Una misión de la CIDH llegará al país para investigar las masacres de Senkata y Sacaba
Expertos de la CIDH llegan el 23 de noviembre para investigar los hechos de Sacaba y Senkata
Las autoridades de Gobierno anunciaron que el 23 de noviembre llegarán a Bolivia cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para iniciar una investigación sobre las muertes de Huayllani (Cochabamba) y Senkata (El Alto), ocurridas en noviembre de 2019, anunció el ministro de Justicia, Iván Lima, y el senador por el MAS Leonardo Loza, durante los actos que se llevaron adelante en Sacaba.
El propósito del Gobierno es abrir “todos los expedientes” de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y del Ministerio Público a la investigación que llevará adelante la CIDH, lo que permitirá, identificar “a los autores intelectuales y materiales” de lo sucedido.
“Para que ningún político asesino diga que es una persecución política va a ser importante, pieza clave, que la justicia internacional y nacional intervenga en esta situación», dijo Loza, durante los actos de conmemoración por los 12 caídos en Huayllani.
ACCIONES Por su parte, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, la delegación de expertos entregará a la Fiscalía General del Estado (FGE) un informe técnico para que, sobre esa base, inicie las acciones legales contra los responsables.
Loza puntualizó que las muertes ocurridas durante los enfrentamientos de noviembre, en 2019, en diferentes municipios de Bolivia “no deben quedar impunes”.
«El año pasado como esta fecha nos han matado, nos han hecho llorar, nos han hecho sufrir (…) Tiene que hacerse justicia para quienes asesinaron a mis hermanos, quienes asesinaron en Sacaba y Senkata tienen que pagar como corresponde», aseguró el Senador por la Llajta.
Debido a los varios fallecidos por los conflictos tras los comicios generales de octubre de 2019, la anterior Asamblea Legislativa sugirió la instalación de un juicio de responsabilidades contra Áñez y sus ministros de Estado, además de otras autoridades.
En su informe, una comisión legislativa explicó que, luego de una evaluación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se estableció que las muertes “fueron causadas por armas de reglamento” de la Policía y las Fuerzas Armadas.
Familiares de los fallecidos en Huayllani claman «justicia y cárcel para culpables”
Con fotografías en las manos y wiphalas con crespón negro, los familiares y amigos de los 12 fallecidos en Huayllani, el 15 de noviembre de 2019, llegaron hasta el lugar donde se encuentran los nichos recordando un año de los enfrentamientos con policías y militares luego de las elecciones generales de octubre del año pasado.
Con impotencia y lágrimas, claman justicia y exigen “cárcel para los culpables”. Los dolientes se reunieron en memoria de los fallecidos rememorando que dejaron en la orfandad a hijos y viudas que siguen llorando esa partida inesperada.
Huyllani se convierte en el epicentro de miles de personas que junto a la Defensoría del Pueblo, autoridades nacionales y departamentales recuerdan que perdieron a sus hijos, padres y hermanos.
Asimismo, también le rindieron un homenaje a los caídos en Senkata, en el municipio de El Alto, La Paz, por los enfrentamientos con las fuerzas del orden tras los comicios nacionales.
Defensoría apuntó a las FFAA y Policía por obstaculizar investigación sobre muertes en Sacaba
A un año de la “masacre” de Sacaba, departamento de Cochabamba, donde un enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas del orden (Policía y Fuerzas Armadas) que dejó 12 fallecidos civiles, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció que estas muertes permanecen en la impunidad y que las investigaciones son obstruidas por estas instituciones que se resisten a brindar información sobre el operativo conjunto realizado en el lugar.
Cruz, quien participó esta jornada en el acto conmemorativo a un año de la ‘masacre’ de Sacaba, manifestó que la investigación aún se encuentra en etapa preliminar porque la Policía como las Fuerzas Armadas (FFAA) ponen obstáculos para brindar información sobre los operativos, a pesar que la misma se amplió contra el general del Ejército, Alfredo Cuellar, y contra el coronel Jaime Zurita, quien en ese entonces era Comandante Departamental de la Policía en Cochabamba.
“Fue un año de impunidad, un año en el que el Gobierno transitorio después de dar las órdenes para que las FFAA y la Policía intervengan y masacren a los compañeros, para que los vayan a cazar como en su momento lo dijo el excomandante departamental de la Policía, se encargaron de socapar y de ocultar información y de declararla como reservada”. manifestó.
Observó que durante todo este tiempo la Fiscalía y la Policía no realizaron las gestiones correspondientes para obtener dicha información, a pesar de ser las encargadas de dirigir la investigación y recordó que la Defensoría solicitó a las fuerzas del orden los planes de operaciones y el listado de los efectivos policiales y militares que intervinieron de manera conjunta, sin embargo, esa información fue declarada en reserva y confidencial, bajo el argumento de que la seguridad del estado peligraba si daban a conocerla.
“Hay muchas pruebas que no las han recogido en su momento porque no ha habido voluntad política, voluntad funcional en el Ministerio Público (…) han mantenido en la impunidad (esos hechos), han ocultado la información, ellos mismos se han encubierto”, remarcó.
Asimismo, exigió al Ministerio Público y el órgano Judicial dar celeridad a las investigaciones para establecer responsabilidades y sanciones para dar justicia a las víctimas y familiares.
En Huayllani, la ONU pide una pronta e imparcial investigación de las muertes de 2019
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió una pronta e imparcial investigación de las muertes ocurridas en la crisis poselectoral de 2019 en el país. Su misión en Bolivia asistió este domingo al homenaje a las 12 personas fallecidas en Huayllani, Cochabamba.
A través de un hilo de cuatro tuits, el organismo afirmó que “las muertes de Sacaba, así como todas aquellas que se presentaron en el contexto de la crisis postelectoral de 2019, deben ser pronta, imparcial y plenamente esclarecidas conforme a derecho”.
Según justificó la OACNUDH, el objetivo de las investigaciones es “garantizar que la justicia llegue y se dignifique a las víctimas”.
Expresó su compromiso de acompañar a las víctimas de Sacaba y a las autoridades a través de asistencia y cooperación técnica en lo que corresponda: “garantizar investigaciones independientes, reparar a las víctimas y aplicar el Protocolo de Minnesota”.
Además, propuso fortalecer las capacidades forenses, ajustar el uso de la fuerza a estándares internacionales y establecer mecanismos de rendición de cuentas sobre las fuerzas de seguridad.
En un informe preliminar, la CIDH calificó de “masacres” a las represiones de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (La Paz), que derivaron en la muerte de al menos 26 personas y un centenar de heridos, en medio de la convulsión social que sucedió a la renuncia de Evo Morales y la asunción de Jeanine Áñez.
Por estos sucesos, la anterior Asamblea Legislativa sugirió la instalación de un juicio de responsabilidades contra Áñez y sus ministros de Estado, además de otras autoridades. En su informe, una comisión legislativa explicó que, bajo evaluación del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se estableció que las muertes en ambas movilizaciones fueron causadas por armas de reglamento de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas
Entonces, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas actuaron al amparo del Decreto Supremo 4078, promulgado el 14 de noviembre de 2019, un día antes de represión en el puente de Huayllani, Sacaba.
El entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, deslindó responsabilidades de las fuerzas del orden y, al contrario, dijo que los propios manifestantes se dispararon entre sí. Entretanto, el que fuera ministro de Defensa, Luis Fernando López, afirmó que tanto en Sacaba y Senkata (El Alto), donde el 19 de noviembre hubo otra masacre con otra decena de muertos, las Fuerzas Armadas no disparon un solo proyectil.
En una primera investigación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA), estableció que los sucesos de Sacaba y Senkata fueron masacres.
Tras retornar a su vivienda, Evo dice que le robaron los títulos de sus propiedades
Luego de retornar a su casa, en el barrio de Villa Victoria de Cochabamba, el expresidente Evo Morales denunció en sus redes sociales que descubrió que le faltaban títulos de propiedad de algunos inmuebles y pidió que los mismos sean devueltos.
En su cuenta de twitter, explicó que anoche descubrió el robo. “Anoche, de retorno en mi casita de Cochabamba, que golpistas no incendiaron por intervención de mis vecinos, descubrí que me robaron los títulos de propiedad de mi casa, de mi terrenito en el Trópico y de un vehículo 1978, pido que me los devuelvan. No soy vengativo ni rencoroso”, indicó.
Anoche, de retorno en mi casita de Cochabamba, que golpistas no incendiaron por intervención de mis vecinos, descubrí que me robaron los títulos de propiedad de mi casa, de mi terrenito en el Trópico y de un vehículo 1978, pido que me los devuelvan. No soy vengativo ni rencoroso.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 15, 2020
Ayer, el expresidente Morales retornó a su vivienda en el barrio Villa Victoria. Él fue esperado por los vecinos de la zona, quienes lo recibieron con guirnaldas, wiphalas y banderas del Movimiento Al Socialismo.
El 10 de noviembre de 2019, la vivienda de Morales fue saqueada y destrozada por manifestantes, horas después de que éste renunciara a la Presidencia del Estado por los conflictos postelectorales.
El pasado 9 de noviembre, un día después de la investidura de Luis Arce, el expresidente retornó al país desde su asilo en Argentina.
