Costa Rica: época de transición, por Rafael Cuevas Molina
En Costa Rica habrá elecciones en menos de un mes, el 2 de febrero. El fenómeno político más relevante de ellas es el ascenso imprevisto del Frente Amplio, partido de izquierda con un candidato joven cuya consigna electoral refiere a la necesidad de desplazar del poder político a los que llama “los mismos de siempre”, es decir, a políticos tradicionales postulados por partidos que han ejercido el poder los últimos 50 años.
El fenómeno de ascenso del Frente Amplio va acompañado, también, de una presencia significativa de otro partido, el Movimiento Libertario, de ideología de derecha, que le disputa posiciones al Frente Amplio en las encuestas de opinión. Su figura más visible, candidato presidencial por cuarta vez, originalmente de gran radicalidad neoliberal, ha venido suavizando sus posturas hasta llegar prácticamente a diferenciarse solo en matices de la tercera opción que encabeza encuestas en esta lid, el Partido Liberación Nacional.
En Costa Rica se ha hecho patente un descontento ciudadano bastante generalizado. Se trata de un proceso de acumulación de frustraciones desde hace varios años, en principio desde la implementación del modelo de desarrollo neoliberal, en los años ochenta, pero que se ha acentuado en los últimos cuatro años, cuando la administración de la señora Laura Chinchilla, del Partido Liberación Nacional, se ha mostrado incapaz de solventar algunos de los problemas que más aquejan a la población, como el desempleo, el crecimiento de la brecha entre ricos y pobres, la corrupción y el deterioro de servicios públicos.
Uno de los sectores más afectados por este estado de deterioro es el de los jóvenes. Hay problemas con el sistema educativo, que expulsa a muchos de ellos condenándolos a trabajos precarios mal remunerados; con la falta de empleo digno, ante una economía que ha apostado a la atracción de grandes compañías transnacionales a zonas francas, que crean pocos puestos de trabajo en comparación con los más de 200,000 que son necesarios; con un sistema universitario en el que las universidades públicas no dan abasto, por lo que se condena a más del 60% de los egresados de la educación secundaria a ir a universidades privadas que hacen su agosto cobrando tarifas que llevan al endeudamiento de estudiantes y padres de familia.
Pero no son solo ellos los descontentos. Los agricultores también sufren de lo que llaman el “abandono” del Estado: muchos se ven en dificultades por no poder competir con las importaciones amparadas en los distintos tratados de libre comercio que, casi que compulsivamente, se han firmado en los últimos 10 años. Asimismo, no hay una política crediticia acorde con sus necesidades, e instituciones que antes paliaron un poco su situación, como el Consejo Nacional de la Producción (CNP), que les ayudaba a comercializar sus cosechas, han sido prácticamente desmanteladas. Quienes prosperan en este panorama son las grandes transnacionales que siembran piña y otras frutas, arrasando con el bosque y contaminando fuentes de agua.
A todo lo anterior se suma el constante asedio, de diversas formas, al que están sometidas las instituciones públicas emblemáticas del Estado de Bienestar que el país construyó hasta finales de la década del 70, en especial la Caja del Seguro Social y el Instituto Costarricense de Electricidad. La situación de la primera es particularmente lamentable, por el deterioro que han sufrido sus servicios, y la incapacidad mostrada para resolverlos.
Todo esto, pues, ha generado un malestar latente que se está expresando en estas elecciones. Como sabemos por situaciones similares que se han presentado en otros países de América Latina, este tipo de procesos no siempre encuentra salida fácil y rápida. Ahí tenemos los casos de Bolivia, Ecuador y Argentina, por ejemplo, en donde hubo largos períodos no solo de inestabilidad sino, también, de arribo al poder de charlatanes como, por ejemplo, Bucaram en Ecuador y Sánchez de Lozada en Bolivia.
Es decir, se trata de períodos de gran inestabilidad política en la que los pueblos parecen apostar al método de prueba y error; pero, mientras tanto, el país se deteriora, se polarizan las fuerzas en pugna y prevalece la incertidumbre.
Cada país ha resuelto, a su manera y según sus condiciones, estas situaciones que aquí llamamos “de transición” hacia un nuevo estado de cosas, hacia nuevos equilibrios, en el que aparecen como protagonistas nuevas fuerzas sociales que mueven al país en una nueva dirección.
El período electoral en Costa Rica ha puesto de relieve que este país se encuentra inmerso, a su modo y manera, en un proceso de este tipo, y no se sabe aún cómo lo irá resolviendo. Esperemos que sea de la mejor forma.
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