El vaivén de los Derechos Humanos en América Latina – Por Dolores Gandulfo
Por Dolores Gandulfo *
En la historia latinoamericana, los Derechos Humanos y su plena vigencia ha tendido a oscilar entre avances y retrocesos continuos. Hoy en día, asistimos a una región en la cual estos avances y retrocesos en materia de derechos son constantes y reiterados.
Desde las independencias, atravesando la conquistas de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, siempre se han dado momentos históricos en los que a la consagración de un derecho humano le sucede unaregresión en materia de derechos.
Estos vaivenes se dan también en nuestro presente. Se observa en un contexto regional cuando el compromiso con los derechos humanos por parte de algunos países coinciden con el desinterés de otros por promoverlos, respetarlos, defenderlos y protegerlos.
A continuación, una pequeña muestra de esto que señalamos.
Hace un par de meses, en el día que se conmemora el día internacional de los Derechos Humanos, en nuestro país se inauguró en la ex ESMA, que fuera un centro clandestino de detención y tortura en la última dictadura cívico-militar, una sede de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una Institución de promoción, protección y defensa de los derechos humanos.
El hecho podría pasar como cualquier otra apertura de una oficina descentralizada de una Institución de Derechos Humanos, pero hay que detenerse y reflexionar brevemente sobre la significancia del acontecimiento.
Desde el año 2004 en Argentina es política de Estado la recuperación de centros clandestinos para transformarlos en Espacios para la Memoria. Hoy contamos con espacios, como el de la ex ESMA, que albergan Organismos e Instituciones de Derechos Humanos y hasta centros de formación que en sus planes de estudio ponen énfasis en estos derechos fundamentales. Desde Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., hasta el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur, pasando por el Equipo Argentino de Antropología Forense, todos y todas resignificando ese espacio.
En medio de la pandemia, estos Organismos de Derechos Humanos también dieron una lección significativa al emitir un comunicado en el que dieron a conocer la decisión de no convocar a la histórica marcha de los 24 de marzo, a 45 años del golpe de estado, debido a la grave situación epidemiológica, abogando por el derecho a la vida y la salud.
Es claro que las acciones por más memoria, más verdad y más justicia no quedarán en la nada, sino que se multiplicarán exponencialmente en cada casa, cada barrio y cada espacio que honre y respete los Derechos Humanos. Mientras esto sucede en Argentina, en otros países de América Latina se conocen hechos que perturban. Desde hace décadas, en medio de uno de los conflictos intraestatales más graves de América Latina por su duración e intensidad, Colombia impulsó como política de estado la ejecución de personas para presentarlas ante las autoridades como números, que representaban a los guerrilleros caídos en combate. Los conocidos “falsos positivos”.
El mecanismo fue muy perverso. Integrantes de las fuerzas militares de Colombia engañaban a civiles de zonas rurales, para ejecutarlos y engrosar el número de guerrilleros abatidos, intentando mostrar un avance sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Resulta que varios de esos guerrilleros caídos en combate eran civiles, en algunos casos personas en situación de calle y con discapacidades.
Hace unas semanas, el Jurado Especial para la Paz, surgido de los acuerdos de paz promovidos y firmados por el ex Presidente Juan Manuel Santos, triplicó el número de falsos positivos registrados entre el 2002 y 2008, que pasó de ser 2.248, según la fiscalía general del Estado, a 6.402, número establecido por la Jurisdicción Especial para la Paz. De estos, el 78% fueron ejecutados durante la gestión del ex Presidente Álvaro Uribe, conocido por su “política de seguridad democrática”. Queda claro hoy que de seguridad y de democracia, esa política no tenía nada.
Al día de hoy en Colombia las cosas no parecen haber cambiado. Estos días el Gobierno Nacional publicó un informe que reconoce apenas el 21% de los homicidios a defensores y defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales. Estos homicidios, contabilizados en 66 por el Gobierno, escalan a 182 si consideramos un reporte de la Defensoría del Pueblo de Colombia; pero aumentan a 310 si tomamos en cuenta el informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Estos crímenes han recrudecido luego de la firma del acuerdo de paz, interfiriendo gravemente en el proceso y generando preocupaciones en vastos sectores respecto a la posibilidad de lograr un cumplimiento efectivo del acuerdo.
Así son los vaivenes de los Derechos Humanos en América Latina. Mientras un país se propuso refundar y resignificar los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, otros se dedicaron a planificar la ejecución de civiles inocentes para ser presentados como casos exitosos de una guerra que se libraba en otros planos, e invisibilizan asesinatos a personas que defienden los derechos humanos y comunidades.
Son muchos los desafíos que aún quedan pendientes en materia de derechos humanos en nuestro continente. Es necesario articular entre los Estados y entre las Instituciones de Derechos Humanos para lograr reducir al máximo ese vaivén: que el avance en materia de derechos sea simultáneo en todos los países y que una posible regresión posterior no sea tal.
* Directora Ejecutiva de la Unidad de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad del Salvador.
