Estados Unidos no puede derrocar al régimen de Venezuela, pero podría cambiar su comportamiento – Por Francisco Toro
La estrategia fanfarrona inicial del gobierno del expresidente Donald Trump fue contraproducente, pues alineó más de cerca al régimen de Maduro con Teherán, Moscú y Pekín. También agravó una crisis humanitaria preexistente que ha provocado que 5.5 millones de venezolanos huyan a países vecinos. La represión no solo es terrible, sino que sigue aumentando: los casos documentados de acoso a organizaciones de derechos humanos se incrementaron en 157% entre 2019 y 2020. Según una evaluación reciente de la Economist Intelligence Unit, Venezuela es actualmente más autoritaria que Cuba.
Es necesaria una nueva estrategia. La redemocratización de Venezuela es y debe seguir siendo el objetivo político final. Su búsqueda debe ser matizada con una apreciación serena de que, dadas las circunstancias actuales, es poco probable que se pueda lograr en el corto o mediano plazo. Durante los próximos dos años el objetivo no debe ser derrocar al régimen sino inducirlo a cambiar su comportamiento.
El primer y único compromiso ideológico del régimen venezolano es su propia supervivencia. De hecho, la única tarea en la que ha demostrado ser competente es en la de mantenerse en el poder. Como heredero, gracias a La Habana, de la vieja mentalidad soviética en cuanto a asuntos internacionales, está preparado para adaptarse a casi cualquier arreglo; siempre y cuando ese arreglo sea compatible con su permanencia en el poder.
Con este tipo de regímenes no se puede entablar realmente un diálogo genuino. El gobierno de Maduro percibe las negociaciones como solo otra arma más en su interminable guerra contra sus enemigos. Sabe cómo utilizar frágiles facsímiles de diálogo para dividir oponentes o ganar tiempo, pero no sabe cómo negociar.
Estados Unidos debe simplemente ignorar el canto de sirena del “diálogo”. Washington ya ha cometido el error de sumergirse demasiado en la política parroquial de Venezuela. Es una pérdida de tiempo. La forma de lidiar con los chavistas no es negociar con ellos sino de solo presentarles, como dijo George Kennan, “palabras respaldadas por hechos de una validez indiscutible”.
Da la casualidad de que Estados Unidos tiene una gran cantidad de “hechos de validez indiscutible” que ofrecer. Hay activos estatales clave que están domiciliados en Estados Unidos: los conocimientos técnicos de ingeniería, la maquinaria y los suministros industriales siguen siendo irremplazables para evitar que la industria petrolera de Venezuela se detenga por completo. El acceso a los mercados de capitales y los sistemas bancarios de Estados Unidos sería de enorme valor para el funcionamiento del régimen, pues el gobierno venezolano nunca ha encontrado un mercado alternativo viable para sus exportaciones energéticas. En ese sentido, la ventaja de Washington es clara.
En lugar de negociar, Estados Unidos debería presentarle a Maduro, en privado, una serie de compromisos claros y cuidadosamente estructurados para persuadir al régimen a cambiar su comportamiento. En específico, Washington debería ofrecer bienes diplomáticos que el régimen valore para obtener mejoras concretas y verificables en sus prácticas sobre derechos humanos.
La liberación de los presos políticos debe estar en la cima de la lista de demandas, junto al desmantelamiento de los escuadrones policiales de la muerte de la FAES que Maduro ha utilizado para aterrorizar a la población. El acceso pleno y sin trabas de investigadores de derechos humanos debe ser condición para medidas específicas de cooperación económica.
Se debe vincular resultados políticos específicos a mejoras del lado venezolano en términos de libertad de expresión, libertad de reunión, habeas corpus y otros aspectos. Para que esta postura sea creíble, los ciclos de retroalimentación entre los quids venezolanos y los quos estadounidenses deben ser cortos, palpables e inmediatos. Incluso las medidas más pequeñas del lado venezolano deben generar una recompensa diplomática inmediata y proporcional, mientras que la reincidencia debe causar sanciones inmediatas. Caracas debe entender que existe un nivel de automaticidad en la respuesta de Estados Unidos y que no habrá ninguna ventaja en intentar probar los márgenes de los acuerdos. Estados Unidos es la superpotencia en esta relación: debe establecer los términos del quid pro quo y cumplir su parte del trato no solo de manera confiable y rápida, sino también unilateral.
El núcleo de esta estrategia es graduar las demandas y equipararlas con beneficios diplomáticos proporcionales para los venezolanos. Washington debe estar atento de no realizar demandas que el régimen pudiera percibir como un atentado a su control del poder. El objetivo es que los jerarcas del régimen perciban que el restablecimiento de los derechos humanos fundamentales no solo les conviene, sino que es absolutamente esencial para su supervivencia.
Por desgracia, esta política no librará a Venezuela del régimen de Maduro rápidamente, pero tiene muchas posibilidades de mitigar lo peor de su impacto. Mejorar las prácticas del régimen en cuanto a derechos humanos, preservará y ampliará los espacios que quedan en la sociedad venezolana para la organización política y el diálogo civil. Sin ellos, la democracia no tiene ninguna posibilidad de imperar.
Los últimos cuatro años han demostrado que derrocar al régimen requeriría el tipo de acción militar que nadie está realmente dispuesto a contemplar. La democratización debe seguir siendo el objetivo a largo plazo. Pero por ahora, centrémonos en lo que se puede hacer de inmediato: cauterizar la herida que ha causado que Venezuela exporte refugiados e inestabilidad política a sus vecinos, y poner fin a algunos de los peores horrores que el régimen comete sobre su población.
* Comentarista político venezolano y columnista colaborador de Global Opinions. Es director de contenido del Grupo de los 50.
