Colombia | Es urgente proteger la vida de los firmantes de la paz – Por Germán Valencia
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.Por Germán Valencia (*)
La bienvenida a la vida civil que en Colombia se les ha dado a los excombatientes no ha sido la mejor. La dejación de las armas, que debería ser el inicio de una gran fiesta por la paz, se ha convertido para muchos reincorporados en el inicio de una condena a muerte. Es decir, en lugar de darles un valor especial por la sabia decisión de abandonar las armas y dejar ser causantes de tanto dolor, se les estigmatiza y se les quiere matar.
Este es un comportamiento constante en Colombia a lo largo de las últimas cuatro décadas. Un ejemplo fue el exterminio sistemático que ocurrió con los desmovilizados del Ejército Popular de Liberación ˗EPL˗. La agrupación en mención, que fue la más numerosa en la dejación de armas durante el gobierno de César Gaviria, con cerca de 2.000 integrantes, sufrió la muerte de la mayoría de sus miembros en la etapa de pos acuerdo.
Luego de cuatro años de la firma del Acuerdo Final, los exguerrilleros de las Farc asesinados son 236. Año a año esta cifra ha ido aumentando: en 2017 fueron 35, en 2018 aumentó a 75 y en 2019 subió a 86; siendo los departamentos de Nariño, Antioquia y Cauca los territorios con mayor número, y los municipios de Ituango, Peque, El Charco, Tumaco, Santa Cruz y Ricaurte los lugares más recurrentes. Imagen: Pares.
También le ocurrió a los desmovilizados del M-19, el Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista. Todas estas exguerrillas vieron como líderes, caso Carlos Pizarro, y excombatientes rasos comenzaron a caer en medio de sus procesos de reintegración. Fueron firmantes de la paz que sufrieron homicidios, atentados, desplazamientos y amenazas, en medio de un recrudecimiento de la guerra y una expansión de los grupos paramilitares.
Incluso, la muerte persiguió sin tregua a los desmovilizados de los exintegrantes de las Autodefensa Unidas de Colombia −AUC−. Según las cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización −ARN− son alrededor de 5.000 los asesinados de esta organización y, aproximadamente, 500 en tan solo el territorio del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Lo que significa que luego de dejar las armas, la lucha por proteger su vida continuó.
La anterior situación funesta se mantiene en la actualidad. Luego de cuatro años de la firma del Acuerdo Final, los exguerrilleros de las Farc asesinados son 236. Año a año esta cifra ha ido aumentando: en 2017 fueron 35, en 2018 aumentó a 75 y en 2019 subió a 86; siendo los departamentos de Nariño, Antioquia y Cauca los territorios con mayor número, y los municipios de Ituango, Peque, El Charco, Tumaco, Santa Cruz y Ricaurte los lugares más recurrentes.
De allí que con justa causa los firmantes de la paz hayan marchado esta última semana a la capital del país para decirle al Gobierno nacional y a toda la ciudadanía: ¡paren ya el genocidio contra nosotros! La decisión de realizar esta Peregrinación por la Vida, la Paz y la Implementación del Acuerdo Final se dio luego de la muerte del exguerrillero y líder de la reincorporación del Meta, Juan de Jesús Monroy, y de su escolta, Luis Alexander Largo, el 21 de octubre pasado.
La marcha que llegó hasta la Plaza de Bolívar en Bogotá, este primero y dos de noviembre, trajo excombatientes y familiares desde el sur, el norte y suroeste del país; reunió personas que viven en recónditos lugares en Chocó, Antioquia y Villavicencio. Y en su camino se le fueron sumando más y más peregrinos, en el paso por Melgar, Fusagasugá y Guaduas. Además, contó con la presencia de la Guardia Campesina y comunidad del Catatumbo.
La marcha la realizan los firmantes de la paz con el objetivo de llamar la atención al Gobierno nacional para que paren los asesinatos, las desapariciones y los intentos de homicidio a los que se ven sometidos todos los días. Quieren que el Gobierno tome las medidas necesarias para garantizar la vida a los firmantes de la paz. No quieren que se les diga solamente que los causantes de este horror son sus antiguos camaradas, el Ejército de Liberación Nacional −ELN−, el Clan del Golfo o el mismo Ejército Nacional: Lo que desean es que pare el terror contra ellos.
De allí que con justa causa los firmantes de la paz hayan marchado esta última semana a la capital del país para decirle al Gobierno nacional y a toda la ciudadanía: ¡paren ya el genocidio contra nosotros! La decisión de realizar esta Peregrinación por la Vida, la Paz y la Implementación del Acuerdo Final se dio luego de la muerte del exguerrillero y líder de la reincorporación del Meta, Juan de Jesús Monroy, y de su escolta, Luis Alexander Largo, el 21 de octubre pasado. Imagen: Pares.
Quieren con estos actos públicos los firmantes de la paz decirnos también a todos los colombianos que su compromiso con la paz sigue firme. Que su decisión es quedarse en la vida civil y permanecer a pesar de la violencia contra ellos. Que el hecho de estar marchando, como lo hicieron valerosamente los indígenas el mes pasado, es una muestra de respeto por la democracia. Además, recordarnos que su voz es la única arma con que cuentan hoy para hacerse escuchar.
Se nos recuerda como sociedad que tenemos una gran responsabilidad con los firmantes de la paz. Debemos cuidar su vida, su honra y sus bienes. Es un derecho de nosotros que se han ganado al dejar las armas y una obligación del Estado. Rodearlos, brindarles refugio entre nosotros como comunidad, es la mejor manera de protegerlos de la muerte. Debemos unirnos para defender el valor de la vida humana, como primer y más importante paso para construir la paz.
De seguir asesinándolos, estaríamos acabando con nuestro líderes y lideresas, con ese capital político que prometimos cuidar. Incluso, podríamos causar que estos firmantes de la paz recurran a la clandestinidad y que se oculten en medio de la gente, haciéndoles negar lo que fueron. Perderíamos así una bella oportunidad para la reconciliación y el perdón.
Hay que permitir a los reincorporados el derecho que tienen a realizar una vida social, económica y política. A tener un techo, una familia y un proyecto de vida. El Estado debe trabajar en cumplir lo pactado, en dar seguridad a los reincorporados, a construir políticas con un enfoque de seguridad humana integral. Para ello, es preciso rodear y fortalecer la reincorporación, dándoles certidumbres y claridades a los desmovilizados, y brindándoles garantías de seguridad no solo a ellos, sino a sus familias y a las comunidades.
(*) Columnista Pares
