México: agrupaciones indígenas y campesinas hacen un llamado de unidad en defensa de la tierra
Ante un posible embate contra la propiedad social, agrupaciones indígenas y campesinas hicieron un llamado de unidad a todas las organizaciones locales, regionales y nacionales de diversa índole para integrar un frente de defensa de la tierra y el territorio.
«Estamos preocupados porque la tierra, en el país, ya no tiene el destino de producir alimentos; el objetivo gubernamental es la explotación minera; tan sólo en los tres pasados sexenios -el de Ernesto Zedillo, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón- se entregaron 98 millones de hectáreas para proyectos mineros. Esos gobiernos repartieron la mitad del territorio en menos de 20 años. La superficie es similar a la extensión de tierra que constituyó el reparto agrario entre 1917 y 1992 para la producción de alimentos”, dijo Alejandro Cruz, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAÍZ).
La Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) también alertó en torno al riesgo de privatizar ejidos y comunidades, pues con ello avanzaría el control de la producción de las semillas por oligopolios y la posibilidad de que se otorguen los premisos de siembra comercial del maíz transgénico.
Ambas agrupaciones, integrantes del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas
consideraron contradictorias las políticas sociales del gobierno, como la Cruzada Nacional Contra el Hambre, pues advirtieron que los cambios impulsados por la misma administración tendrán impactos negativos en las familias campesinos e indígenas.
En conferencia de prensa, las organizaciones señalaron que se ignora en qué consiste la reforma para el campo anunciada el pasado 6 de enero; pero «ante 30 años de políticas anti campesinas y 20 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es previsible que se siga avanzando por esas tendencias, lo cual es peligroso crearán una «gran inestabilidad y pobreza» en el campo.
Para los integrantes del CONOC es «inaudito» que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), «maneje la agenda de las grandes empresas» y que su titular, Enrique Martínez y Martínez, diga que «el 77% de las parcelas de menos de 5 hectáreas es inviable para la producción agropecuaria” y exprese su preocupación porque sólo el tres por ciento de la propiedad social se ha privatizado desde 1992, lo cual – según la visión gubernamental- dificulta la asociación y que los campesinos sean sujetos de crédito. Por ello, la insistencia del titular de la Sagarpa de buscar con reformas jurídicas para un tránsito más rápido de la propiedad social a la privada.
Las agrupaciones demandaron que se detengan las modificaciones legales a la tenencia de la tierra que afectarían a campesinos e indígenas; respeto a los territorios de pueblos campesinos e indígenas y cancelación de las concesiones a mineras, hidroeléctricas, eólicas, forestales, turísticas o inmobiliarias; exigen políticas de fomento favorables a la producción del campo; precios remunerativos garantizados y certidumbre en la comercialización de cosechas así como respecto a la producción de los pueblos campesinos e indígenas
No ceder a reformas que afecten a indígenas y campesinos sin haber tenido discusiones amplias con las comunidades originarias. Reformas contrarias a estas demandas «serían violatorias al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por no tomar el consenso informado de comunidades indígenas y campesinas», sostuvieron la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), ANEC, Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC), MAÍZ y Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF).
Los representantes de dichas agrupaciones informaron que participarán en el Congreso Popular citado que se llevará a cabo este 5 se febrero en el Monumento a la Revolución.
