Violencia en pandemia | Líderes indígenas asesinados y amenazados en América Latina
- Comunidades indígenas están desprotegidas y han quedado expuestas a atentados de organizaciones criminales con las restricciones de los gobiernos para el control de contagios de Covid-19.
- Las actividades extractivas han generado disputas y el narcotráfico ha arremetido para ejercer el control sobre los territorios indígenas. Defensores han sido asesinados, secuestrados, desaparecidos y criminalizados.
La violencia contra las comunidades indígenas de América Latina ha recrudecido en el 2020 y la pandemia se ha convertido en un factor determinante. Las restricciones que ordenaron los gobiernos para detener la expansión del coronavirus han sido un vehículo para que las organizaciones criminales controlen los territorios indígenas y acallen a sus líderes. El riesgo de muerte fue latente y cercano por la obligación del confinamiento, en un primer momento, y lo sigue siendo hoy por la necesidad de reducir la movilidad para evitar el contagio. Algunos han sido víctimas de asesinatos selectivos, otros murieron como parte de masacres.
El coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), Gregorio Mirabal, considera que el coronavirus es la catástrofe más grande para los pueblos originarios de la Amazonía en los últimos 100 años. Pero precisa que esta es una pandemia dentro de otras tan graves para los indígenas como el extractivismo, la contaminación que esto genera, los asesinatos por invasión de tierras y los incendios forestales. “No se necesita un estudio científico para saber que este es un proceso de exterminio por diferentes causas”, opina.
Colombia y México encabezan la lista de los países con más altos índices de asesinatos contra defensores ambientales, según el último informe de 2019 de la ONG Global Witness. Y el 40 % de las víctimas reportadas en el mundo ese año —212 en total— pertenecía a pueblos originarios. La violencia se ha agudizado durante la pandemia en varios de los países que figuran entre los más afectados de la región. El clamor principal de las comunidades afectadas por esta escalada de criminalidad es el respeto de sus derechos y la atención de sus gobiernos. Mongabay Latam reúne en esta publicación testimonios de líderes indígenas y especialistas en casos de derechos humanos de Colombia, México, Guatemala, Honduras y Perú.
Colombia: la cifra de asesinatos podría superar la de 2019
En la tarde del martes 19 de agosto, Miguel Caicedo, gobernador del resguardo de Pialapí Pueblo Viejo, Nariño (Colombia), confirmó el asesinato de tres indígenas de la etnia awá en la remota comunidad de Aguacate. Al gobernador le tomó un día recorrer el escabroso camino para llegar a aquel pueblo, el más lejano de los 10 que hay en el resguardo. Los cadáveres de los tres indígenas evidenciaban que el crimen había sido perpetrado al menos diez días atrás. Es decir, casi por la misma fecha en que el líder de esta etnia, Francisco Cortés, fuera atacado a balazos en el sector de La Vaquería.
En medio de la pandemia, el pueblo awá también ha llorado los asesinatos del dirigente de Aguacate, Ángel Nastacuas, del exgobernador del resguardo Ñambi Piedra Verde, Fabio Guanga, y del gobernador suplente del resguardo Piguambí Palangala, Rodrigo Salazar. Algunos líderes awá han tenido que huir para no morir acribillados. Otros permanecen amenazados en sus casas sin posibilidad de movilizarse por las restricciones que acarreó la propagación del Covid-19. Las causas de esta violencia contra los awá convergen principalmente en las disputas por el control del territorio. Una situación que se disparó durante estos meses de cuarentena en Colombia. “Los están matando brutalmente”, le dijo a Mongabay Latam Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y coordinadora del programa Somos Defensores.
El departamento de Nariño, al que pertenece este pueblo indígena, está en la frontera de Colombia con Ecuador y es uno de los sectores colombianos con mayores extensiones de cultivos de coca (36 964 hectáreas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC). Por su ubicación, Nariño se ha convertido en un importante corredor del narcotráfico y zona estratégica para la salida de cocaína hacia Estados Unidos, para el tráfico de armas y la explotación legal e ilegal de minería. Allí confluyen disidentes de las FARC y grupos armados al servicio de intereses económicos. También está la Fuerza Pública colombiana, así como la organización indígena awá que intenta ejercer su autonomía y defender su territorio.
Pero lo que ocurre en Nariño es la realidad a pequeña escala de lo que ocurre en otras comunidades indígenas en Colombia, sobre todo de los pueblos asentados en las fronteras con otros países. Este es el caso de los emberá, en el Chocó, o de los wayúu, en La Guajira, además de los awá, en Nariño. Diana Sánchez explica que aquellos territorios, llamados zonas de frontera agrícola, son los epicentros de la conflictividad armada debido a la incesante actividad extractiva de madera, minerales, carbón y petróleo, aún en época de pandemia. El narcotráfico, señala la representante de Somos Defensores, también los ha convertido en enclaves para laboratorios de elaboración de cocaína y en zonas de tránsito para los insumos de la droga. La directora de la Asociación Minga sostiene que a las empresas les incomoda mucho el proceso de consulta que deben realizar para intervenir los territorios indígenas.
“Los indígenas son vistos como un estorbo para las economías legales e ilegales. El Estado no les da las garantías como pueblos ancestrales y protegidos por la constitución”, señala.
En los últimos meses, la grave desatención sanitaria obligó a que muchas comunidades conformen sus guardias indígenas para el control diario de las entradas y salidas a sus territorios. La intención era evitar la propagación del Covid-19, pero aquella restricción de movilidad puso a los indígenas en la mira de los grupos armados que no han dejado de operar en la cuarentena. Algunas de las muertes en Nariño tuvieron este trasfondo, también en el Cauca y Chocó.
El mandato de cuarentena obligatoria que arrastró la pandemia ha sido otro factor letal para los indígenas. Leonardo González, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la ONG Indepaz, indica a Mongabay Latam que, al no poder movilizarse de sus casas, los líderes de las comunidades han sido amenazados y han quedado expuestos a los grupos armados que pueden encontrarlos en cualquier momento. Esto les pasó a los indígenas awá, Fabio Guanga y Sonia Bisbicus, quienes fueron asesinados el pasado 28 de julio en el resguardo Ñambí Piedra Verde. También a los pobladores emberá Omar y Ernesto Guasiruma Nacabera, en Chocó, departamento ubicado en la frontera colombiana con Panamá y el mar Caribe.
En Colombia, ni las industrias extractivas legales e ilegales, el narcotráfico o los grupos armados han detenido sus operaciones en este periodo de emergencia por el Covid-19. Los indígenas, en cambio, junto con el desafío diario de sobrevivir en sus territorios deben asumir la imposibilidad de protestar o reunirse para hacer visibles sus problemas. Además, los procesos judiciales de algunos indígenas que han denunciado ser criminalizados, o que incluso están presos, han quedado congelados. Sin embargo, la escalada de violencia es avasalladora y parece ir de la mano con los contagios. Hasta la primera semana de septiembre, Indepaz tenía contabilizados 10 062 casos de coronavirus en 70 de los 120 pueblos indígenas que hay en Colombia. Casi 8600 indígenas habían superado el mal y 339 habían fallecido.
Indepaz también ha reportado que 74 indígenas, quienes fueron líderes sociales o defensores de derechos humanos, han sido asesinados en lo que va del año. Leonardo González detalló a Mongabay Latam que al menos 45 de estos crímenes fueron ejecutados durante la pandemia. La ONG ha registrado además 55 masacres en el curso del 2020, varias de estas contra poblaciones indígenas.
Gregorio Mirabal, de Coica, recuerda que de los 98 líderes indígenas asesinados en la Amazonía durante el 2019 —según el último informe de la ONG Global Witness—, 64 eran colombianos. Con lo que ha generado la pandemia, Mirabal proyecta que los resultados para los indígenas de la cuenca amazónica en este 2020 serán mucho más devastadores. “Están asesinando a nuestra gente y desplazándola de sus territorios para la imposición de actividades mineras y petroleras”, enfatiza.
De acuerdo con el ex presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Armando Valvuena, el desplazamiento, producto del despojo de tierras, ha perjudicado históricamente a indígenas, mestizos y afros en suelo colombiano. Detalla que más de 6 millones de personas han sido desplazadas de sus territorios en Colombia. Ese fenómeno al parecer ha cobrado un nuevo impulso en el contexto del Covid-19 con el incremento de amenazas y asesinatos en pueblos nativos. “Debido a las masacres, la gente ha tenido que salir de nuevo de sus comunidades”, anota Diana Sánchez. Y Armando Valvuena subraya: “Luego va el Estado a esos lugares donde nunca estuvo, se posesiona de la peor manera y vienen los procesos de explotación minera y de hidrocarburos”.
Ben Leather, responsable de campañas de la ONG Global Witness, puntualiza que los comuneros que huyeron ahora ya no pueden retomar sus tierras porque al regresar han encontrado empresas extractivas y nuevos grupos armados controlándolas. El desplazamiento, anota Leather, siempre va a implicar que la labor de un defensor para su comunidad sea más complicada, y a eso apunta el crimen.
México: «la cultura del miedo»
Los pueblos originarios de México afrontan un contexto de violencia muy similar al de las comunidades indígenas de Colombia. Una situación que el delegado maya yucateco, Ángel Sulub, del Congreso Nacional Indígena (CNI) de México, señala como el recrudecimiento de una guerra emprendida por las empresas, el gobierno y las organizaciones criminales contra los indígenas. Sulub describe que el despojo territorial, la persecución de defensores ambientales y el irrespeto por los derechos indígenas se agudizaron en las 68 comunidades nativas mexicanas a medida que la orden de confinamiento por el Covid-19 se fue prolongando.
En la península de Yucatán, la industria del turismo y los grandes proyectos de sistemas eólicos y fotovoltaicos son la principal amenaza para los indígenas de la etnia maya, precisa Sulub. El dirigente cuenta a Mongabay Latam que las políticas públicas han socavado sus economías tradicionales, como la siembra, para favorecer a grandes compañías extranjeras. Y que las mismas políticas han impulsado megaproyectos como el Tren Maya, que considera tremendamente perjudiciales para las comunidades. Con la llegada de la pandemia a México la situación para ellas ha sido todavía más dramática.
“Se inició el confinamiento y paró el turismo. Cerraron los hoteles y hubo un despido brutal de mayas”, lamenta Sulub. Las restricciones para evitar la propagación del coronavirus obligaron a que los indígenas permanezcan en sus casas, dejen su organización y su lucha. Los juzgados cerraron y, cuando empezaron a atender con limitaciones, indica el delegado del CNI, rechazaron las demandas de amparo o los recursos judiciales que los mayas procuraban para contener la degradación de su territorio. El líder indígena dice que les han pedido regresar al final de la pandemia. El Tren Maya y los demás proyectos, sin embargo, han continuado durante el periodo de cuarentena. También la actividad minera y la tala clandestina que agobia a las comunidades de otras regiones.
Ángel Sulub remarca que el crimen organizado y las grandes empresas buscan muchas veces el control de los territorios indígenas. Para esto toma como referencia lo ocurrido en febrero de 2019 con Samir Flores, un defensor ambiental de la etnia náhuatl que estaba en contra del proyecto integral Morelos. Ángel recuerda que días antes de que Flores fuera asesinado, este y otros luchadores sociales habían sido acusados de conservadores en un pronunciamiento político. “Este tipo de señalamientos nos pone en la mira del crimen”, dice. Y sitúa a la región maya como el punto en el que ahora han confluido los sistemas criminales que operaban en el centro y norte de su país. El resultado, agrega, ha sido una cotidianidad de ejecuciones en la que los mayas son protagonistas.
La coordinadora de la línea de defensa del territorio de Serapaz, Citlalli Hernández, dice a Mongabay Latam que el crimen organizado sostiene en este momento decenas de actividades ilegales en México. Otros puntos neurálgicos son Michoacán y Chiapas. Hernández agrega que dentro del proceso por el control de territorios en este contexto del coronavirus, los grupos armados encuentran comunidades vulnerables, que no pueden reaccionar y que además están desatendidas por el Estado en términos de seguridad y salud. Además, que si bien no hay una agresión contra comunidades o defensores ambientales todo el tiempo, existe una suerte de disciplinamiento social a partir de la cultura del miedo: hallazgos de cadáveres en las calles o en fosas. Ángel Sulub estima que unos 20 defensores ambientales han sido asesinados en México en el curso de la pandemia.
Un reciente trabajo realizado por Serapaz y la consultora Aura Investigación Estratégica, en diversas comunidades mexicanas, ha permitido determinar que los embates del Covid-19 han evidenciado todavía más las desigualdades entre los pueblos indígenas y no indígenas que ya existían en términos de seguridad. Según la facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la letalidad de la enfermedad en las comunidades indígenas es un 10 % mayor que en las comunidades no indígenas. Cifras oficiales emitidas a inicios de agosto dieron cuenta de que alrededor de 6800 personas pertenecientes a pueblos originarios habían dado positivo para Covid-19, de las cuales 800 habían muerto.
Despojos y represión en Guatemala
La voz de Rigoberto Juárez emite una mezcla de convencimiento y terror: “Hemos sufrido una escalada de despojos violentos”. Él es el líder ancestral del gobierno plurinacional de occidente, autoridad territorial para las nacionalidades q’anjob’al, chuj, akateco y popti, en el departamento de Huehuetenango. Estos son algunos de los 23 grupos indígenas que hay en Guatemala. Juárez dice que el gobierno de su país ya entregó 27 licencias para mineras y 23 para hidroeléctricas que operarán sobre sus territorios. Por eso lo abruma la posibilidad del exterminio de sus culturas, de sus ideologías e, incluso, de sus vidas.
El coordinador general de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), Pedro Santos, reafirma que hay una estrategia detrás de la expropiación violenta de tierras, mediante mecanismos extrajudiciales, y la ausencia del Estado para proteger a los pueblos indígenas. Añade que esto responde a un modelo de desarrollo que, además de las hidroeléctricas, apuesta por los monocultivos, la minería y las grandes infraestructuras que se están implementando sobre las comunidades indígenas.
Rigoberto Juárez indica que, en el curso de la pandemia, hubo un incremento de amenazas, persecución, lesiones y asesinatos, precisamente, en los lugares donde se ubican los megaproyectos. También allí aumentaron los casos de criminalización, es decir, del encarcelamiento de indígenas que se han opuesto a los proyectos en defensa de sus tierras, añade el líder indígena. Las restricciones a causa de la pandemia, remarca Pedro Santos, han anulado para las organizaciones nativas la posibilidad de organizarse y gestar un proceso de solidaridad a través de sus protestas. “Hay un aprovechamiento para profundizar la violencia contra los derechos humanos”, dice.
El año pasado, Udefegua registró 494 agresiones en contra de defensores de derechos humanos, de las cuales 111 fueron ataques a indígenas que protegían sus territorios. Este 2020, solo entre enero y junio, la ONG reportó 677 agresiones también en el rubro de defensores, pero aún no se ha desagregado cuántas involucraron a indígenas. Pedro Santos explica, sin embargo, que la cadena de desalojos en territorios nativos durante la expansión del coronavirus dispararía las cifras de agresión consignadas el año pasado.
Según detalla, dos de los despojos más violentos se han producido en las comunidades Washington y Dos Fuentes. Allí más de 80 familias de la etnia q’eqchi resultaron afectadas: hubo dos intentos de asesinato, la criminalización de un dirigente y la desaparición forzada de otro, identificado como Carlos Coy. Además, el coordinador de Udefegua anota que se están utilizando estados de excepción, en el contexto de la pandemia, para generar procesos de represión y control social de los grupos indígenas, y en particular de la población q’eqchi.
De acuerdo con la documentación de Udefegua, Santos informa a Mongabay Latam que, en lo que va del año, ocho indígenas de distintas nacionalidades o grupos étnicos han sido asesinados, lo cual ya igualó la cantidad registrada en el 2019.
En cuanto al impacto del Covid-19, Pedro Santos refiere que el estado guatemalteco ha tenido graves cuestionamientos sobre la difusión de cifras de contagiados. Incluso puntualiza que no existe un apartado que contemple a la población indígena. Su referencia más puntual es que los departamentos fuertemente golpeados por la enfermedad —como Izabal, San Marcos y Huehuetenango— son los que mayores comunidades nativas concentran. El líder del gobierno plurinacional de occidente concluye que han quedado expuestos a la muerte.
Secuestros y criminalización en Honduras
El pasado 18 de julio, cuatro defensores medioambientales de la etnia garífuna fueron secuestrados en la comunidad de Triunfo de la Cruz, Honduras, por un grupo de hombres armados. Los familiares de los garífunas han denunciado que los secuestradores vestían uniformes de la policía. Berta Zúñiga, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), sostiene que hasta ahora no hay voluntad del Estado en dar una explicación sobre el paradero de los defensores ni acerca de la utilización del sistema judicial para perseguir a quienes están defendiendo su territorio.
Los garífunas secuestrados se oponían a la imposición de proyectos turísticos en la región costera de Honduras, donde su etnia está asentada. Pero ese es solo uno de los problemas que enfrentan los nueve pueblos originarios del país centroamericano. Otros tienen que ver con las concesiones de sus tierras para la implementación de proyectos mineros y de generación de energía. Una situación que, de acuerdo con Berta Zúñiga, se ha acentuado en este periodo de propagación del Covid-19.
“Hay un irrespeto sistemático a la libre determinación de los pueblos y su derecho a la consulta previa”, declara. Y subraya que los megaproyectos están en marcha constante pues obtienen salvoconductos o permisos medioambientales en solo 15 días. Ella explica que así las comunidades solo saben de las grandes construcciones sobre sus suelos cuando estas ya se están materializando.
El Copinh trabaja directamente con los indígenas de la etnia lenca, un pueblo que ha enfrentado la construcción de proyectos hidroeléctricos en su territorio. En marzo de 2016, a la ecologista Berta Cáceres, madre de Berta Zúñiga, la defensa de su comunidad contra uno de estos proyectos le costó la vida. Hoy en día la comunidad lenca afronta también amenazas por proyectos eólicos y fotovoltaicos para los que, precisa Zúñiga, se utiliza el mismo protocolo de ocupación y violación del derecho de consulta previa. “Ya es un patrón que los proyectos se implementen contra la voluntad de las comunidades y con la utilización de las fuerzas de seguridad del Estado”, dice.
En la región de Yoro, la organización que ha registrado los conflictos en el pueblo tolupán es el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ). Para los tolupanes, la minería en su territorio tiene larga data y un registro sangriento. En agosto de 2013, tres de ellos fueron asesinados cuando protestaban contra las excavaciones. En febrero de 2019 dos murieron acribillados, y en setiembre del mismo año el cadáver de otro tolupán apareció en una fosa común. Como la expansión del coronavirus, indica David Alachán, miembro del MADJ, en Honduras también se ha agravado la entrega de bosques del pueblo tolupán, las amenazas y la injusta criminalización a los indígenas.
Por ejemplo, explica Alachán, el tolupán, Amado Cabrera, y otros ocho indígenas de esa etnia han sido criminalizados por una empresa maderera que explotaba el bosque de la población indígena San Francisco Locomapa sin consulta previa. La madre de Amado, María Matute, fue una de las tolupanes asesinadas en el 2013. “La impunidad sigue siendo el principal abono que encuentran los asesinos de luchadores sociales en Honduras”, opina David Alachán. Él indica que, en los últimos siete años, diez tolupanes han sido asesinados por oponerse a la explotación minera y a la extracción inconsulta de madera.
Para Ben Leather, de Global Witness, con la expansión del Covid-19 hubo un incremento en las tácticas utilizadas por los estados y las empresas para reprimir a los defensores de la tierra y el medioambiente. Una evolución de métodos en que el asesinato configura el punto más fuerte para silenciar a quienes siempre alzan la voz en defensa de sus territorios. En este desarrollo de estrategias, explica Leather, la criminalización de indígenas y los desplazamientos forzosos se han convertido en prácticas bastante eficaces para desarticular comunidades y congelar sus actividades de protección o protesta.
Mongabay Latam intentó obtener la versión de las autoridades de los países que han registrado los hechos de violencia descritos contra las poblaciones indígenas en lo que va del año, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos respuesta.
Amenaza creciente en Perú
En Perú aún no se había cumplido un mes del estado de emergencia por la pandemia, cuando el líder indígena Arbildo Meléndez Grandez fue asesinado. Ocurrió el 12 de abril en la comunidad de Unipacuyacu, en Huánuco. Meléndez, apu catacaibo, llevaba años exigiendo la titulación de las tierras de su pueblo, y eso le había acarreado una serie de amenazas. Cocaleros y traficantes de terrenos lo buscaban. Al mes siguiente, el líder asháninka de la comunidad Hawai, Gonzalo Pío, también murió. Se sospecha que lo mataron usurpadores de tierras. En julio, le pasó lo mismo al líder de la comunidad nativa Sinchi Roca, Santiago Vega. Pío y Vega, como Arbildo Meléndez, estaban amenazados de muerte.
En lo que va de 2020, estos han sido los tres asesinatos perpetrados en Perú contra indígenas defensores de sus tierras, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Con ello, esta institución tiene documentado que los grupos criminales que acechan las comunidades nativas han matado a 16 indígenas entre el 2013 y el 2020. La abogada de la CNDDHH, Mar Pérez, señala a Mongabay Latam que en los últimos cinco años este tipo de crímenes ha tenido un incremento preocupante y ya configura una tendencia que se está agravando por el avance de las economías ilegales. Apunta que en dos de los tres asesinatos de este año estuvieron involucrados narcotraficantes. Es decir, bandas que invaden comunidades, deforestan para sembrar coca y amenazan a los líderes.
El presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Lizardo Cauper, considera que el tráfico de tierras constituye el principal perjuicio y amenaza contra las poblaciones indígenas. Pero no deja de lado el riesgo que también genera a los pueblos indígenas la minería ilegal, la tala y la extracción de petróleo. Dos de los casos actuales más representativos de comunidades que han sido víctimas de amedrentamientos son Nueva Austria de Sira, en Huánuco, y Boca Pariamanu, en Madre de Dios. La primera está acechada por invasores de tierras que ya han atentado contra el líder, y la otra ha registrado hostigamientos de mineros hacia los dirigentes que resguardan los límites.
Perú no tiene las altas cifras de crímenes contra indígenas que reportan otros países de la región, pero Mar Pérez explica que aquí la criminalización es uno de los métodos de hostigamiento más fuertes a los pueblos indígenas. Les abren procesos infundadamente por condenas muy elevadas, y ya no necesitan asesinarlos para sacarlos del camino, sostiene. Lizardo Cauper afirma que actualmente hay 11 300 indígenas acusados por diferentes delitos.
Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas le dijo a Mongabay Latam que “urge fortalecer la intervención de las entidades públicas para prevenir hechos de violencia o amenazas en el mismo territorio donde están los líderes. La labor del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Ministerio Público debe estar orientada a la prevención de riesgos”.
Si de algo Cauper está seguro en este contexto de pandemia, es que la enfermedad ha evidenciado la histórica desatención de las poblaciones indígenas y su alta vulnerabilidad en términos de salud y seguridad. En un reporte emitido el mes pasado, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud reveló que más de 21 mil indígenas habían resultado infectados de Covid-19. Aidesep reporta que hasta el momento 393 nativos han muerto por el mal en la Amazonía.
En todos los pueblos indígenas Amazónicos, la cifra de contagiados bordea los 60 000 y la de fallecidos se acerca a 2000. Gregorio Mirabal, de Coica, reafirma que todo lo que ha conllevado el Covid-19 es un proceso de extinción de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica. “Un etnocidio le llamamos”, precisa.
