El Salvador | Amplio rechazo a un año del ingreso de Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa con las Fuerzas Armadas
Organismos sociales sostienen que el país no debe volver a un régimen autoritario
Organizaciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento, en redes sociales, para resaltar que, ante los hechos ocurridos el 9 de febrero del año pasado, cuando el presidente Nayib Bukele entró por la fuerza a la Asamblea Legislativa, defenderán la Constitución, la República, la democracia con la confianza de que los salvadoreños y la comunidad internacional los acompañarán en esta lucha.
Javier Simán, Presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), dijo que todas las esperanzas de la población ante un nuevo gobierno se perdieron el 9 de febrero del 2020 se convirtieron en incertidumbre y decepción “Ese día, ahora conocido como el 9F en un alarde de autoritarismo, el presidente Bukele se tomó la Asamblea Legislativa junto a la Fuerza Armada y la Policía Nacional, se sentó en el lugar reservado al presidente del Órgano Legislativo y dejó claro que él tenía el poder, amenazando con destituir a los diputados que no le aprobaran los créditos que le estaban siendo cuestionados”, recordó Simán.
Agregó que ese día la democracia del país retrocedió 40 años, cuando los golpes de Estado eran frecuentes y que pasará a la historia como el día que un presidente de la República, con sus “berrinches” intentó destruir la democracia y convertirse en emperador.
Comenta que ese día también fue triste para una institución respetada en el país, como es la Fuerza Armada, que fue politizada y desprestigiada por el gobernante de turno. “Nuestra patria, con sus defectos y sus virtudes es una república, donde el poder emana del pueblo y no del gobernante”, sostuvo Simán.
José Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, dijo que una de las más grandes amenazas al orden democrático en toda América Latina se dio en el país el 9F un hecho que considera insólito y sin precedentes en la historia reciente de la región.
“Indudablemente que se trató de un acto de matonaje, de un acto que perseguía intimidar a los legisladores, y obviamente también este hecho demostró el profundo desprecio que el actual mandatario de El Salvador, el señor Bukele, siente por las reglas del juego democrático, la falta de respeto por el Estado de derecho y principios elementales de un orden democrático que refleja valores universales”, expresó Vivanco.
Rodolfo González, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional sección El Salvador, opinó en un mensaje en redes sociales que el 9 de febrero se vio un ejercicio de autoritarismo de gran magnitud del actual Ejecutivo, una ruptura del orden constitucional donde se hizo una demostración de la incomodidad de los controles entre Órganos del Estado, ya que se estaban realizando interpelaciones por parte de la Asamblea Legislativa.
“Fue el punto de partida para una serie de actos autoritarios que se realizaron durante todo el año 2020 en el manejo de la pandemia, en el manejo de los fondos públicos, la deuda pública y el incumplimiento de fallos judiciales, de la máxima instancia judicial del país que es la Sala de lo Constitucional.
El 9F marcó claramente la vena autoritaria por parte del presidente de la República, el incumplimiento de la subordinación a la legalidad y a la institucionalidad por parte de la Fuerza Armada”, señaló González.
Roberto Rubio, director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) opinó que hay que tratar de interpretar los signos detrás del 9F, porque los hechos de ese día revelaron la esencia del proyecto de Gobierno del presidente Bukele, que no es de carácter político sino de concentración de poder donde la democracia le es incómoda.
“Esto lo vimos justamente el 9F, el intento de concentrar el poder, de tomarse la Asamblea Legislativa, fue una toma militar de la Asamblea Legislativa, un proyecto de concentración de poder donde la democracia le es incómoda, donde las otras instituciones que pueden hacerle contrapeso le incomodan”, señaló Rubio.
Ruth López, abogada y demandante del proceso de inconstitucionalidad del 9F, quien manifestó que ese día se expresó la resistencia del Ejecutivo sobre las decisiones del Legislativo como los rasgos autoritarios que desde esa fecha son cada vez más evidentes.
“Creo que no podemos enmarcar el 9F solo en un momento, tenemos que verlo en contexto, es decir que días antes del 9F hubo visitas a los legisladores, nocturnas en sus viviendas para presionarlos, también como medida de presión se les retiró su seguridad pero además hubo una campaña articulada en redes sociales, hubo llamados a la insurrección en caso de que la Asamblea Legislativa no sesionara el consejo de ministros”, comentó López.
Marcha estudiantil conmemora el 9F, a un año del «Día del Golpe de Estado Fallido»
Una marcha estudiantil se concentró este martes frente a la fachada principal de la Universidad de El Salvador (UES) para expresar su condena a los hechos del 9 de febrero del 2020 que este día cumplen un año.
Los manifestantes recordaron las acciones del presidente Nayib Bukele en el «un intento de golpe de Estado» tuvieron «como antecedente una campaña de llamados a la insurrección y que «incluso la noche anterior agentes policiales y de la OIE anduvieron espiando y acosando de forma amenazante a varias diputadas y diputados, a quienes se les quitó temporalmente su protección policial».
La marcha fue convocada por 18 organizaciones hacia el monumento de los Estudiantes Caídos en la 25 avenida norte de San Salvador, donde el 30 de julio de 1975 durante las dictaduras militares fueron masacrados y desparecidos los que participaban de una protesta.
«Los hechos del 9 de febrero constituyeron un retroceso a la época de los golpes de Estado, militares, rupturas constitucionales, leyes marciales, suspensión de libertades de expresión, de reunión, de organización y de participación. El golpe de Estado no se consumó. Días después a Bukele le vinieron bien la pandemia y los estados de emergencia y excepción para imponerse y gobernar impunemente, por encima de la constitución, las leyes y las instituciones», expusieron en un comunicado.
Frente a la Asamblea Legislativa también se concentraron decenas de personas para condenar la militarización del Congreso.
Las organizaciones estudiantiles señalaron que el ataque del 31 de enero contra opositores del Gobierno es parte de la «escalada fascista» del Ejecutivo, que viene creciendo «desde aquel 9 de febrero».
La fecha fue declarada por la Asamblea Legislativa como el «Día del Golpe de Estado Fallido 9F Nunca Más» y se conmemorará cada año para evitar que hechos como este vuelvan a repetirse.
Asamblea pide en pronunciamiento destituir a funcionarios de Bukele por el 9F
Con 53 votos, la Asamblea Legislativa aprobó un pronunciamiento en el que reitera la petición de destituir al ministro de la Defensa y al director de la Policía Nacional Civil.
El diputado Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), propuso el pronunciamiento, en el que recordó que el 17 de septiembre de 2020, la comisión Política de la Asamblea emitió un dictamen en el que concluyó que lo acontecido el 9 de febrero de 2020 fue una «operación militar».
En su intervención en la sesión plenaria dedicada al 9F, Parker propuso la resolución que retoma el dictamen de la Comisión Política, que incluyó notificar a la Fiscalía General de la República para que investigara la posible comisión de delitos por parte del ministro.
Considera que el «autoritarismo» manifestado hace un año no ha disminuido y que se ha manifestado en «restricciones a los derechos humanos durante la pandemia», cierre de empresas, «narrativa de insultos y odio que han incitado al cometimiento de asesinatos», agregó.
En ese marco, se propuso que la Asamblea inste a las instituciones responsables de deducir las responsabilidades penales que lo hagan, «para establecer precedentes que aseguren la no repetición» de los hechos.
Reiteró la recomendación al presidente de destituir al ministro de la Defensa Nacional y también exigió el cumplimiento de la recomendación vinculante de destituir al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas.
También pide a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
Presentan iniciativa para declarar incapacidad mental del presidente Nayib Bukele
Este martes 9 de febrero se cumplió un año de los hechos sucedidos el «9F» en la Asamblea Legislativa de El Salvador, cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, irrumpió al Congreso escoltado por miembros de la Fuerza Armada para presionar a los diputados a que aprobaran un préstamo negociado por el Banco Centroamericano de Integración Económica por $109 millones.
Este hecho ha sido señalado por diferentes instituciones nacionales e internaciones como un retroceso en la construcción de la democracia del país y como un «golpe de Estado fallido». Este día se llevó a cabo una Sesión Plenaria Ordinaria en el Congreso a la cual denominaron «Para Defender el Estado Constitucional de Derecho y la Institucionalidad Democrática», con el objetivo de recordar lo sucedido hace un año y evitar que hechos como estos se repitan en el país.
En esta sesión del pleno, el diputado por el partido Arena, Ricardo Velásquez Parker, presentó una iniciativa para aplicar el artículo 131 de la Constitución de la República y se proceda a declarar incapacidad mental del presidente Nayib Bukele, la cual se llevaría a cabo mediante un diagnóstico de una comisión de médicos. Tal iniciativa será evaluada por la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.
«…Hacerle frente a una república que se está precipitando por un abismo y no podemos dejar el timón de esta nave republicana a un enfermo. Queda la responsabilidad en la Comisión Política, yo como patriota he hecho mi parte invocando la Constitución en el ordinal 20 del artículo 131», expresó Velásquez Párker en la Sesión Plenaria de este martes.
La Constitución de la República de El Salvador expresa en su artículo 131, numeral 20 que «corresponde a la Asamblea Legislativa declarar, con no menos de los dos tercios de votos de los diputados electos (56 votos de los 84 diputados), la incapacidad física o mental del presidente, del vicepresidente de la República y de los funcionarios electos por la Asamblea, para el ejercicio de sus cargos, previo dictamen unánime de una Comisión de cinco médicos nombrados por la Asamblea».
«Hemos visto acciones del presidente desacatando la Constitución y las leyes, intento de golpe de Estado, militarizar esta misma Asamblea, llamados a la insurrección, ataques a la democracia, a la institucionalidad y a la República», indicó Velázquez al justificar su petición.
Al final de la Sesión Plenaria, la Asamblea aprobó que se publique un pronunciamiento para condenar los hechos del 9F y se retome el informe final elaborado por la Comisión Especial, el cual sugiere la destitución del ministro de Defensa y del director de la PNC.
El historiador salvadoreño Carlos Cañas Dinarte señaló en sus redes sociales que «NUNCA antes se había llegado a esto en los 200 años de El Salvador independiente».
El subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) y doctor en derecho constitucional, Manuel Escalante, señaló que el procedimiento para procesar la solicitud no se encuentra en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.
Si la acepta, la Comisión Política debería proceder a delimitar el objetivo u objetivos de la comisión de médicos, que evaluarían la capacidad del presidente, así como su forma y tiempo de trabajo y también debería proceder a nombrar a los 5 médicos», sostuvo.
Añadió que, si el dictamen médico no es unánime, «no se procedería a declarar la incapacidad del presidente para el ejercicio del cargo».
Pero si los médicos concuerdan en su dictamen, «la comisión podría dictaminar si es favorable o no la declaratoria de incapacidad» y someterlo a votación en el pleno legislativo.
Señaló que considera que «el dictamen médico unánime abre la posibilidad para que la Asamblea declare la incapacidad, pero no es obligatorio que lo haga».
No obstante, apuntó que «toda esta ruta podría estar sujeta al control de la Sala de lo Constitucional» mediante un amparo o recurso de inconstitucionalidad.
Para el abogado y director de la organización Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, la Asamblea Legislativa debe primero aprobar la formación de la comisión de médicos y votar su nombramiento.
Añadió que, en el caso de darse el dictamen unánime y que la Asamblea «apruebe la destitución», el vicepresidente Félix Ulloa asumiría la Presidencia.
Este martes, también organizaciones de la sociedad civil se hicieron presentes a la Fiscalía General de la República (FGR) para entregarle una carta al fiscal general, Raúl Melara en la cual exigen una investigación rigurosa sobre los hechos ocurridos el 9F de 2020. En esta señalan que se soliciten los desafueros necesarios para que los funcionarios que participaron rindan cuentas ante la justicia.
Los señalados son el presidente de la República, Nayib Bukele, el ministro de Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, el jefe de Estado Mayor Presidencial, General Manuel Antonio Acevedo López, el jefe de Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, General Carlos Alberto Tejada Murcia y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.
