Bolivia | Bloqueos en Santa Cruz exigen desconocer las elecciones y el TSE afirma que son «plenamente válidas»
Hay 46 puntos de bloqueos en Santa Cruz
No hubo tregua. Se mantienen los diferentes puntos de bloqueos en la ciudad de Santa Cruz. Este lunes la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) informó que se mantiene la medida de presión que exige la anulación de las elecciones del pasado 18 de octubre, por presuntos indicios de fraude.
Juan Martin Delgado, presidente de la UJC informó que se mantienen 46 puntos de bloqueos en diferentes distritos de la ciudad. Explicó que quienes bloquean se negaron a flexibilizar la medida, pese a que las autoridades pidieron ceder el paso a las personas que visitan los cementerios, por el feriado de Todos Santos, y a los vehículos de aseo urbano.
“No se ha flexibilizado (el bloqueo). La gente está saliendo, y hoy vamos lanzar directrices para que se presione. Ahora la gente está autoconvocada y no podemos controlarla”, dijo Delgado.
Desde hace una semana, en Santa Cruz se registran bloqueos esporádicos en algunas calles y avenidas, exigiendo la anulación de las elecciones del 18-0.
Grieta con el Comité
Consultado sobre el Cabildo que se realizará esta noche en el monumento del Cristo, Delgado defendió su convocatoria porque serán formuladas las próximas medidas de presión, que, según él, buscan defender la democracia.
“Estamos animando a la gente a seguir con la presión, a diferencia de otros, no nos quedamos callados y decimos a la gente que debe expresarse”, dijo.
Cuestionó las medidas adoptadas por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que llamó a las diferentes instituciones a una organizar a una Asamblea de la Cruceñidad, para definir las medidas de protesta, contra los resultados electorales que favorecieron al MAS.
“Se necesita 48 horas de aviso y cuando queramos hacer algo, todo va estar avanzado. La solución de ellos es mantener la presión en el Órgano Judicial, para que apruebe el amparo que han introducido. Pero han estado 40 días en Sucre para que renuncie Lanchipa (Fiscal General) y ahora le están pidiendo un fallo positivo”, observó.
Para Delgado la institución cívica debió realizar una fiscalización del proceso electoral, desde hace tres meses y “hacer el trabajo bien”.
“Debieron poner delegados de mesa, que estén presentes en todo el proceso electoral, si se hubiera hecho, no estuviéramos con los bloqueos”, aseguró.
Días atrás, Rómulo Calvo, presidente de la Comité Cívico Pro Santa Cruz denunció que un grupo minoritario pretende presiona para tomar medidas de presión sin ningún tipo de consenso.
Sin embargo, Delgado se mantuvo crítico a la entidad cívica, y dijo que no se reconocerá a Luis Arce Catacora, mientras no se realice una auditoría al proceso electoral con profesionales creíbles.
Por último, sostuvo que las medidas que decida el cabildo, serán más radicales, pero en el marco de lo pacífico. Pero no todo está bloqueado en Santa Cruz, en alguna zonas populosas con la Villa Primera de Mayo, las vías se mantienen expeditas. En cambio en la zona del segundo anillo, se mantiene cerrado el paso en la zona de la Madre India.
Posición del TSE: El proceso electoral ha concluido y está plenamente validado
Ante el apremio en que el Gobierno y grupos radicalizados han puesto al Tribunal Supremo Electoral (TSE), en sentido de que éste en lo inmediato disponga la realización de “auditorías” de las elecciones del 18 de octubre, el presidente del organismo, Salvador Romero, en declaración a La Razón remarcó que “el proceso electoral de 2020 ha concluido y se encuentra plenamente validado”.
En días precedentes, en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, grupos radicales realizaron acciones de protesta contra el resultado de las elecciones —que dieron por ganador al Movimiento Al Socialismo (MAS) con 55,1%— pidiendo su anulación por un supuesto “fraude”; al final, su consigna es la inmediata realización de una “auditoría forense” de las elecciones.
A la demanda de “auditoría”, que en realidad se la piensa como un medio para cambiar el resultado de la elección, se sumaron personeros del gobierno transitorio, en especial el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, quien dijo que la “salida” a las actuales protestas anti-elección es una auditoría rápida, que le extraña —lo dijo en radio Panamericana— que Romero siga actuando como “consultor internacional”.
“Una auditoría pronta y rápida con veedores internacionales y seguramente ayudaría mucho a que las cosas se aclaren. Podemos hacer una auditoria en 15 días como hicimos el año pasado. No creo que haya que poner resistencia y dejar de convulsionar el país”, dijo Arias al respecto.
Con relación a la demanda de “auditorías”, el presidente del TSE recordó que “en términos prácticos, el trabajo de observación [internacional y nacional que se hizo de las elecciones] corresponde a una forma de auditoría”.
La elección del 18 de octubre, señaló Romero, fue “la elección más observada” de la historia del país. “Además de numerosas delegaciones que cubrieron un espectro muy amplio de sensibilidades, acudieron las misiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), el Centro Carter y la Unión de Organismos Electorales de América (UNIORE)”, y, enfatizó que “todos los informes coinciden en señalar la transparencia y la limpieza de la elección boliviana de 2020”.
Claro que estas mismas misiones han dejado “recomendaciones de aspectos por mejorar”, pero “ninguna observación cuestiona la rectitud del proceso”; “es evidente de que si hubiesen dudas, no se habrían pronunciado con la claridad, firmeza y prontitud que lo hicieron”, apuntó el vocal en entrevista con este diario.
Y la observación internacional no es una instancia que haya que menospreciar, advirtió Romero: “Es la importancia de la observación internacional en contextos altamente polarizados, como el boliviano: es la voz de un actor independiente de las pasiones y con la suficiente experiencia para evaluar con imparcialidad y de manera comparada la integridad de una elección. Justamente porque existe ese aval, los gobiernos americanos y europeos, cualquiera sea su orientación, han reconocido los resultados”.
Aún más, insistió el vocal, a la observación internacional esta vez se sumaron plataformas locales de observación electoral, como Observa Bolivia y el Observatorio Ciudadano de la Democracia, “que tuvieron mayor despliegue territorial”, y la elección del 18 también fueron “aprobadas” por éstas. Además del “honroso” reconocimiento de los resultados que hicieron los candidatos.
Tampoco es menor el hecho, recordó Romero, que los resultados obtenidos por las encuestas de conteo rápido efectuadas el día de la elección hayan sido “muy cercanos a los datos oficiales y definitivos del cómputo”.
Por último, el presidente del TSE interpeló: Toda la información de la elección, con actas y todo, está a disposición de cualquier ciudadano, partido o alianza política, de modo que se tienen los recursos para conocer al detalle el proceso electoral pasado.
“Cualquier ciudadano puede efectuar las verificaciones que considere pertinentes. El padrón continúa disponible para consulta en los laboratorios departamentales; los informes de las misiones están en el portal del TSE y todas las actas también pueden ser comprobadas en el internet y contrastadas con las copias que tienen los partidos”, afirmó enfático el presidente del TSE.
Arturo Murillo: “Mesa y Camacho jodieron al país, ahora que se hagan responsables de sus actos”
¿Qué opina del juicio propuesto por la Asamblea?
Lo que quiere el MAS es condenar a los que defendimos la democracia y de echarnos los muertos, cuando estos delincuentes, y lo subrayo, delincuentes del MAS, mandaron a matar a su gente para generar violencia y bronca en la gente. Ellos mandaron a matar.
_¿Cómo probará eso?
Eso dicen los informes periciales que están en la Fiscalía, y tenemos las copias. No han muerto con bala ni militar ni policial. Además, la trayectoria de las balas es opuesta a donde estaban los policías y militares.
_¿Qué se buscaba?
Tomar las ciudades. Si no seguíamos todas las estrategias que hicimos en noviembre, hubieran muerto miles de personas en Cochabamba y miles en La Paz.
_¿Cómo puede asegurarlo?
En Cochabamba si no deteníamos a esas personas en Sacaba, hubieran muerto unas cinco o 10.000 personas en la ciudad, porque esa gente estaba borracha, coqueada, con bronca porque habían visto a compañeros suyos morir con un tiro en la cabeza por detrás o en el costado, con calibre 22 o escopeta. En Senkata, si lograban volar los tanques de combustible, hubieran muerto de acuerdo a todos los estudios que se realizaron 250.000 personas. Eso hemos evitado, haciendo contención, y no con bala, sino con agentes químicos, movimientos aéreos.
Los que deben ir a la cárcel son Evo Morales, Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza, Juan Carlos Huarachi, y los que arengaron para que haya muertes. La prueba contra Morales es clara, hay una grabación, un peritaje internacional ha demostrado que es su voz, en la que manda a matar a la gente a las ciudades.
_Textualmente, a que no dejen entrar comida a las ciudades, ¿no es cierto?
Es una forma de matar.
_¿Qué dice de los delitos de los que lo acusan a usted y al ministro Fernando López?, ¿qué responde?
Que es absolutamente falso. Todo el pueblo de Bolivia sabe quiénes son los delincuentes. Nosotros defendimos la democracia, y lo volvería a hacer 100 veces.
Ganaron las elecciones porque así lo definió el pueblo. Si fuéramos criminales o genocidas, buscaríamos un golpe para que no reciban el poder. No lo hacemos, cuidamos el voto y la democracia como lo hicimos en noviembre.
_¿Cómo asumirá defensa?
Primero que haya denuncia. Iré a quejarme a los organismos internacionales, aquí no hay justicia para los que defendimos al país.
_¿La presidente dijo que se quedará, usted?
En 2003 hubo muertos en Bolivia, también hubo golpe de Estado, murieron más de 70 personas, el MAS no hizo ningún juicio de responsabilidades. Sólo metieron presos a los militares.
_¿Usted se quedará?
Yo tomaré una larga vacación, en el país y fuera. Tal vez decida tirar la toalla. (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho jodieron el país, ahora que se hagan responsables de sus actos. Quiero verlos, uno dice que no permitirá los dos tercios y el otro que no irá a la posesión. Arce debe estar llorando, deprimido por eso.
6 fallos a favor de miembros del MAS avivan cuestionamientos a la justicia
n sólo nueve días, y cuando el país se alista para el retorno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder, tres jueces emitieron cinco fallos en favor de exautoridades y militantes de ese partido, y un fiscal liberó de un proceso a su vicepresidente. Esta cadena de hechos avivó el debate sobre la influencia de la política en la justicia boliviana.
Entre el 24 octubre y el 1 de noviembre, y en horarios que no son habituales, los jueces Román Castro Quisbert y Claudia Castro Dorado emitieron fallos que favorecieron al expresidente Evo Morales, a los exministros Héctor Arce Zaconeta y Juan Ramón Quintana, y al dirigente cocalero Faustino Yucra. Anoche fue el turno del exministro de Defensa Javier Zavaleta, quien se favoreció con un fallo del juez Javier Vargas Arancibia, quien dejó sin efecto una orden de aprehensión que pesaba en su contra.
Además, el jueves 29 la Fiscalía dictó el sobreseimiento del vicepresidente del MAS Gerardo García, quien era procesado por el robo de un vehículo oficial.
“Esta es una muy mala señal. Es una señal de que la justicia volverá a ser genuflexa. No entiendo por qué no esperan más tiempo, por qué entre gallos y medianoche. No entiendo”, afirmó el ministro de Obras Públicas Iván Arias, al referirse a las últimas decisiones judiciales.
Anoche el juez Arancibia, del Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz, anuló una orden de aprehensión contra Zavaleta, procesado por terrorismo y sedición.
La noche del sábado, la jueza Castro Dorado, del juzgado Tercero Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia a la Mujer, dejó sin efecto una orden de aprehensión que pesaba contra Quintana en el proceso que se le sigue por los delitos de sedición, terrorismo, financiamiento al terrorismo e instigación pública a delinquir. Lo hizo en una audiencia convocada para las 21:00.
Explicó que tomó la decisión porque se cometieron fallas procedimentales, como el hecho de que la resolución de aprehensión fue emitida el 25 de noviembre de 2019, un día antes de que comenzaran las investigaciones y dos antes de que el juez admita la causa. Dijo además que la citación fue emitida 11 meses después de que se dictara la resolución de aprehensión. “Estos dos extremos, de forma clara, reflejan la inobservancia del debido proceso”, justificó.
Dos días antes del fallo, cuando una periodista de la cadena rusa RT preguntó a Quintana cuándo creía que podría salir de su asilo en la residencia de México en La Paz, respondió que el Órgano Judicial retomará su independencia cuando el Gobierno pase a manos de Luis Arce.
Cerca de la medianoche del sábado, Castro Dorado emitió otra resolución, esta vez en favor de Yucra, procesado por terrorismo en el caso de un audio en el que presuntamente conversa con Morales en 2019 y recibe órdenes para bloquear las ciudades hasta causar una asfixia alimentaria.
La resolución admite una apelación de Yucra, quien observó que en la audiencia en que se decidió su detención en el penal de Palmasola no tenía defensa técnica, y conmina a la Corte de Distrito de La Paz a convocar a una audiencia de apelación.
Las dos decisiones judiciales se conocieron a una semana de que el juez Castro Quisbert emitiera dos fallos que también beneficiaron a miembros del MAS.
El primero dejó sin efecto una orden de aprehensión contra Arce Zaconeta, también asilado en la residencia de México, en el caso del proceso por fraude electoral. El segundo fallo anuló una orden de aprehensión que pesaba sobre Morales en el caso del proceso por terrorismo que se sigue en su contra. En el primer caso se alegaron errores procedimentales y, en el segundo, que se vulneró el derecho a la defensa.
El jueves, el fiscal Alexis Vilela anunció el sobreseimiento de García porque durante la investigación se determino que este dirigente no participó en el robo del vehículo del Ministerio de la Presidencia en el que fue encontrado el 21 de noviembre de 2019.
Esta cadena de decisiones judiciales en favor de exautoridades del anterior gobierno y dos dirigentes causó preocupación en sectores opositores al MAS.
“Bolivia tiene la peor justicia del mundo. Nos da vergüenza, da pena que no sólo no respeten la ley, sino que no tengan dignidad y por cuidar sus pegas sin que haya asumido el nuevo gobierno muestren esa sumisión asquerosa”, escribió en Facebook el viceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría.
“Arce aún no asume el cargo de presidente y ya se puede apreciar la descarada manipulación de la justicia que realiza el MAS. Al parecer todo vuelve a ser como antes, la justicia será para proteger a los suyos y castigar a los opositores”, opinó a su turno el jefe de Unidad Nacional Samuel Doria Medina, en Twitter.
“Quintana, el personaje más oscuro y funesto del régimen de Evo Morales, quiere recobrar su libertad con la complicidad de la justicia azul”, publicó en la misma red el dirigente del Movimiento Demócrata Vladimir Peña.
Gonzalo Trigoso, abogado y exministro de Trabajo de Morales, opinó que cuando hay un gobierno elegido con tanto respaldo como el que se viene, “cambia toda la situación política en la que vivíamos y el Órgano Judicial como que asume un distanciamiento del Ejecutivo. Ya no se siente presionado, sabe que ya no habrá una coacción de parte del Gobierno… y seguramente, midiendo elementos de interés político a futuro cercano, y basándose en las docenas de errores técnicos que se cometen en los procesos, anula algo que seguramente igual se iba a anular posteriormente”.
Los jueces que fallaron a favor de Evo y de Quintana
Los jueces Román Castro Quisbert y Claudia Castro Dorado fueron quienes en la última semana aprobaron cuatro fallos en favor de miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellos el expresidente Evo Morales y el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.
Castro Dorado, quien se desempeña como jueza Tercera Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia a la Mujer, en 2018 negó libertad a Marihela Valdez, la exfuncionaria del estatal Banco Unión que el 22 de septiembre de 2017 denunció el desfalco millonario (37,6 millones de bolivianos) cometido por Juan Franz Pari. Nueve días después, Valdez fue detenida, junto con otras dos funcionarias -Carmen Vargas y Zulma Siñani-, que también alertaron sobre el delito, y recluida de manera preventiva en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes.
El 26 de octubre de 2018 , Castro Dorado retuvo en su despacho por 40 minutos a una periodista de la red ATB que trabajaba sobre el caso de Marihela Valdez. Entonces la comunicadora dijo que la jueza quería que le entregara su celular.
Castro Quisbert, juez Primero de Instrucción en lo Penal de La Paz, fue candidato al Consejo de la Magistratura en 2017 y su postulación fue impugnada, sin éxito, por el entonces rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Waldo Albarracín, quien dijo que tenía denuncias por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y cohecho pasivo, y que fue retirado como rector de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) por hechos de corrupción.
Los recientes fallos que emitió en favor de Morales y del exministro Héctor Arce fueron explicados por el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Jorge Quino.
