¿Caminará por fin la solución del estatus de Puerto Rico?, por Cándida Cotto

La discusión del tema del estatus de Puerto Rico y la posibilidad de alcanzar un consenso procesal podrían caminar unos pequeños pasos en esta próxima sesión Legislativa, en momentos en que América Latina se dispone a colocar en agenda prioritaria la descolonización de la Isla y su incorporación en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

La semana pasada, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, licenciado Aníbal José Torres, dio a conocer los senadores que integrarán la comisión conjunta que celebrará vistas públicas para examinar los proyectos presentados hasta el momento sobre una Asamblea Constitucional de Estatus (ACE).

La Cámara de Representantes todavía no ha informado quiénes de sus miembros integrarán la comisión, ni cuando comenzarán las vistas públicas. Pese a ello, las expectativas son altas en varios de los sectores políticos interesados en el tema. Así es con la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), licenciada María de Lourdes Santiago, soberanistas miembros del PPD e incluso en la Comisión para el Estudio y Desarrollo Constitucional de Puerto Rico del Colegio de Abogados (CEDCCAPR), que presentó un proyecto por petición en la Cámara.

La discusión en la Legislatura coincide con la aprobación por el gobierno de Estados Unidos (EEUU) de una ley de presupuesto que dispone que el Departamento de Justicia entregará a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) $2.5 millones para financiar una campaña educativa sobre las opciones de estatus, si el Secretario de Justicia valida que la campaña educativa, las alternativas de estatus y los materiales relacionados con un plebiscito cumplen con la Constitución y las leyes de la potencia que retiene la soberanía sobre Puerto Rico.

“Urge la discusión”, senadora Santiago

Aunque para la senadora Santiago, quien presentó uno de los proyectos que se considerarán, la asignación le parece insuficiente, destacó que el hecho es una señal importante por parte de Estados Unidos ya que de alguna forma pone en agenda el tema del estatus, el cual había estado fuera de la mira del Congreso por mucho tiempo.

“Si aquí no hacemos más nada, allá tampoco. Por eso creo que en estos momentos es urgente empezar la discusión de los proyectos de la asamblea constitucional de estatus”, afirmó.

Santiago dijo que ha visto los tres proyectos que están radicados. “Creo que aquí todo el mundo está de acuerdo de que no es que aquí se vaya a aprobar uno u otro. El resultado va a ser un proyecto sustitutivo”. Comentó que de lo que ha hablado con legisladores del ala soberanista del PPD, como Cirilo Tirado, Ramón Luis Nieves, Charlie Hernández, Antonio Fas Alzamora y Luis Vega Ramos, quienes han colaborado con la radicación de los distintos proyectos, entre ellos hay ánimo para que se dé la discusión. “Todo el mundo sabe que no hay ningún proyecto escrito en piedra, la idea es sentarse y escuchar a todo el mundo. Y estamos además de acuerdo en algo fundamental, tiene que ser un proyecto dirigido a alcanzar una relación no colonial, no territorial. Eso está en el lenguaje de las tres medidas”.

La senadora del PIP restó importancia a la postura anunciada por el Directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) de que sólo aceptará un plebiscito de estadidad sí o no para resolver el problema del estatus. “Ahí no hay sorpresa ahora. Los argumentos que ellos han presentado contra la asamblea constitucional, creo que los atiende muy bien el proyecto del PIP. El PNP dice que esto no puede ser deliberaciones en cuartos oscuros y que tiene que ser una votación de todo el mundo. El proyecto del PIP atiende eso, no es que la gente escoge unos delegados y que la opción que saque más votos sea la que se aprueba o la que se presente a Estados Unidos. El PIP lo que presenta es que cada partido se reúna y redacte su definición. Ahí no hay el sabotaje que pueda alegar el PNP y aun algunos Populares de que es lo que ha pasado todo el tiempo con el ELA”.

Destacó que lo importante es presentarle a Estados Unidos que en Puerto Rico hay un consenso sobre el mecanismo y las opciones que se quieren proponer a los distintos sectores. “Pero no podemos ir a una votación real con consecuencias hasta que Estados Unidos ponga de su parte y les diga a los estadistas ‘así va la estadidad’”, reparó.

Santiago insistió en que el debate tiene que ser sobre unas bases políticas reales que tengan consecuencias. En el caso de los estadistas, dijo que un debate serio es discutir si quieren pasar o no por un territorio incorporado. Incluso reconoció que para los independentistas hay cosas bien importantes que hay que negociar. “Tenemos la mitad de nuestra gente en Estados Unidos. Nosotros queremos libre tránsito, no queremos unas condiciones de comercio que sean inferiores a las que tienen –por virtud de tratados bilaterales– nuestros competidores naturales como Canadá, México. Tenemos un mercado que proteger”.

Otro aspecto importante del proceso es cómo incorporar al pueblo en la discusión. Sobre este particular, Santiago indicó que hay que hacerle ver a la gente la conexión que hay entre el estatus y la vida cotidiana. Más importante aún, insistió en que “hay que devolverle a la gente la confianza en el proceso político. Mucha gente está harta de la política, no porque dejen de tener sus convicciones, sino por lo que han visto y no se sienten representados. Ése es otro trabajo que hay que hacer con la gente”.

“Esencial el mecanismo de respuesta”, Vega Ramos

Por su parte, el representante soberanista del PPD, Luis Vega Ramos, señaló a Claridad sobre la medida de EE UU que siempre es positivo que el Gobierno Federal adopte alguna iniciativa sobre su obligación de atender el asunto de estatus de Puerto Rico. Sin embargo, denunció que lo aprobado carece de un mecanismo de respuesta del gobierno de EE UU a lo que sea la voluntad del pueblo de Puerto Rico. “Ese mecanismo de respuesta de responder al pueblo de Puerto Rico es esencial, fundamental en cualquier iniciativa federal que se apruebe, por lo que eso es algo que limita la propuesta y la hace algo defectuosa”.

Ante la ausencia de fecha para las vistas, Vega Ramos afirmó a Claridad que él ha insistido tanto en la conferencia legislativa como en conversaciones privadas con sus compañeros que las vistas tienen que empezar lo más pronto posible, en cuestión de semanas. “Mi aspiración es que podamos ver la legislación de la Asamblea de Estatus en esta sesión y que se pueda aprobar en esta sesión que termina en junio, con la aspiración de que antes de que se acabe el año se pueda constituir la Asamblea y que esté en funciones para entrar en una negociación con el Congreso y el Secretario de Justicia”.

Insistió en que la mayoría legislativa y el Ejecutivo tienen que seguir adelante con el proceso de vistas públicas de los proyectos de Asamblea y de su aprobación lo más pronto posible ya que es la ACE la que va a tener la fuerza y la continuidad precisamente para negociar con Estados Unidos y el Secretario de Justicia no sólo las opciones que puedan estar en un proceso de estatus, sino para que sea la ACE la que negocie con el Gobierno de Estados Unidos.

“Ante la falta de mecanismo de respuesta de lo que aprobó el Congreso y el presidente Obama, se hace imperativo que se convoque porque es lo que va a tener la fuerza moral para exigir al Congreso que se vincule más allá de lo ofrecido. Segundo, y más importante, la Asamblea de Estatus es la que va a tener la obligación de asegurarse que las opciones que se discutan no sólo sean compatibles con la constitución federal, que es lo que le importa al secretario Holder, sino que para Puerto Rico sean opciones no territoriales, no coloniales y basadas en la soberanía de Puerto Rico. Lo que va a analizar Holder es que las opciones no sean inconstitucionales”, recalcó.

“Peligro para la estadidad”, Torres Rivera

Por su parte, el presidente de la Comisión del Colegio de Abogados, licenciado Alejandro Torres Rivera, trajo a la atención de la discusión que en el informe sobre Puerto Rico que preparó la Casa Blanca en el 2011 mencionó que las alternativas de estatus que serían constitucionales -para Estados Unidos- fueron el estado libre asociado (ELA) como está, el ELA con mayor desarrollo autonómico, la libre asociación, la independencia y la estadidad. “Dentro del marco de la asignación de Obama para que el Procurador de Justicia determine cuáles son opciones, no de libre determinación bajo el derecho internacional, sino opciones de estatus constitucionales bajo el derecho doméstico de Estados Unidos, las cuatro opciones deben sonar como una opción constitucionalmente válida para Estados Unidos”.

Torres Rivera llamó la atención de que la condición territorial para Puerto Rico es una condición colonial y que esa opción como tal fue la que el pueblo descartó en la consulta de estatus de noviembre de 2012, por lo que ya sólo quedan cuatro opciones constitucionales que podrían ser consideradas. Su apreciación es que si la discusión en el Congreso se refiere a mayores poderes autonómicos para el ELA, van a ser dentro del marco territorial y colonial. Eso significa una primera bandera que hay que levantar en toda la discusión y la legislación, ya que no sería un ejercicio real de libre determinación. “Se supone que las opciones no puedan ser territoriales ni coloniales”, enfatizó Torres Rivera.

Respecto a las vistas públicas, dijo que su expectativa es que se abran a la mayor brevedad porque mientras más tiempo de discusión exista más tiempo habrá para educar al país, no meramente en cuanto a elementos sustantivos que serían las opciones, sino a la importancia del método procesal que propuso el Colegio de Abogados, que es la ACE. “Ahora mismo, aunque hay tres proyectos presentados, son tres que en el proceso legislativo son armonizables, lo que podría salir una propuesta de consenso sobre la vía procesal”. En ese sentido, sugirió que quizás lo que debería estar planteándose al país es que haya una primera votación donde el pueblo se exprese a favor o en contra del método de la Asamblea. Del pueblo votar a favor, reclamó que la propuesta del Colegio de Abogados establece cuándo y cómo sería la ACE para escoger los delgados que irían a la Asamblea.

Sobre la posición asumida por el directorio del PNP, Torres Rivera calificó que ésta podría ser peligrosa para el movimiento estadista, pero reveló que conoce que dentro del Directorio del PNP hay oposición fuerte y de peso contra esa postura. Añadió que hay personas dentro del PNP que saben que la propuesta de estadidad sí o no podría no tener buenos resultados y es un debate de 20 años atrás para los estadistas. En definitiva, apuntó que si se aprueba la celebración de una Asamblea de Estatus, el PNP tendrá que tomar una decisión de participar o no. “Dentro del PNP la oposición a la Asamblea Constitucional de Estatus no es una monolítica”, afirmó.

“EEUU timonea”, Emanuelli

Mientras tanto, el abogado y analista político anexionista, Domingo Emanuelli, quien también participa en la comisión del Colegio de Abogados que atiende el tema de la Asamblea Constitucional de Estatus, sobre la medida del gobierno de Estados Unidos expresó a Claridad que cree que ya ese gobierno ha decidido timonear el futuro político de Puerto Rico. “Lo que comenzó en el año 2000 como una creación de una comisión en la cual el gobernador Pedro Rosselló y el presidente Clinton forjaron un comité de diálogo y luego terminó en la comisión de la Casa Blanca, ya creo que eso se ha tornado en un esfuerzo de parte de Estados Unidos por tratar de definir el futuro político de Puerto Rico dejando a un lado el estatus actual”, afirmó.

Emanuelli reconoció que el actual estatus colonial está creando un desbalance no sólo en el aspecto económico del país, sino también en los aspectos sociales y que cada día la brecha social es más enorme. En virtud de la situación económica y social de la Isla, que calificó como peligrosa, el licenciado Emanuelli atribuyó que Estados Unidos ya ha determinado que va a hacer el camino más expedito para que Puerto Rico decida cuál es la relación que quiere, si es la independencia, si es la libre asociación, o si es la estadidad.

En esa dirección, comentó que sus expectativas sobre lo que suceda en la Legislatura es que debe tratarse de lograr un consenso entre el PPD y el PNP porque en la medida en que el PNP no dé sus votos para el proyecto de una ACE será una ley pero no puede servir como un vehículo para tratar de modificar el estatus. “Lo que podría buscarse sería una ley para celebrar una consulta para que el pueblo puertorriqueño exprese su preferencia”.

El licenciado Emanuelli trajo a la atención ejemplos de la historia de pueblos que han logrado cambios drásticos a su situación política, como la independencia, saliéndose del esquema legal constitucional en el que se encontraban, como fue en la India bajo el dominio inglés, Sri Lanka, y las mismas 13 colonias norteamericanas. Se refirió a que la Constitución del ELA dice que para enmendarse tiene que ser de una forma conforme a la Constitución de Estados Unidos, pero la Constitución de Puerto Rico como está no permite cambiar el estatus sin el pleno consentimiento de Estados Unidos. En el caso de la ley aprobada por el Congreso, lo que provee es la consulta pero no provee para que se pueda enmendar la Constitución. “Creo que aquí por primera vez, si se aprueba esa asamblea de estatus, va a ser una al margen de la Constitución, pero que va a tener una fortaleza moral de pueblo que va a superar cualquier escollo constitucional y así fue en las 13 colonias, Sri Lanka y en India”, reiteró.

Respecto a la posición del PNP, el licenciado Emanuelli descartó que ésa vaya a ser su posición final. Al igual que los demás entrevistados, se manifestó confiado en que se celebren las vistas públicas, aunque pronosticó que de llevarse a cabo una consulta de ACE “le va la vida al PPD”, por lo que dijo que no se explica porqué el PNP no quiere la consulta. En caso de que en Puerto Rico no se tome ninguna decisión, dijo que entonces Estados Unidos va a tomar otras medidas, como es gobernar por decretos y sindicaturas, lo que sería retroceder a la Ley Foraker.

 

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