Declaración de emergencia por violencia de género: un paso en la dirección correcta – Claridad, Puerto Rico
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Tal vez haya sido el feroz asesinato de la enfermera Angie Noemí González Santos, por parte de su ex pareja, al inicio del año 2021, el evento que dio el impulso definitivo a la recién firmada Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en la que se declara una emergencia por violencia de género en nuestro país. Por varios años, este había sido el reiterado reclamo de lideresas y portavoces de las diferentes organizaciones que abogan por los derechos de la mujer, y ofrecen servicios a mujeres en situaciones de violencia de género, las cuales habían solicitado acción del Gobierno para que se reconociera la magnitud y severidad del problema de violencia machista que nos azota como sociedad, y se diseñara un plan coherente para atender esta crisis con la urgencia que amerita.
Durante el año 2020, 45 mujeres fueron asesinadas en Puerto Rico en actos de violencia machista, y las querellas por incidentes de este tipo de violencia, denunciados y registrados en estadísticas oficiales y de instituciones privadas, sobrepasaron los 5,000, durante un año particularmente difícil, en el cual los efectos de la pandemia han exacerbado las tensiones familiares, sociales y económicas entre nuestra población.
La nueva Orden Ejecutiva servirá de marco a una serie de medidas que permitirán desarrollar acciones concretas para atender el problema, además de asignar fondos públicos y otros recursos importantes para atender este grave problema. La Orden también declara como política pública “darle atención a la violencia de género en todas sus manifestaciones, tales como violencia física, maltrato emocional y psicológico, acecho, acoso y hostigamiento sexual en cualquier escenario, incluyendo el laboral”. Provee también para el uso de una aplicación tecnológica especial que se utilizará para denunciar incidentes de violencia de género, rastrear la respuesta y soluciones, y también como herramienta educativa para la población.
La Orden Ejecutiva crea un Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE), con 17 integrantes y que estará bajo la jefatura de la nueva secretaria del Departamento de la Familia, Carmen González Magaz, quien es psicóloga y experta en el tema de la violencia de género. Establece también el cargo de Oficial de Cumplimiento, como persona encargada del seguimiento, cumplimiento y rendición de cuentas sobre las directrices contenidas en la Orden Ejecutiva. Sobre este particular, llama la atención la limitada responsabilidad que se le asigna en este esfuerzo a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), que es la agencia gubernamental encargada del desarrollo e implantación de políticas, planes y estrategias para atender la problemática particular de las mujeres en Puerto Rico. Ciertamente, el desempeño de la OPM durante este pasado cuatrienio dejó mucho que desear en el esfuerzo para que se lograra la Orden Ejecutiva y la declaración de emergencia.
La violencia de género es un problema atávico de las relaciones humanas, cuyas manifestaciones se evidencian- con mayor o menor intensidad- en todas las poblaciones del mundo. Parte de nociones primitivas y equivocadas sobre los roles que cada sociedad debe asignar a los distintos géneros, y de un sistema social patriarcal que, a través de los siglos, ha colocado a los hombres a la cabeza de la familia, de la tribu o del país, delegándole a estos la autoridad sobre las mujeres, niñas y niños que integran estas instituciones. Cambiar estas prácticas y actitudes conlleva un esfuerzo sistemático y a largo plazo de la sociedad para transformar las relaciones entre los géneros, y educar en el respeto a las decisiones de las y los demás, en la tolerancia a las diferencias y en la valoración de una igual dignidad entre los géneros, entre muchos otros aspectos de la llamada “crianza para la equidad” a la que debemos aspirar como país.
En CLARIDAD, le damos la bienvenida a la Orden Ejecutiva y la declaración de emergencia por violencia de género, como un paso en la dirección correcta para prevenir los feminicidios en Puerto Rico, agilizar la prestación de servicios a las mujeres en situaciones de violencia machista, e iniciar el proceso de educación y transformación hacia la creación de un país de respeto, tolerancia, inclusión y equidad. Esperamos que, más allá de las buenas intenciones del momento, el gobierno de Puerto Rico y el recién creado Comité PARE le impriman todo el rigor y energía que ameritan las tareas urgentes que están por delante, para atajar este terrible mal que troncha las vidas de nuestras mujeres y destroza la fibra de nuestras familias y sociedad.
