Conmoción en Colombia por el asesinato del historiador y dirigente político Elías Galindo
Asesinan en Medellín a historiador y miembro de la Colombia Humana
Conmoción causó en Medellín la muerte de Campo Elías Galindo, reconocido historiador e investigador de Medellín, quien también se desempeñaba como miembro de la coordinadora de Colombia Humana en esta capital.
El cadaver de Campo Elias Galindo, estaba en su apartamento apuñaleado desde hace tres dias, tenia un libro que quemaron sobre su pecho y se llevaron celular y computador con información de la Colombia Humana de Antioquia.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 1, 2020
De acuerdo con información preliminar, el cuerpo sin vida de Galindo fue hallado en su vivienda por un familiar, quien de inmediato dio aviso a las autoridades.
Galindo trabajó como profesor en Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, fue Magister en Planeación Urbana en la misma institución.
Si bien las autoridades ampliarán información en la tarde de este jueves, allegados y conocidos del historiador expresaron por redes sociales que Galindo habría sido brutalmente asesinado.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se unió a las voces de rechazo y tristeza por la muerte del docente. «Habrá justicia: Policía y Fiscalía trabajan para capturar a responsables. Alcaldía ha dispuesto hasta 20 millones para quien nos ayude en tareas de identificación».
De otro lado, el senador Gustavo Petro, líder del movimiento Colombia Humana, lanzó una serie de trinos indicando que «la investigación sobre el asesinato de Campo Elías, como de los demás líderes debe ser investigado por comisión judicial independiente, con expertos nacionales e internacionales. Pedimos al Consejo superior de la Judicatura impulsar este mecanismo de acuerdo al Protocolo de Minesotta».
Asesinado en Medellín profesor universitario y militante de Colombia Humana, Campo Elias Galindo.@CIDH@CourPenaleInt pic.twitter.com/wHlZwujlNj
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 1, 2020
Investigación sobre el asesinato de Campo Elias como de los demás líderes debe ser investigado por comisión judicial independiente, con expertos nacionales e internacionales
Pedimos al Consejo superior de la Judicatura impulsar este mecanismo de acuerdo al Protocolo de Minesotta https://t.co/3teBMV4FcW
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«Creemos que fue por su actividad política»: familia de Campo Elías Galindo tras asesinato
Aunque no reveló mayores detalles por tratarse de un caso en investigación y bajo reserva judicial, el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, habló del crimen del historiador y líder Campo Elías Galindo.
«Fue asesinado con arma blanca dentro de su vivienda. Él vivía solo, por lo tanto hay elementos materiales probatorios importantes y ya están en cadena de custodia para esclarecer lo ocurrido», dijo el general.
Sobre las hipótesis sobre por qué mataron a Galindo, su hermana, Doris Galindo le dijo a BLU Radio que «las autoridades aseguran que fueron tres impactos con arma blanca».
Él no tenía amenazas. En la familia creemos que fue por su actividad política. Era un líder que soñó con transformaciones sociales y políticas en este país y lo otro que ya sabemos con certeza es que su computador se lo llevaron, no está.
«En la familia tenemos esos indicios y estamos dispuestos a investigar y confirmar la hipótesis de que fue por temas políticos», dijo su hermana, quien habló por última vez con él el pasado domingo.
La otra hipótesis es un hurto.
No podemos descartar su actividad de líder político, pero tampoco un hurto. La investigación está iniciando y aunque los elementos iniciales muestran un hurto, podría ser una fachada y ya la Fiscalía está esclarecido los móviles.
Por la muerte de Campo Elías Galindo hay múltiples reacciones en el país.
El sepelio del historiador ocurrirá en las próximas horas en Medellín.
Organizaciones de mujeres marcharon contra el abuso policial
Mujeres salieron a las calles de Bogotá para manifestarse por la defensa de la vida y rindieron homenaje a las lideresas sociales asesinadas y a las víctimas de feminicidio.
Con pañuelos morados y verdes salieron a las calles en Bogotá para manifestarse en contra del abuso policial y exigir al gobierno nacional que cesen las muertes a manos de los uniformados.
Rinden homenaje a las lideresas asesinadas y víctimas de feminicidio, delito que se ha incrementado durante la pandemia. Según medicina legal desde el 25 de marzo hasta el 9 de junio, 9.378 mujeres fueron víctimas de diversos hechos de violencia en el territorio nacional.
Los colectivos de mujeres demandan al presidente Iván Duque que suspenda el tratamiento de guerra en el territorio nacional para que la ausencia del estado no siga propiciando masacres. Dieron a conocer lo que han denominado ‘un pacto social por la vida y por el cese de la violencia estatal.
La movilización que inició a media mañana en el Planetario. También se reclama la reestructuración de las Fuerzas Armadas y la Policía, y se solidaridad con las mujeres, madres, esposas y familias víctimas de los asesinatos y masacres, que involucrarían a algunos agentes del estado.
Violaciones de policías deben ser juzgadas por justicia ordinaria: HRW
La organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) envió esta semana un escrito (ámicus) a la Corte Suprema de Justicia en el que le recuerda que bajo los estándares internacionales las presuntas violaciones a los Derechos Humanos que se cometan en el país y se atribuyan a miembros de la fuerza pública deben ser investigadas y procesadas por la justicia civil y no en la justicia penal militar.
Eso a raíz de un caso que estudia en este momento la Corte en el que un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional de Colombia solicitó que su proceso sea transferido a la justicia militar usando como argumento una decisión previa del Consejo Superior de la Judicatura que envió a este sistema la investigación sobre la muerte de Dilan Cruz, ocurrida el 23 de noviembre de 2019 durante una manifestación en Bogotá.
Para HRW se trata de una decisión trascendental pues si la Corte Suprema acepta los argumentos muchos de los miembros de la Policía que se han visto involucrados en violaciones a los Derechos Humanos, especialmente a lo largo de las jornadas de protestas en 2019 y este 2020, utilizarán este camino para evadir la justicia ordinaria.
“Este caso constituye una oportunidad clave para que la Corte Suprema siente un precedente reafirmando que los abusos de la policía nunca deben ser investigados por la justicia penal militar, de conformidad con el derecho internacional actualmente en vigencia. Si la Corte Suprema no dicta una sentencia consistente con estos estándares, Colombia corre el riesgo de que casos de abusos policiales —incluyendo los recientes homicidios en las protestas en Bogotá— sean transferidos en cascada a la justicia penal militar donde en la práctica se les garantiza impunidad”, afirma José Miguel Vivanco, director para las Américas para HRW y quien firma el escrito enviado a la Corte.
El caso actualmente en discusión es el de Néstor Julio Rodríguez Rúa, un patrullero del ESMAD que está siendo procesado por el presunto homicidio de Nicolás Neira Álvarez, un niño de 15 años que murió durante una manifestación en Bogotá en el 2005. Según la Fiscalía, el patrullero disparó un arma tipo “truflay” contra los manifestantes, causando la muerte de Neira Álvarez.
“La independencia necesaria para investigar y juzgar graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares no suele estar garantizada cuando son las mismas autoridades militares las encargadas de investigar a sus miembros y juzgarlos en los tribunales militares. Por ese motivo, organismos regionales e internacionales de derechos humanos han criticado el uso de fiscales y tribunales militares en casos de violaciones de derechos humanos contra civiles, y han señalado que la competencia de los tribunales militares debe limitarse a aquellos delitos que son de naturaleza estrictamente militar”, dice el texto enviado por HRW.
En el escrito, la organización menciona como tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han dejado claro que el camino para este tipo de casos es la justicia ordinaria.
En el caso de la Corte IDH -máxima instancia para la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la que Colombia hace parte-, HRW sostiene que esta ya ha establecido que “frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar».
La CIDH, afirman, ha señalado a su vez que Colombia debe abstenerse de emplear la justicia penal militar en casos sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por policías en el marco de manifestaciones.
“Por ejemplo, en su informe de admisibilidad sobre la muerte de Jhonny Silva Aranguren, un estudiante que murió en una manifestación en 2005, presuntamente a manos del ESMAD, la Comisión recordó que ‘las jurisdicciones especiales, como la militar, no constituyen un foro apropiado y por lo tanto no brindan un recurso adecuado para investigar, juzgar y sancionar posibles violaciones a los derechos humanos consagrados en la Convención Americana, tales como el derecho a la vida, presuntamente cometidas por miembros de la fuerza pública’”, dice HRW.
Del mismo modo, sostienen, la ONU lleva décadas pidiendo a los Estados asegurar que el personal militar esté sujeto a la jurisdicción penal ordinaria por delitos que no sean “de carácter exclusivamente militar” y ha cuestionado la amplia jurisdicción que a veces tienen los tribunales militares para conocer de todos los casos relacionados con el enjuiciamiento del personal militar por que “contribuye a la impunidad de que goza dicho personal y que impide su castigo por violaciones graves de los derechos humanos”.
