México | Familiares reclaman a AMLO falta de avances en el caso Ayotzinapa
Los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 señalaron este lunes que bajo el Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la investigación ha tenido resultados mínimos.
«Hoy le decimos al presidente López Obrador que sigue pasando el tiempo y no avanzamos significativamente», reclamó Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los estudiantes, durante un mitin en el antimonumento ubicado en la céntrica avenida Reforma en Ciudad de México.
Los familiares de los jóvenes «no vemos los resultados que prometió cuando llegó a la Presidencia, ni vemos de qué manera podemos avanzar. Son casi dos años de este nuevo Gobierno y los resultados han sido mínimos», De la Cruz.
Luego de su triunfo en las elecciones del 1 de julio de 2018, López Obrador se reunió con los padres y al día siguiente de asumir el poder, el 1 de diciembre de ese año, ordenó la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa.
El vocero de los padres se refirió también a la detención en Estados Unidos del exministro de Defensa del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), Salvador Cienfuegos, por el presunto delito de narcotráfico.
«Que no se le olvide a Cienfuegos toda su responsabilidad en la protección a integrantes del Ejército que participaron en la desaparición de los estudiantes», expuso.
De la Cruz dijo que, a pesar del tiempo, para los padres «aún sigue vive la esperanza de ver regresar» a sus hijos.
«Y para nosotros en algún lugar se encuentran, nuestros corazones lo avisan y nos dicen y por ellos seguimos de pie», apuntó.
Hace un mes se cumplieron seis años del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes, sin que hasta el momento se haya aclarado su paradero.
Según la polémica versión oficial, conocida como «verdad histórica», los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró sus cuerpos en un vertedero de basura del municipio de Cocula.
Esa versión fue cuestionada por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
A inicios de julio, el fiscal especial Omar Gómez Trejo anunció el fin de la «verdad histórica» tras identificar restos del estudiante Christian Alfonso Rodríguez en Cocula, pero lejos del basurero.
Esa identificación es el primer gran logro de la Comisión para la Verdad creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Fiscalía en este último año y medio, en el que se ha ordenado la detención de decenas de policías y funcionarios que manipularon las pesquisas del caso durante el Gobierno anterior.
Según la polémica versión oficial, conocida como «verdad histórica», los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró sus cuerpos en un vertedero de basura del municipio de Cocula.
Esa versión fue cuestionada por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
A inicios de julio, el fiscal especial Omar Gómez Trejo anunció el fin de la «verdad histórica» tras identificar restos del estudiante Christian Alfonso Rodríguez en Cocula, pero lejos del basurero.
Esa identificación es el primer gran logro de la Comisión para la Verdad creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Fiscalía en este último año y medio, en el que se ha ordenado la detención de decenas de policías y funcionarios que manipularon las pesquisas del caso durante el Gobierno anterior.
Jueza evita detención de ex funcionario de PGR por caso Ayotzinapa
Una juez federal otorgó una suspensión provisional que impide la detención del ex director general adjunto, con adscripción al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Bernardo Cano Muñozcano, señalado por padres de los normalistas de Ayotzinapa de “alterar” la escena sobre la desaparición de 43 estudiantes.
Muñoz Cano promovió un amparo para protegerse de cualquier orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República (FGR) haya solicitado en su contra o que se haya ordenado que comparezca.
María Dolores Núñez Solorio, jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal, admitió a trámite la demanda de garantías y concedió la medida cautelar que impide que se le detenga por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa. La juzgadora ordenó a diversas autoridades a rendir sus informes justificados para conocer si existe algún mandamiento judicial librado contra el quejoso, o en su caso alguna orden para que comparezca. Núñez Solorio fijó para el próximo 30 de octubre como fecha para la celebración de la audiencia incidental donde determinará si concede o no una suspensión definitiva al quejoso.
En el sexenio pasado, la Visitaduría General de la PGR inició un procedimiento administrativo contra el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio y ocho ex servidores públicos más, por presuntamente incurrir en faltas durante una diligencia practicada el 28 y 29 de octubre de 2014, en las inmediaciones del Río San Juan, Cocula, donde fue encontrada una bolsa con restos óseos y cenizas que se presumen pertenecen a los normalistas desaparecidos.
Los padres de las víctimas demandaron que al ex director de la AIC y a Bernardo Cano se les fincaran cargos penales por supuestamente “alterar” la escena del crimen. En abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dejó entrever, durante su segundo informe de labores, que se pudo haber manipulado evidencia en el lugar donde se recuperaron los restos óseos.
Los expertos presentaron un video donde se observa a Tomás Zerón con personal de la PGR y a Agustín García Reyes, El Chereje, uno de los presuntos jefes de Guerreros Unidos, durante una diligencia que no fue documentada ministerialmente el 28 de octubre, donde el detenido reveló el lugar donde fueron quemados los cuerpos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el tiradero municipal de Cocula, y que las cenizas fueron echadas en bolsas al río San Juan.
