Colombia | Continúan las protestas y la CIDH reitera preocupación por la represión
Así van las marchas y plantones de este viernes en Medellín
Este viernes 7 de mayo persisten las manifestaciones ciudadanas en Medellín y el Valle de Aburrá en el marco del paro nacional que inició desde el pasado 28 de abril.
Colectivos se movilizarán en diferentes sectores de la ciudad y los municipios del área metropolitana por lo que se espera cierres de vías y congestión a la movilidad.
A esta hora avanza, en completa calma, una movilización ciudadana por la calle 73 con Carrera 69, sector Pilarica, en el Occidente de Medellín. La movilidad está reducida en el sector y las autoridades recomiendan tomar rutas alternas.
También se está bloqueado desde el mediodía la entrada al municipio de Copacabana, en el Norte de Aburrá, en ambos sentidos, al igual, sobre las 3 p.m., que la autopista Medellín-Bogotá, a la altura de Guarne.
Tenga en cuenta que estas manifestaciones también podrían alterar el servicio del sistema Metro, en sus líneas de buses, Tranvía y Metroplus.
A esta hora el sistema metro funciona normalmente luego de que en la mañana fue suspendida “por procedimiento de seguridad”, la línea A que solo operó entre La Estrella y Prado.
Estas son algunas movilizaciones programadas para este viernes:
Sur
En el sur del Valle de Aburrá, colectivos marcharán entre el parque de El Poblado y el parque principal del municipio de Envigado. Las manifestaciones están programadas a las 10:00 a.m. y las 4:00 de la tarde, esta última terminará con una velatón.
Esa misma actividad también se realizará desde las 5:00 p.m. en el parque de El Poblado.
Robledo
Así mismo, las instituciones de educación ubicadas en la comuna 7, Robledo, realizaronn una jornada llamada «Robledo se moviliza» que inició a las 10:00 de la mañana con una pintantón, luego habrá una movilización desde la sede del Tecnológico de Antioquia hasta el ITM y el Pascual Bravo.
Parque de las Luces
Una hora más tarde, a las 11:00 a.m. se realizó en el parque de Las Luces una concentración denominada “Asamblea Popular”, que posteriormente se convertirá en una movilización que aún tiene su recorrido por establecer.
Buenos Aires
A la misma hora, pero en la comuna 9, Buenos Aires, se realizará una marcha que saldrá desde la urbanización Ciudad del Este, ubicada en la carrera 49 con calle 10c.
Ya en la tarde, la corporación Ciudad para todos tiene pactado un plantón por la vida en la calle 51 con carrera 81, desde las 4:00 p.m.
Castilla
En la comuna 5 Castilla, la comunidad organiza una marcha de antorchas que saldrá a las 6:00 de la tarde de la iglesia San Judas (carrera 68 con calle 98) el recorrido aún está por definirse. Desde las 3:00 p.m. se realizará un taller para la elaboración de los elementos que se utilizarán en la manifestación.
La Loma
Entre tanto, la comunidad de La Loma, en el corregimiento de San Cristóbal, la población organiza una velatón desde las 6:00 p.m. en la Concha acústica del sector.
Bello
Así mismo, grupos de motociclistas han citado a una rodada pacífica desde las 7:00 p.m. con salida de la bomba del barrio Zamora, en el municipio de Bello.
Organizaciones sociales de Cali afirman que el paro nacional es indefinido
En una rueda de prensa convocada por los actores sociales en el punto de Sameco, al norte de Cali, comunidades indígenas, barriales, sindicales, y estudiantiles anunciaron que se mantendrán en paro indefinido.
Aseguran que continuarán con los bloqueos en los 18 puntos establecidos en Cali, como Sameco, Paso del Comercio, Puerto Resistencia, Siloé, la Loma de la Cruz, entre otros, y tendrán el acompañamiento de la Minga Indígena proveniente del Cauca. Manifestaron que están abiertos al diálogo, pero desde los territorios y no desde el Gobierno Nacional.
«Queremos decir que mientras no haya garantías frente a la protesta justa y social realmente el paro va a continuar y frente a esa situación de orden desde el Gobierno de empezar a disparar contra el pueblo le queremos enviar a los soldados que no puede seguir disparando a sus hermanos porque los que estamos en la calle somos los escogidos, los marginados», aseguró un Consejero Mayor indígena del Putumayo.
Los manifestantes en los que se agrupan al menos 70 organizaciones, aseguraron que crearán un nuevo pliego de peticiones para discutir con el presidente Iván Duque, entre esos puntos está el accionar de la fuerza pública.
«De manera colectiva, todas las organizaciones en los puntos de concentración hemos venido avanzando en una construcción colectiva de un escenario que nos pueda llevar a una unión al rededor del Paro Cívico», indicó un vocero del movimiento barrial.
Este viernes, desde Sameco, la Plazoleta Jairo Varela, el Puente de los Mil días, Puerto Rellena o Resistencia, Estación Universidades y las canchas Panamericanas, se realizará la marcha de los estudiantes que llegará a la Loma de La Cruz, sobre la calle quinta en el centro de Cali.
En vivo Paro Nacional en Bogotá: 20 manifestaciones avanzan en Bogotá
Este viernes 7 de mayo, el décimo día de Paro Nacional, se presentan nuevas manifestaciones en la capital. Siga el minuto a minuto de la jornada.
#ParoNacional A esta hora indígenas Misak y ciudadanos se movilizan en Bogotá. Este viernes se cumplen diez día de manifestaciones. pic.twitter.com/lNRBRZT8L9
— El Espectador Bogotá (@BogotaEE) May 7, 2021
La CIDH y su RELE expresan preocupación ante la gravedad y elevado número de denuncias de violaciones de derechos humanos durante las protestas sociales en Colombia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresan su más profunda preocupación por la gravedad y el elevado número de denuncias de violaciones a los derechos humanos producto del uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas sociales. En este sentido, instan a las autoridades a investigar diligentemente estas denuncias, respetar los derechos humanos de las personas manifestantes y a convocar espacios de diálogo con amplios sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones sociales y de víctimas.
La CIDH y su RELE vienen dando seguimiento a la respuesta del Estado ante las protestas sociales iniciadas el 28 de abril, a nivel nacional, así como a las diversas denuncias de posibles violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, particularmente en las ciudades de Cali, Manizales, Bogotá, Medellín, Neiva y Barranquilla.
Al respecto, entes nacionales como la Defensoría del Pueblo, reportaron que, desde el inicio de las manifestaciones se habrían presentado al menos 26 personas fallecidas, y cientos de personas heridas; y que que se desconoce el paradero de por lo menos 90 personas manifestantes. La Policía Nacional de Colombia señaló que habrían localizado a 47 de estas personas dadas por desaparecidas. Por su parte, organizaciones de la sociedad civil, informaron que, hasta el 6 de mayo, se habrían contabilizado al menos 37 personas fallecidas, 234 víctimas de violencia física presuntamente por parte de la policía, entre ellas 98 por disparos de arma de fuego, 26 con lesiones oculares, y 58 agresiones y abusos contra personas defensoras.
Por otra parte, la Comisión Interamericana y su RELE recibieron con consternación la existencia de al menos 11 denuncias de violencia sexual contra mujeres manifestantes, presuntamente cometidos por agentes de la fuerza pública. En relación con esto, recuerdan que la violencia sexual comprende todas aquellas acciones de naturaleza sexual que se perpetran sin el consentimiento de una persona, desde la invasión física del cuerpo hasta las que no involucren contacto físico alguno. La CIDH enfatiza que dichos actos son absolutamente inaceptables y jamás se debe utilizar como una forma de control del orden público por parte de los cuerpos de seguridad de un Estado.
De igual manera, la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI-Colombia) de la Comisión Interamericana tomó nota de información sobre hostigamientos y amenazas que recibió una delegación conjunta de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y representantes de Naciones Unidas en Cali en la noche del 3 de mayo. Al respecto, la CIDH y su RELE repudian dichos hechos y destacan que las instituciones mencionadas, al igual que todas las personas defensoras de los derechos humanos, desempeñan una labor esencial en la investigación, protección y promoción de los derechos humanos, razón por la cual deben ser respetadas y gozar de protección especial por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
En ese marco, destaca su preocupación ante declaraciones estigmatizantes e intimidatorias por parte de las autoridades estatales, entre las cuales resultan particularmente preocupantes aquellas que califican a los manifestantes y a las víctimas como «terroristas», «enemigos» o «delincuentes».
La Comisión Interamericana también toma nota de la información sobre desmanes y actos vandálicos que han dejado al menos 676 personas policías heridas, Comandos de Atención Inmediata (CAI) atacados, y condena el incendio de uno de ellos en Bogotá con 14 agentes en el interior del mismo. La CIDH reprueba todo uso de violencia que atente contra la integridad y vida de las personas, y recuerda que la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica.
Respecto a todos los hechos de violencia registrados en Colombia, la Comisión Interamericana insta al Estado a investigar, de forma imparcial, exhaustiva y expedita, las violaciones de derechos humanos y demás delitos que se hayan cometido en el contexto actual, así como juzgar y sancionar los responsables. Asimismo, la CIDH y su RELE recuerdan que los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público. La represión directa a los manifestantes o la detención arbitraria de manifestantes son incompatibles con el derecho de manifestar su opinión pacíficamente. El hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones indiscriminadas.
La Comisión Interamericana y su RELE, recalcan que la actuación de los agentes de seguridad del Estado debe darse en estricto apego a los estándares internacionales de derechos humanos, los cuales establecen el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. En ese sentido, los operativos de seguridad deben ser planificados bajo protocolos de actuación claros que garanticen el uso adecuado, progresivo y proporcional de armas menos letales y favorezcan el diálogo. En este orden de ideas, incentivan a que las autoridades correspondientes tomen las medidas necesarias para cesar de forma inmediata el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
Acerca del elevado número de cifras de violaciones a los derechos humanos, la CIDH y su RELE enfatizan su preocupación por la falta de celeridad en la consolidación de registros sobre esas denuncias. En este sentido, llaman a las autoridades estatales a agilizar la consolidación de los balances actualizados, confiables y transparentes de denuncias de hechos de violencia, proporcionar información sobre detenciones y paradero de las personas bajo su custodia, además de investigar diligentemente las violaciones de derechos humanos, y ante ello, establecer responsabilidades correspondientes
Además, se tuvo conocimiento sobre el despliegue de fuerzas militares para reforzar la seguridad ciudadana en el contexto de las protestas sociales, y ratifican que el Estado debe limitar al máximo la participación de fuerzas militares en tareas de seguridad interna, y que, en todo caso, esta debe ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada. A su vez, reiteran que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos.
La Comisión Interamericana y su RELE manifiestan también su más profundo rechazo a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación. Según reportes recibidos, se habrían registrado graves agresiones a equipos periodísticos que cubren las protestas, ataques a instalaciones de medios de comunicación y denuncias sobre obstáculos para acceder a información pública. Al respecto, exhortan al Estado a garantizar la libertad de prensa, un derecho que adquiere especial relevancia en el contexto actual por el que atraviesa Colombia. Asimismo, consideran fundamental que las autoridades a cargo, en sus distintos niveles de responsabilidad, y liderazgos públicos que convocan a la protesta rechacen públicamente todo acto de violencia contra periodistas y medios de comunicación.
Finalmente, urge al Estado a entablar un diálogo efectivo e inclusivo con la sociedad colombiana, tomando en especial consideración a representantes de grupos en situación de vulnerabilidad, para abordar las demandas legítimas de la población, con el máximo respeto a los derechos humanos y en el marco democrático del Estado de Derecho.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Colombia: Preocupan las denuncias de desapariciones y violencia sexual contra manifestantes
A pesar de la creciente condena nacional e internacional, la respuesta militarizada y la represión policial de manifestaciones, en su gran mayoría pacíficas, continua en diferentes ciudades de Colombia. La policía ha hecho uso de la fuerza de manera indiscriminada y desproporcionada, y se reportan alarmantes cifras de violencia sexual y de personas dadas por desaparecidas, denunció Amnistía Internacional hoy. La desaparición forzada y la violencia sexual perpetrada por autoridades son crímenes de derecho internacional que cualquier Estado está facultado a investigar y perseguir.
“Las autoridades colombianas deben garantizar el derecho a la reunión pacífica y abstenerse de estigmatizar y reprimir las manifestaciones que se mantienen en todo el país desde el 28 de abril. La garantía de los derechos a la vida y a la integridad de las personas que se manifiestan pacíficamente debe ser el eje central de la actuación de las autoridades, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Amnistía Internacional ya ha denunciado incidentes en los que las fuerzas de seguridad hacen uso de armas letales y menos letales de forma indiscriminada, y a pesar de las múltiples condenas internacionales frente a esta evidencia, la organización continúa documentando graves casos de uso excesivo de la fuerza contra personas manifestantes. A través del análisis y verificación de imágenes audiovisuales, la organización ha comprobado, por ejemplo, el uso de lanzagranadas de gas lacrimógeno, disparadas por oficiales del ESMAD a una corta distancia de manifestantes en Cali. En otro incidente que Amnistía Internacional pudo verificar en Bogotá, la policía utilizó un arma de fuego contra una persona que huía. La organización recibió también denuncias que la noche del 4 de mayo en el barrio Siloé de Cali hubo disparos directos a manifestantes, amenazas y torturas.
Las autoridades colombianas deben garantizar el derecho a la reunión pacífica y abstenerse de estigmatizar y reprimir las manifestaciones que se mantienen en todo el país desde el 28 de abril.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Hasta el 6 de mayo, la ONG Temblores ha reportado la muerte violenta de 37 personas, 1.708 casos de uso abusivo de la fuerza, 26 víctimas de agresión ocular, 234 víctimas de violencia física y 934 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes. Asimismo, denunció que 11 personas fueron víctimas de violencia sexual. Por su parte la Defensoría del Pueblo alertó sobre 87 personas dadas por desaparecidas en el marco de las manifestaciones, sin embargo esta cifra está pendiente de actualización. La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada formada por organizaciones de víctimas documentó, al 4 de mayo, 135 denuncias de posibles desapariciones forzadas. Al menos 28 de estas personas ha sido localizadas desde entonces.
Ha habido múltiples denuncias de abusos sexuales durante la detención de personas por parte de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, una mujer que se manifestaba en Cali el 30 de abril denunció en redes sociales ser víctima de abuso sexual por agentes del ESMAD. Durante una confrontación, varios agentes dispararon gases para dispersar a quienes protestaban. A pesar de que ella tenía sus brazos arriba en señal pacífica, los agentes del ESMAD separaron a las mujeres de los hombres y un agente abusó sexualmente de ella en presencia de sus compañeros.
“Extendemos el clamor de todas las personas que han sido víctimas de violencia basada en el género en el marco de las protestas en Colombia. Iván Duque, como máximo jefe de la Fuerza Pública debe pronunciarse sobre estos hechos. El silencio no deja más que un velo de impunidad y complicidad. Hemos recibido varios casos de abuso sexual por parte de agentes del ESMAD y reprochamos tajantemente el uso de la fuerza contra los cuerpos de las mujeres como una forma de castigo,” dijo Erika Guevara Rosas.
“Las autoridades colombianas deben investigar toda denuncia de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional de manera expedita, imparcial y exhaustiva, garantizando los derechos y la seguridad de las víctimas y testigos. No debe prevalecer la impunidad ante estos graves delitos.”
Los estándares internacionales de derechos humanos son contundentes en exigir que el uso de la fuerza por parte de la policía en el manejo de manifestaciones debe ser un último recurso y guiarse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. El uso de la fuerza para mantener el orden frente a situaciones que no supongan una amenaza concreta a la vida o integridad física de terceros se considera un uso desproporcionado de la fuerza, y por ende contrario a los estándares internacionales.
Iván Duque, como máximo jefe de la Fuerza Pública debe pronunciarse sobre estos hechos. El silencio no deja más que un velo de impunidad y complicidad.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Aunque la mayoría de las manifestaciones son pacíficas, han habido también denuncias de destrucción y daño de mobiliario urbano público y privado, así como obstrucción de las vías públicas. Sin embargo, algunas expresiones violentas aisladas no pueden ser motivo para estigmatizar todas las manifestaciones como violentas, ni para reprimirlas violentamente.
Amnistía Internacional expresa su preocupación por el hecho de que autoridades del gobierno nacional hayan declarado públicamente que las manifestaciones tienen fines “terroristas” y que, por esta razón, se justifique el uso excesivo de la fuerza contra la población. Además, las declaraciones de autoridades locales llamando a civiles a levantar sus armas contra manifestantes es alarmante y pareciera justificar la utilización de estrategias paramilitares. Esto no solamente es violatorio de los estándares de derechos humanos, sino es una afrenta a todas las víctimas de grupos paramilitares en un país que tiene el conflicto armado interno más largo del continente. La estigmatización de la protesta social solo genera represión y violaciones de derechos humanos, así como un ambiente de desconfianza en las autoridades que no conduce al establecimiento genuino de canales de diálogo.
Amnistía Internacional ha suscrito una firme petición global de 650 organizaciones de la sociedad civil demandando una exhaustiva investigación sobre las violaciones de derechos humanos en el contexto de la represión, y haciendo un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que solicite la anuencia del Estado colombiano para visitar el país e instalar un mecanismo independiente de personas expertas que colabore con la investigación de los hechos y garantice justicia para las víctimas.
INFORMACIÓN ADICIONAL
El uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional ha sido ampliamente documentado por Amnistía internacional en Colombia. La organización condenó los actos de tortura y uso excesivo de la fuerza en el marco de manifestaciones pacíficas ocurridas en noviembre del 2019 y septiembre del 2020.
En septiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia colombiana emitió un fallo histórico instando a la Fuerza Pública a abstenerse de incurrir en intervenciones sistemáticas, arbitrarias y violentas en manifestaciones públicas tras verificar los hechos de violencia desmedida ocurridos en noviembre y diciembre del 2019. Según denuncias de organizaciones y redes de derechos humanos, dicho fallo no ha sido acatado aún por las autoridades colombianas.
Las autoridades colombianas tienen la obligación de respetar el derecho humano a la reunión y protesta pacífica, estrechamente ligado a los derechos a la expresión y a la participación política. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que la falta de respeto y garantías del derecho a la reunión pacífica suele ser un indicio de represión.
Almagro condena ‘tortura’ y ‘asesinatos’ en Colombia
«Condenaremos especialmente los casos de tortura y asesinato cometidos por las fuerzas del orden», indicó el diplomático uruguayo en una declaración publicada en Twitter con respecto a las protestas contra el gobierno de Iván Duque que se extienden desde hace diez días y que han dejado 26 muertos.
Almagro indicó que la secretaría de la OEA reconoce «la protesta pacífica como un derecho básico y fundamental que debe ser protegido», pero también llamó a que sean amparados los derechos de quienes no se manifiestan.
Las manifestaciones comenzaron como una movilización contra una reforma fiscal regresiva, ya retirada, que derivó en un movimiento de protesta más amplio contra el Gobierno.
Los bloqueos en las carreteras han provocado escasez de combustible en ciudades como Cali y Pereira. «El derecho a la protesta no puede ser un pretexto para vulnerar los derechos fundamentales de la población», señaló Almagro, quien exhortó al «cese de los bloqueos».
El jefe de la OEA valoró el informe enviado por la Defensoría del Pueblo a la Fiscalía respecto a la «judicialización de la responsabilidad penal por parte de aquellos miembros de la fuerza pública que se han excedido y que han cometido delitos».
Almagro también destacó el procesamiento de quienes han transformado «la protesta en vandalismo y que ha confundido el vandalismo con acciones de naturaleza terrorista».
Colombia atraviesa una dura situación económica derivada de la pandemia de coronavirus que azota duramente al continente, la cual provocó una contracción del PIB local de 6,8 por ciento en 2020, llevando el desempleo al 16,8 por ciento en marzo y sumiendo a casi la mitad la población en la informalidad y la pobreza, según cifras oficiales.
