Uruguay | Presidencia inició sumario y separó del cargo al Fiscal de Gobierno Miguel Toma
Presidencia suspendió a Toma por seis meses y le inició un sumario por viajes oficiales
Miguel Ángel Toma, secretario de Presidencia durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, fue suspendido preventivamente por seis meses en su labor como fiscal de Gobierno y se le iniciará un sumario.
La decisión fue tomada este miércoles por Presidencia, según informó Subrayado. Se trata de la causa que involucra al jerarca en presuntas irregularidades en sus viajes oficiales al exterior cuando era secretario de Presidencia.
Especialmente se investigan los viajes a Roma, donde Toma trabajaba en los juicios contra represores de la última dictadura uruguaya. El actual fiscal de Gobierno, por entonces secretario de Presidencia, viajó acompañado de la contadora Giuliana Pérez, de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).
La investigación administrativa fue ordenada por el presidente Luis Lacalle Pou el 18 de septiembre.
También en septiembre, el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani realizó un pedido de informes a Presidencia para conocer los detalles de estos viajes.
Presidencia le brindó más información al legislador, que este lunes anunció en Radio Uruguay que remitirá la información a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en la medida de que entiende que «hay elementos que pueden comprobar ciertas irregularidades, fundamentalmente a lo que hace la devolución de viáticos».
Presidencia inicia sumario a Miguel Toma con separación del cargo por seis meses
Presidencia de la República resolvió este miércoles iniciar un sumario a Miguel Ángel Toma con separación del cargo por seis meses.
El ex secretario de Presidencia durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (actual Fiscal de Gobierno) es investigado por presuntas irregularidades en sus viajes oficiales al exterior.
En particular se investigan sus viajes a Roma el año pasado, acompañado de una contadora recién recibida que Toma pidió especialmente para esas misiones oficiales en el marco del juicio en Italia a represores de la dictadura uruguaya.
La investigación administrativa estuvo a cargo del vicedirector de la Oficina Nacional de Servicio Civil.
Esta semana el diputado colorado Felipe Schipani denunció que en esos viajes Toma y la contadora incurrieron en gastos excesivos.
Presidencia inicia sumario y separa del cargo por seis meses a Miguel Ángel Toma
Tras una investigación administrativa de Presidencia de la República contra el exsecretario de Presidencia Miguel Ángel Toma -actual fiscal de Gobierno- por sus viajes oficiales al exterior durante 2019, se dispuso un sumario y suspensión preventiva del cargo por seis meses, informó Radio Universal y confirmó El País con fuentes del gobierno.
El presidente Luis Lacalle Pou dispuso esta investigación administrativa el 18 de setiembre para “esclarecer” las misiones oficiales de las que participó Toma, secretario de la Presidencia durante el segundo mandato de Tabaré Vázquez (2015 – 2020).
Dos días antes, el 16 de setiembre, el programa «Así Nos Va» (Radio Carve) divulgó que a comienzos de este año la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) archivó una investigación sobre los viajes realizados el año pasado por Toma y Giuliana Pérez, una contadora integrante de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). La investigación se abrió producto de una denuncia anónima en la que se advertía la realización de dichos viajes.
Un día después, el 17 de setiembre, el semanario Búsqueda dio cuenta de la denuncia anónima que recibió el entonces vicepresidente de la Jutep, Daniel Borrelli, en su mail acerca de esta situación.
Toma, – que declaró el 29 de setiembre por seis horas ante Sánchez en Torre Ejecutiva -, no logró probar que Pérez tenía la idoneidad técnica para concurrir a misiones oficiales relacionadas con juicios a militares uruguayos en el marco del “Plan Cóndor” en Roma y al arbitraje internacional iniciado por la minera Aratirí en Washington.
Sánchez había declarado a El País a fines de setiembre que el objetivo de esta investigación reservada era «determinar si hubo o no irregularidades en esas misiones».
«La instrucción tiene 60 días exactamente para realizarse. Estamos recién comenzando», había declarado en aquél entonces.
Toma cuenta con un cargo presupuestado en Fiscalía de gobierno, por lo que comenzaron dos procedimientos «bien distintos»
Por un lado, está la «investigación administrativa, donde se trata de determinar si hubo alguna irregularidad en la función pública», había indicado Sánchez. Luego, si se encontraba una irregularidad, se identificaría a las personas que podrían estar vinculadas a esta. El segundo proceso es un sumario que se inició una vez se comprobó la irregularidad.
En tanto, Sánchez había aclarado que si se constataba una irregularidad se podía llegar a la «destitución». De todos modos, se abre otro escenario, ya que «todos los funcionarios presupuestados de la Administración Central requieren la previa venia del Senado para la destitución», aclaró Sánchez.
