Editoriales del diario La jornada: México ante Joe Biden
El lunes pasado, después de que el Colegio Electoral de Estados Unidos ratificara la victoria electoral de Joe Biden, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al demócrata una carta de felicitación por su triunfo en los comicios del 3 de noviembre. Saludar al presidente electo es una formalidad que muchos gobernantes realizaron en días posteriores a las elecciones, pero que el gobierno mexicano decidió postergar hasta que existiera un resultado oficial de acuerdo con las leyes estadounidenses.
En torno a la dilación de este reconocimiento se montó una campaña de golpeteo político para presentarla como un acto de irresponsabilidad diplomática y dar por hecho –sin sustento alguno– que dañaría la relación bilateral, con base en el supuesto pueril de que la tardanza en la felicitación sería vista como una ofensa y generaría un rencor permanente en el próximo habitante de la Casa Blanca.
La realidad es que, independientemente de que los presidentes de Estados Unidos sean republicanos o demócratas, institucionales y comedidos, como Biden, o vociferantes, como Trump, todos ellos se apegan a una política de Estado de muy larga data, caracterizada por el expansionismo, el colonialismo, el saqueo, la aplicación extraterritorial de las leyes y la intromisión en los asuntos internos de las demás naciones.
El mandatario electo en noviembre no sólo no ha dado señal alguna de distanciarse de tal política sino que se mostró como un entusiasta impulsor de sus postulados durante los ocho años en que ejerció la vicepresidencia, así como en sus declaraciones durante y después de la reciente campaña electoral.
Con estas consideraciones en mente, resulta claro que los jefes de Estado de México, tienen la responsabilidad de procurar un cuidadoso equilibrio entre la preservación de la soberanía nacional y el desarrollo de relaciones lo más armoniosas que se pueda con una superpotencia a la que estamos vinculados por una frontera común que es de las mayores del mundo, pero también por una estrecha y creciente vinculación económica y por una población mexicana o de origen mexicano de decenas de millones que vive en territorio estadunidense.
Cierto es que la relación bilateral experimentará modificaciones con la llegada de Biden a la presidencia y su programa, su ideología y su personalidad introducirán cambios en la manera en que se ve a México desde el poder público en Washington.
En primer lugar, debe reconocerse que el demócrata tiene posturas más sensatas en materia migratoria, y su retórica en ese asunto dista del tono agresivo y difamatorio usado por el magnate republicano. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el fin del aislacionismo impulsado por Trump en política exterior representará, de manera casi inexorable, el regreso de un intervencionismo más acentuado.
Es posible, por ello, que el relativo respiro que supuso el escaso interés del presidente saliente por los asuntos internacionales será remplazado con las tradicionales presiones injerencistas.
Al respecto, es alentador que el presidente López Obrador enfatice en su carta el respeto a nuestras soberanías y los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución; en especial, el de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Al haberse abstenido escrupulosamente de intervenir en los asuntos internos de Washington, el actual gobierno mexicano cuenta con la autoridad moral para fincar en ese respeto el fundamento de la relación.
Tal vez el desastre interno que heredarán Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, con una sociedad polarizada como no lo había estado en siglo y medio, deje a los demócratas poco margen para priorizar la política exterior. Sin embargo, la relación con México reviste un carácter especial –para bien y para mal– y cabe hacer votos por que Biden entienda el mensaje enviado el lunes, y su gobierno se avenga a respetar la soberanía mexicana.
Ley de Seguridad Nacional y soberanía
Avanza en el Senado la aprobación de la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de regular y transparentar la presencia de agentes del extranjero en México.
El mandatario había descartado que la iniciativa de ley genere fricciones con Estados Unidos. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard negó que la reforma lleve dedicatoria a la agencia antidrogas de Washington (Drug Enforcement Administration, DEA) o a algún país en específico, sino que busca poner orden y dotar a México de un marco legal claro en su cooperación con otros países, así como hacer efectivo el principio de reciprocidad en esas relaciones.
Lo cierto es que ni ésta ni ninguna otra modificación en el orden jurídico mexicano tiene por qué generar desavenencias con la Casa Blanca mientras sus ocupantes se conduzcan con el debido respeto a la soberanía de la que México goza para dotarse de sus propias leyes. Además, debe considerarse que en ningún modo se trata de disposiciones extraordinarias, sino de las regulaciones que todo país establece a los agentes extranjeros a los que permite operar en su territorio.
Sin embargo, resulta igualmente innegable que la iniciativa obradorista se presenta en un contexto en que los agentes estadounidenses, y en particular los adscritos a la DEA, han abusado sistemáticamente de los acuerdos que avalan su presencia en el país. Este desafío hacia las leyes mexicanas se ha dado tanto entre los funcionarios oficialmente acreditados como entre los encubiertos.
Por la propia naturaleza de su labor, es imposible conocer los alcances de los atropellos perpetrados por estos últimos, muchos de ellos facilitados por la actitud omisa de distintas administraciones federales. En efecto, no se puede soslayar que en el pasado los gobernantes se avinieron al libertinaje de las agencias estadunidenses, el cual alcanzó niveles escandalosos en el sexenio de Felipe Calderón.
En este sentido, el cambio en el marco legal tuvo como obvio catalizador el espionaje de la agencia antidrogas contra un funcionario en activo del más alto rango, el ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos Zepeda. Cabe recordar que, con independencia de si el general es culpable o no de los delitos de que se le acusa, la DEA se condujo con absoluto desaseo en las indagatorias, cuya ilegalidad quedó exhibida por la imputación de la fiscalía federal estadunidense que condujo el caso hasta la devolución de Cienfuegos a México.
Estos antecedentes confirman la necesidad de la reforma discutida en la Cámara alta: la vigencia de la soberanía nacional exige delimitar de manera muy precisa el campo de acción de los agentes extranjeros que operen en el país, así como vigilar estrechamente el cumplimiento de esas limitaciones.
