Gobierno aplaza referendo constitucional para junio y la CIDH pide “garantizar el derecho de protesta”
Gobierno de Haití aplaza para junio referendo constitucional
El Gobierno de Haití anunció oficialmente que el referendo para modificar la Constitución se realizará en junio próximo, en el lugar del mes de abril, fecha previamente concertada.
Mathias Pierre, ministro delegado para Asuntos Electorales explicó en conferencia de prensa que el aplazamiento responde a las exigencias técnicas y logísticas de la Oficina Integrada de Naciones Unidas, para la adquisición y distribución de los materiales electorales.
Ya el presidente Jovenel Moïse había adelantado la víspera ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que se posponía la consulta popular, con cuya aprobación Haití regresaría a un régimen presidencial para fortalecer el poder ejecutivo.
La nueva carta magna también contempla la eliminación del Senado y la conformación de una Cámara de Diputados con el 10 por ciento de representantes de la diáspora.
A finales de enero el organismo internacional acordó prestar apoyo técnico y financiero al Consejo Electoral Provisional, además de capacitación y el transporte de los materiales a los distintos puntos del país, aseguramiento de urnas, papeletas y registros, entre otros.
No obstante, los planes gubernamentales aún reciben un fuerte rechazo de los sectores opositores y de la sociedad civil, para los cuales el referendo es inconstitucional pues esta figura o está reconocida en la carta magna vigente.
Además señalan que el mandato del presidente Jovenel Moïse culminó el 7 de febrero y un ‘gobierno de facto’ no puede emprender una modificación de la ley de leyes.
Las autoridades también organizan elecciones presidenciales y legislativas para septiembre próximo, aunque la oposición declinó participar en los comicios y reiteró que Moïse debe abandonar el poder.
Estas fuerzas alistan una masiva jornada de movilización gubernamental, después del éxito de las protestas de los últimos domingos.
La CIDH acompaña con preocupación la situación política e institucional en Haití, y llama al diálogo con apego a los derechos humanos y el Estado de Derecho
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acompaña con preocupación los hechos de violencia, uso excesivo de la fuerza, intento de interrupción del orden constitucional y desestabilización de la institucionalidad democrática en el país, observados desde el 7 febrero de 2021. En este sentido, la Comisión urge al Estado a garantizar el pleno respeto de sus instituciones democráticas e independencia de sus poderes, y llama a todos los actores políticos y sociales a atenerse a los canales de diálogo institucional con apego a los principios y reglas del marco constitucional y democrático. Asimismo, el Estado debe garantizar el derecho de protesta de conformidad con los estándares internacionales.
De acuerdo con información pública y recibida mediante sus distintos mecanismos de monitoreo, desde el 7 de febrero, la CIDH observa el aumento de las tensiones políticas y sociales, en contexto de los cuestionamientos sobre la duración del mandato presidencial. Al respecto, la CIDH ve con preocupación que dicha situación habría culminado con la detención de por lo menos 23 personas que estarían presuntamente involucradas en una tentativa fallida de golpe de Estado. Asimismo, advierte que, durante el fin de semana del 6 de febrero, un juez de la Suprema Corte se habría autonombrado presidente interino, y que, mediante Acto presidencial de 8 de febrero, se otorgó jubilación a tres jueces de la Suprema Corte. La Comisión recuerda su comunicado de prensa dela de 22 de enero de 2020, mediante el cual –en el contexto del fin del mandato de dos tercios del Senado y de 119 mandatos de miembros de la Cámara de Diputados– reiteró la necesidad de reanudar el diálogo político y preservar las instituciones democráticas. Asimismo, insta al Estado a investigar y esclarecer estos hechos, así como a adoptar medidas que garanticen la no repetición.
Por su parte, la Comisión destaca que tales actos ocurren en un contexto de protestas y violencia social elevada, así como de denuncias de uso excesivo de la fuerza. En particular, según la información recibida por la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión (RELE), el 8 de febrero dos periodistas habrían sido atacados y heridos con balas de goma cuando cubrían los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la zona de Champs-des-Mars, en Puerto Príncipe. Alvales Destiné, propietario y reportero de la emisora Actualités Locales TV, habría recibido un disparo en la mano mientras que Jeanril Méus, reportero del canal Tele Pam, habría recibido un disparo en el abdomen. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Bernard Mevs. Según pudo conocer la Relatoría, Jeanril Méus se encuentra en estado crítico y a la espera de ser intervenido quirúrgicamente. De igual forma, según información publicada en medios de comunicación, la CIDH observó que nuevas protestas ocurrieron el domingo 15 de febrero, cuando, miles de personas ocuparon las calles de la capital Puerto Príncipe. En esta ocasión, se habrían presentado disparos de armas no letales y uso de gases lacrimógenos. Estos hechos resultaron en al menos una persona fallecida y diversos reporteros heridos.
En este contexto, la CIDH y su RELE recuerdan que, es deber del Estado garantizar el ejercicio del derecho de protesta, que incluye los derechos de reunión pacífica y sin armas, de asociación y libertad de expresión. Tanto en su dimensión individual como colectiva, la protesta está dirigida a expresar públicamente opiniones, visiones o valores de disenso, oposición, denuncia, o reivindicación, y a demandar el cumplimiento de derechos; y cumple un rol central para la defensa de la democracia. Por eso, los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público.
La Relatoría Especial reitera que la libertad de expresión protege el derecho a registrar y difundir cualquier incidente. Las personas trabajadoras de prensa que cubren las protestas cumplen una función esencial al recabar y difundir información de lo que sucede en manifestaciones, incluyendo la actuación de las fuerzas de seguridad. En ese sentido, se recuerda al Estado que debe brindar a las y los periodistas el más alto grado de protección para que puedan realizar su trabajo libremente y mantener a la sociedad informada sobre asuntos de elevado interés público.
Por otra parte, la CIDH advierte que tales situaciones ocurren en el marco de procesos institucionales y políticos del país, como lo es la preparación de elecciones parlamentarias y debates sobre la reforma constitucional. En este contexto, se reitera que la construcción de un canal de diálogo institucional y político resulta esencial para proteger y fortalecer las instituciones democráticas en Haití. Por ello, urge a todos los actores políticos y sociales a concertar un diálogo con apego al Estado de Derecho y a los derechos humanos.
Ante la situación de inestabilidad política y tensión social observada desde mediados de 2018 –con momentos de inmovilidad y paralización de servicios sociales observados en el segundo semestre de 2019, con prácticas como el Peyi Lock– la CIDH refuerza la necesidad de apego a las instituciones jurídicas y al marco constitucional. Tal como fue señalado mediante comunicado de prensa de 22 de enero de 2020, se resalta la relación intrínseca entre el respeto a los derechos humanos, la democracia y el desarrollo humano y económico. Asimismo, la CIDH toma nota del calendario electoral publicado el 8 de enero por el Consejo Electoral Provisional de Haití. Al respecto, la CIDH insta a que, en su caso, todos los actores involucrados utilicen medios e instrumentos de participación y reclamos autorizados por la Constitución y las leyes, respetando en todo momento, las instituciones democráticas del país.
Por último, la CIDH reitera que mediante su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI), se continuará monitoreando los aspectos estructurales y sistemáticos de las tensiones políticas y sociales en el Estado haitiano.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Carta de los partidos de oposición en Haití a la presidenta del Consejo de Seguridad de la ONU
Sra. Barbara WOODWARD
Presidente
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU)
Nueva York, Estados Unidos de América
En su oficina. – –
Señora Presidenta,
Los partidos políticos y las agrupaciones de partidos políticos agrupados en la Dirección Política de la Oposición Democrática (DIRPOD) han señalado que la Organización Mundial tiene una lectura errónea o no está suficientemente informada de la complejidad de la crisis política y constitucional que atraviesa la República de Haití. Los que hablan en nombre de las Naciones Unidas dan la desagradable impresión de repetir la propaganda del ex presidente y se niegan obstinadamente a tener en cuenta en su análisis, las disposiciones legales y constitucionales que indican clara e inequívocamente que el 7 de febrero de 2021 es la fecha de finalización del mandato del presidente.
La DIRPOD está asombrada por el silencio del informe del Secretario General al Consejo de Seguridad sobre las bases constitucionales y legales de las posiciones de todas las instituciones que representan a las fuerzas vivas de la nación en esta cuestión esencial. Entre ellos se encuentran la Conferencia Episcopal Católica, las Federaciones y Conferencias del sector protestante, los voduistas, las asociaciones de derechos humanos, el Consejo Superior de la Magistratura, la Federación de Colegios de Abogados de Haití, los académicos y los medios de comunicación, los sindicatos o la gran mayoría de los partidos políticos, los académicos americanos, los parlamentarios americanos y europeos, o las grandes organizaciones internacionales como la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) y la Internacional Socialista (IS). Todos tienen la misma lectura de los artículos 134.2 de la Constitución haitiana y 239 del Decreto Electoral de 2015 y han llegado a la misma conclusión de que el mandato de Jovenel Moïse terminó indiscutiblemente el 7 de febrero. Cualquier intento de pretender lo contrario es una afrenta a los principios democráticos, lo que es incompatible con los ideales defendidos en la Carta de las Naciones Unidas.
Los demócratas haitianos desean informar a los miembros del Consejo de Seguridad de que ya no quieren esta democracia barata que les ha sido impuesta durante demasiado tiempo por la comunidad internacional. La democracia no puede limitarse a la organización de elecciones aunque fueran fraudulentas. El problema haitiano es mucho más complejo y merece, sin condescendencia, un poco más de atención a lo que piensan y dicen los nacionales.
Es importante que los miembros del Consejo de Seguridad que se ocupan de la crisis de Haití tengan en cuenta los siguientes hechos:
- Si hoy hemos llegado a este punto es porque el Presidente, que es el responsable de velar por el buen funcionamiento de las instituciones, ha optado deliberadamente por sabotearlas. No ha organizado ninguna de las siete (7) elecciones previstas por la Constitución en 2017 para un tercio de los senadores, en 2019 para un segundo tercio de los senadores y diputados, en 2020 para los cargos electos locales, alcaldes y asambleas locales y para el Presidente de la República. Como resultado, desde enero de 2020 ya no tenemos parlamento y el presidente gobierna por decreto sin rendir cuentas a nadie. Y aprovecha esta situación para liberarse del control financiero e introducir ilegalmente cambios liberticidas en el corpus jurídico nacional.
- En el marco de sus excesos dictatoriales y en contra del sentido común, el ex presidente arremetió contra el poder judicial deteniendo a un juez del Tribunal de Casación, destituyendo a tres de ellos, que por cierto se consideran inamovibles, y sustituyéndolos en violación de los requisitos constitucionales. Además, no se han renovado los mandatos de varios jueces de instrucción que trabajan en casos embarazosos para las autoridades.
- Se violan las libertades públicas y el derecho de expresión. El ex presidente no duda en amenazar con la eliminación física a quienes se atreven a interponerse en su camino o se niegan a cumplir sus mandatos. Las manifestaciones son reprimidas salvajemente. Los estudiantes, e incluso los periodistas, son blanco deliberado de los agentes de policía, que hacen un uso desproporcionado de la fuerza. Los allegados a las autoridades llegaron a acribillar a balazos a un joven motociclista que participaba en la última marcha pacífica y luego, según los testigos, lo quemaron con su motocicleta cuando aún estaba vivo.
- El presidente, que ha jurado respetar y defender la Constitución, se ha arrogado el derecho de dejarla de lado y preparar una nueva para cambiar el régimen político y reforzar considerablemente los poderes del presidente.
- Ha colocado al frente de importantes instituciones como el Banco Central (BRH), el Banco Nacional (BNC), la Policía Nacional (PNH), a funcionarios interinos cuando deberían haber obtenido la unción parlamentaria. Esto los debilita y los pone a merced del humor del presidente, que así puede controlarlos y hacer que obedezcan sus órdenes, aunque sean ilegales. – El Consejo Electoral Permanente (CEP) nunca se constituyó. En su lugar, el presidente creó un CEP provisional en su lugar. Además, este CEP funciona sin haber prestado nunca juramento ante el Tribunal de Casación, como exige la Constitución. Cualquier elección organizada por este CEP será impugnado y conducirá inevitablemente a una prolongación de la crisis política.
- El fichero nacional de identificación de ciudadanos y votantes ha sido destruido y el gobierno ha adjudicado fraudulentamente un contrato para la adquisición de un nuevo sistema impugnado que funciona en total opacidad y que ha conseguido, después de más de dos años, proporcionar una tarjeta sólo al 55% de los ciudadanos en edad de votar.
- Franjas enteras del territorio están bajo el control de bandas armadas claramente protegidas por familiares en el poder que las financian y les suministran armas y municiones. Cabe destacar también la creación de una nueva milicia, la Brigada de Vigilancia de los Aires Protegidos (BSAP), mejor armada que la PNH.
- Los informes de las Naciones Unidas han confirmado los resultados de las investigaciones de las organizaciones nacionales de derechos humanos sobre las masacres perpetradas por bandas armadas en los barrios populares con la complacencia o la complicidad de la policía. Las personas denunciadas en estos informes gozan de total impunidad.
- Por último, pero no menos importante, los despilfarradores de los fondos del programa Petrocaribe nunca han sido llevados ante la justicia. Parece que se benefician preferentemente de la protección de las autoridades.
Debe quedar claro para todos que los demócratas haitianos lucharán con todas sus fuerzas contra el referéndum constitucional programado por el poder de facto. Tampoco aceptarán participar en las pseudoelecciones de carácter legislativo, local y presidencial organizadas por un régimen con semejante organismo electoral. El establecimiento de un poder de transición es un paso necesario que debería obtener el apoyo de los verdaderos amigos del pueblo haitiano que quieren ver una restauración de las instituciones democráticas y un cambio duradero en la forma de conducir los asuntos políticos en el país.
El 31 de enero, el DIRPOD, con diversos actores políticos de la oposición y sectores organizados de la sociedad civil, consiguió algo que muchos observadores creían imposible. Firmaron un acuerdo sobre los mecanismos para establecer la gobernanza de la próxima transición y sobre la agenda de gobernanza que debe conducir a la organización de elecciones libres, inclusivas y democráticas tan pronto como sea posible desde el punto de vista técnico y de seguridad.
La DIRPOD y todos los demócratas haitianos esperan que esta vez nuestros amigos de la comunidad internacional respeten la elección de los nacionales y los acompañen en la concreción de su proyecto nacional, que exige la salida inmediata del ex presidente cuyo mandato finalizó el 7 de febrero de 2021 y no puede ser prorrogado bajo ningún concepto.
El DIRPOD le ruega, señora Presidenta, que comparta esta correspondencia con los demás miembros del Consejo de Seguridad antes de la presentación del último informe del Secretario General. Aprovecha esta oportunidad para renovarle, señora Presidenta, el testimonio de su más alta consideración.
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Puerto Príncipe, 18 de febrero de 2021
Siguen las firmas:
Senador Edmonde Supplice Beauzile,
Senador Edgard Leblanc Fils,
Senador Youri Latourtue
Politique : Plusieurs socioprofessionnelles et socioprofessionnels progressistes haïtiens appellent la Cour pénale internationale à poursuivre des fonctionnaires publics et différents diplomates étrangers pour crime contre l’humanité en Haïti
Plusieurs socioprofessionnelles et socioprofessionnels progressistes haïtiens appellent la Cour pénale internationale et la société civile internationale à poursuivre les responsables du gouvernement haïtien et plusieurs diplomates internationaux en poste en Haïti, pour crime contre l’humanité, crime de masse, génocide et non-assistance à population en danger, en Haïti, dans une note transmise à l’agence en ligne AlterPresse.
Cette action publique internationale concertée doit être conduite contre Jovenel Moïse (ancien président), Joseph Jouthe (ancien premier ministre), Rockfeller Vincent (ancien titulaire de la justice), Léon Charles (chef de la police par intérim), Claude Joseph (ancien titulaire des affaires étrangères).
Les poursuites doivent être aussi engagées contre les diplomates internationaux en poste en Haïti, notamment Helen Ruth Meagher LaLime, Josette Sheeran, Michèle Jeanne Sison, Sylvie Tabesse, Fernando Hiraldo, Bruno Lemarquis, Stuart Savage, Dede Ekoue, Cristobal Dupuy, Luis Almagro.
« Contre la tyrannie, le triomphe du mensonge, de la violence et de stratagèmes macabres des marchand-e-s de mort, pour la justice, la démocratie et la dignité de la population haïtienne, nous invitons les ami-e-s réel-le-s du peuple haïtien, les vrai-e-s démocrates, partout à travers le monde, à donner un large écho à cet appel ».
Ces socioprofessionnelles et socioprofessionnels progressistes haïtiens soulignent combien la justice haïtienne est à genoux et les magistrats « sous coupe réglée du dictateur » Jovenel Moïse, dont le mandat constitutionnel a expiré depuis le dimanche 7 février 2021.
Les proches et membres du gouvernement actuel sont pointés du doigt par plusieurs secteurs dans plusieurs massacres à La Saline (à proximité du bord de mer de Port-au-Prince), au Bel Air (quartier qui surplombe le Champ de Mars, vers le nord-est de la capitale) et dans les multiples violations systématiques de droits humains.
Le 4 février 2021, ces socioprofessionnelles et socioprofessionnels avaient déjà lancé un appel à solidarité à la société civile internationale, pour dénoncer l’appui inconditionnel des Nations unies, prévenir les dérives tyranniques de l’actuel gouvernement et alerter l’opinion publique des pays dits amis d’Haïti, la société civile internationale – sur la politique que mènent les Nations unies, depuis plus de dix ans en Haïti.
