Estallido social en Chile | El Ministerio Público reporta más de 8.500 casos de violaciones a los DDHH
Protestas: Reportan 8.500 casos de violaciones a DDHH y 16 carabineros dados de baja
El Ministerio Público confirmó que el reporte final de casos de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios policiales desde octubre del 2019 indica que hay un total de 8.575 víctimas asociadas a causas de esta naturaleza.
La directora de la Unidad de DD.HH de la Fiscalía, Ymay Ortiz, lo destacó ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, que este lunes analiza la situación que dejó el estallido social de hace casi un año.
La abogada del Ministerio Público fue convocada por la instancia para entregar este balance, que añade que de las denuncias realizadas, hay 919 imputados conocidos; 63 efectivos formalizados -todos con medidas cautelares- en 29 causas.
Es decir, menos del 1 por ciento de los agentes del Estado que cometieron esas violaciones han enfrentado cargos ante la justicia, para lo que las razones son varias: lesiones menores o fuerza desmedida en detención de personas que no fueron pasadas a tribunales, por lo que no hay datos sobre los autores; personas que pidieron atención médica y fueron los doctores los que presentaron la denuncia con los escasos antecedentes disponibles, o bien, víctimas no quisieron seguir adelante con la causa.
En ese sentido, el diputado Miguel Crispi (RD) apuntó la llamativa diferencia entre el número de personas afectadas versus los formalizados por denuncias, a lo que Ortiz respondió que han debido realizar un trabajo de «pirquineo» para determinar si en las causas que llegaron podrían haber violaciones a las garantías fundamentales, por lo que anticipa una posible alza en la cifra de formalizados en la próxima semana, cuando será actualizada.
Por ejemplo, hay casos en que se presentan denuncias por lesiones leves, pero en el contenido de las declaraciones se da cuenta de que las víctimas habrían sufrido vejaciones, como obligaciones a desnudarse o a hacer sentadillas.
Pese a que la unidad que se dedica a abordar estas denuncias en la Fiscalía fue reforzada temporalmente con dos abogados, Ortiz afirmó que «no damos abasto», al tiempo que comprometió el deber de atender todos los casos que se reciban.
Por tanto, el parlamentario del Frente Amplio remarcó al término de la sesión que «la tesis de Carabineros de Chile, que sostuvieron durante todo el estallido social, de que estamos hablando de casos aislados se cae sola».
«Son cifras graves, alarmantes, y esperamos que haya un compromiso institucional por parte del Gobierno, de la Fiscalía y por supuesto de Carabineros, pero quien manda ahí es el Gobierno, de que las personas van a poder tener acceso a estas garantías constitucionales, y garantizar por tanto el derecho a la protesta y a la movilización», señaló Crispi.
16 carabineros dados de baja
Posteriormente, intervino en la comisión el general inspector Gonzalo del Alcázar, director de Contraloría de Carabineros, quien dio cuenta de la realización de 1.270 procesos indagatorios internos, los que derivaron en la formulación de cargos a 170 efectivos policiales.
«De los 170 funcionarios antes mencionados, 16 de ellos ya fueron desvinculados de la institución -baja con efectos inmediatos-, mientras que a otros 19 también se les está proponiendo una medida expulsiva en el sumario administrativo, y que se va a aplicar una vez que se encuentre afirme», puntualizó.
Asimismo, otros 135 uniformados recibieron cargos como arrestos, reprensiones o amonestaciones por estas causas, sanciones que aparecen en sus respectivas hojas de vida y potencialmente afectarían su carrera dentro de Carabineros.
Sumario de Contraloría: generales de Carabineros dicen que desconocían estudio elaborado por la propia institución que advertía sobre daños oculares de balines
A mediados de septiembre, la Contraloría General de la República formuló cargos contra siete generales del Alto Mando de Carabineros por sus presuntas responsabilidades administrativas en el actuar de la policía durante las manifestaciones realizadas en el país, en el marco del estallido social que comenzó el 18 de octubre.
Los apuntados por el órgano regulador son el director Nacional de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez Reveco; los generales inspectores Jorge Valenzuela Hernández, quien dirige la división de Apoyo a las Operaciones Policiales, y Mauricio Rodríguez Rodríguez, jefe de la Zona Metropolitana; el jefe de Zona Santiago Este, Enrique Bassaletti, el jefe de Zona Santiago Oeste, Enrique Monrás Álvarez; el jefe de la Quinta Zona Valparaíso, Hugo Zenteno, y el director de Logística, Jean Camus Dávila.
Contraloría apuntaba que estos siete generales no habrían garantizado el cumplimiento de los «protocolos del uso de la fuerza contenidos en los manuales internos que operaban hasta esa fecha», como el uso de las escopetas antimotines y su munición, que terminó lesionando a centenares de manifestantes. El sumario elaborado también contenía otra información, como cambios en los cartuchos para escopetas antidisturbios, estudios de distancia y un informe de 2012, llamado «Disparos con escopetas antidisturbios con empleo de cartuchería de goma y sus efectos en la superficie del cuerpo humano».
Sin embargo, de acuerdo al diario El Mercurio, alguno de los siete generales no tenían conocimiento de este último informe. En el sumario, la perito forense del Servicio Médico Legal y asesora de Labocar, Vivian Bustos, afirmó que uno de los problemas en el uso de escopetas antidisturbios es la distancia. «Yo no dispararía, pues es una munición muy insegura; cuando uno dispara es porque quiere darle al blanco. Acá no se puede, no se puede determinar dónde caerá la munición», declaró Bustos, según el citado medio.
«Creo que esta munición está en el límite de lo disuasivo, pues si bien tiene una finalidad disuasiva, esta se generaría a más de 40 metros de distancia, pero al perderse ese elemento no hay efecto disuasivo», agregó.
«El uso de la munición de la escopeta antimotín debería solo generar dolor (…), no que se genere un daño irreparable, la pérdida de la funcionalidad del órgano», agregó la perito, quien trabajó en este informe del 2012.
Camus Dávila, quien aparece con una declaración de las muchas que comenzó a tomar Contraloría a partir de marzo de este año, desconocía el informe del año 2012. «No tenía conocimiento del informe con anterioridad al estallido. Solo lo conocí con posterioridad. Si no me equivoco, se creó para la compra de las municiones que contiene el informe. El informe da cuenta del riesgo en el uso de las municiones, en relación a las distancias utilizadas. Tengo entendido que ese informe estaba a disposición de las capacitaciones en uso de la escopeta», declaró Camus. Dicho informe fue elaborado por Carabineros.
Similar testimonio dio el general Yáñez, quien afirmó que conoció el estudio «solo cuando la fiscal Ximena Chong me lo enseñó». Detalló que lo solicitó la Dirección de Educación y aseguró que «desconozco el uso del informe» y que «no solo se hizo una compra la fecha del informe, sino que también en 2016 se compró la misma munición».
Camus, en tanto, sí conocía el cambio de munición: se reemplazó el de 12 postas de 8 mm por uno de tres postas de 1,7 mm, adquiriendo 20 mil cartuchos a fines de 2019.
«Producto de las lesiones en muchos ciudadanos, se buscó y presentó la idea de cambiar el cartucho a uno que se conocía y era utilizado por la PDI y -creo- que Gendarmería», dijo Camus, confirmando que el uso de la munición de 12 postas quedó para el nivel 5 en un «inminente riesgo de vida del carabinero».
«Se hicieron estudios de materiales ofertados, en los que se compró una partida, de cerca de 20 mil cartuchos. Esta compra se realizó a fines de 2019. Al día de hoy tenemos una prohibición de compra de cartucho de 12, por glosa presupuestaria», explicó.
