República Dominicana | El Congreso comenzó a debatir la despenalización del aborto en tres causales
Congreso: los diputados inician debates del Código y activistas tres causales reinstalan el campamento
Con centrada atención en el tema del aborto, la Cámara de Diputados inició los debates del proyecto de reforma del Código Penal que mantiene dividido el escenario social entre los que luchan por su despenalización en tres causales y quienes están en contra.
El proceso se desarrolló por casi tres horas, con un grupo de activistas que montaban una vigilia frente al Congreso Nacional, al Palacio Presidencial y en el parque Juan Pablo Duarte, de Santiago, para que sean escuchados sus derechos a elegir.
Aunque antes de iniciar los debates el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que unos 20 diputados expondrán sus consideraciones en torno a la pieza legislativa, sólo nueve legisladores pudieron expresar sus consideraciones.
Para este miércoles otro grupo de diputados se sumará a los debates, que podrían extenderse durante varios días.
El primero en agotar su turno fue del presidente de la Comisión de Justicia, Alexis Isaac Jiménez, quien precisó que no existe “una ley que cambie tanto los contenidos después de la Constitución de la República como es el Código Penal”.
Aseguró que el bien jurídico más protegido es la vida, la dignidad humana y la libertad, que es regulada por el Código Penal.
Resaltó que el feminicidio, los homicidios agravados, los tratos crueles e inhumanos, el autosecuestro, el uso de sonidos e imágenes sin el consentimiento y el robo de identidad son penalizados en esa pieza legislativa.
Jiménez manifestó que el Código Penal vigente, que data del 1884, está “anquilosado, atrasado y obsoleto”.
Entiende que el inicio de los debates no debe ser un día de división, “ni de blancos, ni de azules, ni de verdes, debe ser un día de unión”. Detalló las novedades del proyecto de ley y dijo que una de las características del texto es que tiene una parte general que está completamente remozada.
El diputado de Alianza País, Jose Horario Rodríguez, pidió a sus colegas apoyar con su voto favorable el voto disidente que presentó junto al diputado Santiago Vilorio. Dijo que como hombres y mujeres de Estado debían aprobar un Código Penal que no siguiera arrastrando la vulneración de los derechos fundamentales, previstos en la Carta Magna.
En tanto que el diputado del PRM, Darío de Jesús Zapata, informó que era uno de los abanderados de que solo se dejara una causal en el Código Penal, cuando peligra la vida de la madre y del feto. Sobre las otras dos causales, cuando el embarazo es producto de una violación o incesto o cuando el feto viene con malformación, precisó que constituían “una perturbación y no hacían viable la aprobación del Código Penal”.
El diputado peledeísta Víctor Suárez expresó que la aprobación del Código Penal es un compromiso histórico que tiene su partido. Pidió al Poder Ejecutivo promulgar esa pieza legislativa, contrario a los antecesores que lo observaron y devolvieron al Congreso Nacional.
Un manifiesto
Antes de los debates la diputada perremeísta Soraya Suárez leyó un manifiesto provida que firmaron 112 diputados de diferentes partidos políticos. Mientras Suárez defendió el derecho a la vida, su colega pero del PLD, Magda Rodríguez, dijo que ese grupo estaba obviando el derecho a la “vida de las ya nacidas”, en referencia a las madres.
Instalan campamento
Pese a que los activistas a favor de las tres causales tuvieron que enfrentar dos incidentes con agentes de la Policía Nacional frente al Congreso Nacional, desde ayer lograron instalar un campamento que estará, según aseguraron, hasta que se terminen los debates sobre el Código Penal.
Hasta ayer los manifestantes a favor de la despenalización del aborto habían instalado tres campamentos.
También, la seguridad en las afueras de la sede del Poder Legislativo ha sido reforzada.
El primer incidente se registró a las 1:00 de la madrugada y según los activistas: “Habíamos coordinado con la Policía y en la madrugada se presentan de manera violenta”.
Aseguraron que un grupo de agentes policiales de manera “violenta” se precipitaron en contra del grupo de manifestantes que se encontraban acampando.
Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, desligó a ese órgano legislativo de esa acción y la condenó enérgicamente.
Más tarde, a través de una nota de prensa, la Policía Nacional informó que sus agentes actuaron cumpliendo con el protocolo debido a que los manifiestantes intentaron instalar el campamento en horario de toque de queda y tampoco contaban con el permiso de parte de las autoridades.
Un segundo incidente se originó a media mañana cuando otra vez los agentes del orden intentaron desalojar a los activistas apostados frente al Congreso Nacional. Varios diputados tuvieron que intervenir en una acalorada discusión.
Como hombres y mujeres de Estado estamos obligados a hacer leyes en el marco de la ética cívica, más allá de creencias…”. Jose H. Rodríguez
PGR investiga intoxicaciones
La procuradora general Miriam Germán Brito calificó como “un hecho muy grave” la intoxicación de varias personas en el campamento a favor de las tres causales después de ingerir un postre que les enviaron de regalo.
Según un comunicado de prensa, la procuradora Germán Brito aseguró que “el Ministerio Público despliega todas las diligencias de investigación para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades”.
¿Por qué es importante que el Estado apruebe las tres causales?
A través de las tres causales demandamos que las mujeres y el personal de salud no vayan a la cárcel por interrumpir un embarazo en tres situaciones de fuerza mayor.
Cuando se interrumpa el embarazo para salvar la vida de la mujer, por ejemplo, en el caso de un embarazo fuera de su centro.
En esta circunstancia exigimos que la ley no obligue a la mujer a morir y que los médicos y el personal de salud no vayan presos por salvar la vida a una mujer.
La otra situación de fuerza mayor es cuando no existe posibilidad de vida fuera del vientre materno, por ejemplo, una criatura que no tiene cerebro.
Acto de crueldad
Consideramos que es un acto de crueldad y tortura obligar a una mujer a cargar nueve meses con un embarazo a sabiendas de que esa criatura no tiene posibilidad de vivir. Además de poner en riesgo también la salud y la vida de la mujer.
La tercera situación de fuerza mayor, es cuando el embarazo es producto de una violación, o un incesto, por ejemplo, una niña violada por su padre, su hermano o por su abuelo.
Obligar a una mujer víctima de una violación a continuar con un embarazo puede afectar su salud y su dignidad.
Estas tres causales no suponen la legalización del aborto, el cual seguirá penalizado, lo que se pretende es evitar que las mujeres y el personal de salud vayan a cárcel por interrumpir el embarazo en estas situaciones extremas y de fuerza mayor.
No hay obligación
Es importante destacar que las tres causales no obligarán a ninguna mujer a interrumpir un embarazo; si en alguna de las situaciones mencionadas decide continuar con el embarazo, el Estado debe garantizarle todas las condiciones para proteger su salud, su vida y su dignidad.
Las tres causales están protegidas por la Constitución dominicana en muchos de sus artículos.
Prohibir las tres causales, no previene los abortos, más bien incentiva su práctica clandestina y de riesgo.
Prohibir las tres causales, no salva vida, más bien mata mujeres y fetos, porque no hay posibilidad de salvar un feto que no sea a través de salvar la vida de la mujer.
La importancia
¿Por qué es importante que el Estado Dominicano apruebe las tres causales?
Porque de no aprobarse muchas mujeres seguirán muriendo, al igual que Esperancita, y muchos médicos y enfermeras que salven la vida a las mujeres irán a la cárcel.
El personal de salud requiere ejercer su práctica de manera segura y confiada.
Porque se requiere de una legislación penal acorde con los tiempos, la Ley penal que prohíbe las tres casuales tiene 135 años, solamente 6 países en el mundo prohíben de manera absoluta la interrupción del embarazo.
Porque la mayoría de la población está a favor de las tres causales, según un estudio de opinión pública realizado en el 2018, en la República Dominicana, el 79 % de los encuestados considera que el aborto no debería estar penalizado cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo, el 76 % cuando el embarazo no es viable y el 67 % cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto.
Porque representa un serio problema de salud pública. Se estima que cada año 25,000 mujeres y niñas son atendidas en el sistema de salud pública de la República Dominicana por complicaciones vinculadas con abortos espontáneos o inducidos.
Según el Ministerio de Salud Pública, en la República Dominicana las complicaciones vinculadas con abortos espontáneos o inducidos causa, entre el 8 y el 13% de las muertes maternas.
A esto se une que la mortalidad materna en el país se está incrementado a niveles alarmantes. Según la Dirección General de Epidemiología, el 2020 cerró con 208 muertes maternas, lo que significa 35 muertes más que en el 2019 y al 13 de marzo del 2021, ya se habían registrado 41 muertes maternas, 13 más que en el 2020 para la misma fecha.
Primeros lugares
Porque este país ocupa los primeros lugares en violación e incesto. A pesar del subregistro existente, en el 2020 en el país se registraron 5227 denuncias de delitos sexuales y de esos, el 25 % fueron violaciones e incesto.
Por todas las razones expuestas consideramos que los legisladores tienen la oportunidad de resolver un problema que han estado evadiendo por más de 20 años.
Dejar el problema sobre la mesa no sería una decisión sabia y sensata.
El PRM llegó al poder con la promesa de las tres causales, renunciar a su compromiso le podría acarrear serios problemas políticos en el futuro.
El presidente de la República tiene el mandato constitucional de asegurar los derechos, la vida, la salud y la integridad de sus ciudadanos y ciudadanas, además de sus obligaciones en el marco internacional de los derechos humanos.
Por tanto, se espera que ejerza su liderazgo para garantizar esos derechos.
El momento es ahora o seguiremos en las calles profundizando la lucha.
Sergia Galván O.
Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres
— Perfil
Maestra, orientadora y desde 1979, activista feminista. En 1980 se integra a Acción Femenina Incorporada. Vivió en México en los años 1989-92, donde se especializó en estudios de la mujer. Es Co-Fundadora de la Red de Mujeres Afrodescendientes.
Dato
79 % Apoyan causales en el país
Considera que el aborto no debe estar penalizado cuando la vida la mujer está en riesgo.
ONU recomienda a RD despenalizar el aborto, como se comprometió en 2019
Por Yhanelly Rodriguez
El Sistema de las Naciones Unidas (ONU) recomendó este martes a República Dominicana promulgar las medidas legislativas necesarias para despenalizar el aborto en sus tres causales, asegurando que en el 2019, este Estado aceptó esas recomendaciones y se comprometió a implementarlas.
La ONU dijo que la jurisprudencia de los mecanismos internacionales creados por tratados ratificados por la República Dominicana indica claramente que negar el acceso a la interrupción del embarazo a las mujeres, particularmente en las tres causales, viola los derechos a su salud, a su privacidad y, en ciertos casos, a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Asimismo, reiteró la importancia de asegurar el acceso a estos servicios, de conformidad con los estándares de derechos humanos, como parte de las obligaciones del Estado para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y garantizar el derecho de éstas a la salud, así como a su dignidad y otros derechos humanos fundamentales.
Rechazó y condenó este martes el alegado intento de intoxicación a algunas personas defensoras de las tres causales del aborto, así como las denuncias realizadas sobre agresiones por parte de agentes policiales, quienes este martes fueron a desalojarlas.
Aseguró que ve esos hechos con gran preocupación y que acogen con beneplácito la celeridad con que la Procuraduría General de la República inició una investigación preliminar.
Hizo un llamado a las autoridades competentes a realizar investigaciones oportunas, imparciales e independientes frente a esas alegaciones.
Dijo que de ser confirmados esos hechos, podrían constituir un serio atentado, entre otros, a los derechos humanos, a la vida y a la integridad física, a la libertad de opinión y de expresión, a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
Agregó que eso revelarían la necesidad para el Gobierno dominicano de adoptar medidas eficaces para evitar un entorno profundamente hostil, de descrédito y de desprotección de las personas defensoras de derechos humanos, activistas sociales y periodistas que apoyan la inclusión de las tres causales en la actual reforma al Código Penal.
En este sentido, destacó la importancia de respetar el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, enfatizando que cualquier uso de la fuerza por parte de los agentes policiales sólo es procedente cuando es estrictamente necesario, en una medida equivalente al acto que se pretende disuadir, bajo las hipótesis que el ordenamiento jurídico establece y utilizando los procedimientos y medios reconocidos legalmente.
La ONU exhortó a todos los actores de la sociedad dominicana a mantener una postura de diálogo inclusivo con todas las partes interesadas y a abstenerse de realizar cualquier acción que pueda poner en riesgo el Estado de Derecho, los principios de participación democrática, y vulnerar los derechos humanos en el país.
