Nadia Cruz, Defensora del Pueblo de Bolivia: «El gobierno transitorio ha amenazado a jueces y fiscales que no se alinean»
Entrevista a Nadia Cruz, defensora del pueblo de Bolivia
Por Daniel Cholakian, de la redacción de NODAL
Nadia Cruz es abogada y defensora del pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia. El pasado 17 de septiembre presentó un extenso informe sobre el Estado de los DDHH en el último trimestre del año pasado. El informe defensorial se conoció con el título de Crisis de Estado. Violación de los Derechos Humanos en Bolivia. Octubre – Diciembre 2019
“Es un informe bastante amplio que recoge información sobre lo ocurrido entre el 21 de octubre y el 23 de noviembre dentro del Estado Plurinacional de Bolivia”, explicó a Nodal Nadia Cruz, “cubre así la respuesta emergente de este conflicto por parte del gobierno transitorio principalmente, pero también del anterior gobierno y que finalmente señalan varias violaciones a los DDHH ocurridas en nuestro país”.
El texto presentado por Cruz consta de 313 páginas y en sus conclusiones, a modo de resumen, afirma que “se advierte que se encuentra en riesgo el proceso de construcción del modelo de Estado Plurinacional fundado en la plurinacionalidad, interculturalidad y pluralismo, a partir de diferentes actos de agravio, entre los cuales se advirtieron, polarización política basada en posturas radicales y conservadoras; hechos de discriminación y racismo; vulneración al principio de laicidad materializada en la imposición del uso de la biblia como elemento central del Estado; ataques a personas y organizaciones indígena originario campesinas; el agravio a la wiphala como símbolo representativo de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y de la plurinacionalidad; así como la represión policial y militar dirigida a manifestantes autoidentificados con una nación y pueblo indígena originario campesino”.
Conversamos con la defensora del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia pocos días después de la presentación del informe, que coincidió con la jornada en que renunció a su candidatura presidencial la mandataria de facto, Janine Añez.
En las conclusiones del informe enumera que se han identificado por parte de las fuerzas policiales, especialmente ¿hubo un amplio abanico de violaciones a los DDHH? ¿Se han dado en diferentes regiones de Bolivia?
Efectivamente. En cuanto al derecho a la vida, el conflicto ha cobrado la vida de 37 personas entre el 21 de octubre y el 23 de noviembre. Entre ellas 27 casos los hemos catalogado como asesinatos de lesa humanidad, tomando en cuenta la forma en cómo se han realizado y las instrucciones que han partido desde el gobierno transitorio. De estas 27 muertes, 20 son consideradas en contexto de masacres, en el departamento de La Paz en la ciudad de El Alto, y en el departamento de Cochabamba en la localidad de Sacaba. Estas 20 muertes que nosotros registramos en contexto de masacres han sido en contexto de operaciones conjuntas entre policía boliviana y FFAA.
Las acciones que ha emprendido el gobierno transitorio en contra de la población han sido de carácter sistemático. Se cuenta con los decretos supremos que autorizan la intervención de las FFAA y, en su momento, una intención de mantener en la impunidad las acciones que podían realizar esta institución. Finalmente se cuenta también con las certificaciones de médicos forenses y se cuenta con los testimonios vitales para esclarecer los hechos de las masacres.
Además se han identificado asesinatos de lesa humanidad en intervenciones policiales en el momento en el que evidentemente no existía un gobierno, que es entre la noche del 10, el 11 y el 12 de noviembre hasta ciertas horas, en las que Bolivia no contaba con un gobierno, ni una presidencia, pero donde interviene la policía boliviana. Primero lo hace en una suerte de acción para dar seguridad interna porque había caos, había crisis, era muy compleja y muy violenta la situación que estábamos viviendo, pero de alguna forma se desborda y llega a generar una venganza institucionalpor parte de la policía boliviana, y así se cobran la vida de 3 personas en la ciudad de La Paz. En las intervenciones que realiza la policía boliviana, acompañados de particulares, también se han registrado 2 asesinatos en lesa humanidad en el departamento de Santa Cruz, como parte de operaciones conjuntas que realizaron policía y FFAA. También se registraron una en Potosí y otra adicional en Cochabamba fuera del contexto de masacres. Ha sido una etapa muy sangrienta para Bolivia.
Lamentablemente de estas 27 muertes ninguna cuenta con un acceso efectivo a la justicia, no se cuenta con una identificación, ni siquiera de sospechosos o posibles culpables. Adicionalmente tanto Policía como FFAA han rehusado señalar los listados y la identificación de los efectivos que han participado en cada uno de estos eventos a la Defensoría del Pueblo, con la intención de mantener en la impunidad, que estos hechos no sean sometidos a la justicia. Además en muchos casos, especialmente en el de las masacres, esto genera una suerte de amedrentamiento, y persecución inclusive, hacia las víctimas y los familiares de las personas a las que les quitó la vida el gobierno de Jeanine Áñez.
Alrededor de 10 días en noviembre, entre el 11 y el 21 de ese mes, cuando ocurrieron la masacre de Sacaba y Senkata, hubo además arrestos en El Alto, operaciones en la región cruceña, ataques contra manifestantes en La Paz ¿hubo en esos días una especial actividad de violación a los DDHH? ¿Se registró una represión que buscado que los sectores populares hayan dejado manifestarse políticamente en las calles?
Efectivamente, a partir de las intervenciones o de las operaciones conjuntas se ha generado una suerte de orden, de orden interno en realidad, pero acompañado de excesos o abusos tanto de policías como de militares. Las manifestaciones de las organizaciones, movimientos, o naciones y pueblos indígenas originarios campesinos se fueron dando con más fuerza a partir del 10 de noviembre. El 10 de noviembre por la noche, cuando el gobierno, los que eran representantes de los comités cívicos, ingresan a la Plaza Murillo y hacen la quema de la Wiphala, es la cúspide de una serie de ofensas contra las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Es a partir de ese momento que se generan movilizaciones mucho más grandes, y hay que reconocer que en algunos momentos dentro de estas movilizaciones se generaron una suerte de hechos delincuenciales y de violencia, eso es lo que nosotros observamos como Defensoría del Pueblo.
El derecho a la manifestación y a la protesta, particularmente por cómo es Bolivia sociológicamente, nosotros lo vimos desarrollarse desde el 21 de octubre. Casi más de un mes en el que Bolivia estaba movilizada, nosotros como Defensoría no cuestionamos ese derecho, más allá de las connotaciones que puedan tener, porque al final son ciudadanas. Lo que pasó en realidad en Bolivia fue que el 10 de noviembre sí se generaron una suerte de hechos delincuenciales y violentos, y se generó zozobra dentro de la población, principalmente en la citadina. Eso generó que se instale un discurso de necesidad de seguridad. La gente, la población, la ciudadanía estaba totalmente aterrada por posibles saqueos, por enfrentamientos, por tomas, etc. Ya desde el 9 veíamos venir un escenario de violencia de esos niveles, y la ciudadanía estaba casi clamando que vuelva la policía, que estaba amotinada, y que salgan las FFAA para descender los hechos de la delincuencia. Pero eso fue alimentado por información a través de medios alternativos o redes sociales que no necesariamente estaban señalando la verdad, y la población estaba pidiendo seguridad, justamente por eso.
Y en esa línea interviene primero la Policía, luego intervienen Policía y FFAA. La Policía abiertamente señaló que se había visto rebasada. Nosotros, que también hicimos un pedido para que se restablezca la seguridad interna, vimos más adelante que esta situación se fue transformando en hechos de violencia institucional propiamente o en hechos de carácter delincuencial, pero esta vez de parte de la Policía boliviana. Así fue que la cantidad o la forma de arrestos se fue desnaturalizando, porque ya no se hacían arrestos ante hechos considerados desorden o de un tinte delincuencial, sino que lo hacían contra todos aquellos que podían llevar una vestimenta más humilde o aquellos que presentaban su cédula de identidad y tenían residencia en lugares diferentes, o que la Policía consideraba adversos. Así se empezó a desnaturalizar la figura del arresto y además dentro de estos arrestos adicionalmente estaban participando particulares y la Policía lo permitía.
Además que cuando estas personas eran llevadas a centros policiales para pasar 8 horas de arresto o ser puestos a disposición de una autoridad judicial, en muchos casos se ha identificado la existencia de torturas por parte de los efectivos policiales. Entonces esa necesidad de la población por seguridad,la policía boliviana y el gobierno transitorio lo utilizaron para cometer excesos en contra de la población. Abusaron de la confianza o del temor para que la población sea cómplice o justifique tanto las masacres, como los asesinatos y los abusos policiales.
En el informe se cita reiteradamente el contexto colonial y racista en el cual se tiene que analizar la situación de violencia institucional. ¿Cómo se debe articular este contexto con las violaciones a los DDHH que analizaron desde la Defensoría?
En realidad es un tema igual de fondo porque el conflicto en Bolivia no inicia el 10 de noviembre, ni inicia el 21 de octubre. En realidad no se vive un conflicto persé, sino que lo que se vive es una suerte de crisis de Estado. No estamos ante un conflicto social, no era una demanda social la que se estaba gestando en Bolivia, sino una suerte de ruptura institucional.
¿A qué nos referimos? Nosotros identificamos, en el 2017 inclusive, una suerte de desinstitucionalización, de deslegitimación de las instituciones del estado. Lo malo es que la desinstitucionalización se llevó por delante una victoria o un logro que habían tenido las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (NePIOCs): el surgimiento del Estado Plurinacional de Bolivia.
¿A qué me refiero con esto? Es la incorporación dentro de las estructuras del Estado, dentro de la toma de decisión del Estado boliviano a las NePIOCs. Pasamos de un estado mono-nación, que era republicano en tanto reproducción del Estado colonial, a un Estado plurinacional donde lasNePIOCs dejan de ser consideradas poblaciones en situación de vulnerabilidad como generalmente en el mundo. En el caso de Bolivia van a ser parte fundamental del Estado, van a ser parte de las estructuras de poder y de las tomas de decisión desde los órganos de poder.
Cuando se generan discursos respecto al retorno a la república, de alguna forma era hacer un retroceso en esta incorporación dentro de las estructuras del Estado y volver a un Estado mono nación donde no se los incorpora, sino solo se los reconoce, donde no se toma en cuenta la toma de decisiones sino simplemente se les escucha o se les protege. Es un cambio de visión estatal absolutamente diferente, que en el caso boliviano responde a nuestra estructura social y a nuestra historia. Ahora además del discurso del retorno de un estado republicano, se suman discursos altamente discriminatorios y racistas e incluso en muchos momentos a las NePIOCs o las organizaciones sociales representativas de este sector. Lo que se hace es sumirlos a una afiliación política, y en eso hay que ser claros, no todas las NePIOCs responden al MAS o son del MAS.Y así lo fueran, tienen el derecho de ser reconocidos como NePIOCs antes que un partido político. Pero buena parte de las líneas discursivas en discriminación estaban enfocadas en esos sectores, es por eso que genera una suerte de ataque mucho más focalizado hacia ese sector, sin embargo hay que reconocer también que las respuestas a ese tipo de ataques también tuvo un tinte discriminatorio, un tinta de exclusión. Por eso digo que no vivimos un conflicto, vivimos una crisis de Estado donde nos han terminado de quebrar.
Finalmente decimos que fue colonial porque el ingreso de la biblia en un estado que se ha reconocido laico, traía la línea discursiva de decir que iba a volver una biblia, que tiene una connotación de dominación para las NePIOCs. En realidad, más allá del discurso, no era necesaria que vuelva la biblia ni que se vaya, porque en un estado laico se reconoce a todas las religiones, se reconocen ese tipo de libertades. Finalmente con la quema de la Whipala, un símbolo representativo de naciones y pueblos que era ultrajado, se reafirma un componente fuerte en términos coloniales.
En las conclusiones que presentan en este informe, hablan de que las autoridades del gobierno transitorio a través de sus declaraciones públicas marcaron el curso a seguir en las investigaciones, lo que puso en riesgo la independencia de la justicia en relación con las causas por la vulneración de los DDHH. ¿Qué es lo que paso con la influencia o el intento de influir por parte del gobierno transitorio sobre los investigadores judiciales?
Hubo dos momentos. Primero, hay que señalar que yo no recuerdo un momento en nuestra historia en que el sistema de justicia no haya sido cuestionado por su falta de independencia. Incluso en los escritos del surgimiento de la República de Bolivia ya había observaciones respecto al sistema de justicia boliviano, nos vamos hacia 1800 y más. Pero en el caso que nos tocó asumir, lo que nos preocupa es que cuando ocurrieron las masacres, los primeros discursos del Estado, del gobierno transitorio, fueron disminuir la responsabilidad estatal o deslindar de la responsabilidad de las FFAA y la Policía boliviana. Acompañaron eso de un proceso de estigmatización o de culpabilización de las víctimas, como también de una tesis de que las víctimasse habían matado entre ellas.
Cuando se realizaron las primeras pericias es muy notorio que el órgano ejecutivo a través de los ministros de Gobierno y de Defensa salían con una tesis respecto a las pericias que se habrían realizado y luego salía el Instituto de Investigaciones Forenses -que depende de la Fiscalía General o Ministerio Público- a ratificar esas tesis que señalaba el Ejecutivo.
Eso es un primer antecedente .Además que diferentes instituciones han señalado que esas pericias tendrían o que volver a realizarse o tendrían que ajustarse ciertos estándares porque definitivamente no generan fiabilidad para las víctimas ni para los organismos de DDHH.
Segundo, no hubo resguardo de la prueba como tal en su cabalidad. Hay algunos informes, incluso más allá que el que señala la Defensoría del Pueblo, donde se indica que meses después o semanas después de las masacres continuaban en las calles las balas o algunos elementos que se hubiesen utilizado durante las mismas. Eso implica que no hubo una recolección adecuada de la prueba. Con el paso del tiempo se van perdiendo, en detrimento del acceso a la Justicia de las víctimas.
Tercero, lastimosamente en Bolivia el gobierno transitorio, en especial algunos ministros de la presidente, reiteradamente han hecho como amenazas tanto a jueces y fiscales que no se alinean a la actitud gubernamental. En muchos casos lo que hemos visto es que el órgano ejecutivo ha señalado que tiene informes especiales de fiscales, informes especiales de jueces, entonces van amedrentando o generando procesos de persecución policial en contra de jueces donde el gobierno tiene algún interés especial o tienen causas en los que se los involucra. Hemos llegado a tal punto que la defensoría ha tenido que presentar dos solicitudes de medidas cautelares ante el Sistema Interamericano para Jueces porque es muy complicado para ellos apartarse de una línea gubernamental cuando su función es simplemente preservar la ley.Pero en el momento en que lo hacen sufren ese tipo de seguimientos y persecuciones. Entonces el problema va por dos vías: uno por la falta de independencia, falta de objetividad en el caso del Ministerio Público para las investigaciones, pasaron 10 meses y no hay culpables o sospechosos; y por el otro se ve que cuando existe autoridad judicial o fiscal que quiera apartarse de las líneas gubernamentales, es perseguido. Así es muy complejo poder generar o acceder a la justicia en nuestro país.
