Chile | Piñera presenta polémico proyecto para “combatir el crimen organizado” con agentes encubiertos e infiltrados
Piñera firma proyecto para combatir el crimen organizado con agentes encubierto, informantes e infiltrados
El Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó este domingo el proyecto de ley para perseguir y sancionar con más y mejores instrumentos a la delincuencia organizada.
«Estamos en un punto de inflexión que nos obliga a actuar ahora y con decisión y urgencia, porque mañana podría ser demasiado tarde», sostuvo el Mandatario en un acto en el Palacio de La Moneda en el que estuvo acompañado por los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de Justicia, Hernán Larraín; el general director de Carabineros, Ricardo Yañez; y el director general de la PDI, Héctor Espinosa.
El proyecto de ley modifica el delito de “asociación ilícita” en el Código Penal, reemplazándolo por dos figuras: la asociación delictiva y la asociación criminal.
La Asociación Delictiva sancionará a quienes formen parte de una organización delictiva para cometer simples delitos, con penas de privación de libertad de hasta 5 años.
La Asociación Criminal, por su parte, sancionará a quienes formen parte de una organización delictiva para cometer crímenes, con penas de privación de libertad que llegan hasta los 10 años.
Con esto se establecen criterios claros para cuando se está en presencia de una “asociación” y no simplemente en un concierto de voluntades para cometer un delito. El sólo hecho de “organizarse” será delito, con independencia de si se comete o no el delito que se planifica.
Para darla por establecida, el tribunal deberá apreciar una asociación delictiva o criminal atendiendo a la cantidad de sus miembros, su dotación de recursos y medios y su capacidad de planificación y acción sostenida en el tiempo.
Además, la iniciativa establece una regla de incentivo a la delación por parte de alguno de los miembros de la organización criminal. Así, el tribunal puede prescindir de las penas que hubieren correspondido, o imponer una inferior en uno o dos grados, dependiendo de la intensidad de la colaboración.
Agentes encubierto e interceptaciones telefónicas
El proyecto de ley también propone la modificación y facilitación de las técnicas especiales de investigación (agentes encubiertos, interceptaciones telefónicas e infiltración de redes u grupos criminales operando en el país), extensible a todos los hechos constitutivos de criminalidad organizada, con la autorización del juez de garantía.
“Sólo unidos, con fuerza, voluntad y coraje, y con un sentido de urgencia en la acción, podremos controlar las bandas delictivas y el crimen organizado y devolverles a todas las familias chilenas el derecho a una vida más libre, más segura y con mayor paz”, enfatizó el Jefe de Estado, quien previamente sostuvo una reunión de trabajo con los ministros Delgado y Larraín, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli; la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell; y los directores de Carabineros y de la PDI.
Mesa del Senado fustiga al Gobierno por «endosar al Congreso el fracaso» en el combate a la delincuencia
La Mesa del Senado cuestionó duramente la labor del Gobierno en el combate a la delincuencia y lo acusó de querer «endosar» al Congreso la responsabilidad de su «fracaso» en esa tarea, sobre todo luego de que el Ejecutivo presentó este domingo un proyecto de ley para fortalecer las herramientos policiales, de investigación y modificar criterios judiciales contra el crimen organizado.
La directiva de la Cámara Alta, liderada por la senadora Adriana Muñoz (PPD), manifestó que «rechaza tajantemente las declaraciones del Presidente de la Republica y miembros de su gabinete, que han endosado al Congreso Nacional sus responsabilidades en el fracaso absoluto del Gobierno en el combate a la delincuencia y el crimen organizado».
Mediante una declaración pública, criticó que «se ha hecho habitual, en estos últimos años, apuntar al Poder Legislativo por las fallas en el control de la seguridad pública, en circunstancias que es el Poder Ejecutivo el que debe asumir que tiene el mandato constitucional y las atribuciones necesarias para llevar adelante dicha función».
Planteó que «carece por completo de verosimilitud que sea la falta de legislación la que impida perseguir estos ilícitos», toda vez que «las normas siempre pueden perfeccionarse, pero existen suficientes disposiciones para investigar y sancionar los hechos que han ocasionado conmoción pública en los últimos días», entre ellos, las dos balaceras en menos de 24 horas que dejaron dos fallecidos en Maipú.
«RESPONSABILIDADES E INACCIÓN DEL GOBIERNO»
«La responsabilidad del Gobierno en el tema queda meridianamente expuesta en diversas situaciones», puntualizó la Mesa, apuntando principalmente a la crisis de Carabineros.
«En primer término, es el responsable del grave deterioro de la policía uniformada, que es clave en la prevención del delito. Pese a los esfuerzos que se han realizado en el Senado, en el seno de la Comisión de Seguridad Pública, desde donde han emanado hojas de ruta y propuestas para una reforma integral y profunda de Carabineros, el Gobierno aún no ha presentado a discusión los proyectos de ley que se requieren para mejorar de manera sustancial la legitimidad y profesionalización de la institución», expuso.
Subrayó también que «pese a las restricciones de funcionamiento por la pandemia, el Senado ha seguido avanzando en proyectos relativos a seguridad pública»; pero, «lamentablemente, es el propio Ejecutivo el que no ha presentado indicaciones a algunos de ellos, o ha sido incapaz de construir acuerdos para posibilitar su avance, como son los casos de los proyectos de ley que reforman la ley de control de armas y la ley de inteligencia, respectivamente».
«Por último -afirmó-, una muestra cabal de la inacción del Gobierno en estos temas, es que el día de hoy ha anunciado el envío de un proyecto de ley sobre crimen organizado, que ya había comprometido públicamente a comienzos de noviembre: vale decir, en más de 45 días no concretó iniciativa alguna y lo ha hecho recién ante la contingencia, tras los sucesos de Maipú».
Los integrantes de la directiva del Senado reiteraron que están «absolutamente disponibles para seguir avanzando en la modernizacion y perfeccionamiento de nuestra legislacion en esta materia, con un espiritu de dialogo, colaboracion y respeto mutuo», marco en el cual «exigimos el adecuado respeto por las instituciones democráticas».
«No resulta entendible que mientras continuamente, tanto el Presidente de la República como los ministros valoran públicamente el apoyo y colaboración del Congreso Nacional, se reaccione con agudas y destempladas críticas cada vez que el Ejecutivo enfrenta problemas», sentenciaron.
