Aborto legal en Argentina | Ahora que es ley, cómo llevarla a la realidad – Por María Daniela Yaccar
Aborto: ahora que es ley, cómo llevarla a la realidad
Por María Daniela Yaccar
La emoción y el ánimo de festejo ante la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo son lógicamente muy potentes y perduran, pero el correr de los días también abre el juego a preguntas en torno a su implementación. Tanto funcionarixs del gobierno nacional como militantes que hace años vienen alzando esta bandera coinciden en afirmar que la nueva norma –quizá como cualquier otra– es «un punto de partida». Esta definición es de la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. «Va a ser un trabajo de hormiga», agrega, en diálogo con Página/12. ¿Cuál es el escenario que se abre tras esta conquista histórica? ¿Qué obstáculos podrían aparecer en la aplicación? ¿Qué puede pasar si los antiderechos plantean reclamos de inconstitucionalidad ante la Justicia? ¿Cómo está pensando el Estado la implementación de la ley? Sobre estos temas dan sus puntos de vista Gómez Alcorta, la asesora presidencial Dora Barrancos, la presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem) Melisa García y la activista Celeste Mac Dougall, de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
«Somos conscientes de que va a ser más sencilla la implementación de la ley en ciudades y provincias en las que el sistema de salud viene trabajando con las ILE (interrupción legal del embarazo), donde hay protocolos y ya compran y tienen provisión de misoprostol», sugiere la ministra de las Mujeres. Y grafica: «No es la misma situación la de la provincia de Santa Fe, que produce misoprostol, que la de Mendoza, donde está prohibida su venta. Es un camino diverso. Habrá que dar estrategias muy distintas según donde estemos».
Tras la sanción de la ley, se espera la promulgación de parte del Ejecutivo –con un veto parcial en dos artículos, compromiso asumido para sumar apoyos– y la reglamentación, en la que ya trabajan varios ministerios, entre ellos el que conduce Gómez Alcorta. El papel principal lo tendrá la cartera de Salud, que será la autoridad de aplicación. En una entrevista que concedió días atrás, el ministro Ginés González García expresó a este diario: “El desafío grande va a ser la aplicación, teniendo en cuenta las dificultades que hemos visto en los últimos años con la interrupción legal de embarazo, que era parcial y ahora será más amplia”. El funcionario anticipó que la norma se pondrá en marcha «a la máxima velocidad» e informó que el Estado está comprando misoprostol al Fondo de Población de Naciones Unidas y tramitará la autorización de mifepristona. «Estamos incentivando para que algún laboratorio público o privado la fabrique en el país», puntualizó.
Gómez Alcorta cuenta, por su parte, cuál será el rol del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en el camino que ahora se inicia: «Estaremos trabajando de la mano con Educación y Salud en capacitaciones a médicos y médicas. Además, nos ocuparemos de todas las violencias por motivos institucionales, obstétricos, que el sistema de salud pueda generar a mujeres y personas gestantes, como lo venimos haciendo con la ILE».
«En casi todas las provincias hay espacios de salud en los que se lleva adelante la interrupción legal. La situación va a mejorar. Más allá de la obligación del acceso a la práctica, la ley quita de por medio la amenaza penal. Pienso, sobre todo, en las provincias en las que no hay protocolo de ILE, que funciona como un espacio de garantía para el médico o médica. En 2012 la Corte estableció que se debían armar protocolos para no obstaculizar; sin embargo, hay provincias que no los tienen o no los tienen adecuados al nacional», explica la ministra. Son cinco las jurisdicciones que no poseen tal protocolo: Formosa, Tucumán, Santiago del Estero, San Juan y Corrientes.
La despenalización
Gómez Alcorta considera que «la despenalización tendrá un efecto inmediato, en términos de la imposibilidad de realizar acciones penales a mujeres que interrumpan su embarazo» hasta la semana 14 de gestación. De acuerdo a un reciente informe del CELS, hay 1532 mujeres con causas penales por aborto en 17 provincias. «Va a haber, además, un efecto en todas las causas que ya existen. Tienen que extinguirse. Eso es inmediato. Se tiene que hacer de oficio. No es algo que tenga que salir a pedirse», añade la abogada.
«La mayoría de las mujeres –con causas penales por aborto– son cuestionadas por homicidio agravado por el vínculo. Habría que puntualizar que es por aborto. Al dejar de ser delito, este tipo penal desaparece. Va a haber muchas batallas judiciales, vamos a encontrar un montón de reticencias, por preceptos morales y religiosos», dice, por el contrario, Melisa García, presidenta de Abofem, quien cree que «será fundamental, en todo el territorio, el rol de las abogadas feministas, para ir contra el sistema y, sobre todo, la justicia patriarcal». «Empieza otra batalla, pero estamos a la altura como sociedad», sentencia.
El reclamo de inconstitucionalidad
La senadora Silvia Elías de Pérez, referente «celeste», anunció que los antiderechos se presentarán a la Justicia para reclamar una supuesta inconstitucionalidad de la ley. El juzgado federal Nº 2 de Salta, a cargo de Miguel Medina, habilitó la feria de enero para tratar una acción de inconstitucionalidad contra el Ministerio de Salud por la ILE. El fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos la declaró competente.
Algunos medios informaron que la presentación iba contra la recientemente aprobada ley de IVE, algo que sería imposible en tanto no esté promulgada. De todos modos, grupos antiderechos de Salta adelantaron que en el momento en que eso ocurra también acudirán a la Justicia para buscar la anulación.
«Es muy previsible que haya un cúmulo de presentaciones en la Justicia, seguramente habrá cautelares y algún juez que se expida rápidamente sobre vaya a saber qué otra cuestión», plantea Dora Barrancos, socióloga y asesora del Ejecutivo. «Pero habrá una promulgación rápida, con reglamentación también de acuerdo a lo pactado, y luego también una gran disposición de todo el Poder Ejecutivo para que en cada jurisdicción se cumpla la ley. En los lugares más conservadores las obstrucciones van a ser mayores, pero habrá que tener mucha creatividad, tino, sensatez, y sobre todo estar muy munidos con el propio derecho.»
«No sé si es esta senadora (Elías de Pérez) solamente (la que aspira a la declaración de inconstitucionalidad). Es probable que algunas personas que integran el Frente de Todos estén animadas en la presentación judicial de una obstrucción de la ley, pero el Poder Ejecutivo va a tener toda su firmeza, y creo que una parte importante del Judicial va a estar a la altura del derecho», completa.
García explica que «no podría ser declarada inconstitucional toda la ley». Esto no es posible «de manera abstracta», sino en torno a algún artículo específico «que pudiera ser incompatible con la Constitución Nacional y los tratados internacionales» a los que el país adhiere. «Hablar de la inconstitucionalidad de la ley es generar incertidumbre, inseguridad; querer desbaratar y deslegitimar lo que pasó en el Congreso, que fue en el ámbito democrático, y tirar abajo la lucha colectiva. Se podría declarar la inconstitucionalidad en algún caso concreto que se judicialice. Están tratando de desinformar como lo hicieron todo este tiempo antes de que saliera la ley», sentencia la abogada. «La norma tiene total consonancia y correlato con los planteos internacionales de lo que es la erradicación de formas de violencia para mujeres, niñas, adolescentes y diversidades», concluye.
«En 2018, cuando se perdió la media sanción, se respetaron las reglas de la democracia. Se esperó a que hubiera una nueva oportunidad democrática para tratar el proyecto. Es difícil pensar en abstracto cómo sería el planteo», coincide Gómez Alcorta. «Habría que ver cuáles serían los fundamentos y el caso sobre el cual harían el planteo. De todas formas, estamos muy tranquilas en términos de la contundencia y la solidez que tiene la norma, tanto en lo legal, lo constitucional y lo convencional, es decir, el plano de los tratados internacionales», agrega la ministra. Destaca que la Argentina «tiene hace 99 años abortos legales», y que en ese lapso «ninguna Corte Suprema, de las diversas que hubo, ideológicamente absolutamente dispares, declaró inconstitucional esta norma».
Gómez Alcorta recuerda el fallo conocido como FAL, de 2012, que señaló que el aborto no es punible en ningún caso de violación y que el sistema de salud no puede negar la interrupción de esos embarazos no deseados. «Significa que la práctica no tiene contradicción constitucional ni convencional frente a causales. Acá lo que hacemos es ampliarlas a la voluntad de las mujeres. Hay mucha tranquilidad respecto de la solidez normativa», desliza.
Un grupo de especialistas está redactando la primera obra jurídica que pretende ser «un análisis exegético» de la ley IVE y el programa Mil Días «desde la triple visión constitucional, civil y penal», según contó hace unos días la abogada especialista en Derecho de Familia e investigadora del Conicet Marisa Herrera. Este material surge en respuesta a los intentos y amenazas de judicializar la ley para «obstaculizar su aplicación».
Objeción de conciencia
Uno de los ítems más sensibles en torno a la aplicación de la ley es el de la objeción de conciencia. El «principal obstáculo», de acuerdo a la mirada de Celeste Mac Dougall, activista de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En efecto, este punto no estaba incluido en el proyecto elaborado por la Campaña. «Va a ser una traba. Pero a la vez nosotras hemos construido una Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir en todo el país, que ya garantiza las interrupciones legales. Va a ser la misma que garantizará los abortos voluntarios», sostiene.
Barrancos asegura que la reglamentación de la norma no dejará «lugar a dudas»: «Las instituciones públicas no podrán tener masividad objetora». «Habrá un registro de objetores y objetoras, pero los servicios tienen que funcionar totalmente», aclara. Supone que el «miedo» de algunos profesionales a «ser alcanzados por alguna situación que derivara de una incomprensión o negligente aplicación de la ley por parte de un tribunal está totalmente superado hoy». «Van a disminuir los objetores de conciencia», estima.
En el ámbito privado, «puede que todos los médicos que contrate un establecimiento sean objetores de conciencia», pero en tal caso la norma obliga a una derivación. «El sistema de salud público tiene que asegurar que haya efectores que garanticen la práctica. Es parte del camino a recorrer», dice, en sintonía, Gómez Alcorta. García es menos optimista: «Lo hemos vivido con la ILE. Tuvo que venir un fallo de la corte (el FAL). No se cumple del todo; no va a ser sencillo. Va a ser uno de los grandes obstáculos».
La lucha dio frutos. La batalla recién comienza. Y en ella, da la sensación, seguirá siendo crucial la tarea de las redes que surgieron y se fortalecieron de un tiempo a esta parte, como Abofem o la de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, por mencionar ejemplos incluidos en esta nota. El Estado amplía derechos aprovechando el trabajo preexistente, y en este marco la tarea de las organizaciones de la sociedad civil está llamada a continuar. No por nada, el ministro González García expresó que espera que la militancia feminista se involucre y sea parte de este proceso, del mismo modo que fue pieza clave para la conquista de la ley.
