La violencia de género es una emergencia real – El Nuevo Día, Puerto Rico
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
El silencio y la inacción del gobierno ante la emergencia real que representa la violencia de género es una instancia peligrosa del reiterado maltrato institucional que a diario enfrentan las mujeres y otros sectores vulnerables en Puerto Rico, como la población LGBTTIQ.
La indolencia ante el problema de la violencia de género permea toda la estructura pública. La indiferencia o negligencia ocurre, por ejemplo, en el tratamiento dado a una petición de auxilio por un rapto. Peor aún, es producto de la ausencia de una valiente política pública articulada desde la alta institucionalidad para prevenir estos crímenes.
La cultura del machismo, que valora de forma desigual a base de género, fomenta la violación de derechos y pone en riesgo la seguridad y la vida de quienes considera inferiores, y sujetos de agresión y dominio.
La muestra más reciente fue la pasmosa lentitud en la respuesta de la Policía a la llamada de un familiar que reportó el secuestro de la joven Rosimar Rodríguez Gómez el pasado 17 de septiembre. Con ella suman más de treinta las mujeres asesinadas en la isla este año. Según el Observatorio de Equidad de Género, 24 de esos crímenes han sido catalogados de feminicidios directos por machismo o misoginia; otros diez se consideran feminicidios indirectos. Se han identificado ocho intentos de feminicidios en apenas tres meses, entre julio y septiembre. Cuando menos, 15 mujeres continúan desaparecidas, la mayoría menores. Mientras, ayer trascendió el asesinato de otra mujer transexual, la sexta persona trans en lo que va de año. Esos crímenes siguen impunes.
De acuerdo con la Oficina de Administración de los Tribunales, en lo que va de año se han solicitado 6,758 órdenes de protección, 72% de las cuales fueron emitidas. Las órdenes se expiden a víctimas de violencia por parte de sus parejas o exparejas.
La violencia de género se combate con educación desde los primeros niveles escolares. Pero el aprendizaje con perspectiva de género tiene que llegar también a cada instancia de servicio gubernamental. Particularmente, a las agencias que ofrecen servicios que pueden salvar la vida de víctimas de esos abusos.
Por más de dos años, organizaciones defensoras de los derechos humanos, y de estas poblaciones en particular, denunciaron un aumento en las agresiones contra mujeres por razón de género. Pidieron al gobierno asumirlo como una emergencia. Hace más de un año, propusieron acciones concretas y urgentes para intervenir y prevenir de forma integrada la violencia de género. No obstante, en diciembre, la respuesta del gobierno fue, entre otros pronunciamientos, proponer identificar y analizar el problema. Las investigaciones sobre este mal social abundan a nivel local e internacional. Esos grupos conocen al detalle las causas y consecuencias porque, además de estudiarlo, proveen servicios directos a muchas de las sobrevivientes.
Mientras, este viernes se cumple un año desde que se creó la Ley 149 para establecer el llamado Plan Rosa, un protocolo de seguridad similar a la alerta Amber, que hubiese servido para alertar a las agencias de situaciones como la que le costó la vida a Rodríguez Gómez, de 20 años. El mecanismo no ha sido puesto en función porque, desde entonces, espera por que la agencia que tiene como misión específica procurar por los derechos y la protección de las mujeres establezca el reglamento para implementarlo.
Es evidente que falta voluntad para que el Estado asuma la muerte de tantas mujeres, en circunstancias prevenibles, como indicativo claro de una emergencia. Esa falta de propósito se revela cuando un policía desestima un pedido de auxilio de una mujer agredida o amenazada. También, cuando no se ponen en ejecución las recomendaciones para evitar actos de abuso y muertes de mujeres y otras minorías.
El Estado tiene la responsabilidad de atender esta emergencia que mantiene a más de la mitad de nuestra población bajo un estado de miedo y acecho. Le corresponde poner en acción inmediata un plan coordinado y sensible hacia las víctimas y sus familias, como paso central en la lucha para erradicar la violencia de género.
