El lawfare en Paraguay y la destitución de Fernando Lugo – Por Emilio Camacho
Por Emilio Camacho *
Un concepto claro, bien delimitado de la utilización del sistema judicial de un país para perseguir a disidentes, lo tenemos en lo planteado por Carol Proner: el uso del Derecho y los derechos humanos para producir efectos contrarios o perversos a su vocación original no es una novedad; al contrario, en la correlación de fuerzas de la sociedad, el Derecho y la ley, en sentido amplio, son poderosos instrumentos de disputa. Así, y como señala la teoría crítica de los derechos humanos, el uso instrumental del Derecho suele producir efectos perversos, como la segregación y la selectividad en el uso de las normas de protección, privilegiando unos en detrimento de otros.
El proceso de utilización del sistema jurídico para perseguir a disidentes en el Paraguay es de larga data. No hace mucho Fernando Lugo fue desplazado del poder en forma arbitraria e inconstitucional en violación de todas las garantías constitucionales del debido proceso, con 19 horas para que fundamente su defensa. Fueron apenas 4 horas si dejamos de contar las horas nocturnas, pues el escrito de acusación llegó a Palacio aproximadamente a las 18 horas, y la convocatoria a audiencia era para las 9 de la mañana del día siguiente. La Constitución paraguaya contiene una enumeración taxativa de esos derechos y refiere al debido proceso siguiendo la línea establecida por el Pacto de San José de Costa Rica. Pues bien, todas ellas fueron directamente incumplidas, violentadas. Un juicio político no puede equipararse a uno jurisdiccional, pero no es menos cierto que por lo menos el derecho a la defensa, a producir y controvertir pruebas y a ser oído debe ser respetado.
En perfecta conjunción hubo una feroz campaña mediática, activismo judicial fiscal y ejecución en el Congreso. Se cerraba una etapa de esperanza democrática en el Paraguay de la peor manera: destitución arbitraria e ilegítima del presidente electo por el voto del pueblo.
Como segundo capítulo vinieron las denuncias en contra de ex altos cargos de la administración Lugo, que alcanzó a senadores, ministros y diputados. Hostigamiento que en algunos casos continúa hasta ahora. La aplicación total de la persecución política instrumentando el sistema judicial, hostigando al adversario, logrando autos de prisión preventiva, procesamientos o destituciones de altos cargos políticos se ha instalado con fuerza y la utilizan siempre que les sea necesario.
En el Paraguay, el látigo judicial fiscal se utiliza en perjuicio del más débil, en detrimento de quién pierde una batalla política electoral. Ocurre sistemáticamente con el hostigamiento a que son sometidos intendentes opositores.
La operación de derribo y acoso en contra de un gobierno democrático fue ejecutada a la perfección en junio de 2012, utilizando como pretexto detonador la masacre de Curuguaty, logrando la destitución de Lugo y, con ello, frenar brutalmente un proceso de cambio democrático en paz, en diálogo, sin percusiones políticas. Previamente, el trabajo arrollador de los grandes medios instalaron un ambiente de catástrofe y como no podían presentar ni denunciar grandes casos de corrupción, sembraban que Lugo era el caos político.
Desde junio de 2012 la amenaza de una imputación fiscal, una denuncia amañada, un juicio express montado, constituye una constante en el panorama político y social vigente. Debemos señalar que el presidente Lugo no soporta en este momento ninguna investigación judicial o fiscal. Las denuncias que se presentaron en su contra, especialmente en los primeros meses postgolpe parlamentario, hasta ahora se encuentran en sede fiscal, sin activar, pero instaladas como el arma que espera que alguien lo gatille.
El lawfare es como monstruo que hiberna, enroscado en su guarida, pero siempre listo para asestar su golpe mortal. Como prueba, hoy tenemos el caso de Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, el principal de la oposición, que fue denunciado, procesado, indagado y enviado a prisión por un juicio sobre rendición de cuentas electorales.
El lawfare debe ser enfrentado con firmeza, con decisión, sin posturas ambiguas, porque quienes se sirven del poder judicial no tienen límites, no tienen escrúpulos, más cuando ocurre en el marco de una disputa política.
* Doctor en Derecho, Universidad Complutense de Madrid, abogado defensor de Fernando Lugo en el juicio político y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
