, según el registro oficial de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, elaborado por la Red Nacional de Información.
Desde que se aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), se procedió a unificar los números de desplazamiento y se amplió el abanico de hechos victimizantes a tener en cuenta. Por ello, cada vez es mayor el número de personas que declara por violaciones a sus derechos ocurridas en el pasado. De hecho, el 78% de los hechos declarados en los primeros seis meses de 2013 correspondían a años anteriores.
De este modo, el actual Registro Único de Víctimas incluye a quienes han sufrido abandono o despojo de tierras, actos terroristas, amenazas, delitos contra la integridad sexual, desaparición forzada, desplazamiento, homicidio, minas antipersonales, pérdida de muebles o inmuebles, secuestro, tortura o vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados al margen de la ley.
Los avances en reparación
Colombia es el primer país en el mundo que repara a sus víctimas en medio del conflicto. Para ello, durante los 10 años de aplicabilidad de la Ley 1448 se han puesto a disposición 54.9 billones de pesos, que serán invertidos de manera progresiva y gradual. Durante el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, se había compensado a finales del año pasado a 353.174 personas, incluidas 8.992 víctimas de desplazamiento forzado, algo nunca visto en la historia del país.
Con respecto a la indemnización de niños, niñas y adolescentes (NNA) con encargo fiduciario constituido, en el 2013 se superó la meta de 5.012 NNA indemnizados al registrarse un total de 6.098 indemnizaciones. Adicionalmente, hogares víctimas de desplazamiento forzado recibieron atención humanitaria de emergencia, con lo que se ha cumplido con el 93% del total esperado al final del cuatrienio.
La Unidad para las Víctimas, con un 95% de ejecución presupuestaria alcanzado en 2013, coordinó el trabajo de las 51 entidades estatales que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, de modo que puedan acceder a las medidas de reparación previstas por la ley.
Estas incluyen cinco tipos: restitución, para el restablecimiento de la situación anterior a las violaciones de los derechos de las víctimas; indemnización por vía administrativa, que consiste en una compensación económica entregada por el Estado individualmente a una víctima; rehabilitación, es decir, estrategias para la recuperación física y psicosocial; satisfacción, que busca reparar la dignidad y difundir la verdad de lo sucedido; y garantías de no repetición, para evitar que ocurran de nuevo las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Tales medidas pueden ser de tipo individual, colectivo, material, moral y simbólico. Las víctimas accederán a una o varias de ellas dependiendo de los daños sufridos y el tipo de hecho victimizante.
Las víctimas, centro de la acción institucional
La Ley 1448 situó a las víctimas en el centro de la política pública, por lo que uno de sus logros fundamentales es el alto grado de participación de estas, cuyos representantes están organizados en 657 mesas a nivel municipal, departamental, distrital y nacional.
Junto con su presencia en los Comités de Justicia Transicional, se logra que las propias víctimas incidan en la elaboración, seguimiento y evaluación de las iniciativas de prevención, protección, atención, asistencia y reparación relacionadas directamente con ellas.
Para la directora de la Unidad para las Víctimas, Paula Gaviria, “vale la pena recordar que la vigencia de la Ley es de 10 años, en los cuales el Gobierno se propone a atender y reparar a un porcentaje significativo de la población víctima, a través de un modelo que supera el asistencialismo para fomentar la superación de su condición de vulnerabilidad y la reconstrucción de su proyecto de vida, propósitos que por el amplio universo de esta población, que se acerca a las 6 millones de personas, requiere la participación activa no solo del gobierno sino de la sociedad en su conjunto”.
