Desplazamiento forzado en Colombia | Más de 28 mil personas abandonaron sus hogares por la violencia en 2020
En 2020 más de 28 mil personas se desplazaron por violencia
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha informado este jueves de que a lo largo de 2020 más de 28.500 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido al incremento de la violencia en el país.
Tal y como ha indicado en un informe, la entidad ha señalado que se han constatado 90 eventos de desplazamientos masivos en todo el país, fundamentalmente a causa de enfrentamientos entre grupos armados, intimidaciones y asesinatos de líderes sociales.
Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que en los departamentos de Nariño, Chocó, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba, hay una crisis recurrente por el desplazamiento forzado y las víctimas no cuentan con garantías para el restablecimiento de sus derechos”, afirmó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Solo el departamento de Nariño concentra casi el 50 por ciento de este tipo de desplazamientos, con un total de 43 desplazamientos masivos que habrían afectado a unas 14.000 personas. Le siguen Chocó, con 21 movilizaciones de más de 9.200 habitantes, y la región de Baudó y Pacífico.
El Bajo Cauca antioqueño y los municipios del sur de Córdoba (San José de Uré y Puerto Libertador) suman doce eventos de este tipo dado que casi 3.000 personas tuvieron que abandonar sus casas en estas zonas.
La Defensoría destaca que 71 de los 90 eventos de desplazamiento masivos ocurrieron en territorios colectivos étnicos, o sea, que el 85 por ciento de las personas que se movilizaron pertenecen a poblaciones afro e indígenas.
Por otra parte, ha alertado de que la situación ha empeorado considerablemente debido al impacto de la pandemia. «A la crisis humanitaria se sumó el impacto de la covid-19 y las demoras en la atención a las víctimas, restricciones de los grupos armados ilegales en los territorios y el riesgo de propagación del virus en las comunidades, especialmente por los confinamientos en sitios hacinados y por la falta de acceso a servicios de salud», recoge el texto.
Asesinan a otro excombatiente de Farc: van tres en siete días del 2021
Este 7 de enero, justo tras conocerse un informe de la ONU que alerta sobre el peligro que viven los excombatientes de las Farc, reportaron el asesinato de otro miembro de la extinta guerrilla, quien estaba en proceso de reincorporación.
Se trata de Diego María Yule Rivera, quien en tiempos de confrontación era conocido como ‘Cristian Ramírez’. Tenía 39 años.
Tras el hecho, asciende a 252 el número de exguerrilleros asesinados desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016. Solo en los primeros siete días de este año, han sido asesinadas tres personas en proceso de reincorporación.
El primer homicidio contra esta población en 2021 fue el de Yolanda Zabala Mazo, el 1° de enero, en Briceño (Antioquia). La mujer estaba junto con su hermana menor, quien también fue asesinada.
Hoy en #Cali asesinaron al compañero Cristian Ramírez (Diego Maria Yule Rivera), con él son 252 firmantes de paz asesinados sistemáticamente. Qué dolor esto, no queremos seguir enterrando compañeros ante la mira cómplice de un gobierno que quiere hacer trizas la paz. pic.twitter.com/Cj4XaYnZBg
— FARC #PorLaVidaYPorLaPaz ? (@PartidoFARC) January 8, 2021
Al día siguiente, a Duván Arled Galíndez Nadia, de 34 años de edad, lo mataron en el municipio de Cartagena del Chaira, Caquetá.
De acuerdo con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, solo durante el último trimestre de 2020, la Misión de ese organismo en Colombia verificó 21 asesinatos. En todo el año fueron 73, según registros de Naciones Unidas.
Según Guterres, aunque el Gobierno informó que asignó aproximadamente 13.500 millones de pesos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) en septiembre, en cumplimiento de la orden de la JEP de cubrir las vacantes de escoltas y analistas, hasta la fecha no se ha contratado a ningún escolta.
Desde la firma del acuerdo, dicen las cifras de la ONU, 25 excombatientes han sido asesinados mientras esperaban una respuesta a sus solicitudes de protección.
Líderes sociales, defensores de DDHH y firmantes del acuerdo de paz asesinados en 2021
LÍDERES SOCIALES, DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN 2021*
Registro actualizado permanentemente desde el 1 de Enero de 2021
| N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento | Calidad |
| 1 | GERARDO LEÓN | 01/01/2021 | PUERTO GAITÁN | META | SINDICAL |
| 2 | DIEGO BETANCOURT HIGUERA | 01/01/2021 | EL YOPAL | CASANARE | SINDICAL |
| 3 | RICARDO CORTÉS ROZO | 02/01/2021 | BOGOTÁ | BOGOTÁ | CÍVICO |
FIRMANTES DE ACUERDO DE PAZ. EXCOMBATIENTES FARC ASESINADOS/AS EN 2021
| N° | Nombre | Fecha | Municipio | Departamento |
| 1 | Yolanda Zabala Mazo | 01/01/2021 | Briceño | Antioquia |
| 2 | Duvan Arled Galíndez Navia | 02/01/2021 | Cartagena del Chairá | Caquetá |
* El registro se realiza con información directa e inmediata de las organizaciones sociales a lo largo y ancho de Colombia que reivindican a estas personas como líderes sociales y/o defensores de Derechos Humanos.
Mayor Información: Leonardo González Perafán- Coordinador del Observatorio de Conflictividades de Indepaz al email leonardo@indepaz.org.co o whatsapp: 3105850575.
En 2020, 73 excombatientes fueron asesinados: Misión de la ONU
Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas será presentado el próximo 21 de enero el más reciente informe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que monitorea la implementación del Acuerdo de Paz. El documento analizó en detalle el último trimestre del año 2020 y a la vez se convierte en un balance de lo implementado, cuatro años después de la firma, en noviembre de 2016.
El informe recoge las prioridades que para la Misión de la ONU deben estar en el radar del Gobierno Nacional durante 2021. Como lo viene advirtiendo en los últimos reportes, la seguridad de los excombatiente y líderes sociales debe estar en el centro de todas las preocupaciones. En palabras de la misión, “la principal amenaza para la implementación del Acuerdo Final sigue siendo la persistencia de la violencia contra los miles de hombres y mujeres que dejaron las armas voluntariamente y de buena fe y siguen comprometidos con la paz, contra las comunidades que han sufrido violencia durante décadas y contra los líderes sociales y los defensores y las defensoras de los derechos humanos que trabajan en su nombre”.
En concreto, la misión verificó 73 asesinatos de excombatientes en 2020, convirtiéndolo en uno de los años más violentos para esa población, junto con 2019, cuando ocurrieron 77 homicidios. Cifras superiores a lo registrado en 2018 (65 asesinatos) y 2017 (31 casos). En total, desde la firma del Acuerdo, la misión contabiliza 248 excombatientes asesinados. Cifra que coincide con la que lleva la propia FARC, que va en 250 homicidios, contando los dos casos ocurridos en los primeros días de enero. Además de los asesinatos, la misión registró 55 intentos de homicidios y 20 desapariciones.
En particular, la misión llamó la atención sobre la seguridad de los excombatientes en la zona que cubre la frontera entre Meta, Caquetá y Guaviare, donde grupos disidentes de las antiguas Farc han ampliado su control “y están amenazando y atacando a excombatientes, cooptando sus proyectos económicos y saboteando sus iniciativas políticas y sociales”. Según el documento, varios dirigentes locales de la FARC en esa zona han salido por motivos de seguridad.
Esa delicada situación de orden público, de acuerdo con el informe, repercute negativamente en la reincorporación colectiva de los grupos de excombatientes que salen de los antiguos espacios territoriales. Mencionó los casos de las nuevas áreas de reincorporación en las que hubo desplazamientos masivos como El Diamante, La Pista y Nueva Esperanza (Meta), Algeciras y Neiva (Huila), y La Blanquita (Antioquia).
En su reporte, la misión recogió también algunas de las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para tratar de contrarrestar la ola violenta, en particular, las que había ordenado la Jurisdicción Especial para la Paz. Entre ellas, la asignación de $13.500 millones adicionales para la Unidad Nacional de Protección (UNP) con el fin de contratar 680 agentes escolta y 50 analistas de riesgo. Sin embargo, la misión reportó que a la fecha no se ha contratado a ningún escolta y solo a 27 analistas. Además, resaltó que desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 25 excombatientes mientras esperaban respuesta a su solicitud de protección en la UNP. “Es preocupante que siga habiendo más de 1.000 solicitudes de protección pendientes de evaluación e implementación”, se lee en el informe trimestral.
En el documento también se incluyeron los avances en materia de esclarecimiento de esos crímenes que lleva la Unidad Especial de Investigación. Según esos datos, esa entidad investiga 289 casos de ataques contra los exFarc, en los cuales lleva 34 condenas, 20 casos en etapa de juicio, 38 en investigación y otros 49 en que se han dictado órdenes de captura.
Acceso a tierras, esencial para la reincorporación
Para asegurar la sostenibilidad de la reincorporación de los excombatientes, dijo la misión, es esencial que los excombatientes tengan acceso a tierra. En ese sentido, resaltó que el presidente Duque, tras reunirse con exguerrilleros en noviembre, se comprometió a acelerar la compra de predios para proyectos productivos y de vivienda para esa población, compromiso que ya avanzó con la compra de un predio para el antiguo espacio de reincorporación de Dabeiba (Antioquia).
Igualmente, resaltó que ya el Gobierno ha adquirido predios para tres de los espacios de reincorporación y otros tres están en proceso, de los nueve a los que se había comprometido a entregar predios antes de que acabara 2020, según dice la misión. “Ahora es necesario adjudicar esos predios”, enfatizó.
En materia de sostenibilidad económica, el informe resalta que el 41% de los excombatientes en reincorporación han recibido apoyo para levantar proyectos productivos. Según las cifras, se han aprobado en el Consejo Nacional de Reincorporación 86 proyectos colectivos, que benefician a 3.353 excombatientes, de los cuales 61 ya fueron desembolsados. Y en materia individual, ya son 1.865 los proyectos aprobados, para 2.269 exguerrilleros.
Seguridad de líderes sociales, en la mira
En 2020, según datos que la misión toma de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se verificaron 53 asesinatos de líderes sociales en el país y oros 74 casos están en proceso de verificación. Desde la firma del Acuerdo de Paz, ya son 378 homicidios contra esta población, incluidos 69 líderes indígenas, 44 mujeres, 15 líderes afro y 6 personas de la comunidad LGBTI.
Como consecuencia de esos ataques, denuncia el informe, líderes y lideresas han tenido que marginarse de participar en la implementación del Acuerdo de paz. Habló específicamente del caso de la organización Mujeres Andinoamazónicas, que dejó de participar temporalmente en la Instancia Especial de Género por ataques que ha recibido su representante “y las limitadas garantías de seguridad que existen para su participación”.
Misión de la ONU reconoce avances en los PDET
En relación con lo pactado en el Acuerdo de Paz en el primer punto, el de la Reforma Rural Integral, el informe reconoce que “en los últimos cuatro años se ha avanzado de manera constante en la implementación de los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) en 170 municipios afectados por el conflicto”. Reconoce la planificación participativa de esos programas, las pequeñas obras de infraestructura entregadas, las nuevas fuentes de financiación conseguidas y la coordinación entre autoridades nacionales y regionales. “Se han terminado 1.110 obras PDET y otras 102 están en marcha. Además, de los 173 proyectos aprobados financiados con regalías provenientes de la explotación de hidrocarburos y minerales, 3 han concluido y 79 están en marcha. De los 100 proyectos aprobados en el marco del programa “Obras por impuestos”, en el que participa el sector privado, 57 se centran en municipios PDET”.
Sin embargo, mencionó que tanto Farc como otros partidos políticos y sectores de la sociedad civil han reiterado que los PDET deben preservar el espíritu del Acuerdo de Paz y estar coordinados con otros puntos de la reforma rural como los 16 planes nacionales sectoriales, de los que solo se han aprobado ocho.
La respuesta del Gobierno
Tras conocerse el informe de la misión de la ONU, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, se pronunció sobre la valoración dada por el documento a la implementación. Según sus palabras, el documento fue de buen recibo por el Gobierno Nacional y asimismo reiteró los aspectos en los que la misión encontró avances.
Sobre la situación de seguridad de los exguerrilleros, dijo que la visión del informe y del Gobierno coinciden: “el informe coincide con la visión del gobierno en que la principal amenaza son estos narco-disidentes, los narcotraficantes, que son quienes han estado atacando a los excombatientes. Se hace un reconocimiento del compromiso del presidente Duque y se hace un reconocimiento de la efectividad de la entidad especial de la Fiscalía”.
Igualmente, el consejero resaltó que la Misión de la ONU reconociera algunos de los puntos que han presentado mayores avances. “En el reporte se hicieron unos reconocimientos sobre los avances muy significativos en materia de reducción en los niveles de violencia antes de los acuerdos, fortalecimiento de la democracia, aplicación y apoyo a la justicia transicional, avance en la reincorporación y en el desarrollo rural integral, principalmente con los PDET”.
