Centro Nacional de Memoria Histórica revela 4500 víctimas del conflicto desde la firma de los Acuerdos de Paz
Desde el acuerdo de paz van 4.500 nuevas víctimas por el conflicto
Por Javier Forero Ortiz y Luisa Mercado
Campesinos, comerciantes, niños, miembros de la Fuerza Pública, guerrilleros, hombres, mujeres. El conflicto armado se ensañó con los colombianos sin distinguir sexo, estrato o religión.
Así lo revelan las más recientes cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, durante el relanzamiento del Observatorio de la Memoria y el Conflicto (Cnmh), que da cuenta de las cifras de la violencia en suelo colombiano, desde 1958 hasta octubre de este año.
De acuerdo con la entidad, entre 1958 y octubre de este año se presentaron 357.108 hechos violentos, que han dejado 416.808 víctimas directas, de las cuales 265.505 murieron.
La modalidad violenta que más víctimas ha dejado ha sido el asesinato selectivo. 179.551 personas murieron bajo esta forma, lo que corresponde al 42,94 por ciento de los actos de violencia cometidos en el marco del conflicto.
La siguiente modalidad de violencia que más se ha presentado en el país es la desaparición forzada, modalidad de la cual se han presentado 67.850 actos, lo que representa el 19,2 por ciento del total de hechos de violencia. Por esta circunstancia han quedado 80.599 víctimas. De las 80.599 víctimas de desaparición forzada, 8.248 aparecieron muertas, 1.793 aparecieron vivas, de 58.951 no se tiene mayor información a su desaparición y 11.607 siguen desaparecidas, pero se tienen indicios de su suerte.
«Los datos y cifras del conflicto aportan a la memoria, al esclarecimiento de la verdad, a la reparación de las víctimas y a la no repetición de los hechos de la guerra»
La tercera modalidad de violencia que más se ha presentado son las acciones bélicas (10,2 por ciento de los casos), seguidas por el secuestro (8,7 por ciento de los casos).
El daño a bienes civiles representa el 5,9 por ciento de las acciones, el reclutamiento y utilización de menores constituye el 4,7 por ciento de los casos y la violencia sexual, el 4,3 por ciento.
Se ha documentado que la violencia sexual en el marco del conflicto armado ha dejado 15.757 víctimas entre 1958 y 2020.
En cuanto a la ocupación de las víctimas, el observatorio muestra que los más afectados han sido los campesinos, quienes han puesto el 15 por ciento de los afectados por el conflicto, lo que representa 27.334 víctimas.
El listado lo siguen los guerrilleros, que representan el 14,1 por ciento del universo de víctimas, es decir, 25.731 subversivos han resultado afectados por el conflicto.
Muy de cerca están los miembros de la Fuerza Pública, quienes han puesto 23.748 víctimas, es decir, el 13,2 por ciento del total de personas que han padecido los flagelos de la guerra. Por su parte, en los últimos 62 años, 13.806 comerciantes han resultado víctimas del conflicto.
Muy de cerca están los miembros de la Fuerza Pública, quienes han puesto 23,748 víctimas, es decir, el 13, 2 por ciento del total de personas que han padecido los flagelos de la guerra. Por su parte, en los últimos 62 años, 13.806 comerciantes han resultado víctimas del conflicto.
«El asesinato selectivo ha dejado 179.551 víctimas entre 1958 y 2020»
Masacres
Cifras de este observatorio muestran que este año ha habido un aumento en las masacres. En 2017 hubo 43 víctimas por esta modalidad violenta, en 2018 fueron 42 las víctimas, en 2019 hubo una disminución, con 23 víctimas, y en lo corrido de este año ha habido 64 víctimas, de las cuales el 27,2 por ciento son de Antioquia, el 18 por ciento de Nariño y el 18 por ciento de Norte de Santander. El 68 por ciento de estas víctimas han sido campesinos.
Por otra parte, en el caso de los asesinatos selectivos, según el observatorio, en 2018 hubo 490 víctimas, de las cuales el 14,7 por ciento se encuentran en Antioquia; en 2019 hubo 356 víctimas, y el 20 por ciento se encuentra en el departamento de Cauca. En lo corrido de este año ha habido 480 víctimas, de las cuales el 20 por ciento están en Santander.
Disminución de acciones
Un hecho que muestran lo datos recopilados por el observatorio es que en los últimos años las acciones violentas en el marco del conflicto armado han disminuido, a pesar de que hoy en día, a pesar de la firma del acuerdo de La Habana, se siguen presentando hechos violentos.
Esto se debe en buena medida a que todavía subsisten grupos como el Eln y otras organizaciones delincuenciales.
Según esta misma entidad, en 2002 hubo un pico de violencia, en el cual se presentaron 30.073 hechos de violencia, pero a partir de allí el país viene con tendencia a la baja, a 2010 el número de hechos violentos llegó a 5.017. Y el año pasado el número llegó a 486 acciones de este tipo.
El departamento en el que mayor cantidad de hechos violentos han acontecido entre 1958 y 2020 es Antioquia con 97.535 casos en el marco del conflicto armado. Le sigue Norte de Santander, con 17.762 acciones, y Meta, con 17.471 hechos de violencia.
Estos departamentos, especialmente Antioquia y Norte de Santander, han tenido fuerte presencia guerrillera y para militar a la vez.
En los últimos cuatro años ha habido 4.513 víctimas por hechos violentos; de estos, el 12 por ciento está en Antioquia, seguido de Norte de Santander, con el 10 por ciento del total de casos. El mayor número de víctimas son por asesinatos selectivos (37,2 por ciento), seguido de acciones bélicas (23 por ciento), secuestro (19 por ciento), minas (6,5 por ciento) y daño a bienes civiles (6,4 por ciento).
«En el 2002 hubo un pico de violencia: se presentaron 30.073 hechos de violentos»
Jorge Lozano Ospina, Coordinador del observatorio, explica cómo contabilizan las víctimas
¿Qué es el observatorio de la Memoria y el Conflicto?
El observatorio por un lado aporta a la documentación de víctimas del conflicto, pero también se convierte en una herramienta fundamental para el esclarecimiento de la verdad y la no repetición. En la plataforma, además de tener la actualización mensual de los datos, los usuarios podrán descargar todas las bases de datos para que hagan sus propios cruces de información. Los únicos datos a los que no se puede acceder mediante descarga son las referencias personales de las víctimas, con el fin de evitar la revictimización.
¿Por qué ustedes reportan 418.000 víctimas desde 1958, mientras la Unidad de Víctimas habla de más de 9 millones?
La diferencia está en que nosotros contabilizamos solo las víctimas directas en cada uno de los casos, mientras que la Unidad de Víctimas lleva su registro a partir de quienes fueron afectados directamente pero también sus familias, por eso la cifra es mayor.
¿Cuál es la idea del observatorio?
Este micrositio es muy intuitivo; se puede acceder a partir de diferentes tableros que hacen referencia a cada una de las modalidades que se dieron en el conflicto, como las acciones bélicas, masacres, asesinatos selectivos, desaparición forzada, secuestro, entre otros. La información es muy detallada, pero si la persona no encuentra el dato específico que está buscando, puede descargar las bases de datos; y si no encuentra lo que necesita en las bases de datos, puede contactar al observatorio.
¿Cómo se hace la actualización de los datos?
Fuentes nos proveen el relato de un hecho puntual, puede ser que una fuente nos llegue con un reporte de prensa o un registro de la Unidad de Víctimas. Cuando tenemos esa información, los investigadores del observatorio hacen unos tamizajes a partir de las metodologías que hemos construido. Hemos construido unas categorías para documentar lo sucedido, con unas variables para reconocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
‘Se necesita paciencia para avanzar con el acuerdo de paz’: ONU
Por Sergio A. Daza
Esta semana se cumplen cuatro años desde que entró en vigencia el acuerdo de paz, y si bien han habido avances en ciertos aspectos, también persisten las dificultades en varios puntos que han impedido su plena implementación. Uno de los obstáculos más preocupantes es el tema de la seguridad, porque aunque más de 13.000 exintegrantes de las Farc se mantienen comprometidos con la paz, según el último reporte trimestral de Naciones Unidas desde 2016 han sido asesinados 237 excombatientes.
A estas muertes se les suman los asesinatos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como el aumento de las masacres en distintos territorios del país. No obstante, a pesar de este panorama, para Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas, existen logros significativos que no se deben olvidar para seguir avanzando en la implementación.
En conversación con EL TIEMPO, Ruiz Massieu menciona algunos avances y obstáculos, pero también hace un llamado a la paciencia, “porque la construcción de la paz es un proceso a largo plazo”.
Para Naciones Unidas, ¿cuáles han sido los logros y avances que se han dado desde que se firmó el acuerdo de paz?
Hay logros muy importantes que son irreversibles como el cese del fuego, la dejación de armas, la transformación de Farc en un partido político que ha propuesto iniciativas, participando e incluso organizado debates en el Congreso, haciendo política en lugar de combatir contra el Estado. También hay que destacar temas que salen del acuerdo como el estatuto de la oposición, que es importante porque amplía la democracia en el país.
¿Y en materia de reincorporación?
En la reincorporación hay avances claros: más de 13.000 excombatientes siguen comprometidos con el proceso, aunque hay diferentes obstáculos. Hay avances en cuanto a los números de proyectos productivos, y aunque existen problemas, esta es un área que avanza de manera positiva. Hay que seguir avanzando, la reincorporación no es un proceso de corto plazo sino de mediano y largo; y hay elementos que se deben garantizar para que este proceso sea sostenible en el tiempo, como la asistencia técnica, el acceso a mercados, y un elemento muy importante: el acceso a tierras. Estos son algunos avances, pero no son los únicos.
¿Cuáles son los otros?
Vale la pena mencionar los programas diseñados para llevar el desarrollo a las comunidades afectadas por el conflicto como son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet); no obstante, aunque también hay obstáculos, hay que reconocer la inversión del Estado porque son programas importantes para las comunidades.
¿Y cómo ha sido el trabajo que vienen realizando las instituciones del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición?
Hay que destacar el trabajo que han venido haciendo la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda. La JEP, con la apertura de los siete macrocasos, con la atención a más de 300.000 víctimas, con la recepción de más de 300 informes de las mismas; y se espera que comiencen a dictar sanciones para el próximo año. La Comisión de la Verdad, con los diferentes eventos de diálogos para la reconciliación que han involucrado a distintos actores, y que son muy importantes porque uno de los elementos más relevantes del acuerdo es que las víctimas están en el centro. Desde Naciones Unidas tenemos la necesidad de seguir acompañando al Sistema y de verificar que sigamos avanzando hacia la reparación de las víctimas y a la reconciliación.
«La justicia en este caso es restaurativa, justicia reparadora, y la verdad está en el centro»
La Comisión de la Verdad acaba de cumplir dos años de su mandato y solo le queda uno para entregar su informe final. ¿Cómo evalúa el trabajo de la Comisión y la importancia de este informe para Colombia?
Al ser un acuerdo que está centrado en las víctimas y que busca la reconciliación nacional, el papel de la Comisión de la Verdad ha sido, es y será muy relevante. Esperamos que el informe final resuma elementos que son importantes para el país sobre lo que sucedió en el conflicto y que ayude a Colombia a ir cerrando, pero sin olvidar algunos capítulos que han sido muy duros para diferentes sectores.
Se escuchan muchas críticas a la JEP, ¿cuál es su percepción acerca de cómo están funcionando las cosas allí?
En Naciones Unidas hemos abogado por la autonomía e independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es una institución central en el acuerdo y fundamental para la verdad, justicia, reparación y no repetición. Esta independencia y autonomía significan que todos tenemos que reconocer que le corresponde a esta autoridad tomar decisiones acordes con su jurisdicción. Independientemente de las decisiones que tome, lo más importante es el respeto como órgano judicial, es el respeto a las decisiones judiciales.
Hablemos de los obstáculos, ¿cuáles han sido los problemas que ha tenido la implementación?
Como el acuerdo de paz es de largo plazo, inicialmente planteado a 15 años, el primer obstáculo es entender que la implementación no puede ir al mismo ritmo en todos los elementos ni en el corto plazo. Esto genera percepciones de incumplimiento de una u otra de las partes. Entonces, el primer obstáculo es la percepción porque se necesitan paciencia, persistencia y resiliencia para seguir con la implementación y tener expectativas de largo aliento.
La violencia ha aumentado en los últimos años, ¿cuál es el balance de la seguridad en Colombia?
Claramente una de las áreas más complejas y más difíciles de cumplir es la presencia integral del Estado en los territorios, que es muy importante para reducir la violencia en los territorios afectados por el conflicto. La presencia del Estado, que ha sido muy limitada históricamente, tiene que ir avanzando de manera gradual para poder llegar a ese objetivo y ese es realmente el mayor disuasivo para la violencia en el país. Al ser un proceso de largo aliento, hasta ahora las medidas más coyunturales y de corto plazo que se han adoptado para dotar de seguridad los territorios todavía no tienen los resultados deseados. Esto se ve reflejado en los asesinatos de los excombatientes, de los líderes sociales, de defensores de derechos humanos, incluidas las masacres que se han presentado en algunas regiones del país.
«Si no hay seguridad para los excombatientes, para los líderes sociales, para las comunidades, es muy difícil implementar los programas»
¿La solución es aumentar la presencia militar?
Uno de los mayores retos es que el Estado pueda ir llegando poco a poco a los territorios, pero no solamente con fuerza pública, que es el primer paso, sino también con instituciones civiles, con educación, salud, secciones judiciales, instituciones que lleven desarrollo, servicios y seguridad a esos territorios. El propio acuerdo de paz tiene unos mecanismos que esperamos se utilicen a plenitud para reducir la violencia a corto plazo, como son la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. En la medida en que haya una política pública de desmantelamiento y que esta se implemente, esperamos que eso tenga un efecto importante sobre la reducción de la violencia. Si no hay seguridad para los excombatientes, para los líderes sociales, para las comunidades, es muy difícil implementar los programas porque todo empieza con la protección de la vida.
Los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico son uno de los problemas centrales. ¿Cuáles podrían ser los caminos correctos para solucionar esto?
El programa de sustitución de cultivos (Pnis) tiene tres elementos importantes: la erradicación, el sustento a las familias y los cultivos alternativos. Las primeras partes han tenido avances importantes, pero el tercer elemento tiene poco avance. Si se logra que este programa esté debidamente financiado y que pueda dar los cultivos o proyectos alternativos para esas familias, puede ser un gran avance. La resiembra en este programa es menor al uno por ciento, en contraste con la resiembra que se hace por la erradicación forzada, que asciende a un 40 por ciento. Entonces, esta efectividad nos da una clara imagen de la importancia de este programa para la erradicación de un problema de graves consecuencias para Colombia y para el mundo. El Pnis no va a terminar completamente el problema del narcotráfico, pero ayudará de manera importante a su solución.
Para la comunidad Internacional, ¿cuál es el valor del acuerdo de paz?
Colombia tiene un gran valor por muchas razones. Es un acuerdo muy novedoso en ciertos aspectos. Uno es que encuentra el balance entre justicia y paz, que es muy difícil de alcanzar. La justicia en este caso es restaurativa, justicia reparadora, y la verdad está en el centro. También es muy novedoso en términos de género y de empoderamiento de la mujer, está reconocido internacionalmente como el acuerdo que tiene mayor cantidad de temas de género incluido en diferentes apartados. Además, este es de los pocos acuerdos y procesos que cuentan con el apoyo unánime del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los 15 países miembros del Consejo de Seguridad están con un firme apoyo al proceso de paz colombiano y a la implementación del acuerdo. Esto también lo hace único.
Muchos colombianos tienen una percepción negativa de lo que está pasando con el acuerdo de paz. ¿Qué les diría a ellos?
Les pediría recordar los logros que se han alcanzado y cómo eso trajo una reducción de la violencia en el país cuando se firmó el acuerdo de paz, pero sin olvidar que hay desafíos y retos hacia adelante. También les diría que hay que tener paciencia: son 15 años en los que esperamos se sigan implementando los acuerdos y Naciones Unidas seguirá acompañando este proceso. Estamos seguros de que se van a lograr objetivos muy importantes para el país como la reconciliación nacional. No son temas fáciles, han sido décadas muy duras para el país, el conflicto ha dejado muchas víctimas, muchas heridas que incluso siguen abiertas, pero realmente el acuerdo de paz lo que intenta es precisamente sanar esas heridas y seguir caminando juntos, todos los colombianos, apoyados por la comunidad internacional, hacia un mejor país.
En los últimos tres meses asesinaron al menos 49 líderes
Por Hernando Vergara Noriega
Al menos 40 líderes sociales fueron asesinados en Colombia durante el tercer trimestre de 2020, según un estudio divulgado por el programa no gubernamental Somos Defensores.
El informe registró entre julio y septiembre de este año un total de 184 agresiones contra 182 defensores de derechos humanos, lo que muestra ‘un panorama sostenido de violencia’ al comparar esa cifra con las 183 documentadas en el mismo periodo de 2019.
Además de los 40 homicidios, con los que en los primeros nueve meses del año la organización documentó en total 135 asesinatos, también ocurrieron en el tercer trimestre 121 amenazas, 17 atentados, cinco desapariciones y una judicialización.
«En cuanto a los asesinatos, se presenta un incremento significativo del 54 %, es decir, 14 hechos más que los ocurridos en el mismo periodo de 2019. También es preocupante el comportamiento de los atentados, que presentaron un incremento del 113 %», detalló el boletín.
Pese a que las amenazas registraron una disminución del 17 %, Somos Defensores determinó que esa cifra contrasta con el incremento de las demás agresiones, lo que evidencia que ‘la violencia contra las personas defensoras se mantiene constante y con una tendencia preocupante de pasar de la generación de zozobra y miedo a la acción directa contra la vida’.
De las 182 personas agredidas, 88 presuntamente fueron víctimas de actores desconocidos (48 %), 54 de grupos paramilitares (30%), 20 de las disidencias de las FARC (11 %), 11 de la guerrilla del ELN (6%), 8 de la Fuerza Pública (4%) y 1 de la Fiscalía (1%).
PASÓ EN MÁS DE LA MITAD DEL PAÍS
Las agresiones ocurrieron en 22 de los 32 departamentos de Colombia, lo que equivale al 69 % del territorio nacional, y 48 de ellas fueron documentadas en el convulso departamento del Cauca, que al igual que en el tercer trimestre de 2019 fue la región con más casos registrados.
La organización también documentó un drástico aumento en el departamento de Nariño, que pasó de seis agresiones a 40 en el periodo.
Dijo además que esto ocurrió pese a la militarización del territorio en zonas como el piedemonte y la costa pacífica, lo que a su juicio traduce que un mayor pie de fuerza en los territorios no es garantía de entornos más seguros para el ejercicio de la labor de los liderazgos sociales.
Después de estas regiones, los departamentos donde hubo más agresiones fueron los de Cundinamarca con 21 hechos; Córdoba, con 10; Magdalena, con nueve, y Meta con ocho.
«Preocupa que a pesar de la gravedad de la situación el Estado no ha tomado medidas efectivas para controlar la violencia y el Gobierno persiste en negar su gravedad, lo que podría ocasionar que este año culmine con uno de los mayores registros de asesinatos», advirtió la organización sobre el asesinato de 34 líderes y seis lideresas.
